2018-01-05

2ª entrevista con elProf. Dr. Marcelo Vásconez Carrasco sobre el libro VISIÓN LÓGICA DEL DERECHO: UNA DEFENSA DEL RACIONALISMO JURÍDICO.
Abórdanse 3 temas:
(1) Las vicisitudes del manuscrito hasta ser publicado por la editorial Plaza y Valdés.
(2) La principal objeción y respuesta a la misma (desde un enfoque funcionalista del Derecho).
(3) Proyectos de futuro.

He aquí un enlace

2017-12-28

La inocencia del Sr. Borrell

La inocencia del Sr. Borrell
por Lorenzo Peña y Gonzalo
jueves 2017-12-28
(festividad de los santos inocentes)


En el diario digital República de hace exactamente un mes (martes 28 de noviembre) viene publicado un artículo de opinión del exministro de Su Majestad D. Josep Borrell: «El retorno de la leyenda negra».

Es el Sr. Borrell uno de los pocos políticos del sistema que merece mi respeto. En mi opinión destaca mucho por sus cualidades políticas e intelectuales y es de aquellos a quienes podríamos considerar progresistas (un grupo tan escasamente abundante que me pregunto si es unimembre).

El Sr. Borrell ha tenido unas tomas de posición muy loables en el asunto de la secesión catalana. Sobre todo, ha ofrecido buenos y sólidos argumentos. No los escucharán ni los examinarán los obcecados y ofuscados; pero sus razonamientos poseen un gran valor.

Ahora bien, en su encomiable anhelo por contrarrestar la campaña antiespañola de una prensa imperialista transpirenaica que sólo refleja las actitudes condescendientes y de supremacía norteña, que siempre han desdeñado a los del sur mediterráneo (y aún más a los semiafricanos de Hispania), el Sr. Borrell se ve empujado a llevarles la contraria trazando una imagen idílica de la democracia española.

Parece que, o bien nuestra democracia (o presuntamente tal) es un irreprochable dechado de virtudes, o, si no, está justificada la secesión.

Con sobrada razón dice el Sr. Borrell:


La prensa, la anglosajona en particular, parece regodearse en un revival de la leyenda negra de la España inquisitorial sobre la que se proyecta la sombra del régimen franquista, como si les divirtiera creer que en realidad nunca desapareció.

Frente a esa grotesca difamación de la España actual (que, con sus muchísimos y graves defectos, no es la del franquismo), el Sr. Borrell aporta los siguientes datos:


Según el Informe Freedom in the World de Freedon House, España obtiene en el 2016 una puntuación de 94/100, 6 por debajo de los países nórdicos, 1 por debajo de Alemania o Bélgica pero 4 más que Francia, 6 más que EE.UU. ... y 56 más que Turquía. Según el Democracy Index de la Intelligency Unit de The Economist, estamos en el 8,3/10, por debajo de Alemania (8,63) pero al mismo nivel que el Reino Unido (8,36) y por encima de Francia (7,92) y Bélgica (7,97). Turquía, la comparación favorita de Puigdemont, está en el 5. El Banco Mundial elabora un World Governance Index con 6 medidas de la calidad del gobierno, y España está en el quintil más alto en cuatro de ellos, y en otros dos, control de la corrupción y estabilidad política, en el cuarto. En la dimensión «Imperio de la Ley», la falta de respeto a la Rule of Law que tanto preocupa a nuestros críticos anglosajones, estamos en el percentil 81, en la media de la OCDE y solo 18 países en el mundo puntúan más que nosotros.

Lamentablemente toda esa contabilidad es absurda y no merece credibilidad alguna. Sobre todo es de rechazar que las evaluaciones se hagan por agencias privadas con criterios que la gente normal y corriente no conoce --o, de conocerlos, no tiene instrumentos conceptuales para estimarlos y aquilatarlos.

La mayoría de nosotros, simples mortales, nada sabemos del Freedon House, cuya existencia ignorábamos hasta leer el artículo de Borrell. También nos es desconocido el Intelligency Unit del Economist. Yo, personalmente, reputo carente de fiabilidad alguna lo que venga del Economist, una publicación de ricos para ricos, cuyas líneas editoriales son las del neoliberalismo más inmisericorde y hostil al Estado del bienestar. Finalmente cuanto venga del Banco Mundial me merece una actitud como la duda hiperbólica de Descartes: esforzarme por pensar justamente lo contrario de lo que diga esa institución, que tantísimo daño ha hecho en el mundo y a cuya nefasta intervención se deben tanta miseria, tantas privaciones, tantos sufrimientos.

En resumen, de esas mediciones no me fío absolutamente nada. Es más, veo muy peligroso que las evaluaciones que circulen sean producidas por las agencias de calificación, autoproclamadas, las cuales justamente no han sido evaluadas, escapan al escrutinio de la opinión pública, elaboran sus informes en la sombra, con sus relatores y sus baremos alambicados.

Pienso que ese fenómeno de evaluación por presuntos expertos es similar a lo que sucede en otros ámbitos, como la vida académica, donde las oposiciones --con pruebas públicas de comparación entre los méritos de los candidatos-- han venido suplantadas por dictámenes opacos de agencias de acreditación y calificación, igual que para obtener promociones ahora se procede a evaluaciones sin publicidad, igual que los artículos de revistas ya no son discutidos por consejos de redacción, sino sometidos al parecer reservado de unos relatores que emiten sus sentencias sin debate contradictorio.

A menudo tales agencias de calificación difunden sus criterios --frecuentemente mecánicos, casi pueriles en su afán de simplificar y poder atribuir cantidades escalares, en una escala unidimensional. Pero lo que no se difunde es cómo se aplican en lo concreto.

Yendo más lejos, desconfío yo profundamente de todas las valoraciones escalares. Admito, desde luego, la evaluación del PIB (producto interno bruto) --sin que se me oculten sus defectos y sus problemas (al fin y al cabo, sin tener pericia en la materia, sí tuve que estudiar la asignatura de economía). Pero ya otros índices --como el de desarrollo humano, el índice PISA etc-- me parecen tan sumamente cuestionables, tan simplificadores, tan deliberadamente desconocedores de multitud de aspectos y factores, tan amontonadores de situaciones cualitativamente muy desiguales, que, en suma, sólo les otorgo una limitadísima fiabilidad para casos extremos. (P.ej., sin duda el IDH es válido para comparar a Camboya o el Níger con Italia, a Tanzania con Suiza, pero no vale nada para comparar al Imperio Japonés con la R.F. de Alemania.)

¿Estamos entonces condenados a no poder comparar la satisfactoriedad de los sistemas políticos de unos países con la de otros? ¡No! Disponemos de los criterios que están al alcance del vulgo. Podemos, p.ej., comparar los sistemas políticos de España y de Francia. Pero el resultado no será escalar, sino vectorial. En unas cosas es mejor el de allende los Pirineos, en otras es peor. En unas cosas hay más libertad allá, en otras acá. En unas cosas el rótulo de «democrático» es más aplicable a la República Francesa, en otras menos (p.ej. el conseil constitutionnel francés está peor pergeñado como defensor de los derechos fundamentales que el español --pues no en vano el constituyente hispano de 1978 se inspiró en el Tribunal de Garantías constitucionales de la República de 1931).

De todos modos, un estudio comparativo hecho con hondura y detenimiento requeriría una dedicación de esfuerzo que iría mucho más allá de estas banalidades --sin por ello caer en la abstrusa baremación de las agencias de calificación, que escapa al control de individuos como lo son, seguramente, el autor y lectores de esta bitácora.

No necesitamos tener una democracia primorosa para que resulte perfectamente legítimo impedir una ilegal secesión y aplicar el código penal a delitos de sedición y rebelión. Aun la tan denostada Turquía tiene cabal derecho a defender su integridad territorial frente al irredentismo curdo o a cualquier otro.

Han jugado con fuego las potencias imperialistas que tanto han fomentado los separatismos en países del sur. Veremos qué hace Francia con las aspiraciones independentistas de Córcega.




SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (XII)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario:
XII.-- El presunto derecho a decidir y la preservación de la integridad territorial
por Lorenzo Peña y Gonzalo
miércoles 2017-12-27


Llega el momento de concluir esta serie de artículos. Voy a hacerlo discutiendo el presunto derecho a decidir, nuevo eslogan de los secesionistas para cobijar y pregonar su irredentismo separatista a través de una locución de apariencia más anodina, inocua y pacífica que la ya tan manida, desgastada y --con sobrados motivos-- desprestigiada del «derecho a la autodeterminación», rótulo que transparentemente vehicula el mensaje de un derecho a la separación política y a la formación de un Estado aparte.

Para quienes lo esgrimen, la ventaja del nuevo sintagma, «derecho a decidir», es que viene a transmitir precisamente ese mismo contenido semántico pero con una diferencia estilística, perdiendo algo de transparencia e inmediatez. De suyo la expresión de «derecho a decidir» suena tan modosa y comedida que resulta una grosería, una prepotencia o un atropello rehusar ese derecho o cuestionarlo. En democracia, ¿no se tiene derecho a decidir? ¿No es la democracia justamente la implementación institucional del derecho a decidir colectivo?

¡No! La democracia, en el sentido banal y vulgar de la palabra --o sea, según tiene como casos paradigmáticos los del Reino Unido, los reinos de Noruega u Holanda, USA, Francia, Alemania etc--, no conlleva ningún derecho a decidir colectivo. Así, aunque las opiniones públicas unánimemente condenaron la guerra de agresión de USA y su coalición contra la República de Mesopotamia en 2003, esa guerra fue decidida por los gobiernos y a veces ratificada por las asambleas legislativas. En esos regímenes que se jactan de ser democráticos, hay un derecho a decidir de los gobiernos y de las asambleas (aunque en las monarquías está supeditado siempre a la sanción del monarca, por mucho que en la práctica ésta se otorgue rutinariamente). La población no tiene ningún derecho a decidir nada (salvo lo que graciosamente se someta a plebiscito; aun la decisión plebiscitaria queda muy a menudo invalidada, diciéndose que el pueblo ha votado mal).

Otro ejemplo es lo que sucedió con la constitución europea, que fue plebiscitariamente rechazada por el pueblo francés y por el pueblo holandés. Desentendiéndose de ese rechazo popular, haciendo oídos sordos, ese mismo texto --con algunos retoques-- acabó aprobándose más tarde por el Tratado de Lisboa. Ya no se volvió a consultar a los pueblos, no fuera que de nuevo resultara rechazado (puesto que el contenido de dicho Tratado era esencialmente igual que el texto previamente condenado por el voto popular en dos importantes países miembros).

¿Tiene el pueblo francés, tiene el pueblo holandés, tienen los otros pueblos de la unión europea un derecho a decidir sobre qué es dicha unión, cómo está constituida y qué normativa fundamental la rige? ¡No! No tienen derecho alguno.

Claro que indirectamente la voluntad popular un poquito puede influir. Si salieran popularmente elegidos partidos que reflejaran y asumieran las preferencias de los electores, al cabo del proceso podría resultar una modificación conforme con los deseos de las muchedumbres. Sólo que, por un lado, lo legislado por el Tratado ya es dificilísimamente reversible. (Ya vemos que la voluntad del pueblo británico de salirse de la unión no conduce derechamente a esa salida, sino que ha de mediar un larguísimo proceso de arduas y ásperas negociaciones, al cabo de las cuales --para dar cumplimiento al mandato de la población inglesa-- los británicos están constreñidos a pagar un elevado rescate, precio de oro de su independencia.)

Por otro lado para que las opciones electorales acabaran traduciéndose en decisiones vinculantes sería menester la concurrencia de muchos factores, en la práctica tan inverosímiles que, a cualquier efecto, han de descartarse (porque, entre otros requisitos, sería menester la convergencia de los electorados de diversos países, con opiniones y sensibilidades sumamente dispares).

Por último, el elector, en realidad, casi nunca puede escoger una candidatura en función de sus preferencias societales o políticas, porque a menudo tales preferencias no son asumidas por la oferta electoral (e.d., por ninguno de los partidos que presentan candidaturas con probabilidades de éxito); cuando un partido ofrece en su programa una decisión conforme con una de las preferencias del elector, agrega muchos otros puntos programáticos que van diametralmente en contra de otras preferencias de ese mismo elector, de resultas de lo cual es perfectamente creíble que ni un solo elector se identifique con la totalidad de un programa electoral y que todos voten por lo que, a juicio de cada cual, sea el mal menor.

Resumiendo en las «democracias» en el sentido usual del vocablo la gente no tiene derecho alguno a decidir sobre asuntos públicos; únicamente tiene derecho a elegir a los decisores. Y éstos tienen derecho a decidir tan sólo aquello que el ordenamiento jurídico-constitucional les encomienda; nada más.

Sólo en Suiza (en opinión de quien esto escribe, el único país del mundo genuinamente democrático) tiene el pueblo un derecho a decidir (y aun en la hermosa Helvecia no totalmente). La clase política de cualquier otro país se opone al modelo helvético por considerarlo imposible e ingobernable. Ingobernable resulta para esa clase política, evidentemente. Mas perfectamente viable sí es. La prueba la ofrece ese pequeño país, que no funciona peor que otros, sino, al revés, mucho mejor, siendo la envidia del mundo entero.

Mas ni siquiera en Suiza existe otro derecho a decidir que el del pueblo suizo como un todo. Ciertamente, en el gobierno interno de cada cantón, el pueblo cantonal tiene un derecho a decidir sobre cuestiones del cantón. Mas ningún cantón tiene derecho a decidir separarse de la Confederación Helvética. El pacto de unión es perpetuo, incluso para los dos cantones que se incorporaron a Suiza en el siglo XIX (tras las guerras napoleónicas): los de Neuchâtel y Ginebra. Un plebiscito de secesión sería ilegal y no tendría lugar.

En realidad ninguna filosofía política puede consentir en la existencia de un derecho a decidir de una parte de la población. Podemos clasificar las filosofías políticas en dos grandes grupos: las naturalistas y las pactistas.

Las filosofías políticas naturalistas no creen que una sociedad constituida en un cuerpo político, un Estado-nación («nación» en el sentido político-jurídico, no cultural), sea una creación de la naturaleza; mas sí consideran que ha resultado naturalmente de una larga concatenación de factores geográficos e históricos, cristalizando en una totalidad o colectividad institucionalizada y estable, plurisecular (a veces, como España, plurimilenaria), en vez de ser el producto de decisión alguna de individuos o incluso de poblaciones enteras en un momento dado.

Entre esas filosofías figuran las de Platón, Aristóteles, Hume, Bentham, Leibniz, Hegel, Giner de los Ríos y el autor de estas líneas.

Los pactistas imaginan un arranque voluntarista de la sociedad (aunque algunos reconocen que se trata de un simple mito); entre ellos se encuentran Grocio, Hobbes, Locke y Rawls. (Un poco podemos asimilar a esta línea el pensamiento de Habermas, con su patriotismo constitucional.)

Está claro que ni los unos ni los otros pueden aceptar ningún derecho a decidir de una parte de la población sobre asuntos que afecten y conciernan a toda la población del país.

Para los naturalistas el Estado-nación, el cuerpo político, es el resultado natural de una conjunción plurisecular de múltiples hechos geográficos e históricos; «natural» en el sentido de no causado por un acto especial deliberado de decisión --lo cual no excluye, evidentemente, que a ese resultado hayan ido contribuyendo causalmente miles, millones de decisiones de individuos y de poblaciones escalonadas a través de los siglos. Esa realidad, el Estado-nación, el cuerpo político instituido, es fruto de muchas generaciones y está fundado en datos geográficos, no siendo dable alterarlo por decisión particular de ningún sector de la población. Es un marco preestablecido en el cual se definen los derechos y las obligaciones de los individuos y de los grupos.

Tampoco una filosofía política pactista podría admitir un derecho a decidir de una parte de la población. Un pacto no sirve de nada si a cada fracción de los pactantes le está permitido romper el pacto, separándose y llevándose, con tal separación, un trozo del territorio común. En ese supuesto, el pacto significa: «Me comprometo a esto y aquello hasta que cambie de opinión».

Lo peor de ese engañoso eslogan del «derecho a decidir» es que tiene una vaga resonancia evocadora de derechos individuales. Claro que eso nunca lo han dicho sus propugnadores, porque los llevaría a postular un derecho a decidir separarse de cada individuo, de cada hogar, cosa que ellos abominan. (Las bases sobre las cuales los separatistas catalanes quisieron erigir su secesionada republiquita implicaban la unidad e indivisibilidad del nuevo presunto Estado.)

No existe ningún derecho a decidir de los individuos más que en el marco de la ley. Hay unas libertades. En el espacio jurídicamente delimitado de esas libertades, cada cual puede tomar sus decisiones. Mas, en general, a nadie es lícito decidir todo lo que quiera, cuando quiera y como quiera.

No ya por mandamiento de la ley y por los preceptos de los poderes públicos, sino incluso en espacios más restringidos. Si Ud pertenece a una comunidad de vecinos que impone unas pautas, y si lo hace en el uso de sus competencias reconocidas por las leyes y los reglamentos vigentes, entonces, por más disconforme que esté Ud, por más absurdas y lesivas que sean tales pautas para sus intereses y deseos, no le queda otro remedio que tragar con ellas. Creo que muchos vivimos situaciones así. Los vecinos de la planta baja no tenemos colectivamente derecho a sustraernos a un acuerdo tomado en Junta por la comunidad de vecinos, por más que nosotros discrepemos. Si se ha decidido instalar un ascensor, a expensas de todos, nosotros, que no vamos a aprovecharnos de él, tenemos que pagar la derrama igual que los demás --unos más beneficiados que otros según la altura de sus respectivas viviendas.

Es más. Imaginemos (por mor de la discusión) que eso del derecho a decidir tiene que ver con los derechos individuales, concretamente con los derechos consagrados en la Constitución española y en el Convenio de Roma del 4 de noviembre de 1950. Pues bien, ese mismo Convenio somete a restricciones el ejercicio de tales derechos; una de las cuales es ésta (art. 10.2):


El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública [...].

Si bien, explícitamente, esa cláusula limitativa afecta sólo al derecho a la libertad de expresión, la limitación de la protección de la seguridad nacional se adjunta sistemáticamente a cada una de las libertades reconocidas y protegidas en el Convenio; y esa seguridad nacional abarca la integridad territorial y la seguridad pública. Sería absurdo, en efecto, que el artículo 10 restringiera más una libertad más inocua, la de expresión, mientras que las de reunión, asociación (art. 11.2), juicio público (art. 6.1) e intimidad individual y familiar (art. 8.1) vinieran restringidas por la exigencia de una seguridad nacional que no comprendiera la integridad territorial.

En suma, la integridad territorial es, para el Convenio, un valor intangible.

Podrá haber países cuya constitución permita conculcar el valor de la integridad territorial. Hasta donde yo sé, el único que lo hace es Etiopía (sobre el papel), bajo un régimen totalitario salido de una brutal sublevación armada con apoyo externo, que hizo de esa promesa su lema insurreccional. En el Canadá, aunque la constitución no reconoce ningún derecho de secesión, comoquiera que el país es un conglomerado artificial de reciente creación, el Tribunal Supremo ha sentenciado que es lícito llevar a cabo plebiscitos de separación en el Quebec y que, de salir el «sí», si bien no se seguiría automáticamente una secesión, sí les sería preceptivo a ambas partes (gobierno federal y provincia de Quebec) negociar con vistas a un acuerdo.

Los secesionistas invocan ese modelo canadiense, sin tomar en consideración cuán inexportable resulta. Erigido por la Corona británica a fines del siglo XIX, el Dominio del Canadá es, en efecto, una mera yuxtaposición de las entonces posesiones inglesas en Norteamérica, tanto las de habla inglesa cuanto las de habla francesa (éstas últimas arrancadas a Francia en el Tratado de París de 1763). Tal agregación carece completamente de raíces; su único fundamento fue la voluntad de la potencia colonial de entonces más la contigüidad geográfica.

Salvo la ya citada de Etiopía, ninguna constitución admite derecho alguno de una parte de la población a romper la integridad territorial del Estado. Explícita o implícitamente todas las demás constituciones del mundo (casi doscientas) instituyen el principio de la unidad e indivisibilidad del país.

Por eso merece un airado rechazo ese eslogan del secesionismo, para hacer pasar su mensaje de partición como un derecho democrático.






2017-12-15

SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (XI)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario:
XI.-- Secesión catalana, esclusas abiertas
por Lorenzo Peña y Gonzalo
viernes 2017-12-15


Con sobrado fundamento se ha criticado, como una falacia, el argumento de la pendiente resbaladiza. ¿En qué consiste ese argumento? En alinear una pluralidad de situaciones a lo largo de una secuencia unidimensional y afirmar que cualquier paso que se dé, adoptando o propiciando una de tales situaciones, conducirá, de un modo u otro, a que se dé el paso siguiente y así sucesivamente.

Normalmente se alinean esas situaciones de menos mala a pésima. Se considera que la barrera para evitar caer en la situación pésima es no dar ni un solo paso en esa secuencia.

El argumento no es del todo inmotivado o arbitrario, aunque sí comporta aspectos ilógicos, como vamos a ver. El motivo en que se basa es que tienden a no mantenerse las situaciones que, por su propia índole, son inestables.

P.ej., en la Roma clásica la mayoría de edad se vinculaba a la única transformación que marca un cierto salto en la vida, que es la pubertad, la cual no es súbita, pero sí un cambio bastante rápido. Sin fijar una edad exacta, los varones romanos ingresaban en la categoría de adultos en torno a los 16 años (podían ser los 15), abandonando su atuendo infantil para vestirse con la toga viril y ejercer sus derechos y deberes de ciudadano adulto.

En siglos más recientes, la mayoría de edad se fijó a los 21 años. ¿Por qué 21 y no 22 ó 20? Fue arbitrario. (En España las mujeres, salvo que se casaran, no adquirían la plena mayoría hasta los 23.) Luego, por presión de una moda que no se justificó, se bajó abruptamente a los 18. De nuevo ese límite es arbitrario. Somos muchos o algunos los que defendemos que, de haber una edad generalmente fijada, debería ser la de los 16, como en la Roma clásica.

Es curioso que el reemplazo de los 21 por los 18 se hiciera tan aceleradamente y sin mediar apenas público debate. Es uno de los pocos casos en los que no se ha invocado el argumento de la pendiente resbaladiza. Nadie quiso pasar por carca oponiéndose. Sin embargo, es un ejemplo típico en el cual el argumento habría sido perfectamente pertinente. Lo es porque las edades están, de suyo, ubicadas en una secuencia lineal natural, no artificialmente forjada ni inventada para efectos de la discusión: 26 años, 25, 24, 23, ..., 16, 15, 14, .... Luego alguien hubiera podido alegar que ese tope de 21 años estaba consagrado por una larga tradición y socialmente asumido; sin que nadie hubiera justificado que el decimoctavo cumpleaños significaba un salto en la vida, saltar de golpe a los 18 era dar un paso al cual podría seguir otro de bajar a 17, luego a 16 y, ¿por qué no?, a 15, a 14, a 13, a 12. Cualquiera de las últimas opciones se juzgaría horrible, catastrófica (estoy esperando las explicaciones de por qué y en qué).

No obstante, como en tantas cosas humanas lo que decide es la moda más que la razón, se abrazó por consenso ese límite de los 18; a los que proponemos bajar a 16 se nos dice que los jóvenes de esa edad son niños, son inmaduros. Si de madurez se trata, pienso que muchos de 26 y aun de 36 siguen siendo inmaduros, manteniendo una mentalidad de adolescentes. (Un ejemplo: ¿cuántos votantes han leído el programa electoral del partido al cual votan? Y, de ellos, ¿cuántos han reflexionado sobre sus propuestas, las han comparado con las de los candidatos alternativos y han hecho un análisis crítico de pros y contras? De quienes actúan así de maduramente, ¿hay más en una franja de edad que en otra?)

Evidentemente, como no está de moda la idea de colocar el paso a la mayoría a los 16, a quienes lo proponemos sí se nos objeta con la pendiente resbaladiza. Dieciséis y ¿por qué no quince? ¿Por qué no catorce? Y así sucesivamente.

No voy a proseguir aquí la discusión sobre ese tema, pues lo traigo a colación como mero ejemplo. En muchas otras alineaciones la secuencia no está ahí, sino que se construye por mor de la disputa. P.ej., se discute si procede instalar cámaras de videovigilancia en un edificio público. Algunos o muchos se oponen alegando que, de hacerse, el siguiente paso será colocar escrutadores que nos vean debajo de la ropa que llevamos encima y el siguiente cachearnos y el siguiente desnudarnos y el siguiente .... No estoy defendiendo la colocación de esas cámaras, pero, en un caso así, el argumento de la pendiente resbaladiza no me parece nada convincente, porque la propia secuencia es artificial y porque hay sobradas razones de respeto a la intimidad para, aun instalando las cámaras, abstenerse de los sucesivos pasos.

Por lo tanto, para que, en un caso concreto, sea válido y no sofístico el argumento de la pendiente resbaladiza es menester que concurran dos requisitos:

  1. Que la secuencia de situaciones alineadas forme una serie natural, no artificialmente inventada con fines polémicos o ad hoc.

  2. Que la inestabilidad del adoptar una de tales situaciones sea de tal índole que conlleve, de suyo, una propensión a adoptar el paso siguiente en la serie, sin que se vea ninguna razón válida para detenerse en uno de los eslabones de la cadena.

Creo que todos los usos falaces del argumento de la pendiente resbaladiza comportan la ausencia de uno u otro de estos requisitos; frecuentemente de ambos.

Lo que quiero defender es que, de prosperar la secesión catalana, sería perfectamente pertinente y válido el argumento de la pendiente resbaladiza en el sentido de que el resultado sería la destrucción y desintegración completa del Estado español. Un Estado-nación que, en mi opinión, existe desde el Principado de Octaviano Augusto (entonces, eso sí, no independiente, sino parte del Imperio Romano --de la Res Publica Populi Romani--, pero una unidad lingüístico-política y cultural que ha pervivido a lo largo de dos milenios). Otros estiman, empero, que sólo existe el Estado español desde el 19 de octubre de 1469, con el casamiento de Fernando e Isabel de Trastámara en Valladolid. Otros pueden proponer otras fechas.

Sea como fuere, esa entidad geográfica, política y cultural existe unida desde, como mínimo, medio milenio (yo creo que desde hace 205 lustros). Está integrada por diversos territorios y sendas poblaciones. Unas tienen más peculiaridades lingüísticas o históricas o culturales. Otras menos. Dentro de los territorios con mayores particularidades, unas zonas las poseen en mayor grado, otras las tienen muy desvaídas o difuminadas.

Las actuales 17 autonomías regionales forman una amalgama heteróclita, cuyo elenco se inventó artificialmente en la Transición por acuerdo o conchabanza de las clases políticas deseosas de instituir sendas redes cacicales y clientelistas, explotando vagos sentimientos regionalistas (generalmente ajenos a las preocupaciones de la mayoría de las poblaciones respectivas). Así, Andalucía puede ser una región cultural, pero carece de entidad histórica (jamás existió ningún reino de Andalucía). Varias autonomías uniprovinciales se han inventado de la nada, arrogándose denominaciones inapropiadas y abusivas. Otras unidades históricas, con historia propia, como León y Castilla, no tienen sendas autonomías; mas no faltan los nostálgicos del siglo XII o del XIV, que desearían restituir los reinos medievales, erigiéndolos en Estados independientes.

Lamentablemente en España, en la España de después de 1975, se ha perdido el sentimiento nacional y patriótico. Digo que eso es desgraciado no porque piense que lo español es mejor, ni que España es una unidad de destino en lo universal cuya misión sea asegurar la supremacía de los valores espirituales; si desde los 11 años rechacé las enseñanzas que nos inculcaban tales nociones, no las voy a asumir ahora. España no es ni mejor ni peor que otros países. Es mejor en unas cosas, peor en otras.

Pero la unión es buena y la desunión mala. Las asociaciones humanas son un producto contingente de una concatenación de acontecimientos que hubieran podido no tener lugar. Pese a su geografía peninsular tan característica, podría no haberse efectuado la unificación de España que fue obra de Roma.

Una vez que existe una asociación humana, tiene un valor del cual carecen las asociaciones alternativas que pudieran crearse en su lugar. Igual sucede con las parejas. Contrariamente al alegato de Kant, una pareja real tiene algo de lo cual carece una pareja posible: su existencia es un atributo de su esencia --aunque sólo, claro, una vez que contingentemente existe. Destruir una unión siempre es un mal, aunque a veces sea un mal necesario o inevitable --o un mal menor.

Sería una catástrofe que nos separásemos los españoles --que llevamos juntos dos milenios--; que unos formaran un Estado y otros otro Estado; que en nuestro territorio compartido y común se erigieran fronteras al albur de unas u otras pretensiones irredentistas.

Pese a la pérdida de sentimiento patriótico y nacional (abusivamente identificado con la ideología del régimen franquista), esa calamidad está evitada por la existencia de un aglutinante, que es --junto con los vínculos lingüísticos, culturales, económicos, familiares y afectivos que nos unen-- el propio funcionamiento del Estado, con sus instituciones y su (insuficiente) política redistributiva (un Estado del bienestar magro y deficiente, pero no nulo).

Imaginemos que eso se rompe con una secesión catalana. Cataluña es la región más rica de España (aunque en la escala teórica de los economistas no ocupe el puesto nº1; pero esa escala está mal). Su separación destrozaría, en buena medida, el funcionamiento de esas instituciones; lo que quedara de ellas sería quebradizo y precario.

El Estado amenguado constituirá una entidad irrelevante en las esferas paneuropea e internacional. Hoy todavía España es, no una potencia, desde luego, mas sí, dentro de la unión europea, un país de dimensión media por su PIB, su población y su territorio. Sin Cataluña (una Cataluña destinada a ser la Letonia del Mediterráneo), lo que quede será un paisujo de tercera categoría.

En ese ambiente, vendrán inmediatamente las reivindicaciones de secesión de las Vascongadas, luego las de Navarra, las de Galicia, siguiendo con las de Canarias, Andalucía, Castilla (Tierra Comunera), Aragón, Valencia, las Baleares.

No creo que pudiera seguir existiendo nada que se llamara «Estado español», como no nos imaginemos uno con territorio discontiguo formado por las provincias de Madrid, Logroño, Santander y Murcia, más las plazas de soberanía de Ceuta y Melilla --posiblemente los últimos reductos de un unitarismo hispano.

La secesión catalana sería particularmente perjudicial para las regiones más pobres de España, que son las que más reciben en la política redistributiva del Estado, al sustraer del haber común precisamente el principal foco regional de riqueza. Sin embargo, por paradójico que sea, en una de ellas, Andalucía, es donde más se levantan voces favorables a tal secesión, justamente con la esperanza de los separatistas andaluces de que, quebrada así la solidaridad interregional, dejando el pueblo andaluz de recibir las subvenciones a que tiene derecho en el marco unitario hispano, caiga una objeción de peso contra sus pretensiones irredentistas encaminadas a convertir el sur de España en un Estado independiente.

No invento yo ese peligro de las esclusas abiertas. Está ahí y debería ser obvio para cualquiera que mire la realidad.

En el plano de las relaciones interindividuales, el divorcio es siempre triste, es una pena, es un fracaso; a menudo se convierte mucho más en fuente de infelicidad y penuria que en arranque de una nueva vida mejor. Infinitamente más trágico sería, en el plano político, el divorcio de las regiones de España, renunciando al legado de las generaciones que nos han precedido y que contribuyeron a la unidad de que disfrutamos.

[continuará]






2017-12-06

EXISTE EL DERECHO NATURAL

¿No existe el Derecho Natural?
por Lorenzo Peña y Gonzalo
miércoles 2017-12-06


Permítaseme volver sobre el manifiesto de 75 jusfilósofos que comentaba en mi entrada de ayer.

Según ya lo dije, suscribo casi todas las afirmaciones que contiene, aunque discrepo de dos de sus presuposiciones, una de las cuales es la valoración demasiado positiva del actual régimen político español. Régimen que me merece acatamiento, como cualquier otro mientras siga siendo un ordenamiento jurídico sin degenerar en una tiranía insufrible.

Lo que hoy me pregunto es desde qué horizonte emiten sus valoraciones esos 75 jusfilósofos. ¿Qué están haciendo al manifestarse en esos términos, al pronunciarse en el sentido que lo hacen?

Si es válido inducir a partir de lo que yo sé, esos 75 jusfilósofos son, unánimemente, juspositivistas. Creen que sólo existe derecho positivo y que no hay ningún Derecho Natural. No todos ellos aceptarán el rótulo de «positivistas jurídicos», pues algunos piensan que ya está superado el dilema entre jusnaturalismo y juspositivismo. Pero yo defino «juspositivismo» como la tesis de que no existe Derecho Natural --o sea la negación del jusnaturalismo. Entonces, no hay término medio. Por el principio lógico de tercio excluso, si no se es jusnaturalista, se es juspositivista (o escéptico).

Dejando eso de lado, voy a reiterar aquí los cinco puntos de convergencia: (1) su condena de «la secesión unilateral de parte del territorio en un Estado»; (2) su afirmación de que «una declaración unilateral de independencia (DUI) constituye un golpe de Estado»; (3) su aserto de que «una secesión conlleva la merma del ámbito de la justicia distributiva»; (4) su «compromiso con la defensa de la libertad académica, de opinión y expresión»; y (5) su tesis de que el sistema legislativo vigente ha de ser el insoslayable marco para encarar cualesquiera pretensiones.

Cada vez que emiten uno de esos cinco pronunciamientos, ¿qué están haciendo?

¿Están haciendo «teoría del derecho» (locución que ahora está más en boga que la de «filosofía del derecho», demasiado filosófica, demasiado reminiscente del execrado Derecho Natural)? O sea, sencillamente, ¿están diciendo que lo que vaya en contra del ordenamiento vigente en España va en contra de ese ordenamiento? ¿Están meramente recordando un principio fundamental de la teoría del derecho, a saber: que, bajo la vigencia de un ordenamiento jurídico en el cual exista una norma fundamental o constitución, cualquier acto jurídico que la conculque es antijurídico a fuer de anticonstitucional --o, dicho de otro modo, que los actos jurídicos con apariencia de legalidad que vulneren lo dispuesto por la Constitución son jurídicamente nulos?

Dudo que su intención sea la de emitir una tautología. Por ello, descarto esta primera dilucidación de su quíntuple pronunciamiento.

Una lectura alternativa es que se están expresando como ciudadanos, quizá desde sus opciones éticas o axiológicas, extrajurídicas. Estarían hablando como moralistas, aunque con un conocimiento de la materia jurídica que les proporciona su dedicación académica. Esa materia sería, entonces, mero objeto de reflexión; la reflexión en sí se hallaría fuera del ámbito de su actividad como filósofos-juristas, o sea como jusfilósofos. Trataríase entonces, ciertamente de un manifiesto de 75 jusfilósofos, mas no de uno en el cual 75 académicos del área de filosofía jurídica se expresaran en el ejercicio de su competencia. Habría entonces que preguntarse qué sentido tendría invocar su condición de jusfilósofos, pues serían meramente 75 ciudadanos o individuos pensantes.

¿Hay alguna otra lectura de su texto? A mí no se me ocurre ninguna. Salvo, claro, que hablen como jusfilósofos (no sólo que hablen concurriendo la circunstancia de que son jusfilósofos). Ahora bien, ¿cómo es eso posible? Únicamente lo sería invocando el Derecho Natural: un canon del bien común, por encima de las leyes escritas y de cualesquiera actos jurídicos, un canon que es el que justifica y fundamenta que, en una sociedad, determinados actos jurídicos sean tales, revistiéndose de fuerza de obligar, por la necesidad de que se promueva y salvaguarde el bien común.

Nuestros 75 interlocutores se hallan así en un aprieto. O bien reconocen que, por muy jusfilósofos que sean, no han hablado como jusfilósofos, sino como ciudadanos; o bien tienen que renunciar a su juspositivismo y admitir el Derecho Natural.






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