2017-12-06

EXISTE EL DERECHO NATURAL

¿No existe el Derecho Natural?
por Lorenzo Peña y Gonzalo
miércoles 2017-12-06


Permítaseme volver sobre el manifiesto de 75 jusfilósofos que comentaba en mi entrada de ayer.

Según ya lo dije, suscribo casi todas las afirmaciones que contiene, aunque discrepo de dos de sus presuposiciones, una de las cuales es la valoración demasiado positiva del actual régimen político español. Régimen que me merece acatamiento, como cualquier otro mientras siga siendo un ordenamiento jurídico sin degenerar en una tiranía insufrible.

Lo que hoy me pregunto es desde qué horizonte emiten sus valoraciones esos 75 jusfilósofos. ¿Qué están haciendo al manifestarse en esos términos, al pronunciarse en el sentido que lo hacen?

Si es válido inducir a partir de lo que yo sé, esos 75 jusfilósofos son, unánimemente, juspositivistas. Creen que sólo existe derecho positivo y que no hay ningún Derecho Natural. No todos ellos aceptarán el rótulo de «positivistas jurídicos», pues algunos piensan que ya está superado el dilema entre jusnaturalismo y juspositivismo. Pero yo defino «juspositivismo» como la tesis de que no existe Derecho Natural --o sea la negación del jusnaturalismo. Entonces, no hay término medio. Por el principio lógico de tercio excluso, si no se es jusnaturalista, se es juspositivista (o escéptico).

Dejando eso de lado, voy a reiterar aquí los cinco puntos de convergencia: (1) su condena de «la secesión unilateral de parte del territorio en un Estado»; (2) su afirmación de que «una declaración unilateral de independencia (DUI) constituye un golpe de Estado»; (3) su aserto de que «una secesión conlleva la merma del ámbito de la justicia distributiva»; (4) su «compromiso con la defensa de la libertad académica, de opinión y expresión»; y (5) su tesis de que el sistema legislativo vigente ha de ser el insoslayable marco para encarar cualesquiera pretensiones.

Cada vez que emiten uno de esos cinco pronunciamientos, ¿qué están haciendo?

¿Están haciendo «teoría del derecho» (locución que ahora está más en boga que la de «filosofía del derecho», demasiado filosófica, demasiado reminiscente del execrado Derecho Natural)? O sea, sencillamente, ¿están diciendo que lo que vaya en contra del ordenamiento vigente en España va en contra de ese ordenamiento? ¿Están meramente recordando un principio fundamental de la teoría del derecho, a saber: que, bajo la vigencia de un ordenamiento jurídico en el cual exista una norma fundamental o constitución, cualquier acto jurídico que la conculque es antijurídico a fuer de anticonstitucional --o, dicho de otro modo, que los actos jurídicos con apariencia de legalidad que vulneren lo dispuesto por la Constitución son jurídicamente nulos?

Dudo que su intención sea la de emitir una tautología. Por ello, descarto esta primera dilucidación de su quíntuple pronunciamiento.

Una lectura alternativa es que se están expresando como ciudadanos, quizá desde sus opciones éticas o axiológicas, extrajurídicas. Estarían hablando como moralistas, aunque con un conocimiento de la materia jurídica que les proporciona su dedicación académica. Esa materia sería, entonces, mero objeto de reflexión; la reflexión en sí se hallaría fuera del ámbito de su actividad como filósofos-juristas, o sea como jusfilósofos. Trataríase entonces, ciertamente de un manifiesto de 75 jusfilósofos, mas no de uno en el cual 75 académicos del área de filosofía jurídica se expresaran en el ejercicio de su competencia. Habría entonces que preguntarse qué sentido tendría invocar su condición de jusfilósofos, pues serían meramente 75 ciudadanos o individuos pensantes.

¿Hay alguna otra lectura de su texto? A mí no se me ocurre ninguna. Salvo, claro, que hablen como jusfilósofos (no sólo que hablen concurriendo la circunstancia de que son jusfilósofos). Ahora bien, ¿cómo es eso posible? Únicamente lo sería invocando el Derecho Natural: un canon del bien común, por encima de las leyes escritas y de cualesquiera actos jurídicos, un canon que es el que justifica y fundamenta que, en una sociedad, determinados actos jurídicos sean tales, revistiéndose de fuerza de obligar, por la necesidad de que se promueva y salvaguarde el bien común.

Nuestros 75 interlocutores se hallan así en un aprieto. O bien reconocen que, por muy jusfilósofos que sean, no han hablado como jusfilósofos, sino como ciudadanos; o bien tienen que renunciar a su juspositivismo y admitir el Derecho Natural.






2017-12-05

SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (IX)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario:
X.-- El manifiesto de los jusfilósofos
por Lorenzo Peña y Gonzalo
martes 2017-12-05


Ayer comentaba y criticaba en detalle el manifiesto de los éticos. Hoy voy a emitir una opinión sobre el de los jusfilósofos. Si con el de los éticos no tengo ni una sola convergencia, con el de los jusfilósofos estoy sustancialmente de acuerdo. Sin embargo, no lo firmé por la existencia de varias discrepancias de principio.

Este manifiesto viene firmado por 75 profesores del área de filosofía jurídica de diversas Universidades españolas, tanto de Cataluña cuanto del resto de España.

Parécenme asumibles y suscribibles la mayor parte de los asertos del manifiesto (que reproduzco más abajo):

  1. su condena de «la secesión unilateral de parte del territorio en un Estado»;
  2. su afirmación de que «una declaración unilateral de independencia (DUI) constituye un golpe de Estado»;
  3. su aserto de que «una secesión conlleva la merma del ámbito de la justicia distributiva, la partición del común y pone en riesgo un sinfín de lazos afectivos, vínculos personales y relaciones y flujos de todo tipo»;
  4. su «compromiso con la defensa de la libertad académica, de opinión y expresión, unos derechos que muchos de nuestros colegas y conciudadanos en Cataluña, que no participan del anhelo independentista, ejercen bajo presiones inaceptables»; y
  5. su defensa del ordenamiento jurídico, sosteniendo que el sistema legislativo vigente ha de ser el insoslayable marco para encarar cualesquiera pretensiones como las manifestadas por los secesionistas.

¿Por qué entonces no he dado mi firma?

Esencialmente por lo siguiente. Todo el documento implícitamente, pero en particular dos puntos de él de manera explícita, afirman que la razón para rechazar el secesionismo --la declaración unilateral de independencia catalana-- es que España es un Estado de derecho, con un orden constitucional que respeta los derechos fundamentales de su población.

Mi desacuerdo tiene dos facetas. La primera es que no creo que la secesión esté justificada tampoco bajo un régimen totalitario, autocrático, despótico o tiránico. Podrá, en un régimen así, ampararse en atenuantes, pero no deja de ser una actuación gravemente lesiva para el bien común de la nación --o del Estado-nación, o del cuerpo político, como se quiera expresar--, con consecuencias deletéreas para las generaciones futuras, pues acarrea un daño que sufrirán también quienes, en el porvenir, vivan bajo un régimen de libertades.

¿Habría sido legítima la secesión catalana bajo el franquismo? ¡De ninguna manera! No era aquel, ciertamente, un Estado de derecho, pero sí un Estado con derecho, con un ordenamiento jurídico, que no consentía la secesión. Jurídicamente, por lo tanto, esa secesión estaba prohibida. ¿Era lícita según el Derecho Natural (un Derecho en el cual no cree ni uno solo de los 75 firmantes)? No, desde el punto de vista jurídico-natural estaba absolutamente vedada, porque la secesión es atentatoria al bien común, que constituye el canon esencial del Derecho Natural.

Es más, la secesión es ilícita desde el Derecho Natural incluso cuando es lícita desde el derecho positivo, o sea: cuando no es unilateral. Si el marco jurídico del Estado consiente una separación, ese marco jurídico es opuesto al principio jurídico-natural del bien común.

Una de dos: o no existe un cuerpo político unificado, un Estado-nación cuya población sea titular de la soberanía; o sí existe. Si existe, el canon jurídico-natural del bien común prohíbe la partición.

Si no existe, la unión política es una combinación ocasional, transitoria, fruto de circunstancias y quebradiza; en tal supuesto no hay verdaderamente un bien común de la población de ese Estado-nación, porque, en su lugar, se estaría en presencia de una mera agregación de poblaciones radicalmente dispares, que no compartirían ni una historia común, ni un territorio común, ni una lengua común, ni una cultura común, ni una idiosincrasia común, ni vínculos demográficos y familiares.

Tal era la situación del Pakistán oriental en 1971, porque ese engendro del Pakistán fue una creación artificial del colonialismo británico, al cesar su secular dominación colonial sobre el Hindostán en 1947, a fin de debilitar a la India --temiendo su posible orientación antiimperialista bajo el liderazgo del Pandit Nehru. Ese pseudoestado del Pakistán era un invento sin la menor base histórica ni lingüística ni cultural (salvo la religión mahometana) ni territorial (estaba formado por dos trozos no contiguos, distantes miles de kilómetros, respectivamente en los flancos oriental y occidental de la India).

Verdad es que, además de eso, el Pakistán vivía bajo la dictadura militar prooccidental del general Yahya Jan (ese pseudopaís casi siempre ha padecido regímenes militares impuestos por USA o, al menos, favorecidos por los occidentales). En el Pakistán oriental acababa de ganar las elecciones la Liga Awami, lo cual descontentó no sólo a los militares, sino también a los ganadores de las elecciones en el Pakistán occidental (el partido popular de Zulfikar Alí Bhutto). Siguió una brutal represión iniciada el 26 de marzo de 1971. A raíz de lo cual el jefe de esa Liga (que no era secesionista para nada) proclamó la independencia del Pakistán oriental, con el nombre de «Bangla Desh».

Están claras las diferencias de régimen político entre el Pakistán de 1971 y la España de hoy. El desencadenamiento de aquella sanguinaria represión militar causó inmediatamente muchos miles de muertos, suscitando la insurrección guerrillera de la organización Mukti Bahini («combatientes de la libertad»), que vencieron al ejército pakistanés con la ayuda de la Unión Soviética y de la India, conduciendo así a la creación del nuevo Estado de Bangla Desh a fines de aquel año.

Esas circunstancias políticas no habrían justificado tal secesión (ni desde el derecho positivo ni desde el Derecho Natural) si no hubiera sido porque, en realidad, el Pakistán no era un Estado-nación. Lo único que unía al Pakistán oriental y al Pakistán occidental era ser territorios del Hisdostán, secesionados del mismo por imposición de la Corona británica, y en los cuales la mayoría de la población era musulmana.

Por consiguiente, no me sumo al primer aserto del manifiesto de que está injustificada «la secesión unilateral de parte del territorio en un Estado democrático que respeta los derechos fundamentales de su población», no por lo que dice, sino por lo que da a entender, a saber: que tal secesión estaría justificada bajo un régimen político no democrático. El manifiesto no lo enuncia, desde luego. Su contenido semántico no es ése, mas sí es ésa la presuposición pragmático-comunicacional (la implicatura conversacional, para usar la locución de Paul Grice).

En efecto, cuando se dice «en tales circunstancias no está justificada tal conducta», ¿es aplicable el razonamiento sensu contrario, en virtud del cual, de no mediar esas circunstancias, sí estaría justificada dicha conducta? Depende del contexto, evidentemente. En algunos casos sí y en otros no. El razonamiento sensu contrario hay que manejarlo con cuidado.

Mas a mi juicio está clara, por todo el tenor de este manifiesto, que sus firmantes sí dan a entender --y cualquier lector normal entenderá-- que aquello que fundamenta la injustificabilidad de la secesión unilateral catalana es que vivimos en un Estado democrático de derecho donde se respetan los derechos fundamentales de la población.

Mi segundo desacuerdo con esa afirmación es que yo no creo que vivamos en un Estado donde se respetan los derechos fundamentales de la población. Ni los de bienestar (tan fundamentales como los otros) ni siquiera los de libertad.

Cuando millones de españoles se ven condenados a la desocupación forzosa (en detrimento de su derecho y deber constitucional de trabajar); cuando está tan restringido el disfrute de los derechos de vivienda digna, de salud, de movilidad, de seguridad social, dudo que sea verdad que el Estado respeta los derechos fundamentales de la población.

Tampoco creo que en España se estén respetando los derechos de libertad; no los de quien esto escribe, en todo caso. Para redactar los contenidos de esta bitácora, el autor se arma de todas sus artes de autocensura y estilo guateado, acudiendo a los circunloquios que sean menester para escapar a posibles represiones. Y, encima, calla cosas que le gustaría decir y que lo llevarían al banquillo de los acusados. Otras las dice a medias o las transmite con mensajes subliminales. ¡Vamos! Yo no me siento libre, no gozo de la libertad de palabra a que aspiro, la libertad de palabra a secas.

Tampoco disfruto de la libertad de hacer aquello que no perjudique a los demás. No puedo cultivar cannabis, ni siquiera para uso propio como analgésico.

Mi libertad ambulatoria está muy limitada, porque las autoridades reservan al automovilista la mayor parte del espacio urbano, permitiendo a los peatones únicamente circular por espacios muy angostos.

Sobre la falta en España de libertad de asociación ya he escrito en otros ensayos. Igualmente sobre las limitaciones a la libertad ideológica.

Los firmantes del manifiesto nos hablan del «ideal democrático». No creo que en España se cumpla ese ideal, ni remotamente. El sistema electoral otorga una sobrerrepresentación a las provincias más agrarias, feudos de las fuerzas conservadoras y a los secesionistas septentrionales, en lugar de respetar el principio de la Constitución de 1812 de que todos los territorios del Estado estén igualmente representados en las Cortes exclusivamente según su población. La existencia de un senado, antro de reacción, es un elemento esencialmente antidemocrático. La garantía democrática que encarna el Tribunal Constitucional está también cercenada por su modo de designación y por lo estrecho de sus atribuciones (v. mi ensayo «No es la constitución la norma suprema»).

Por otro lado, merecería matizarse incluso la calificación del actual sistema político español como un «Estado de derecho». En cada sector de actividad nos topamos con leyes que no se cumplen ni se hacen cumplir (violando así uno de los ocho cánones de juridicidad de Fuller: la congruencia entre las leyes y la actuación de los poderes ejecutivo u judicial). Precisamente un ejemplo es el de la sistemática inobservancia de las normas legales y de las decisiones jurisdiccionales en lo tocante a la enseñanza de y en la lengua española en Cataluña. Tal desobediencia la han consentido todos los gobiernos españoles desde hace decenios.

Otro ejemplo --que personalmente conozco porque me afecta-- es éste. La Ley 4/2011 de 11 de marzo, «Complementaria de la Ley de Economía Sostenible», contiene una Disposición adicional segunda, en virtud de la cual los catedráticos de Universidad y Profesores de Investigación del CSIC con méritos sobresalientes podrán prolongar su servicio activo hasta los 75 años, para lo cual el Gobierno estaba legalmente obligado a dictar las medidas reglamentarias pertinentes en un plazo de seis meses --o sea hasta septiembre de ese año. Incumplió el gobierno del Lcdo. Rodríguez Zapatero. En diciembre tuvieron lugar elecciones parlamentarias, accediendo a la primatura el Lcdo. Rajoy, que siguió incumpliendo. Nadie le recordó esa obligación legal. (La vigente ley de la jurisdicción contencioso-administrativa hace difícil interponer demandas contra las omisiones gubernativas.)

Desde luego, una secesión catalana no resolvería ninguno de esos problemas, sino que agravaría las cosas. Lejos de abrir el camino a un cambio jurídico en el sentido de mayor libertad, sucedería todo lo contrario, propiciándose una involución.

Pero yo no puedo afirmar ni dar a entender que, en mi opinión, vivimos en un Estado democrático que respeta los derechos fundamentales de la población, porque no es cierto. Hay regímenes peores, ¿qué duda cabe? El franquismo era más detestable, evidentemente. Pero lo que tenemos no es ningún ideal.

Es condenable el secesionismo, de la manera más categórica y absoluta. No hace falta para ello pintar de color de rosa la situación política de España. Yo quiero otra España, una España mejor, más libre, más humana, de veras democrática, donde las leyes se adecúen al canon del bien común, donde no reine la corrupción, donde no exista una oligarquía parasitaria que se lleva el dinero a los paraísos fiscales, donde haya libertad de emigrar e inmigrar, donde la legislación se inspire en el principio de la hermandad humana. Pero también será una España donde esté prohibido cualquier secesionismo, cualquier proyecto de partición.



Manifiesto iusfilósof@s
publicado en El País del 2017-10-05

«No todo Estado es Estado de Derecho». Con esas palabras iniciaba Elías Díaz una obra emblemática de la filosofía jurídicopolítica española contemporánea (Estado de Derecho y sociedad democrática, 1966), un libro en el que describía y justificaba los requisitos de justicia que habría de reunir un Estado que reivindica para sí el uso legítimo de la fuerza; un conjunto de ideales a los que él y tantos españoles/as de su generación aspiraban, y que fueron felizmente plasmados en la Constitución española de 1978, el fruto de un enorme esfuerzo colectivo.

España atraviesa estos días una situación crítica, y en ese mismo espíritu de reivindicación de la democracia, los derechos fundamentales y el imperio de la ley, nosotr@s, profesores y profesoras de Filosofía del Derecho de distintas universidades españolas queremos manifestar lo siguiente:

  • 1.- La secesión unilateral de parte del territorio en un Estado democrático que respeta los derechos fundamentales de su población (incluyendo los derechos culturales o lingüísticos de las minorías en su seno) es contraria al ideal democrático pues priva de los derechos políticos a gran parte de la ciudadanía a la que se impide participar en dicho proceso. En este sentido, el conjunto de decisiones que se han ido adoptando por parte de las instituciones de Cataluña --señaladamente las leyes de referéndum y de transitoriedad aprobadas los días 6 y 7 de septiembre por el Parlamento de Cataluña vulnerando la normativa parlamentaria que garantiza una deliberación y tramitación pulcras-- son profundamente antidemocráticas además de groseramente inconstitucionales, y su aplicación en la forma de una declaración unilateral de independencia (DUI) constituye un golpe de Estado.
  • 2.- Una secesión conlleva la merma del ámbito de la justicia distributiva, la partición del común y pone en riesgo un sinfín de lazos afectivos, vínculos personales y relaciones y flujos de todo tipo. Es, desde todos esos puntos de vista, un colosal fracaso colectivo que hay que evitar salvo que con la secesión se estuviera poniendo remedio a una situación de injusticia grave, una situación que estamos convencidos de que no existe hoy. No creemos que la secesión de Cataluña sea el remedio a ninguno de los problemas cuya solución legítimamente reclaman sectores importantes de la sociedad catalana y a los que hay que atender en el marco constitucional del que nos dotamos en 1978, lo cual puede legítimamente incluir la reforma de ese mismo marco.
  • 3.- Como profesores/as y como ciudadan@s debemos mantener firme nuestro compromiso con la defensa de la libertad académica, de opinión y expresión, unos derechos que muchos de nuestros colegas y conciudadan@s en Cataluña, que no participan del anhelo independentista, ejercen bajo presiones inaceptables. Este acoso debe cesar inmediatamente.
  • 4.- En las actuales circunstancias, reafirmamos nuestra defensa de la Constitución y del Estatuto de Autonomía como los pilares institucionales desde los que encarar el diálogo político que permita recuperar la concordia civil tan severamente quebrada. No todo Estado es Estado de Derecho y no hay Derecho sin fuerza. El mantenimiento de nuestro orden constitucional y de nuestros derechos requiere el uso de la fuerza, pero nos preocupa que, a la vista de lo acontecido durante la jornada en la que, pese a todos los pronunciamientos judiciales en contra y en ausencia de garantías, se pretendió celebrar el referéndum de secesión, se olvide que la proporcionalidad en el uso de la fuerza es una exigencia ética y jurídica a la que no podemos ni debemos renunciar.

Firmantes:

  • 1. Josep Joan Moreso, catedrático de Universidad y Exrector de la Universitat Pompeu Fabra
  • 2. Francisco Laporta, catedrático de Universidad (Universidad Autónoma de Madrid)
  • 3. Javier de Lucas, catedrático de Universidad (Universitat de València)
  • 4. Manuel Atienza, catedrático de Universidad, (Universidad de Alicante)
  • 5. Marina Gascón Abellán, catedrática de Universidad (Universidad de Castilla-La Mancha)
  • 6. Alfonso Ruiz Miguel, catedrático de Universidad (Universidad Autónoma de Madrid)
  • 7. Juan Antonio García Amado, catedrático de Universidad (Universidad de León)
  • 8. Juan Ruiz Manero, catedrático de Universidad (Universidad de Alicante)
  • 9. Juan Ramón de Páramo, catedrático de Universidad (Universidad de Castilla-La Mancha)
  • 10. Juana María Gil, catedrática de Universidad (Universidad de Granada)
  • 11. Liborio Hierro, catedrático de Universidad (Universidad Autónoma de Madrid)
  • 12. Luis Prieto Sanchís, catedrático de Universidad (Universidad de Castilla-La Mancha)
  • 13. Eusebio Fernández, catedrático de Universidad (Universidad Carlos III)
  • 14. Josep Aguiló, catedrático de Universidad (Universidad de Alicante)
  • 15. Juan Carlos Bayón, catedrático de Universidad (Universidad Autónoma de Madrid)
  • 16. Daniel González Lagier, catedrático de Universidad (Universidad de Alicante)
  • 17. José Antonio Seoane, catedrático de Universidad (Universidade da Coruña)
  • 18. Francisco Javier Ansuátegui Roig, catedrático de Universidad (Universidad Carlos III de Madrid)
  • 19. José Luis Pérez Triviño, catedrático de Universidad (Universitat Pompeu Fabra)
  • 20. Ángeles Solanes Corella, catedrática de Universidad (Universitat de València)
  • 21. María Isabel Garrido Gómez, catedrática de Universidad (Universidad de Alcalá de Henares)
  • 22. Miguel Ángel Rodilla, catedrático de Universidad (Universidad de Salamanca)
  • 23. José Calvo Gonzalez, catedrático de Universidad (Universidad de Málaga)
  • 24. Pablo de Lora, catedrático de Universidad (Universidad Autónoma de Madrid)
  • 25. Alfonso García Figueroa, catedrático de Universidad (Universidad de Castilla-La Mancha)
  • 26. Jesús Ignacio Martínez García, catedrático de Universidad (Universidad de Cantabria)
  • 27. Ángel Pelayo González-Torre, catedrático Universidad (Universidad de Cantabria)
  • 28. Ricardo García Manrique, profesor titular de Universidad (Universidad de Barcelona)
  • 29. Jahel Queralt, profesora de filosofía del Derecho (Universitat Pompeu Fabra)
  • 30. David Martínez Zorrilla, profesor agregado (Universitat Oberta de Catalunya)
  • 31. Macario Alemany, profesor titular de Universidad (Universidad de Alicante)
  • 32. Isabel Lifante, profesora titular de Universidad (Universidad de Alicante)
  • 33. José Luis Colomer, profesor titular de Universidad (Universidad Autónoma de Madrid)
  • 34. Elena Beltrán, profesora titular de Universidad (Universidad Autónoma de Madrid)
  • 35. Ángeles Ródenas, profesora titular de Universidad (Universidad de Alicante)
  • 36. Silvina Álvarez, profesora titular de Universidad (Universidad Autónoma de Madrid)
  • 37. Cristina Sánchez, profesora titular de Universidad (Universidad Autónoma de Madrid)
  • 38. Luis Rodríguez Abascal, profesor titular de Universidad (Universidad Autónoma de Madrid)
  • 39. Victoria Roca, profesora titular de Universidad (Universidad de Alicante)
  • 40. Juan Manuel Pérez Bermejo, profesor titular de Universidad (Universidad de Salamanca)
  • 41. José Luis Rey Pérez, profesor de filosofía del Derecho (ICADE)
  • 42. Fernando H. Llano, profesor titular de Universidad (Universidad de Sevilla)
  • 43. María Isabel Turégano Mansilla, profesora titular de Universidad (Universidad de Castilla-La Mancha)
  • 44. Gema Marcilla, profesora titular de Universidad (Universidad de Castilla-La Mancha)
  • 45. Santiago Sastre Ariza, profesor titular de Universidad (Universidad de Castilla-La Mancha)
  • 46. Antonio Peña Freire, profesor titular de Universidad (Universidad de Granada)
  • 47. Héctor Silveira, profesor de filosofía del Derecho (Universitat de Barcelona)
  • 48. Miguel Ángel Pacheco, profesor de filosofía del Derecho (Universidad de Castilla-La Mancha)
  • 49. Alberto del Real, profesor titular de Universidad (Universidad de Jaén)
  • 50. Ignacio Campoy Cervera, profesor titular de Universidad (Universidad Carlos III de Madrid)
  • 51. Luis Fernando Rovetta, profesor contratado-doctor (Universidad de Castilla-La Mancha)
  • 52. Rafael Junquera de Estéfani, profesor titular de Universidad (UNED)
  • 53. Aurelio de Prada, profesor titular de Universidad (Universidad Rey Juan Carlos)
  • 54. Pablo Bonorino, profesor titular de Universidad (Universidad de Vigo)
  • 55. Mª Concepción Gimeno Presa, profesora titular de Universidad (Universidad de Vigo)
  • 56. Guillermo Lariguet, profesor visitante (Universidad de Alicante)
  • 57- Alí Lozada Prado, profesor de filosofía del Derecho (Universidad de Alicante)
  • 58. Alonso Pino, profesor de filosofía del Derecho (Universidad de Barcelona)
  • 59. Hugo Ortiz Pilares, profesor de filosofía del Derecho (Universidad de Alicante)
  • 60. Joaquín Rodríguez-Toubes Muñiz, profesor titular de Universidad (Universidade de Santiago de Compostela)
  • 61. Manuel Segura Ortega, profesor titular de Universidad (Universidade de Santiago de Compostela)
  • 62. Sonia Esperanza Rodríguez Boente, profesora contratada-doctora (Universidade de Santiago de Compostela)
  • 63. Francisco López Ruiz, profesor titular de Universidad (Universidad de Alicante)
  • 64. José Antonio Sendín Mateos, profesor de filosofía del Derecho (Universidad de Salamanca)
  • 65. Manuel Escamilla Castillo, profesor titular de Universidad (Universidad de Granada)
  • 66. Olga Sánchez, profesora titular de Universidad (Universidad de Cantabria)
  • 67. Felipe Navarro, profesor titular de Universidad (Universidad de Málaga)
  • 68. Evaristo Prieto, profesor titular de Universidad (Universidad Autónoma de Madrid)
  • 69. José Antonio Ramos Pascua, profesor de filosofía del Derecho (Universidad de Salamanca)
  • 70. Carmelo José Gómez Torres, profesor de filosofía del Derecho (Universidad de Barcelona)
  • 71. Cristina Monereo, profesora titular de Universidad (Universidad de Malaga)
  • 72. José Ignacio Solar Cayón, profesor titular de Universidad (Universidad de Cantabria)
  • 73. José Jiménez Sánchez, profesor titular de Universidad (Universidad de Granada)
  • 74. Elena Ripollés, profesora de filosofía del Derecho (UNED)
  • 75. Jesús Vega, profesor titular de Universidad (Universidad de Alicante)

[continuará]






2017-12-04

SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (IX)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario:
IX.-- El manifiesto de los éticos
por Lorenzo Peña y Gonzalo
lunes 2017-12-04


Con motivo de la secesión pronunciada por el gobierno autónomo catalán, 32 profesores de diversas Universidades catalanas difundieron, el 3 de octubre de este año, una Declaración que merece comentarse. Puesto que la mayoría de los firmantes, al parecer, son profesores de ética, juzgo idóneo calificar ese texto como «el manifiesto de los éticos» --en lo sucesivo «el manifiesto».

Vaya por delante mi respeto a los firmantes en su conjunto y, en particular, mi estima a aquellos cuya trayectoria intelectual me es conocida. Los desacuerdos sobre su postura en el problema de la secesión catalana no son óbice a mi reconocimiento de sus méritos académicos.

I

El primer punto del manifiesto reza así:

Rechazamos la violencia policial que se ejerció contra los ciudadanos no violentos en Cataluña el 1 de octubre de 2017. En democracia, tal violencia no está justificada, exista o no sentencia del Tribunal Constitucional de España sobre la ilegalidad del referéndum. La violencia no era necesaria para evitar el referéndum. Hacemos un llamamiento a todos los políticos españoles y catalanes para que se abstengan de optar por la violencia, recurrir a acciones unilaterales, y promover las provocaciones y la manipulación del público. La libertad de expresión y el diálogo respetuoso, guiados por argumentos y hechos adecuados, deben ser la forma de resolver las disputas políticas.

Me llama la atención que el manifiesto arranque con una condena de la violencia policial en vez de con un examen del contexto político-jurídico.

Parece que quienes emiten un posicionamiento público sobre unos hechos políticos --desde la mirada, no ya de intelectuales, sino de profesores universitarios-- deberían hacerlo con un enfoque racional, que empezara por situar los hechos enjuiciados en su transfondo, ofreciendo un análisis, antes de expresar aprobación o condena por actuaciones específicas. Leyendo el manifiesto sin conocer ese transfondo, aquello de lo que uno cree enterarse es que, de pronto, el 1 de octubre de 2017 tuvo lugar una inaudita violencia policial contra ciudadanos pacíficos, como si fueran viandantes.

Califican de «violencia policial» la represión de la participación en un acto ilegal. (Su aserto de que no era necesario acudir a la fuerza para evitar el referendum creo que merecería una prueba; ¿cómo creen que se hubiera podido evitar sin uso de la fuerza?)

A continuación declaran: «En democracia, tal violencia no está justificada, exista o no sentencia del Tribunal Constitucional de España sobre la ilegalidad del referéndum». ¿Quiere eso decir que en democracia no está nunca justificada la represión por la fuerza de actuaciones ilegales? ¿O sólo se aplica a este caso tal injustificabilidad del uso de la fuerza? ¿O sólo cuando la ilegalidad ha sido declarada por el Tribunal Constitucional?

Que yo sepa, no han emitido los firmantes del manifiesto ninguno condenando la violencia policial ejercida por los mozos de escuadra contra manifestantes pacíficos en fechas recientes --manifestantes que pedían justicia social, derechos sociales y laborales, políticas no lesivas a los intereses de las masas trabajadoras. ¿Sí se justifica en democracia la violencia policial contra esos manifestantes pacíficos pero no la del 1 de octubre contra participantes en un acto cuya ilegalidad había sido declarada por el Tribunal Constitucional y que estaba encaminada a legitimar la secesión de una región española?

Me plantea una duda el principio de que, en democracia, jamás está justificado el empleo de la fuerza contra ciudadanos pacíficos. ¿Sí lo está contra no ciudadanos, o sea contra extranjeros? Pero, al margen de eso, ¿es injustificado siempre desalojar por la fuerza a quienes ocupan ilegalmente locales salvo si están armados y hacen uso de esas armas? (Porque, imagino, uno es pacífico salvo cuando hace uso de las armas; no deja de ser pacífico por llevar un arma en el bolsillo, digamos una navaja.)

¿Es, en democracia, siempre injustificado disolver una manifestación declarada ilegal, salvo cuando los manifestantes hagan uso de armas? O ¿cómo se define «ser pacífico»?

Seguramente los firmantes piensan que se es pacífico cuando ni se hace uso de armas ni se realizan actos de fuerza en las cosas (como rotura de escaparates o quema de autobuses, aunque los instrumentos utilizados para tales destrozos no sean armas). Ahora bien, el problema, entonces, es que el 1 de octubre los manifestantes habían tomado ilegalmente unos edificios públicos para un uso declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La toma de edificios públicos para usos no legalmente autorizados es un acto de fuerza en las cosas, aunque ciertamente no destructivo. Mas la ocupación de locales tampoco tiene por qué ser destructiva. Sin embargo, si unos extraños ocupan la casa de cualquiera de los firmantes del manifiesto, dudo que éste rehúse acudir a la fuerza pública para que desaloje a los ocupantes, por muy pacíficos que sean.

Tampoco creo que sea intención de los firmantes aseverar que el empleo de la fuerza sí está justificado en un régimen no democrático, o sea que en un régimen autocrático sí estaría justificada una actuación policial como aquella que condenan. Me cuesta trabajo entender su razonamiento. Pienso que, si tal actuación no está justificada ni siquiera en democracia, todavía más injustificable debería ser en no-democracia. Porque en no-democracia es menor la legitimidad de los órganos de decisión, especialmente de los jurisdiccionales, como en este caso el Tribunal Constitucional. Por consiguiente, es ocioso y redundante el complemento circunstancial «en democracia».

Este primer punto del manifiesto emite el siguiente aserto: «Hacemos un llamamiento a todos los políticos españoles y catalanes para que se abstengan de [...] recurrir a acciones unilaterales, y promover las provocaciones y la manipulación del público. La libertad de expresión y el diálogo respetuoso, guiados por argumentos y hechos adecuados, deben ser la forma de resolver las disputas políticas».

Esa conyunción, «españoles y catalanes», sin ser semánticamente errónea, sí es pragmáticamente engañosa. No es semánticamente errónea porque lo particular puede, gramaticalmente, conyuntarse con lo general: «mamíferos y vertebrados». Pragmáticamente, sin embargo, son anómalas tales conyunciones, que sólo resultan pertinentes en contextos especiales; en principio, salvo que el contexto lo aclare, la conyunción se espera que esté uniendo dos conyuntos, si no forzosamente disjuntos, sí tal vez solapados («anglófonos y europeos», p.ej.), pero no un conjunto y un subconjunto propio («las mesas y los muebles»), salvo cuando se agrega una locución adverbial, «en particular» o «en general».

A falta de esa precisión, el mensaje que capta el lector como presuposición del manifiesto es que los catalanes no son españoles y los españoles no son catalanes; el manifiesto les pide a los unos y a los otros --a los políticos catalanes y a los políticos españoles-- abstenerse de «recurrir a acciones unilaterales, y promover las provocaciones y la manipulación del público».

Sin embargo, la única actuación que el manifiesto condena es la intervención de la policía en Cataluña para impedir un plebiscito ilegal del 1 de octubre. Parece que ésa es la única acción unilateral, la única provocación, la única manipulación del público que ha tenido lugar. O sea, los firmantes no consideran acciones unilaterales --ni provocaciones ni manipulaciones del público-- todas las actuaciones ilegales que lleva perpetrando el gobierno autónomo catalán durante el último par de años (en realidad desde hace decenios, puesto que las decisiones de los tribunales vienen siendo inacatadas e inaplicadas en el ámbito de la instrucción pública, entre otros).

Más en concreto no parece que, a juicio de los firmantes, sean acciones unilaterales la edicción y promulgación de un programa de «desconexión», la declaración de supraconstitucionalidad de las decisiones del parlamento autonómico y la convocatoria de un plebiscito ilegal para declarar la secesión.

El primer punto finaliza con este pronunciamiento: «La libertad de expresión y el diálogo respetuoso, guiados por argumentos y hechos adecuados, deben ser la forma de resolver las disputas políticas».

¡Bien! Pero, cuando se viola la ley, cuando se ocupan ilegalmente locales y edificios públicos, cuando se apiña un gentío en congregaciones callejeras fuera de los cauces legales, cuando unas autoridades cuya legitimidad emana del marco constitucional se declaran en rebeldía contra el mismo, ¿sólo pueden oponerles los defensores del orden constitucional el mero diálogo, como si nada hubiera pasado y meramente se estuvieran intercambiando opiniones o discutiendo puntos de vista? Eso ¿se aplica siempre o sólo en un caso como éste?

Me pregunto si los firmantes se atendrían a ese criterio en cualesquiera casos y circunstancias y siempre recomendarían que se pase por alto la ilegalidad de unas u otras actuaciones y que, con relación a sus perpetradores, exclusivamente se use el diálogo respetuoso, hayan hecho lo que hayan hecho.

II

Veamos el punto 2º:

Como primer e inmediato paso hacia la reducción de la tensión, proponemos a los gobiernos español y catalán que se constituya una Comisión formada por representantes expertos de todos los principales partidos, incluidos los partidos de oposición de ambos parlamentos, con la tarea de construir un consenso sobre las normas procesales y sustantivas que deberían ayudar a reducir y resolver el conflicto. Además, la Comisión debería incluir expertos en derecho nacional e internacional, ética y filosofía política y especialistas en resolución de conflictos.

De nuevo la conyunción «los gobiernos español y catalán» plantea una dificultad pragmática (aunque no semántica), pues reincide en dar a entender que no se trata de un conjunto y un subconjunto.

El gobierno catalán es una parte del gobierno español. Una cosa es el gobierno central de España («gobierno de España» por antonomasia) y otra, más genéricamente, el gobierno español, o suma de las autoridades públicas españolas (o, si se quiere, de las ejecutivas), lo cual incluye al gobierno catalán.

Al margen de ese descuido de redacción (si es que se trata de un descuido y no de un sobreentendido), lo esencial aquí es esa propuesta de «que se constituya una Comisión formada por representantes expertos de todos los principales partidos, incluidos los partidos de oposición de ambos parlamentos».

Esa comisión de representantes expertos me suscita este interrogante: ¿expertos en qué? ¿Qué pericia se les exige? ¿Qué conocimientos, qué talentos, qué maestría, qué curriculum uitæ, académico u otro? ¿Quién valora esa pericia y con arreglo a qué criterios? ¿Cómo sabremos que son expertos y no meros políticos carentes de pericia, de escasos conocimientos (cual lo son casi todos), ayunos de trayectoria profesional o científica, puesto que suelen ser políticos profesionales desde su juventud)?

Por otro lado, si son expertos (y se acuerdan pautas, criterios y procedimientos para reconocerles esa condición, seleccionándolos adecuadamente), ¿a qué viene que sean representantes de los partidos políticos? Nos quejábamos de la partitocracia; el manifiesto de los éticos nos impone una partitocracia agravada. Resulta que las decisiones va a tomarlas una comisión de representantes de los partidos políticos (aunque únicamente los principales, quedando así marginadas las minorías), por mucho que su tarea se ciña a «ayudar a reducir y resolver el conflicto».

No se dice qué salida va a tener tal ayuda, pero claramente se da a entender que lo decidido por la comisión será vinculante.

En cuanto a las competencias de los expertos que integren la comisión se precisa: «la Comisión debería incluir expertos en derecho nacional e internacional, ética y filosofía política y especialistas en resolución de conflictos». Tratándose de expertos nombrados por los partidos políticos, puede ser que un partido se haga representar por un conocedor del derecho nacional, otro por uno que sepa del derecho internacional, un tercero por un profesor de ética (sea cognitivista o no cognitivista), un cuarto por un cultor de la filosofía política (p.ej., un libertario) y un quinto por un perito en ese arte tan etéreo que es el de los «especialistas en resolución de conflictos», o sea un buen mediador.

¿Es eso una comisión experta? ¿Qué discusión técnica o intelectualmente seria va a tener lugar en ese heteróclito conglomerado? Porque no se dice que todos los miembros de la comisión sean expertos en derecho ni todos en ética (si es que hay expertos en ética) ni todos en filosofía política.

Lo que yo saco en limpio de este segundo punto de la propuesta es que se trata de constituir una comisión mediadora y arbitral, un consejo de amigables componedores, sazonado por personas con un prestigio que, sentadas en torno a una mesa y entre cuatro paredes, resuelvan el litigio.

Queda así hurtado el tema al público debate, a la participación de la ciudadanía, para confinarlo en el espacio cerrado y reservado de un grupo de componedores.

Dos extremos me resultan particularmente reprochables en esa propuesta:

1º) Se vulnera el Estado de derecho, pues se hace caso omiso de las normas jurídicas que están en vigor (y en virtud de las cuales las autoridades autonómicas catalanas han actuado, no ya al margen de la ley, sino incurriendo en actuaciones delictivas) para canalizar la solución del problema a través de una comisión cuya mera existencia, al margen de las previsiones legales, supondría una nueva violación del Estado de derecho.

2º) Como cualquier junta de mediadores, esa comisión (para cumplir su papel de componedores) se reuniría en secreto, en lugar de que sus conversaciones o discusiones se celebraran a la luz pública; yo veo absolutamente condenable e inadmisible la mera existencia de tal comisión; pero, de constituirse, exigiría que sus reuniones se celebraran siendo transmitidas en directo por radio y televisión a todos los españoles.

III

Paso así al punto tres de la propuesta:

No sólo la legislación española, sino también partes del derecho internacional, como el Acuerdo de Helsinki (artículo 1.III), el tratado UE Maastricht (artículo 4.2), el Código de Buenas Prácticas del Consejo de Europa sobre referendos, así como la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Civil de las Naciones Unidas y la Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas podrían formar parte del marco jurídico a considerar. Todos los partidos políticos involucrados, los responsables de tomar decisiones y las organizaciones no gubernamentales deberían seguir estrictamente las normas pertinentes. Pacta sunt servanda.

Los autores del manifiesto no nos dicen cómo han seleccionado esos preceptos que, según ellos, deberían formar parte del marco jurídico que rigiera las negociaciones. Constituye ese abigarrado elenco un heteróclito almiar de normas y subnormas, sin que nos confíen en virtud de qué criterio han escogido ésas y no cualesquiera otras.

Resulta peregrino y asombroso que unas presuntas conversaciones internas entre el gobierno central de un país y las autoridades regionales alzadas contra él en desobediencia insurreccional se regulen por el derecho internacional, lo cual hiere el concepto mismo de juridicidad, el más mínimo buen sentido jurídico.

Las normas del derecho internacional están para regular las relaciones entre estados u otros establecimientos con personalidad jurídico-internacional. Verdad es que, en su reciente evolución, el derecho público internacional también reconoce un embrión de personalidad jurídico-internacional a los individuos; mas únicamente cuando se trata de defender algunos de sus derechos fundamentales frente a crímenes contra la humanidad u otras actuaciones similares, lo cual no se plantea ni se aduce por nadie en el presente caso. Sea como fuere, las autoridades regionales o provinciales de un estado de ningún modo están revestidas de personalidad jurídico-internacional.

Aun suponiendo que fuera aplicable alguna norma de derecho internacional, sería la norma en su conjunto, no un subartículo de la misma. ¿Qué sentido tiene adoptar como norma reguladora el art. 1.III del Acuerdo de Helsinki y no ese Acuerdo como un todo? Evidentemente a ningún jurista se le pasaría por las mientes un procedimiento tan ad hoc. (En cuanto a los que los treintaidós firmantes llaman «el Pacto Civil de las Naciones Unidas» me imagino que es el Pacto de derechos civiles y políticos de 1966, cuya pertinencia en este debate se me escapa; en cualquier caso, de tomarse en cuenta, sería en igualdad con el Pacto, también de 1966, sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Una secesión catalana sería gravemente lesiva para unos y otros derechos individuales tanto de los catalanes cuanto de los demás españoles.)

Si de veras se tomara como guía la Carta de las Naciones Unidas, entonces justamente quedaría claro que el derecho internacional (incluyendo la propia Carta y las decisiones de organismos internacionales) han de permanecer al margen de las cuestiones que, por su propia naturaleza, son de orden interno. Obviamente lo es un desacuerdo entre el gobierno central de la Nación y las autoridades regionales.

Asignar como tarea --incluso a título de recomendación-- a quienes entablaran unas conversaciones sobre problemas políticos de orden interno regirse por normas que, por su propia índole, son del todo ajenas e irrelevantes es tan absurdo como recomendar a un tribunal o a un juzgado encargados de juzgar un delito que tengan en consideración, no sólo el Código Penal y la Ley de enjuiciamiento criminal, sino también el Tratado de Libre Comercio, o el artículo 45.B.3 del acuerdo entre España y la Santa Sede.

Es sumamente alarmante la conclusión de este punto: «Todos los partidos políticos involucrados, los responsables de tomar decisiones y las organizaciones no gubernamentales deberían seguir estrictamente las normas pertinentes. Pacta sunt servanda».

En primer lugar, sería una ruptura del ordenamiento jurídico, una quiebra del Estado de derecho, que en una discusión entre el gobierno central y las autoridades regionales insurgentes intervinieran para nada unas organizaciones no gubernamentales. (¿De qué legitimidad están investidas? ¿Quién se la ha otorgado? ¿En virtud de qué se seleccionan tales organizaciones en lugar de cualesquiera otras? Y ¿a quién incumbe seleccionarlas?).

Tampoco es admisible en un Estado de derecho que quienes tomen parte en esas conversaciones se erijan en «responsables de tomar decisiones», toda vez que los únicos habilitados para tomar decisiones válidas son los órganos legalmente competentes, no los reunidos en una mesa de diálogo que ni siquiera tiene existencia jurídicamente prevista.

Es condenable el principio «pacta sunt seruanda». Merecen observancia los pactos jurídicamente lícitos, no los ilícitos. Es un principio fundamental del derecho que las promesas contrarias a la ley no sólo carecen de fuerza vinculante, sino que han de tenerse por nulas (aunque quienes las suscriban puedan incurrir, al hacerlo, en responsabilidad criminal).

En ese presunto diálogo ¿qué legitimidad representativa u otra tienen los dialogantes? ¿Quién se la ha reconocido? ¿Quién les ha dado capacidad legítima para negociar y decidir qué? ¿Cuál norma jurídica ampara su negociación (porque de eso se trata, no de charlar)? ¿Es admisible, siempre que se pongan farrucos unos individuos --suficientemente numerosos-- o los ocasionales titulares de unos cargos electos, saltarse los cauces y las normas legales y, vulnerándolas, forzar al gobierno a unas negociaciones, calificadas de «diálogo», para, en ellas, tomar unas decisiones y, entonces, reputarlas inviolables, por encima de la constitución y de todo el ordenamiento jurídico?

Por último, si pacta sunt seruanda, entonces hay que recordar que los principales partidos que integran la insurreccional coalición separatista que ha hegemonizado el gobierno y el parlamento autonómico de Cataluña en los años recientes son signatarios del pacto constitucional de 1978, incluyendo el precepto de la indivisibilidad de España. Ese pacto lo han violado. ¿Qué fiabilidad tienen ahora para exigir a nadie la observancia de un nuevo pacto? Está claro que los secesionistas sólo respetan pactos que les convengan y únicamente mientras les convengan.

IV

Veamos ahora el punto cuarto del manifiesto:

En la medida en que las normas jurídicas no determinan suficientemente la resolución de conflictos, la solución debería basarse en normas éticas que deben ser discutidas libremente y aceptadas por la Comisión.

Aquí exponen una postura que encierra y subsume los peligros de la ética; sólo que lamentablemente lo hacen con disimulo, agazapadamente.

Que la ética es peligrosa para la solución de los problemas sociales y políticos lo he defendido en mi reciente libro Visión lógica del derecho y en varios ensayos difundidos como resúmenes y comentarios a esa obra.

Se me ha criticado centrar el derecho natural en un principio al cual se reprocha su presunta vaguedad e indeterminación: la obligatoriedad del bien común.

El bien común es, en primer lugar, el de la comunidad política, el del cuerpo político --usando la locución de la tradición filosófico-política británica; o el de la nación --usando el concepto de Estado-nación de la tradición liberal y revolucionaria decimonónica, una nación soberana.

Si la noción del bien común es inevitablemente indeterminada (habiendo de determinarla, en cada caso, el conocimiento de las poblaciones y de las élites, en función de circunstancias histórico-sociales evolutivas), posee, al menos, un núcleo perfectamente definido: la realización de la prosperidad, la perfección y el engrandecimiento de la colectividad en tanto en cuanto, lejos de constituir sólo un bien colectivamente poseído, se distribuya asimismo en el bien de sus integrantes (en el disfrute de sus derechos de libertad y de bienestar).

El derecho natural se rige por un solo valor, aunque es cierto que, lejos de ser monolítico, ese bien común es calidoscópico, descomponiéndose en diversos bienes, a menudo opuestos entre sí. La vinculatividad de ese principio del bien común emana de la propia existencia de la sociedad, siendo del todo independiente de las escalas morales, de las teorías éticas, de si abrazamos el cognitivismo o el anticognitivismo, una ética teleológica, una ética intrinsecista o una ética material de los valores o cualquier otra.

En cambio, invocar la ética para resolver cuestiones de pública decisión nos empantana en la total incertidumbre. ¿Cuáles normas éticas son pertinentes? ¿Quién las escoge? ¿Con qué criterios? ¿Va a ser un ético cognitivista o uno anticognitivista? ¿Va a ser un ético intrinsecista o uno consecuencialista?

Suponiendo que esa espúrea «comisión» (¿comisionada por quién?), tras un tiempo (forzosamente largo) de discusión libre, se ponga de acuerdo en unas normas éticas, ¿por qué hemos de respetarlas y acatarlas los demás? Si escogen una ética intrinsecista, ¿qué nos fuerza a someternos a ella a quienes preferimos el consecuencialismo? ¿Y qué sucede si se ponen de acuerdo en el no cognitivismo y, por lo tanto, las normas éticas en las cuales concuerdan son cuestión de gusto?

De todos modos, el supuesto mismo carece de fundamento: esa apelación a la funesta ética la hacen --¡reconozcámoslo!-- para el caso «en que las normas jurídicas no determin[e]n suficientemente la resolución de conflictos». Pero eso es imposible. Según lo he demostrado en el citado reciente libro, no hay lagunas jurídicas, de suerte que el ordenamiento jurídico siempre resuelve los conflictos.

En nuestro caso, el litigio planteado se resuelve en un minuto: una pretensión es totalmente ilegal, absolutamente anticonstitucional, mientras que el rechazo de la misma es, no sólo lícito, sino totalmente preceptivo. Jurídicamente el asunto está zanjado antes de que empiece la discusión.

V

Paso al punto 5º del manifiesto:

Si bien es improbable --aunque no imposible-- que todos los miembros de la Comisión lleguen a un acuerdo sobre procedimientos y otras normas para la reducción y resolución de conflictos, la mayoría requerida para la aceptación de las normas de trabajo debería superar ampliamente el 50%. En las decisiones trascendentales de las democracias, con un efecto a largo plazo sobre las generaciones futuras, los acuerdos requieren mayorías claras y significativas, tal como sucede al aceptar o revisar constituciones en muchos países.

¿Qué valor tiene tal precaución? Cuando los firmantes del manifiesto están tratando de legitimar una imaginaria comisión de diálogo cuyas decisiones fueran vinculantes para todos los españoles, por encima de la Constitución, de las leyes y de las decisiones del Tribunal Constitucional, unas decisiones que significarían la abrogación de la Constitución de 1978 por un procedimiento tan absolutamente anticonstitucional como los acuerdos entre unos representantes del poder ejecutivo central y otros del poder ejecutivo autonómico (más, eventualmente, unas organizaciones privadas escogidas o nombradas por alguien), eso significa que precisamente se estarían infringiendo todas las previsiones de la Constitución en lo tocante a su revisión, a las mayorías calificadas y a los procedimientos de revisión.

Sentado tal precedente, arrogándose esa ilegal e ilegítima comisión unos poderes de derogación de la Constitución, actuando al margen de cualesquiera normas jurídicas vigentes, ¿qué escrúpulo la llevaría a tomar sus decisiones por una mayoría calificada? ¿Cuál? ¿Qué norma regularía y estipularía el procedimiento y la mayoría requerida? Además, dado ese paso de una comisión que estaría perpetrando un golpe de estado, al día siguiente se podrá reunir otra que derogase lo así acordado.

VI

He aquí el 6º punto del manifiesto:

Un referéndum negociado sobre la independencia catalana podría ser una salida [...] Los referéndums tienen que ser cuidadosamente preparados [...] De nuevo, tanto en las votaciones parlamentarias como en las públicas, las mayorías deberían ser claras y significativas.

Ningún plebiscito, ni negociado ni no negociado, puede ser una salida porque eso vulnera de la manera más absoluta un elemento esencial de la actual Constitución española de 1978 y de cuantas la han precedido (1812, 1836, 1869, 1876, 1931).

Siendo un principio fundamentalísimo (y, en rigor, supraconstitucional) de nuestro ordenamiento jurídico la indivisibilidad de la nación española (o del pueblo español, o de la sociedad española o del cuerpo político hispano --como quiera decirse), lesiona de la manera más absoluta ese ordenamiento el que su abolición se someta a un plebiscito.

Es cierto que la Constitución de 1978 no contiene ninguna cláusula de intangibilidad y que, por consiguiente, la propia indivisibilidad patria podría ser legalmente abolida. Ahora bien, en primer lugar, eso habría de hacerse según los procedimientos de revisión previstos en la Carta Magna. Además, quienes creemos en normas supraconstitucionales (en la preceptividad jurídico-natural de la obligación del bien común) no podríamos aceptar en ningún caso esa revisión, ni siquiera si se realizara según el procedimiento de revisión constitucional.

Es irrelevante que el plebiscito se prepare cuidadosamente o a la pata la llana. Una de dos. Si es legal, las mayorías calificadas serán las que marque la ley. Mas la ley no tolera ni consiente un plebiscito para abolir ilegalmente la propia legalidad. Si, en cambio, es un plebiscito ilegal --convocado al amparo de cualquier conchabanza y componenda--, las mayorías exigidas serán las que hayan fijado los compadres.

VII

Llego así al 7º y último punto del manifiesto:

[...] Nos tomamos en serio la declaración de los partidarios de la independencia catalana de que se consideran pro-europeos [...] una actitud pro-europea debe incluir la consideración de los intereses relevantes en toda la Unión Europea.

Es absolutamente irrelevante que los secesionistas catalanes sean o no partidarios de la unidad europea. Tal unidad es fruto de un contingente y ocasional convenio internacional, que, según el derecho internacional, puede venir abrogado (en virtud del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados). Jurídicamente son iguales las pretensiones del secesionismo tanto si éste aspira a que el eventual fruto de la secesión esté integrado como miembro de la unión europea como si ambiciona su pertenencia a otra agrupación supranacional o a ninguna.

Ni tampoco los defensores de la Constitución y de la ley tienen que ser partidarios de la unión europea ni lo son todos. La pertenencia de España a esa unión no emana de la Constitución ni, menos aún, es un principio supraconstitucional ni siquiera ha sido sometida nunca a la aprobación plebiscitaria del pueblo español, sino decidida en las alturas, sin mediar debate público.

En todo caso, es inaceptable que un asunto como éste se dilucide en función, no de los intereses del pueblo español, sino desde «los intereses relevantes en toda la Unión Europea». O esos intereses son conformes con los del pueblo español --siendo entonces ocioso y redundante invocarlos--; o, si no, se está sacrificando al pueblo español a favor de la unión europea, cuando las élites que, sin consultar nuestra opinión, nos impusieron el ingreso en tal unión alegaron que así se salvaguardarían mejor los intereses del pueblo español.

Estaríamos ofrendándonos en aras de la unión europea cuando nadie lo hace. Ninguna cuestión en litigio político en Italia, Hungría, Polonia, Dinamarca, Rumania, Austria u Holanda se resuelve a expensas de los intereses nacionales y en aras del presunto interés superior de la unión europea en su conjunto.

Conclusión

Los firmantes del manifiesto han desaprovechado una buena ocasión para callarse. Lejos de aportar claridad o argumentos jurídicamente atendibles, han contribuido a embrollar más las cuestiones en litigio con unas posturas confusas y, además, no exentas de sobreentendidos y de proposiciones trabucadas o con medias palabras.




DECLARACIÓN SOBRE LA CRISIS EN CATALUÑA

«NO ONE IS BORN HATING ANOTHER PERSON BECAUSE OF THE COLOR OF HIS SKIN, OR HIS BACKGROUND, OR HIS RELIGION ... IF THEY CAN LEARN TO HATE, THEY CAN BE TAUGHT TO LOVE.» (NELSON MANDELA)

LOS ABAJO FIRMANTES, FILÓSOFOS QUE TRABAJAN EN UNIVERSIDADES CATALANAS, DECLARAMOS QUE:

  • 1. RECHAZAMOS LA VIOLENCIA POLICIAL QUE SE EJERCIÓ CONTRA LOS CIUDADANOS NO VIOLENTOS EN CATALUÑA EL 1 DE OCTUBRE DE 2017. EN DEMOCRACIA, TAL VIOLENCIA NO ESTÁ JUSTIFICADA, EXISTA O NO SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA SOBRE LA ILEGALIDAD DEL REFERÉNDUM. LA VIOLENCIA NO ERA NECESARIA PARA EVITAR EL REFERÉNDUM. HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TODOS LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES Y CATALANES PARA QUE SE ABSTENGAN DE OPTAR POR LA VIOLENCIA, RECURRIR A ACCIONES UNILATERALES, Y PROMOVER LAS PROVOCACIONES Y LA MANIPULACIÓN DEL PÚBLICO. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DIÁLOGO RESPETUOSO, GUIADOS POR ARGUMENTOS Y HECHOS ADECUADOS, DEBEN SER LA FORMA DE RESOLVER LAS DISPUTAS POLÍTICAS.

  • 2. COMO PRIMER E INMEDIATO PASO HACIA LA REDUCCIÓN DE LA TENSIÓN, PROPONEMOS A LOS GOBIERNOS ESPAÑOL Y CATALÁN QUE SE CONSTITUYA UNA COMISIÓN FORMADA POR REPRESENTANTES EXPERTOS DE TODOS LOS PRINCIPALES PARTIDOS, INCLUIDOS LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN DE AMBOS PARLAMENTOS, CON LA TAREA DE CONSTRUIR UN CONSENSO SOBRE LAS NORMAS PROCESALES Y SUSTANTIVAS QUE DEBERÍAN AYUDAR A REDUCIR Y RESOLVER EL CONFLICTO.

    ADEMÁS, LA COMISIÓN DEBERÍA INCLUIR EXPERTOS EN DERECHO NACIONAL E INTERNACIONAL, ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA Y ESPECIALISTAS EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

  • 3. NO SÓLO LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA, SINO TAMBIÉN PARTES DEL DERECHO INTERNACIONAL, COMO EL ACUERDO DE HELSINKI (ARTÍCULO 1.III), EL TRATADO UE MAASTRICHT (ARTÍCULO 4.2), EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE REFERENDOS, ASÍ COMO LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS, EL PACTO CIVIL DE LAS NACIONES UNIDAS Y LA RESOLUCIÓN 2625 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS PODRÍAN FORMAR PARTE DEL MARCO JURÍDICO A CONSIDERAR. TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS INVOLUCRADOS, LOS RESPONSABLES DE TOMAR DECISIONES Y LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEBERÍAN SEGUIR ESTRICTAMENTE LAS NORMAS PERTINENTES. PACTA SUNT SERVANDA.

  • 4. EN LA MEDIDA EN QUE LAS NORMAS JURÍDICAS NO DETERMINAN SUFICIENTEMENTE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, LA SOLUCIÓN DEBERÍA BASARSE EN NORMAS ÉTICAS QUE DEBEN SER DISCUTIDAS LIBREMENTE Y ACEPTADAS POR LA COMISIÓN.

  • 5. SI BIEN ES IMPROBABLE --AUNQUE NO IMPOSIBLE-- QUE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN LLEGUEN A UN ACUERDO SOBRE PROCEDIMIENTOS Y OTRAS NORMAS PARA LA REDUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, LA MAYORÍA REQUERIDA PARA LA ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE TRABAJO DEBERÍA SUPERAR AMPLIAMENTE EL 50%. EN LAS DECISIONES TRASCENDENTALES DE LAS DEMOCRACIAS, CON UN EFECTO A LARGO PLAZO SOBRE LAS GENERACIONES FUTURAS, LOS ACUERDOS REQUIEREN MAYORÍAS CLARAS Y SIGNIFICATIVAS, TAL COMO SUCEDE AL ACEPTAR O REVISAR CONSTITUCIONES EN MUCHOS PAÍSES.

  • 6. UN REFERÉNDUM NEGOCIADO SOBRE LA INDEPENDENCIA CATALANA PODRÍA SER UNA SALIDA, AUNQUE NO LA ÚNICA. LOS REFERÉNDUMS TIENEN QUE SER CUIDADOSAMENTE PREPARADOS, REQUIEREN UN DEBATE PÚBLICO JUSTO, BIEN INFORMADO E IMPARCIAL, GUIADO POR LOS IDEALES DE LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA. EN ESTE DEBATE, LAS OPCIONES ALTERNATIVAS, COMO UNA MAYOR AUTONOMÍA PARA CATALUÑA O UNA REFORMA FEDERAL DE ESPAÑA, DEBERÍAN ESTAR PLENAMENTE PRESENTES TAMBIÉN. LA COMISIÓN DEBERÍA ELABORAR DICHAS PROPUESTAS Y ENVIARLAS A LOS PARLAMENTOS ESPAÑOL Y CATALÁN PARA UN DEBATE INFORMADO. CON EL CONSENTIMIENTO DE TODAS LAS PARTES, LOS ASESORES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES PODRÍAN AYUDAR A NEGOCIAR UN ACUERDO ENTRE LOS PARLAMENTOS. DE NUEVO, TANTO EN LAS VOTACIONES PARLAMENTARIAS COMO EN LAS PÚBLICAS, LAS MAYORÍAS DEBERÍAN SER CLARAS Y SIGNIFICATIVAS.

  • 7. EL CONFLICTO DEBERÍA ABORDARSE DE MANERA QUE RECONOZCA QUE CATALUÑA NO ES EL ÚNICO LUGAR CON UN MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA EN EUROPA Y QUE LA EXIGENCIA DE UNA MAYOR AUTODETERMINACIÓN DEBE SER EQUILIBRADA CON OTRAS TAREAS Y DESAFÍOS IMPORTANTES A LOS QUE SE ENFRENTA LA UNIÓN EUROPEA. NOS TOMAMOS EN SERIO LA DECLARACIÓN DE LOS PARTIDARIOS DE LA INDEPENDENCIA CATALANA DE QUE SE CONSIDERAN PRO-EUROPEOS, A DIFERENCIA DE OTROS MOVIMIENTOS NACIONALISTAS. CREEMOS QUE UNA ACTITUD PRO-EUROPEA DEBE INCLUIR LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTERESES RELEVANTES EN TODA LA UNIÓN EUROPEA.

CON ESTOS PRIMEROS PASOS, NUESTRO OBJETIVO ES AYUDAR A REDUCIR LA PELIGROSA ESCALADA DE ACCIONES Y EMOCIONES EN ESTE MOMENTO CRÍTICO. ESTOS «JUEGOS DEL GALLINA» (BERTRAND RUSSELL) PUEDEN TERMINAR MUY MAL. SI EL CONFLICTO CONTINÚA, TODAS LAS PARTES PUEDEN SUFRIR PÉRDIDAS MUY GRAVES Y LAMENTABLES. ES ESENCIAL IMPEDIR LA ESCALADA DEL CONFLICTO.

INVITAMOS A TODOS LOS CIUDADANOS DE CATALUÑA, ESPAÑA Y EUROPA A SUMARSE A ESTA DECLARACIÓN.

BARCELONA, 03/10/2017

SIGNED FIRST BY:

  • MASSIMILIANO BADINO (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)
  • NORBERT BILBENY GARCIA (UNIVERSITAT DE BARCELONA)
  • VICTORIA CAMPS (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)
  • PAULA CASAL (UNIVERSITAT POMPEU FABRA)
  • MARIA RAMON CUBELLS BARTOLOMÉ (UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, TARRAGONA)
  • ENCARNACIÓN DÍAZ LEÓN (UNIVERSITAT DE BARCELONA)
  • JOSÉ ANTONIO DIEZ (UNIVERSITAT DE BARCELONA)
  • ANNA ESTANY PROFITÓS (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)
  • CHRISTOPHER EVANS (FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA)
  • ALEXANDER FIDORA (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)
  • DANIEL GAMPER (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)
  • MANUEL GARCÍA-CARPINTERO (UNIVERSITAT DE BARCELONA)
  • VICTOR GÓMEZ PIN (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)
  • IÑIGO GONZÁLEZ RICOY (UNIVERSITAT DE BARCELONA)
  • CARL HOEFER (UNIVERSITAT DE BARCELONA)
  • TERESA MARQUES (UNIVERSITAT DE BARCELONA)
  • GENOVEVA MARTÍ (UNIVERSITAT DE BARCELONA)
  • JOSÉ LUIS MARTÍ (UNIVERSITAT POMPEU FABRA)
  • VÍCTOR MÉNDEZ BAIGES (UNIVERSITAT DE BARCELONA)
  • NÚRIA SARA MIRAS BORONET (UNIVERSITAT DE BARCELONA)
  • J. J. MORESO (UNIVERSITAT POMPEU FABRA)
  • SERENA OLSARETTI (UNIVERSITAT POMPEU FABRA)
  • FRANCESC PEREÑA BLASI (UNIVERSITAT DE BARCELONA)
  • JOSEP LLUÍS PRADES (UNIVERSITAT DE GIRONA)
  • ÀNGEL PUYOL GONZÁLEZ (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)
  • JESUS HERNANDEZ REYES (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)
  • SVEN ROSENKRANZ (UNIVERSITAT DE BARCELONA)
  • ALBERT SOLÉ (UNIVERSITAT DE BARCELONA)
  • THOMAS STURM (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)
  • JOAN VERGÉS GIFRA (UNIVERSITAT DE GIRONA)
  • GERARD VILAR (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)
  • ANDREW WILLIAMS (UNIVERSITAT POMPEU FABRA)

[continuará]






2017-11-28

Consideraciones inactuales

Consideraciones inactuales
por Lorenzo Peña y Gonzalo

2017-11-28


Sumario

Lo inactual y la evocación de Nietzsche. Inactualidad del jusnaturalismo. Inactualidad de la metafísica. Inactualidad de la lógica gradualista. Inactualidad del realismo gnoseológico. Inactualidad del progresismo y del optimismo. Inactualidad del determinismo. Inactualidad del principio leibniziano de razón suficiente. Inactualidad del continuismo. Conclusión


Lo inactual y la evocación de Nietzsche

No deja de ser un INRI para mí escribir un suelto que reproduce el título de una obra de Nietzsche, resultando de todo punto imposible que dos pensamientos estén más alejados entre sí de lo que están el del profeta del Anticristo y el del autor de estas páginas. Es, además, impensable que un filósofo odie más a otro filósofo o presuntamente tal que lo que yo aborrezco al firmante de los Unzeitgemäßige Betrachtungen de 1873-76.

Precisamente mi intransigente antinietzscheanismo constituye tal vez una de las varias originalidades que hacen inactual mi obra, porque --después de haber sufrido un período de descrédito-- goza hoy de buena prensa el autor de Más allá del bien y del mal.

Posiblemente nadie contribuyó más a desprestigiarlo que el egregio, el preclaro, el eximio filósofo marxista húngaro Georg Lukács en su grandísima obra El asalto a la razón. Lamentablemente, aunque tuvo muchos miles de lectores, nunca gozó de gran predicamento ese marxismo racionalista y neohegeliano de Lukács. Sin entrar aquí en averiguar las causas, constato que esa obra puede haber sido admirada, mas pocos serán quienes hayan asumido sus tesis; uno de esos pocos --no sé si el único-- es quien esto escribe en sus años mozos. Pasados los cuales siempre ha conservado un enorme aprecio por ese libro y otros del filósofo húngaro, especialmente El joven Hegel.

Durante la época de hegemonía del pensamiento marxista (con su autoproclama como heredero de la Ilustración, del racionalismo, con su alineamiento de clase a favor de las capas pobres, a las que tanto había execrado y desdeñado Nietzsche), el autor de Así habló Zaratustra era, no sólo un representante de la reacción aristocrática, sino --lo que es más-- un precursor del fascismo. Pasaron esos tiempos y llegó el posmodernismo, especialmente el francés, que --siguiendo a Heidegger-- rehabilitó al moralista de la crueldad. Lo más sorprendente es que incluso algunos filósofos analíticos se están dejando seducir por esa figura.

No son muchos los analíticos que se acercan a Nietzsche. Tampoco los que lo combaten. En general el apologista de la moral de los señores suele causar indiferencia entre los filósofos analíticos (sobre todo los del ámbito geográfico-lingüístico donde esta filosofía prevalece, que es el anglosajón). Ahora bien, no cabe desconocer que, incluso en ese paraíso filosófico que es el mundo de habla inglesa, el posmodernismo va ganando terreno, a pesar de haber sido desenmascarado por Sokal, Bricmont y Paul Boghossian.

Ignorando o desestimando la demoledora crítica de Sokal y de otros defensores de la razón, el posmodernismo está alcanzando una pizca (creciente) de respetabilidad en departamentos de filosofía de Universidades de países de habla inglesa. Vamos para atrás (aunque estoy persuadido de que no durará demasiado tan deplorable tendencia).

Que entre Hegel-Lukács y Nietzsche goce hoy el segundo de mayor adhesión --o, por lo menos, atractivo-- es para mí un síntoma de que el pensamiento de nuestros días anda descarriado y desarreglado.

Dándole vueltas al asunto, caigo en la cuenta de que es todo el legado de la Ilustración lo que se encuentra desafiado, rechazado o, en el mejor de los casos, arrinconado y adulterado.

Inactualidad del jusnaturalismo

Ha salido hace pocos días a la luz mi libro Visión lógica del derecho: Una defensa del racionalismo jurídico, que constituye la propuesta de un derecho natural, un heredero de esa gran y larga Ilustración, la cual, lejos de limitarse a su última fase --la de Montesquieu en adelante, o sea la segunda mitad del siglo XVIII--, abarca por entero los siglos XVII y XVIII (en rigor comienza ya a fines del XVI y se prolonga hasta los albores del XIX). En mi opinión, descuellan en ese vasto panorama figuras como Hugo Grocio, Cumberland, Leibniz, Fénelon, Hobbes, Spinoza, Christian Wolff, Jean-Jaques Burlamaqui, Helvétius y Diderot.

Mi propio jusnaturalismo retoma el de esa tradición racionalista e ilustrada (guardando una afinidad profunda con Leibniz), sólo que --eso sí-- con un utillaje nuevo (brindado por la moderna lógica matemática, concretamente por la lógica deóntica), con modos de analizar y argumentar mejor pulidos (gracias a la filosofía analítica inaugurada por Gottlob Frege) y en torno a problemas de nuestro tiempo (con un protagonismo de los derechos naturales del hombre que los ilustrados sólo empezaron a vislumbrar al final de su periplo y, aun así, únicamente de manera parcial).

Si mi jusnaturalismo neoilustrado se desmarca radicalmente de la corriente hoy predominante en filosofía jurídica, el juspositivismo, es ésa únicamente una de las muchas facetas en las cuales resulta inactual mi pensamiento. En efecto, vuelvo sobre mis contribuciones a otras disciplinas filosóficas, percatándome de que también colisionan con las tendencias en boga. Voy a enumerar algunas de esas discrepancias.

Inactualidad de la metafísica

Mi principal aportación a la filosofía es mi trabajo de metafísica, la ontofántica: una ontología que tiene sus fuentes en Heráclito, Platón, la tradición dialéctica y hegeliana, Nicolai Hartmann, Frege, Russell, Quine, David Lewis y Lotfi Zadeh. Sin duda para la mayoría de los filósofos son chocantes las ideas que forman esa visión de lo real; pero, más allá de eso, lo que hoy desentona es la propia construcción de un sistema metafísico.

En el campo de los filósofos llamados «continentales», marcan la pauta el desconstrucionismo, el irracionalismo y la posmetafísica, de Derrida a Vattimo. (Incluso el dialogismo transcendental de Apel y Habermas --que, por lo menos, defiende la razón-- huye de cualquier fundamento, inscribiéndose en la común tendencia antimetafísica, o sea --llámese así o no-- positivista). Ni los franceses se acuerdan de Maurice Blondel ni los alemanes de Nicolai Hartmann ni, menos aún, los italianos de Rosmini --a lo sumo de B. Croce--. (Reconozcamos que a los españoles nos asiste la ventaja de no tener a quien olvidar, como no nos remontemos a nuestro ya lejano Siglo de Oro.)

Inactualidad de la lógica gradualista

Mi sistema metafísico, la ontofántica, va unido a una lógica, a una filosofía del lenguaje, a una teoría realista del conocimiento, a una antropología filosófica.

La lógica abrazada es una lógica gradualista contradictorial (paraconsistente). No es mi lógica la única gradualista (al revés, se inspira en la fuzzy logic de Zadeh y en la lógica multivalente de Lukasiewicz); ni es la única lógica paraconsistente. Pero hay que admitir que --si bien la lógica difusa ha logrado un reconocimiento en el campo de ciertas ingenierías y aplicaciones técnicas--, en general sólo un puñado de especialistas toma verdaderamente en serio una lógica que no sea la trillada y banal lógica clásica que se enseñó en la escuela. Los demás se permiten ignorar que hay otras lógicas con sobradas credenciales científicas.

Si el pobre Kant osó decir (sin sonrojo) que, desde Aristóteles, la lógica no había dado ni un paso adelante ni un paso atrás, hoy la inmensa mayoría creen que, en lo esencial, la lógica no ha dado ni un paso adelante ni uno atrás desde Frege y Russell (o, por lo menos, que los pasos adelante no han zarandeado para nada lo incuestionable e inamovible de los teoremas y las reglas de inferencia de esa lógica clásica).

Inactualidad del realismo gnoseológico

Mi teoría del conocimiento es resueltamente realista, rechazando el relativismo y el idealismo en todas sus formas: el transcendentalismo kantiano, el solipsismo (en su variante de doctrina final en Berkeley o en la del solipsismo metodológico de Descartes y Husserl). Asume un enfoque afín al del realismo metódico de Étienne Gilson.

¿Cuán populares son tales ideas entre los profesores de filosofía de nuestros días? Me temo que poco, poquísimo. La gran mayoría profesan alguna versión del relativismo, del criticismo, del neokantismo, tal vez del perspectivismo. Por supuesto esa orientación la han abrazado con ardor los posmodernistas o euro-continentales, pero (con menos alharacas) también no pocos analíticos, pues a eso vienen a conducir, en definitiva, teorías como las del último Putnam, Baas van Fraassen, Kuhn, Lákatos, Feyerabend, Stephen Stich y --sin quererlo-- el nihilismo al que --contra su vocación primigenia-- se vio abocado el desarrollo del pensamiento de Quine (con sus tesis de la indeterminación de la referencia y la relatividad ontológica, según lo supo ver Hao Wang).

Inactualidad del progresismo y del optimismo

También mi antropología filosófica o mi filosofía de la historia abraza puntos de vista del todo impopulares. Ante todo mi progresismo. Esa visión progresista de la historia no la he inventado yo (en el cúmulo de mis ideas filosóficas poco es lo que verdaderamente yo he creado). Arranca nuevamente de la Ilustración: si bien los ilustrados fueron titubeantes al respecto (el propio Leibniz es inconstante en su visión del progreso histórico), la afirmación progresista se alcanza en autores como Condorcet, que cierran el ciclo del pensamiento ilustrado. De ahí pasó a la filosofía clásica alemana, en particular a Hegel; y de él al marxismo, pero también a buena parte del pensamiento decimonónico (p.ej. Auguste Comte, Bentham, J.S. Mill).

Hoy se cuestiona, en primer lugar, que tenga sentido la misma noción de progreso; en segundo lugar que, de tener sentido, tenga realidad en el devenir histórico; en tercer lugar que, aun cuando tenga o tuviera lugar, obedezca a unas leyes de evolución, e.d. que sea necesario.

El progresismo decimonónico incurrió en muchos errores y en exageraciones. Así, p.ej., algunos creyeron que se daba progreso en la evolución de las lenguas, que las había más y menos evolucionadas. Nada de eso es verdad. Está claro que tuvo que haber una evolución en tiempos muy muy remotos, los orígenes del homo sapiens o antes, en la época del homo rhodesiensis, en el Pleistoceno. Pero de las lenguas conocidas, el sumerio o el latín no son menos evolucionados que el francés o el sueco. No hay lenguas primitivas. La transformación de las lenguas va a la deriva, sin ninguna orientación teleológica. Los cambios morfológicos, léxicos y fonéticos obedecen esencialmente a un factor de moda.

Esa falta de orientación, de directriz o finalidad ¿es igualmente válida para todos los procesos en los que se producen cambios? Eso piensan hoy los más. Y lo aplican, no sólo a la transformación de sociedades humanas, sino también a la de las especies biológicas. Júzgase una ingenuidad superada creer que los seres vivos de hace mil millones de años eran más primitivos o menos evolucionados que los actuales. Se rechaza cualquier jerarquización, prescindiéndose de toda idea de avance. Habría, sí, mutaciones (casuales y, por lo tanto, imprevisibles), con supervivencia de aquellos que, por puro azar, resulten más aptos (la selección natural darwiniana).

Sólo que, si bien Darwin aborreció la teleología lamarckiana, su teoría, implícitamente, contenía una especie de invocación de una mano invisible conducente a la selección adaptativa. Por eso los biólogos hoy más reputados, desmarcándose de un darwinismo estricto, han acuñado el neologismo «exaptación» --en lugar de seguir hablando de adaptación--, para así subrayar lo oportunista e imprevisible que resulta la transformación biológica.

En la práctica esos mismos biólogos incurren en incongruencia, pues --para hacerse entender cuando no se ponen muy puntillosos-- les resulta difícil no admitir que los mamíferos superiores (ya el adjetivo es elocuente) tienen un grado de complejidad mayor que el de los platelmintos o los celentéreos o que el hombre tiene una adaptación al medio, no óptima --ni mucho menos--, pero sí inigualada (salvo quizá por ciertas especies de insectos sociales).

Que la evolución no sea unilineal y que el ser humano no sea la meta de las transformaciones biológicas no implican ni que éstas tengan lugar al buen tuntún ni que esté ausente una orientación teleológica --sólo que diversificada, plural.

Lo propio sucede con la evolución humana. Sin duda la sociedad de los antiguos egipcios realizaba algunas tareas mejor que como podemos realizarlas hoy (si nos pusiéramos a hacerlo), porque hemos perdido su saber-hacer, adaptado a sus instrumentos y modos de organización social. Sin duda cada avance en nuestro modo de vida comporta también determinadas pérdidas.

Recordando los episodios de nuestra propia biografía individual, nos vemos aliviados de no tener ya que escribir copias con papel carbón y clichés de ciclostil. Aquella época --tan cercana en el tiempo-- nos resulta extraña y es posible que la añoremos, como un período heroico en el que esas tareas (y tantísimas otras) resultaban muchísimo más difíciles. Con el email, los sms y otros inventos quizá hemos perdido la costumbre de aquella correspondencia gracias a la cual nos han quedado obras imperecederas, como las cartas de Gayo Plinio, las de Leibniz, las de Voltaire, las de George Sand.

Pero, ¿de veras no es mejor la sociedad del siglo XXI que la del siglo XIX, ni ésta es mejor que la del XV, ni ésta que la del siglo IX? ¿No hay una válida consideración, habida cuenta de todo, que proporciona un criterio razonable para determinar que (así sea con altibajos, retrocesos transitorios, en algunos aspectos incluso, si se quiere, definitivos) la evolución histórica de la humanidad es la de un progreso, una mejora en la cantidad y calidad de vida individual y colectiva, un acrecentamiento del bien común de la humanidad? ¿De veras no es mejor una sociedad con seguridad social, pensiones, presunción de inocencia, modernos métodos de cultivo, rayos láser, analgésicos, antibióticos, prótesis dentales, radio, teléfonos móviles?

Inactualidad del determinismo

En otro terreno --no inconexo-- mi antropología filosófica conlleva una visión determinista. Sigo la tradición ilustrada, la de Hobbes, Spinoza, Leibniz, Helvétius, d'Holbach y Diderot. La ley de causalidad rige todos los hechos de la naturaleza, incluyendo los del hombre, individual y colectivamente tomado. O sea: puestas todas las condiciones externas e internas para la decisión, ésta se toma inexorablemente en un sentido, siendo (naturalmente) imposible que no suceda así (salvo en el supuesto de que precisamente esas condiciones no hubieran estado presentes). Entre tales condiciones figura el carácter del decisor, su personalidad, producto de sus tendencias innatas y de la formación o el medio ambiente en el cual se ha desarrollado.

En mi personal apreciación, las empecinadas discusiones en la filosofía analítica sobre determinismo y libre arbitrio han arrojado un balance favorable al determinismo (aunque en filosofía nunca una opción sale irremediablemente derrotada). Así y todo, la gran mayoría de los profesores de filosofía y de la gente en general prefiere el librearbitrismo, a pesar de los absurdos que encierra. Creen que esa ilusoria libertad (esa «gana que da», como hubiera podido no dar) los hace menos dependientes (cuando en verdad sucede al revés: los somete al albur de un acaecimiento inmotivado que no brota ni mana de su propio modo de ser).

El indeterminismo ha ido ganando terreno hasta el punto de que, al explicar a autores deterministas de la Ilustración (Spinoza, Leibniz, Diderot), se acude a alguna hermenéutica caritativa para hacerles decir lo que era más opuesto a sus ideas, un enfoque de «libertad humana» entendida como un brotar nuestras decisiones de la nada, porque sí, sin ton ni son.

También los juristas --y particularmente los penalistas-- son mayoritariamente indeterministas, creyendo erróneamente que así justifican la responsabilidad --cuando sucede justamente lo contrario: si el homicida ha matado porque le dio esa ventolera, sin emanar de nada, sin ser una manifestación de su modo de ser, por la pura veleidad de un acto gratuito que de pronto brotó en su mente igual que hubiera podido no brotar, ¿en qué queda el fundamento de la responsabilidad?

Inactualidad del principio leibniziano de razón suficiente

El indeterminismo de la voluntad humana hoy se ampara en otro indeterminismo más general, el de la mecánica cuántica, asociado al principio de incertidumbre de Heisenberg. Ciérranse los ojos ante las insolubles paradojas de la física contemporánea. Olvídase eso mismo que --en la adhesión al idealismo-- tanto se proclama: que una cosa son nuestras teorías y otra la realidad, la cual no podría (dicen) venir reflejada por ninguna teoría (un aserto que yo rechazo, si bien creo que las teorías científicas actuales son reflejos sumamente deformes de la realidad).

Nunca he elaborado una filosofía de la naturaleza, mas me hubiera encantado tener tiempo de hacerlo. Varias tesis de mi metafísica ontofántica inciden en una visión cosmológica que está en las antípodas de los paradigmas actualmente admitidos.

Hay numerosas tesis de la física y la cosmología hoy al uso que suscitan problemas insolubles: ese momento cero del big bang (¿qué estaba ocurriendo una milésima de segundo antes? y ¿cómo así súbitamente surgió el universo de la nada?); esa finitud del cosmos; ese límite de la velocidad de la luz (¿por qué?); la inmensidad de esos no-sé-qué que son la materia oscura y la energía oscura (que integrarían la mayor parte del universo); esos enigmáticos multiversos. Los físicos más lúcidos saben que todas esas teorías forman un transitorio sucedáneo de una nueva teoría por hacer, quizá algo como la teoría de cuerdas reelaborada --u otra, mucho más audaz, que todavía no se le ha ocurrido a nadie.

En el caso de las teorías físicas contemporáneas sabemos que no pueden corresponder a la realidad, siendo meros expedientes provisionales a la espera de teorías mejores. Han conseguido (¿qué duda cabe?) éxitos espectaculares las incompatibles visiones que nos han legado Einstein, Planck, Heisenberg y demás luminarias; mas al precio de no conjuntarlas.

Nadie ha demostrado que en la realidad existe indeterminación causal. Ni, bien examinado, tiene mucho sentido el probabilismo ontológico, erizado de redhibitorias dificultades. No basta para despejar tal incógnita postular que esa probabilidad, sea lo que fuere, es algo que se ajusta al teorema de Bayer. Que sea práctico manejar ese teorema no lo dudo, pero, hasta donde yo sé, no se ha demostrado que las probabilidades de los fenómenos se ajustan al mismo. De todos modos, la probabilidad bayesiana es una concepción de las expectativas razonables y, por lo tanto, epistemológica (aunque ese adjetivo, «razonables», mete de rondón un velado remitirse a algún fundamento ontológico, pienso yo). Cuando los físicos y los filósofos contemporáneos proclaman que los hechos de la naturaleza (o muchos de ellos) no se rigen por leyes de causalidad necesaria sino por tendencias probabilistas, parece diáfano que no están usando una noción de probabilidad como expectativa razonable, sino alguna concepción objetiva. Dudo que sea la frecuencia, porque acudir a ella es describir, no explicar. Queda la propensión. Pero, si es indeterminada y aleatoria la trayectoria de cada partícula de un cúmulo, ¿por qué, en el cúmulo, va a darse una propensión prevalente en un sentido o en otro? ¿Qué es esa propensión?

Inactualidad del continuismo

Asimismo está la cuestión de los tránsitos. El más reciente desarrollo de mi filosofía lo he calificado como «el cumulativismo» --que, en el fondo, no es sino la propia ontofántica, pero con algunos nuevos matices, con un desplazamiento temático, con mayor insistencia en los cambios no sólo graduales, sino por acumulación, en el marco de una teoría general del ser que recalca la conjuntualidad de los entes. Superando el salto cualitativo de la tradición hegeliano-marxista, esta visión conlleva una vuelta a Leibniz, a su principio de continuidad, a su doble adagio de que natura non facit saltum y natura non facit hiatum, que se funda en el principio de razón suficiente (cualquier salto sería una arbitrariedad de la naturaleza; un hiato sería, además de inexplicado, indiscernible de otro hiato, violando así el principio de identidad de los indiscernibles).

Profeso, pues, un cumulativismo (y, por lo tanto, continuismo) que se da de bruces con otra idea al uso: la del salto cuántico (quantum jump, quantum leap), una de las tesis centrales de la mecánica cuántica. Es dudoso en qué medida mi cumulativismo resulta compatible con nuevas tendencias en biología y en paleontología, como el equilibrio puntuado. Me inclino a pensar que no hay incompatibilidad, en tanto en cuanto el cumulativismo no postula que todas las transiciones sean paulatinas. Una alteración muy rápida puede --en la escala paleontológica-- aparecer como súbita sin serlo en realidad.

A partir de la influyentísima obra de Thomas Kuhn The structure of scientific revolutions (1962), también en teoría de las ideas se ha impuesto el discontinuismo. Tal discontinuismo va unido al rechazo de la teleología, del finalismo, de la noción de un progreso, afirmando que se producen mutaciones porque sí (aunque Kuhn, desde luego, jamás fue tan lejos, ya que, en su visión, las revoluciones científicas vienen causadas por la acumulación de dificultades que asedian crecientemente al paradigma predominante en cada período).

En teoría política se ha abandonado hoy la fe en las revoluciones (esa superación me merece un juicio de aprobación); sólo que, paradójicamente, por otro camino se ha vuelto a creer en los saltos. En lugar de entender la evolución histórica como un continuo, se piensa que se dan en ella irrupciones abruptas de nuevos paradigmas políticos, brotados de la nada; así, «la democracia» (muy mitificada y escasamente analizada) surgiría como una opción voluntarista.

Es de temer que se estén perdiendo los logros de la historiografía de fines del siglo XIX y comienzos del XX (no sólo manifestada en el marxismo, sino también en otras obediencias, como la École des Annales), con su énfasis en la larga duración, en los hechos continuados y subyacentes, en las tendencias profundas de acción lenta, para, en su lugar, preferir miradas saltuarias que retornan a la vieja historia de meros eventos contingentes, acordes con un enfoque voluntarista e indeterminista.

En la ideología del posmarxismo se ha arrojado al bebé con el agua del baño. Está bien dejar atrás unos esquemas simplificadores, unas visiones lineales, unas predicciones apresuradas y escasamente ponderadas. Está bien olvidarse de teorías como la determinación de las relaciones de producción por la inexorable evolución de las fuerzas productivas, la necesaria sucesión de unas formaciones económico-sociales o modos de producción (en un número finito y muy pequeño), el inevitable antagonismo de clase, la concepción del Estado como un instrumento de dominación de la clase en el poder. En cambio, creo que había en esa tradición muchas otras ideas que valdría la pena rescatar: la conveniencia de superar la desastrosa economía de mercado y de encaminarse a una economía racionalmente planificada para satisfacer las necesidades de la población; el legítimo cuestionamiento de la propiedad privada y la opción por la propiedad pública; la igualdad social tanto por su valor intrínseco cuanto por su valor instrumental cual medio para robustecer la armonía de la sociedad y, por lo tanto, el bien común.

Conclusión

He ido pasando lista a mis desacuerdos con los puntos de vista oficiales o generalizados. He arrancado de mi profesión de un derecho natural, que escandaliza a los positivistas jurídicos. Luego he mencionado mi metafísica, mi antropología filosófica y mi filosofía de la naturaleza. En todo ello (pese a la aportación de las nuevas lógicas y de los modos de analizar y argumentar desarrollados por la filosofía analítica) mis ideas son muy siglo XVIII.

Terminaré reconociendo que, no obstante, también hallo muchos elementos de acuerdo con varias teorías crecientemente populares. Pese a mi enorme ignorancia en todo lo atinente a las ciencias físicas, tengo entendido que en ellas empiezan a producirse convulsiones que pueden llevar a abandonar los paradigmas actuales. En sociología me parece muy sugerente la teoría de la selección social, que halla una valiosa aplicación a la historiografía humana (la teoría de la evolución cultural de Peter Turchin). Hay, pues, prometedores vislumbres de nuevos paradigmas teóricos, que quizá acabarán suplantando a los hoy encastillados.

Eso sí, igual que no podemos vivir sin respirar, no podemos progresar doctrinalmente sin libertad. No se goza de libertad doctrinal por el mero hecho de que no se penalice profesar una teoría u otra, sino por el respeto efectivo al pluralismo doctrinal. No hay libertad doctrinal donde y cuando los disidentes son ninguneados, proscritos de las revistas oficiales en cada disciplina y sometidos al ostracismo.

Por eso los disentientes, quienes nadamos contra la corriente, somos los más interesados en una efectiva libertad de pensamiento. Para mí tal libertad es un valor intrínseco, de suerte que si, por un milagro, mis teorías pasaran a ser mayoritariamente aceptadas, me erguiría en defensor de puntos de vista divergentes y aun los más opuestos, a fin de que prosiguiera la discusión.






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