2018-01-25

La experiencia tunecina y la divisibilidad de los derechos humanos

Túnez: A los siete años de la primavera árabe:
Divisibilidad de los derechos humanos
por Lorenzo Peña y Gonzalo
jueves 2018-01-25


Cumpliéronse el domingo anterior siete años desde el trastorno político que, en la vecina y hermana República de Túnez, constituyó la caída del régimen despótico del Presidente Ben Alí seguida de la instauración de aquello que, convencionalmente, llamamos «democracia».

Hay que recordar algunos rasgos del régimen de Ben Alí. El general Zaín AlAbidín ibnAlí fue el último primer ministro del pater patriæ del nuevo Túnez independiente, el gran líder Habib Burguiba.

Pese a su ausencia de carisma y a sus tendencias hondamente reaccionarias fue Burguiba un hombre de indudable talento, desbordante afán de poder e insuperable astucia, jugando --habida cuenta de todo-- un papel positivo para sacudir el yugo colonial francés, instaurar la república, dar algunos pasos hacia el progreso social y el reconocimiento de los derechos de la mujer e incluso --durante unos años-- adoptando un socialismo de estado --burocrático, sin duda (y muy represivo también, con su sistema de partido único y el encarcelamiento de los disidentes), pero que incrementó la riqueza colectiva del pueblo tunecino, posibilitando un cierto estado del bienestar absolutamente infrecuente en el mundo árabe de los años 50/60 del pasado siglo. (Habría que estudiar en qué medida igualó o superó, en esas tareas, a los regímenes de Nasser en Egipto, el Baas en Siria e Irak y Bumedién en Argelia.)

A Burguiba le llegó tarde y se le fue pronto la orientación socialista (el llamado «socialismo desturiano»), que vino abandonada bajo los dictados del Banco mundial y del Fondo Monetario Internacional, FMI --el cual ahora vuelve a hacer de las suyas.

No hay que olvidar que Burguiba había empezado siendo un proimperialista que deseaba una relación con los supremacistas occidentales, no de un siervo, sino de un dependiente con dignidad. Durante un paréntesis temporal se radicalizó; al empeorar la situación económica en los ochenta, retornó a sus orígenes.

Ya un déspota senil, desconfiaba Burguiba de sus jefes de gobierno como el obseso que teme a su propia sombra. Cada dos por tres destituía al que ocupaba la primatura (ese bello edificio en el centro de la ciudad de Túnez) para reemplazarlo por un novato más manejable. El humor tunecino decía que, igual que el placer del amor dura un instante, lo mismo duraba el deleite de ser primer ministro.

Sólo que en octubre de 1987 se le ocurrió nombrar a Ben Alí, el militar al frente de los aparatos de seguridad, de los servicios secretos y de la represión. Parecía un personaje de tantos como se habían sucedido vertiginosamente en el cargo, destinado a ocupar la primatura un año, posiblemente unos meses.

Burguiba se equivocó, subestimando a su subalterno, el cual, a las pocas semanas (y con el concurso de los servicios secretos italianos) perpetró un golpe de Estado que declaró a Burguiba incapacitado, sometiéndolo a arresto domiciliario por el resto de sus días y deteniendo a sus allegados.

Impúsose así, pseudolegalmente, el tránsito de una presidencia vitalicia a otra (ambas frustradas a la postre). Siguiendo los nuevos vientos tras la destrucción de la URSS, Ben Alí va a poner fin al partido único, mas para adoptar ese sistema de cuasi-partido único tan típico de África (v. Mi artículo «Dictadura, Democracia, República: Un análisis conceptual», 2009).

En el sistema de cuasi-partido único se toleran partidicos de oposición de escaparate, manipulando la votación para que obtengan porcentajes irrisorios, con algún que otro diputado, sin sobrepasar una cuota, y siempre bajo estricto control. Algunos de tales partidos son genuinos oponentes, otros meros instrumentos manejados desde el poder para desempeñar un cometido que se les encomienda.

Por lo demás, el régimen de Ben Alí fue sumamente represivo, especialmente contra las organizaciones islamistas y, todavía más, contra las de ideología comunista, que trabajaban en una lúgubre y penosa clandestinidad. Sus militantes arriesgaban el terror del poder: la tortura y el encarcelamiento en condiciones durísimas.

Hay que reconocer, empero, que Ben Alí no sólo retomó el magro estado del bienestar de Burguiba, sino que, a trancas y barrancas, lo amplió y lo fue haciendo menos parsimonioso. No vamos a decir que en el Túnez de Ben Alí hubiera un sistema de servicios públicos gratuitos --o de módico precio--, ni una asistencia pública sanitaria, ni una instrucción pública, ni pensiones ni subvenciones sociales que fueran comparables a lo que suele darse en los países desarrollados. Pero, para su nivel de subdesarrollo, ciertamente alcanzaba cotas del todo infrecuentes en esos rubros.

Evidentemente, nada de eso podía consolar ni satisfacer a una masa desheredada, mísera, frustrada, a las víctimas del desempleo --no todas ellas personas carentes de formación, ni mucho menos--, privadas de medios de sustento y agraviadas por la represión del régimen.

De hecho va a ser el desesperado suicidio de Muhammad Buazizi en Sidi Buzid lo que, el 17 de diciembre de 2010, desencadena u ocasiona la serie de acontecimientos que desembocarán en la fuga de Ben Alí el 14 de enero de 2011; suicidio por la miseria, por el desempleo y --colmo de colmos-- por la incautación policial de la modestísima mercancía con cuya venta aspiraba el desgraciado muchacho a ganarse unos cuartos para malvivir.

El estallido de la lucha obrera y popular va a venir determinado por el malestar social, siendo una explosión de furia y rabia contra la abyecta pobreza de los más y contra la insultante riqueza de los menos. No obstante, en seguida se van a unir otras reivindicaciones de signo político, especialmente del estudiantado, desembocando todo ello en unas manifestaciones de tal alcance que finalmente el déspota se verá aislado dentro de los propios círculos gobernantes, teniendo que abandonar el país rumbo al exilio.

De nada le valió el sostén del colonialismo francés, que le suministró medios técnicamente sofisticados para reprimir las manifestaciones del descontento popular y respaldó hasta el final su régimen en todos los terrenos (policial, diplomático, militar y económico).

Esos cambios políticos fueron calificados de «revolución tunecina». Los tunecinos llaman a esa secuencia de hechos «la revolución de la dignidad».

Habría que ponerse de acuerdo sobre qué es una revolución y en qué consiste la dignidad. Entiendo que la dignidad es la cualidad de digno; quien la tiene es digno; quien carece de ella, indigno. Dudo que los tunecinos fueran indignos antes del 14 de enero de 2011 y sean dignos ahora.

¿Qué han ganado con la caída de Ben Alí? Han ganado, esencialmente, dos cosas.

Lo primero que han ganado es más libertad: más libertad de palabra, más libertad de asociación y de reunión, más libertad de ir y venir sin temor a las detenciones arbitrarias. ¡Entendámonos! No es que hayan cesado tales detenciones. Las libertades acordadas son precarias, recortadas, disfrutables únicamente cuando en su ejercicio no se sobrepasa un cierto techo de cristal.

Ahora bien, eso es así en todos los países; sólo que en Túnez el espacio efectivamente asegurado de ejercicio de tales libertades es --incluso hoy, con la autodenominada democracia tunecina-- mucho más reducido de lo que proclaman la propaganda oficial y los panegiristas de la situación.

Es más, desde finales de 2015 se viene implantando y prolongando el estado de excepción, ya antes impuesto a raíz de atentados yihadistas. Bajo tales condiciones, el disfrute de las libertades públicas queda ulteriormente restringido y, sobre todo, sujeto a la discrecionalidad de la policía.

Lo segundo que han ganado es la elegibilidad de los diputados; una elegibilidad real, no ficticia. De nuevo, emancipémonos de la ilusión de que eso significa una elegibilidad genuina y totalmente libre, sin trabas, que brindara a todos los aspirantes iguales oportunidades de concurrir y a todos los electores la posibilidad de emitir en plena conciencia su sufragio por el candidato que juzguen mejor sin sufrir ningún tipo de coartamiento. Tal diseño pertenece a un mundo de ángeles, no de hombres; menos aún a un mundo donde imperan los poderes fácticos, la fuerza del dinero, las desigualdades sociales y los oligopolios. No obstante, dentro de tales limitaciones, el actual sistema electivo de la república de Túnez es infinitamente más auténtico y libre que el que existía bajo Ben Alí.

¿Estriba la dignidad en ambas cosas --mayor libertad y elección más sincera? Si sí, entonces los tunecinos la han ganado. Eran indignos, son dignos.

Sin embargo, parecen insatisfechas las masas pobres y más aún las paupérrimas. En este séptimo aniversario de aquellos acaecimientos han vuelto a salir a la calle, con explosiones de rabia y furor, no ya contra los mismos males sociales que sufrían bajo el despotado precedente, sino contra su enorme agravamiento a lo largo de este septenio y, para remate, contra la última y reciente vuelta de tuerca del gobierno tunecino de coalición --el cual agrupa a los nostálgicos del burguibismo (el partido de los detritus de los regímenes de Burguiba y Ben Alí, Nidaá Tunés, representante de la casta política y sus socios del sector privado), junto con los islamistas de Ennahdhá y dos formacioncicas, una de ellas acaudillada por un multimillonario, dueño de un club de balompié, y la otra «liberal» (lo cual, en la cultura de hoy, ya se sabe que significa «descaradamente neoliberal»).

Y es que, si han ganado en los dos mencionados aspectos, los tunecinos han perdido en lo demás.

Para empezar, han perdido en seguridad. Mal que bien, el régimen represivo y autoritario del déspota Ben Alí ejercía las funciones securitarias del Estado hobbesiano. Los habitantes del país y los visitantes foráneos estaban relativamente a salvo de fechorías, atentados, asaltos u otras violencias. No del todo, claro, pero sí lo bastante como para que Túnez fuera entonces un país considerado seguro y tranquilo.

Son cinco las causas de la actual quiebra del imperio de la ley y del desbordamiento de la criminalidad y del terrorismo. Una de ellas ha sido el descrédito de las fuerzas represivas, comprometidas con la política del régimen anterior. Las medidas de depuración no se han acompañado de la creación de un nuevo aparato de seguridad dotado de medios suficientes y de prestigio; verosímilmente ni era tarea factible ni, sobre todo, estaban capacitados para ella los equipos de políticos que se han sucedido en el gobierno, cuya ausencia de programa y de proyecto para el país se cifra en el inmovilismo y la dejación.

La segunda causa --probablemente más decisiva-- ha sido el cataclismo libio, la destrucción del Estado libio por la NATO y la sumisión de ese país vecino a la anarquía (haciéndose una vez más patente la verdad que encierra la frase de Hobbes de que el peor régimen político es mejor que ninguno).

La tercera causa es que el terrorismo islamista ha sido una válvula de escape para el creciente descontento social (por una situación socioeconómica seriamente empeorada --como voy a señalar en seguida). La naturaleza tiene horror al vacío. Hoy, cuando ya no se cree en los ideales comunistas y revolucionarios del siglo XX, muchos, cuyo descontento se habría canalizado tres o cuatro decenios atrás hacia esas perspectivas, abrazan la causa que en estos tiempos les resulta la antítesis del establishment, aquello que atacan los medios de comunicación.

La quinta causa es que --como resultado directo o indirecto de las políticas occidentales en el Oriente Medio-- el mundo árabe está incendiado por las llamas de las diversas variantes del extremismo religioso, que se propagan y hacen estragos por todo un amplio entorno geográfico, al norte, al sur y al este del Mediterráneo --e incluso en el África central y hasta en el sureste asiático. (De nuevo esa fiebre se debe, entre otros motivos, a la misma ley del horror al vacío: la suplantación de los ideales revolucionarios del siglo XX --que podían disciplinar y racionalizar el malestar social-- por ideologías que vienen de la noche de los tiempos.)

Siendo grave la inseguridad en que viven los tunecinos, el efecto más pernicioso de la misma ha sido el desmoronamiento del turismo extranjero, que constituía uno de los principales ingresos de divisas y uno de los pilares de la relativa prosperidad del país bajo Ben Alí. Los turistas desertaron Túnez en cuanto estallaron los acontecimientos del invierno de 2011; no porque tuvieran afecto a Ben Alí, sino porque esas turbulencias políticas podían presagiar un horizonte temporal de incertidumbre y desórdenes. Los atentados terroristas del yihadismo han acabado de ahuyentar al turismo europeo, del cual ya no queda más que un resto, susceptible de amenguarse todavía más.

El desmantelamiento de las redes empresariales de la parentela de Ben Alí, la fuga de capitales, la política de privatizaciones y la carencia de programa de los gobernantes han acarreado un agravamiento constante e imparable de la coyuntura económica, una generalización del desempleo, una pérdida de perspectivas, un verdadero hundimiento de muchos sectores productivos y de buena parte de los circuitos comerciales. El país está en la ruina. No se vive ni mejor ni igual que bajo Ben Alí, sino peor. Y los más pobres, todavía mucho peor.

A todo ello únense las recientes medidas de política socioeconómica adoptadas por la pareja gobernante bajo el dictado del Fondo Monetario Internacional, FMI: recortes de los ya exiguos servicios sociales, rebajas salariales, subidas de impuestos, encarecimiento de la vida, cierres, despidos colectivos.

¿Se es digno viviendo en la miseria, pasando hambre, sufriendo enfermedades sin adecuada atención sanitaria, careciendo de empleo? Cuando tales males eran menores que ahora, o estaban menos extendidos, ¿había más dignidad? O sea ¿en eso ha disminuido el grado de dignidad de la población tunecina?

De ser así, ¿existe, habida cuenta de todo, más o menos dignidad ahora que antes?

A esas preguntas no daré respuesta. Antes bien, mi reacción será la de ver reforzado mi escepticismo con relación al concepto mismo de dignidad. Si la dignidad es una cualidad irreducible, inanalizable e indescomponible, cuya posesión se sobreañade a otras, no sé ni cómo es posible dilucidarla ni qué criterios valen para determinar si se tiene o se realiza. En esa hipótesis, me resulta estipulativo y arbitrario adscribir o rehusar dignidad a unos u otros seres humanos o a sus respectivas existencias.

Más verosímil parece que la dignidad sea analizable en términos de otros valores, como la libertad y el bienestar --o, si se prefiere, la prosperidad, la realización personal o la mayor cantidad y calidad de vida o quizá el grado de existencia. Sólo que entonces, por un lado, nada ganamos encapsulando esas cualidades subyacentes en la de dignidad. Pero, sobre todo, la dificultad estriba en que pueden y suelen producirse antinomias entre esas cualidades o valores subyacentes, siendo gratuito baremarlas de modo que, cuando se mejora en una de ellas empeorándose en otra, quepa asignar al resultado un grado de dignidad igual o diverso del inicialmente dado.

Dejando ya de lado lo tocante a la dignidad, paso al concepto de revolución. Los disturbios y cambios políticos que desembocaron en el tránsito del despotado de Ben Alí al régimen actual ¿fueron una revolución? ¿Qué es una revolución?

Solíamos pensar que una revolución es un cambio político-social que conlleva una fortísima alteración, con participación decisiva de amplias masas populares movilizadas y que se traduce en el paso de una situación precedente peor a otra mejor. Mejor, ya fuera por mayor libertad o por mayores derechos sociales o por disminución de las desigualdades sociales.

Siempre hubo quienes usaban la palabra «revolución» de manera más neutra, significando una gran conmoción, por modo de algaradas o motines que provocan el fin de un régimen político y el comienzo de otro, sin prejuzgar si tal mutación era de signo progresivo o regresivo (entre otras cosas porque muchos cuestionan que exista una línea de avance histórico con arreglo a la cual sea válido calibrar como progresivos o regresivos los cambios políticos). (En un tiempo aún más pretérito la palabra «revolución» sólo denotaba una modificación política significativa, con o sin participación popular, fuera del signo que fuere.)

Está hoy tan desgastado el vocablo «revolución» que verdaderamente ve diluido su sentido legítimo, siendo preferible no usarlo, salvo --con valor entendido-- para grandes secuencias de acaecimientos históricos del pasado (como la revolución francesa o la revolución rusa; en tales casos, úsase la palabra como parte de un sintagma que viene a ser una especie de nombre propio).

Las alteraciones de la Europa oriental y de Rusia de 1989-91 se han caracterizado como revoluciones, pero evidentemente, desde las ideologías que más adhesión tenían a esa nomenclatura se trataría, antes bien, de contrarrevoluciones.

Lo de Túnez de 2010-11 ¿fue una revolución? Sin duda casi todos aplaudimos la caída de Ben Alí, esperando un futuro mejor para el pueblo tunecino. Mas el balance del septenio no puede ser positivo, en su conjunto. Se está hoy mejor en Túnez si uno ejerce una profesión liberal o es un intelectual o dispone de unos medios de vida holgados. No es el caso de la mayoría de la población. El amargo regusto de este septenio impide usar el sintagma «revolución tunecina» sin un deje irónico.

Lo de Túnez fue el arranque de esa «primavera árabe» que tanto se romantizó, pero que ha constituido una calamidad, un grave retroceso. En Egipto, con un breve paréntesis de libertad y de sistema electivo, se ha pasado del despotado militar de Mubarak al mucho más cruel y sanguinario despotado militar del General As-Sisi, en el cual no sólo se han esfumado los resquicios de libertad que, intermitentemente, había concedido Mubarak, sino que, por añadidura, se vive bajo la doble amenaza del terror policial y del terrorismo yihadista, que golpea inmisericordemente a los cristianos coptos (cuyos líderes eclesiásticos cometieron la imprudencia de apoyar el golpe de Estado militar que el 3 de julio del 2013 derribó al presidente popularmente elegido un año antes, Muhammad Morsi).

En Libia, la NATO destruyó al régimen de Muamar AlGaddafi, un veleidoso déspota, capaz de actos terribles de represión, que tan pronto era enemigo acérrimo de la supremacía occidental como amiguísimo de los mandamases del Norte denostados la víspera. Mas, de nuevo, ese poder era mil veces mejor que la anarquía. Gaddafi no dejó de tener sus lados positivos. A su modo también instituyó un cierto estado del bienestar, una cierta redistribución de riqueza, un cierto sentido de hermandad árabe y africana, además del imperio de la ley. Todo eso ha desaparecido en el caos de un país sin Estado.

Ya sabemos qué son las prolongaciones de la dizque primavera árabe en Yemen y en Siria. Para los sirios y los yemeníes lo que ha sucedido en este septenio es infernal. Sin lugar a dudas, antes estaban mejor.

Curiosamente las monarquías han salido indemnes. Si es que ciertos poderes ocultos han manipulado, más o menos, toda esa secuencia de perturbaciones, lo han hecho bien, para que ningún trono fuera derribado ni siquiera seriamente inquietado (salvo, por poco tiempo, el de Bahréin). Los soberanos se han visto robustecidos. También ha sido reforzado Israel.

Pienso que todo esto nos lleva a extraer dos grandes conclusiones.

La primera es la de nuestra ingenuidad cuando nos dejamos seducir por los medios de comunicación, tomando por oro de ley sus versiones encantadoras: la de pueblos en pie por su dignidad, movilizados a través de las redes sociales, y gracias a cuya movilización se instaurarían sistemas de democracia de cuño occidental donde todo iría mejor y la gente sería feliz. Lejos de haber sido así, la primavera árabe ha sido un invierno de desgracias, de sufrimientos y de retrocesos sociales.

La segunda es que, una vez más, se ha desmentido el dogma de la indivisibilidad de los derechos humanos.

Tal dogma ha venido incorporado a varios documentos de validez jurídica internacional sobre los derechos del hombre (empezando por el Convenio de Viena de 1993) y ha dado lugar a dos tipos de controversias.

Las primeras polémicas fueron de índole política: los derechos humanos, reconocidos compacta y unitariamente en la Declaración universal de 1948 (un precepto que no es empero de jus cogens), bifurcáronse en dos grupos a la hora de firmar Pactos vinculantes en 1966: (1) de un lado el de derechos civiles y políticos, ICCPR; (2) del otro, el de derechos económicos, sociales y culturales, ICESCR.

Es sabido que, mientras que USA ha ratificado ICCPR pero no ICESCR, la China ha hecho justamente lo inverso: ratificar ICCPR pero no ICCPR.

Durante la guerra fría, el bloque oriental se jactaba de su mayor cumplimiento de los derechos sociales aunque hubiera menos libertades, al paso que los occidentales hacían lo opuesto. La diplomacia de los países de la NATO y sus aliados siempre ha identificado el conjunto de los derechos humanos con el de los derechos civiles y políticos. (Jamás se habla de violación de los derechos humanos porque haya desempleados forzosos o personas sin techo.) (Una embarazada defensa de esa postura occidental la ofrece el Oslo Center for Human Rights: http://www.oslocenter.no/en/2014/07/the-indivisibility-of-human-rights/.)

Ya sin esa carga de enfrentamiento político, los estudiosos han debatido acerca del principio de indivisibilidad, inclinándose unos a su favor (sobre todo basándose en análisis conceptuales) y otros en contra (aduciendo, más que nada, argumentos empíricos; v. Stephanie Soiffer & Dane Rowlands, «Examining the Indivisibility of Human Rights: A Statistical Analysis», Journal of Human Rights, 17/1 (2018), pp 89-106).

Entre los defensores del erróneo postulado de indivisibilidad (que combinan en su argumentación consideraciones conceptuales y empíricas) cabe anotar a Luigi Ferrajoli y Amartya Sen.

En mi reciente libro Visión lógica del derecho: Una defensa del racionalismo jurídico he argumentado a favor de mi postura al respecto, a saber: que los derechos humanos no sólo son divisibles sino que suelen estar divididos, produciéndose constantes contradicciones, no ya entre libertad, por un lado, y, por el otro, calidad y cantidad de vida, sino asimismo entre unos y otros derechos de libertad y entre unos y otros derechos de bienestar.

Eso sí, carecemos de baremo alguno (no arbitrario) para jerarquizar esos valores o sus respectivas violaciones. Es, p.ej., absolutamente gratuito postular, como lo hace Rawls, un orden que él llama «lexicográfico» en virtud del cual lo supremo es la maximización de un sistema de libertades y sólo con subordinación a esa supremacía de la libertad es preceptiva la realización de un orden distributivo que no deje de beneficiar a los más desfavorecidos.

Cuando se producen colisiones entre la libertad (mejor dicho, las libertades) y el bienestar (o la calidad y cantidad de vida), no disponemos de ningún criterio general para zanjar. En tales conflictos, la regla prudencial razonable parecería ser la de no introducir alteraciones, porque cualesquiera planes de futuro son hipótesis (siendo seguro que su eventual realización tendría costes y acarrearía externalidades indeseadas), al paso que la situación existente es real y cierta. Al menos tal sería la opción por la cual yo me inclinaría.

Por último está el valor de lo que, con impropio e inadecuado vocablo, se llama «democracia», cuando debería llamarse «sistema político de elección popular de cargos». La democracia --asumamos la palabra por mor del argumento-- se suele juzgar involucrada en los derechos de libertad invocando la dicotomía de Isaiah Berlin entre libertad negativa y libertad positiva.

La libertad negativa es la ausencia de estorbos que nos impidan realizar lo que queremos o nos fuercen a realizar lo que no queremos. La libertad positiva sería la capacidad de hacer con nuestras vidas lo que queremos, una posibilidad afirmativa. Con sobrada razón y pleno fundamento consideró I. Berlin que la libertad esencial es la negativa.

En realidad a mí me resulta oscura y enigmática esa noción de libertad positiva. Creo que mezcla libertad con bienestar o con realización de la vida.

Sea como fuere, quienes engloban la democracia en la libertad lo hacen porque, según ellos, la libertad positiva, como capacidad para autodeterminarse, abarca, de un lado, las decisiones meramente individuales, pero también, de otro lado, las colectivas, aquellas cuya índole exige que se tomen por una pluralidad o multiplicidad de sujetos o por toda una masa. La democracia sería la manera de conseguir que las decisiones colectivas fueran las decisiones de los miembros de la colectividad.

Mas no es así. En los sistemas de elección popular de cargos políticos las preferencias de los electores influyen poco en las decisiones de los gobernantes. Empíricamente eso se demuestra con muchos ejemplos. Valga uno: aunque la abrumadora mayoría de la opinión pública está a favor de la eutanasia, apenas hay legisladores electos que estén dispuestos a votar por ella.

Confírmalo el análisis conceptual. Tomemos un sexteto de problemas: {A, B, C, D, E, F}. A muchos votantes --tal vez a la mayoría de ellos-- lo que más les preocupa es F. Sin embargo, sólo logran avales y reúnen fondos para la preceptiva fianza cuatro candidaturas: {H1, H2, H3, H4}.

  • H1 propone +A, +B, +C, -D y -E.
  • H2 propone +A, -B, -C, +D y +E.
  • H3 propone -A, -B, -C, +D y -E.
  • H4 propone -A, -B, +C, -D y -E.

Desea Ud: -A, +B, +C, +D y +E.

Eso sin contar con que para Ud la principal aspiración sería F (que ningún candidato contempla en su programa). Hagamos abstracción de grados y de jerarquías entre esas aspiraciones.

De las propuestas de H1 Ud sólo coincide con dos (+B, +C). También con H2 coincide en dos (+D y +E). Con H3 sólo coincide en -A y +D. Con H4 sólo coincide en -A y +C. Ahora ¡escoja a quién votar! ¡Hágalo racionalmente, no porque le da la gana! (Dejo como ejercicio para el lector conjeturar las posibles coaliciones que podrían formarse, con el criterio de que, para coaligarse dos candidaturas, habrán de coincidir en tres puntos programáticos por lo menos. Aun adivinando las posibles alianzas poselectorales, el votante carece de fundamento racional para emitir su sufragio.)

Supongamos que a la mayoría de los votantes --o, por lo menos, a muchísimos-- les surgen perplejidades similares a aquella en que se halla Ud sumido. Está claro que ese sistema electoral no conduce, en absoluto, a que las decisiones tomadas por los elegidos correspondan --ni poco ni mucho-- a las preferencias de los electores.

¿Es éste un mero ejercicio de escuela? ¡En absoluto! Esos dilemas se le plantean constantemente a cualquier elector inteligente (que no vote a tal candidatura simplemente porque siempre ha votado por ella u otra del mismo signo).

Muy distinto es el caso de la única democracia del mundo: la helvética.

La llamada «democracia representativa» (que no es democracia ni es representativa) no puede racionalmente justificarse por ser la implementación del principio de libertad positiva, aunque sí puede justificarse con otras consideraciones, que se cifran en el principio de Churchill: las alternativas son peores (o sea: cæteris paribus tienen más probabilidades de conducir a situaciones de menos libertad y de menos calidad y cantidad de vida).

Por todo lo cual, haciendo el balance de los sucesos de Túnez de 2011 y del septenio transcurrido desde entonces, juzgo muy dudoso que quepa racionalmente juzgarlo de manera favorable aduciendo los avances en libertad y en democracia, dados los retrocesos en seguridad, en bienestar y en prosperidad.

La paradoja (si se quiere) es que el régimen político que, con esta exploración, viene (en parte) exculpado no es uno, digamos, «de izquierda» (rótulo que hoy ya resulta huero y vacuo, igual que el de «derecha»); a nadie se le ocurriría --ni se le habría ocurrido nunca-- tildar como «de izquierda» al régimen de Ben Alí, cuando lo que se solía pensar era que justamente los regímenes de izquierda radical --o similares-- eran aquellos que, a lo mejor, podían (siquiera en sus buenos momentos) alcanzar más altas cotas de bienestar social, aunque fuera a expensas de los derechos de libertad. Ahora resulta que (en determinadas circunstancias histórico-sociales) también algunos regímenes autoritarios de signo conservador salen mejor parados en lo atinente a la satisfacción de derechos de bienestar.

No me sumaré con ello a ninguna nostalgia del pasado dictatorial. Aquello que yo deseo al hermano y muy amado pueblo tunecino es el máximo posible en prosperidad y en libertad.






2018-01-05

2ª entrevista con elProf. Dr. Marcelo Vásconez Carrasco sobre el libro VISIÓN LÓGICA DEL DERECHO: UNA DEFENSA DEL RACIONALISMO JURÍDICO.
Abórdanse 3 temas:
(1) Las vicisitudes del manuscrito hasta ser publicado por la editorial Plaza y Valdés.
(2) La principal objeción y respuesta a la misma (desde un enfoque funcionalista del Derecho).
(3) Proyectos de futuro.

He aquí un enlace

2017-12-28

La inocencia del Sr. Borrell

La inocencia del Sr. Borrell
por Lorenzo Peña y Gonzalo
jueves 2017-12-28
(festividad de los santos inocentes)


En el diario digital República de hace exactamente un mes (martes 28 de noviembre) viene publicado un artículo de opinión del exministro de Su Majestad D. Josep Borrell: «El retorno de la leyenda negra».

Es el Sr. Borrell uno de los pocos políticos del sistema que merece mi respeto. En mi opinión destaca mucho por sus cualidades políticas e intelectuales y es de aquellos a quienes podríamos considerar progresistas (un grupo tan escasamente abundante que me pregunto si es unimembre).

El Sr. Borrell ha tenido unas tomas de posición muy loables en el asunto de la secesión catalana. Sobre todo, ha ofrecido buenos y sólidos argumentos. No los escucharán ni los examinarán los obcecados y ofuscados; pero sus razonamientos poseen un gran valor.

Ahora bien, en su encomiable anhelo por contrarrestar la campaña antiespañola de una prensa imperialista transpirenaica que sólo refleja las actitudes condescendientes y de supremacía norteña, que siempre han desdeñado a los del sur mediterráneo (y aún más a los semiafricanos de Hispania), el Sr. Borrell se ve empujado a llevarles la contraria trazando una imagen idílica de la democracia española.

Parece que, o bien nuestra democracia (o presuntamente tal) es un irreprochable dechado de virtudes, o, si no, está justificada la secesión.

Con sobrada razón dice el Sr. Borrell:


La prensa, la anglosajona en particular, parece regodearse en un revival de la leyenda negra de la España inquisitorial sobre la que se proyecta la sombra del régimen franquista, como si les divirtiera creer que en realidad nunca desapareció.

Frente a esa grotesca difamación de la España actual (que, con sus muchísimos y graves defectos, no es la del franquismo), el Sr. Borrell aporta los siguientes datos:


Según el Informe Freedom in the World de Freedon House, España obtiene en el 2016 una puntuación de 94/100, 6 por debajo de los países nórdicos, 1 por debajo de Alemania o Bélgica pero 4 más que Francia, 6 más que EE.UU. ... y 56 más que Turquía. Según el Democracy Index de la Intelligency Unit de The Economist, estamos en el 8,3/10, por debajo de Alemania (8,63) pero al mismo nivel que el Reino Unido (8,36) y por encima de Francia (7,92) y Bélgica (7,97). Turquía, la comparación favorita de Puigdemont, está en el 5. El Banco Mundial elabora un World Governance Index con 6 medidas de la calidad del gobierno, y España está en el quintil más alto en cuatro de ellos, y en otros dos, control de la corrupción y estabilidad política, en el cuarto. En la dimensión «Imperio de la Ley», la falta de respeto a la Rule of Law que tanto preocupa a nuestros críticos anglosajones, estamos en el percentil 81, en la media de la OCDE y solo 18 países en el mundo puntúan más que nosotros.

Lamentablemente toda esa contabilidad es absurda y no merece credibilidad alguna. Sobre todo es de rechazar que las evaluaciones se hagan por agencias privadas con criterios que la gente normal y corriente no conoce --o, de conocerlos, no tiene instrumentos conceptuales para estimarlos y aquilatarlos.

La mayoría de nosotros, simples mortales, nada sabemos del Freedon House, cuya existencia ignorábamos hasta leer el artículo de Borrell. También nos es desconocido el Intelligency Unit del Economist. Yo, personalmente, reputo carente de fiabilidad alguna lo que venga del Economist, una publicación de ricos para ricos, cuyas líneas editoriales son las del neoliberalismo más inmisericorde y hostil al Estado del bienestar. Finalmente cuanto venga del Banco Mundial me merece una actitud como la duda hiperbólica de Descartes: esforzarme por pensar justamente lo contrario de lo que diga esa institución, que tantísimo daño ha hecho en el mundo y a cuya nefasta intervención se deben tanta miseria, tantas privaciones, tantos sufrimientos.

En resumen, de esas mediciones no me fío absolutamente nada. Es más, veo muy peligroso que las evaluaciones que circulen sean producidas por las agencias de calificación, autoproclamadas, las cuales justamente no han sido evaluadas, escapan al escrutinio de la opinión pública, elaboran sus informes en la sombra, con sus relatores y sus baremos alambicados.

Pienso que ese fenómeno de evaluación por presuntos expertos es similar a lo que sucede en otros ámbitos, como la vida académica, donde las oposiciones --con pruebas públicas de comparación entre los méritos de los candidatos-- han venido suplantadas por dictámenes opacos de agencias de acreditación y calificación, igual que para obtener promociones ahora se procede a evaluaciones sin publicidad, igual que los artículos de revistas ya no son discutidos por consejos de redacción, sino sometidos al parecer reservado de unos relatores que emiten sus sentencias sin debate contradictorio.

A menudo tales agencias de calificación difunden sus criterios --frecuentemente mecánicos, casi pueriles en su afán de simplificar y poder atribuir cantidades escalares, en una escala unidimensional. Pero lo que no se difunde es cómo se aplican en lo concreto.

Yendo más lejos, desconfío yo profundamente de todas las valoraciones escalares. Admito, desde luego, la evaluación del PIB (producto interno bruto) --sin que se me oculten sus defectos y sus problemas (al fin y al cabo, sin tener pericia en la materia, sí tuve que estudiar la asignatura de economía). Pero ya otros índices --como el de desarrollo humano, el índice PISA etc-- me parecen tan sumamente cuestionables, tan simplificadores, tan deliberadamente desconocedores de multitud de aspectos y factores, tan amontonadores de situaciones cualitativamente muy desiguales, que, en suma, sólo les otorgo una limitadísima fiabilidad para casos extremos. (P.ej., sin duda el IDH es válido para comparar a Camboya o el Níger con Italia, a Tanzania con Suiza, pero no vale nada para comparar al Imperio Japonés con la R.F. de Alemania.)

¿Estamos entonces condenados a no poder comparar la satisfactoriedad de los sistemas políticos de unos países con la de otros? ¡No! Disponemos de los criterios que están al alcance del vulgo. Podemos, p.ej., comparar los sistemas políticos de España y de Francia. Pero el resultado no será escalar, sino vectorial. En unas cosas es mejor el de allende los Pirineos, en otras es peor. En unas cosas hay más libertad allá, en otras acá. En unas cosas el rótulo de «democrático» es más aplicable a la República Francesa, en otras menos (p.ej. el conseil constitutionnel francés está peor pergeñado como defensor de los derechos fundamentales que el español --pues no en vano el constituyente hispano de 1978 se inspiró en el Tribunal de Garantías constitucionales de la República de 1931).

De todos modos, un estudio comparativo hecho con hondura y detenimiento requeriría una dedicación de esfuerzo que iría mucho más allá de estas banalidades --sin por ello caer en la abstrusa baremación de las agencias de calificación, que escapa al control de individuos como lo son, seguramente, el autor y lectores de esta bitácora.

No necesitamos tener una democracia primorosa para que resulte perfectamente legítimo impedir una ilegal secesión y aplicar el código penal a delitos de sedición y rebelión. Aun la tan denostada Turquía tiene cabal derecho a defender su integridad territorial frente al irredentismo curdo o a cualquier otro.

Han jugado con fuego las potencias imperialistas que tanto han fomentado los separatismos en países del sur. Veremos qué hace Francia con las aspiraciones independentistas de Córcega.




SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (XII)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario:
XII.-- El presunto derecho a decidir y la preservación de la integridad territorial
por Lorenzo Peña y Gonzalo
miércoles 2017-12-27


Llega el momento de concluir esta serie de artículos. Voy a hacerlo discutiendo el presunto derecho a decidir, nuevo eslogan de los secesionistas para cobijar y pregonar su irredentismo separatista a través de una locución de apariencia más anodina, inocua y pacífica que la ya tan manida, desgastada y --con sobrados motivos-- desprestigiada del «derecho a la autodeterminación», rótulo que transparentemente vehicula el mensaje de un derecho a la separación política y a la formación de un Estado aparte.

Para quienes lo esgrimen, la ventaja del nuevo sintagma, «derecho a decidir», es que viene a transmitir precisamente ese mismo contenido semántico pero con una diferencia estilística, perdiendo algo de transparencia e inmediatez. De suyo la expresión de «derecho a decidir» suena tan modosa y comedida que resulta una grosería, una prepotencia o un atropello rehusar ese derecho o cuestionarlo. En democracia, ¿no se tiene derecho a decidir? ¿No es la democracia justamente la implementación institucional del derecho a decidir colectivo?

¡No! La democracia, en el sentido banal y vulgar de la palabra --o sea, según tiene como casos paradigmáticos los del Reino Unido, los reinos de Noruega u Holanda, USA, Francia, Alemania etc--, no conlleva ningún derecho a decidir colectivo. Así, aunque las opiniones públicas unánimemente condenaron la guerra de agresión de USA y su coalición contra la República de Mesopotamia en 2003, esa guerra fue decidida por los gobiernos y a veces ratificada por las asambleas legislativas. En esos regímenes que se jactan de ser democráticos, hay un derecho a decidir de los gobiernos y de las asambleas (aunque en las monarquías está supeditado siempre a la sanción del monarca, por mucho que en la práctica ésta se otorgue rutinariamente). La población no tiene ningún derecho a decidir nada (salvo lo que graciosamente se someta a plebiscito; aun la decisión plebiscitaria queda muy a menudo invalidada, diciéndose que el pueblo ha votado mal).

Otro ejemplo es lo que sucedió con la constitución europea, que fue plebiscitariamente rechazada por el pueblo francés y por el pueblo holandés. Desentendiéndose de ese rechazo popular, haciendo oídos sordos, ese mismo texto --con algunos retoques-- acabó aprobándose más tarde por el Tratado de Lisboa. Ya no se volvió a consultar a los pueblos, no fuera que de nuevo resultara rechazado (puesto que el contenido de dicho Tratado era esencialmente igual que el texto previamente condenado por el voto popular en dos importantes países miembros).

¿Tiene el pueblo francés, tiene el pueblo holandés, tienen los otros pueblos de la unión europea un derecho a decidir sobre qué es dicha unión, cómo está constituida y qué normativa fundamental la rige? ¡No! No tienen derecho alguno.

Claro que indirectamente la voluntad popular un poquito puede influir. Si salieran popularmente elegidos partidos que reflejaran y asumieran las preferencias de los electores, al cabo del proceso podría resultar una modificación conforme con los deseos de las muchedumbres. Sólo que, por un lado, lo legislado por el Tratado ya es dificilísimamente reversible. (Ya vemos que la voluntad del pueblo británico de salirse de la unión no conduce derechamente a esa salida, sino que ha de mediar un larguísimo proceso de arduas y ásperas negociaciones, al cabo de las cuales --para dar cumplimiento al mandato de la población inglesa-- los británicos están constreñidos a pagar un elevado rescate, precio de oro de su independencia.)

Por otro lado para que las opciones electorales acabaran traduciéndose en decisiones vinculantes sería menester la concurrencia de muchos factores, en la práctica tan inverosímiles que, a cualquier efecto, han de descartarse (porque, entre otros requisitos, sería menester la convergencia de los electorados de diversos países, con opiniones y sensibilidades sumamente dispares).

Por último, el elector, en realidad, casi nunca puede escoger una candidatura en función de sus preferencias societales o políticas, porque a menudo tales preferencias no son asumidas por la oferta electoral (e.d., por ninguno de los partidos que presentan candidaturas con probabilidades de éxito); cuando un partido ofrece en su programa una decisión conforme con una de las preferencias del elector, agrega muchos otros puntos programáticos que van diametralmente en contra de otras preferencias de ese mismo elector, de resultas de lo cual es perfectamente creíble que ni un solo elector se identifique con la totalidad de un programa electoral y que todos voten por lo que, a juicio de cada cual, sea el mal menor.

Resumiendo en las «democracias» en el sentido usual del vocablo la gente no tiene derecho alguno a decidir sobre asuntos públicos; únicamente tiene derecho a elegir a los decisores. Y éstos tienen derecho a decidir tan sólo aquello que el ordenamiento jurídico-constitucional les encomienda; nada más.

Sólo en Suiza (en opinión de quien esto escribe, el único país del mundo genuinamente democrático) tiene el pueblo un derecho a decidir (y aun en la hermosa Helvecia no totalmente). La clase política de cualquier otro país se opone al modelo helvético por considerarlo imposible e ingobernable. Ingobernable resulta para esa clase política, evidentemente. Mas perfectamente viable sí es. La prueba la ofrece ese pequeño país, que no funciona peor que otros, sino, al revés, mucho mejor, siendo la envidia del mundo entero.

Mas ni siquiera en Suiza existe otro derecho a decidir que el del pueblo suizo como un todo. Ciertamente, en el gobierno interno de cada cantón, el pueblo cantonal tiene un derecho a decidir sobre cuestiones del cantón. Mas ningún cantón tiene derecho a decidir separarse de la Confederación Helvética. El pacto de unión es perpetuo, incluso para los dos cantones que se incorporaron a Suiza en el siglo XIX (tras las guerras napoleónicas): los de Neuchâtel y Ginebra. Un plebiscito de secesión sería ilegal y no tendría lugar.

En realidad ninguna filosofía política puede consentir en la existencia de un derecho a decidir de una parte de la población. Podemos clasificar las filosofías políticas en dos grandes grupos: las naturalistas y las pactistas.

Las filosofías políticas naturalistas no creen que una sociedad constituida en un cuerpo político, un Estado-nación («nación» en el sentido político-jurídico, no cultural), sea una creación de la naturaleza; mas sí consideran que ha resultado naturalmente de una larga concatenación de factores geográficos e históricos, cristalizando en una totalidad o colectividad institucionalizada y estable, plurisecular (a veces, como España, plurimilenaria), en vez de ser el producto de decisión alguna de individuos o incluso de poblaciones enteras en un momento dado.

Entre esas filosofías figuran las de Platón, Aristóteles, Hume, Bentham, Leibniz, Hegel, Giner de los Ríos y el autor de estas líneas.

Los pactistas imaginan un arranque voluntarista de la sociedad (aunque algunos reconocen que se trata de un simple mito); entre ellos se encuentran Grocio, Hobbes, Locke y Rawls. (Un poco podemos asimilar a esta línea el pensamiento de Habermas, con su patriotismo constitucional.)

Está claro que ni los unos ni los otros pueden aceptar ningún derecho a decidir de una parte de la población sobre asuntos que afecten y conciernan a toda la población del país.

Para los naturalistas el Estado-nación, el cuerpo político, es el resultado natural de una conjunción plurisecular de múltiples hechos geográficos e históricos; «natural» en el sentido de no causado por un acto especial deliberado de decisión --lo cual no excluye, evidentemente, que a ese resultado hayan ido contribuyendo causalmente miles, millones de decisiones de individuos y de poblaciones escalonadas a través de los siglos. Esa realidad, el Estado-nación, el cuerpo político instituido, es fruto de muchas generaciones y está fundado en datos geográficos, no siendo dable alterarlo por decisión particular de ningún sector de la población. Es un marco preestablecido en el cual se definen los derechos y las obligaciones de los individuos y de los grupos.

Tampoco una filosofía política pactista podría admitir un derecho a decidir de una parte de la población. Un pacto no sirve de nada si a cada fracción de los pactantes le está permitido romper el pacto, separándose y llevándose, con tal separación, un trozo del territorio común. En ese supuesto, el pacto significa: «Me comprometo a esto y aquello hasta que cambie de opinión».

Lo peor de ese engañoso eslogan del «derecho a decidir» es que tiene una vaga resonancia evocadora de derechos individuales. Claro que eso nunca lo han dicho sus propugnadores, porque los llevaría a postular un derecho a decidir separarse de cada individuo, de cada hogar, cosa que ellos abominan. (Las bases sobre las cuales los separatistas catalanes quisieron erigir su secesionada republiquita implicaban la unidad e indivisibilidad del nuevo presunto Estado.)

No existe ningún derecho a decidir de los individuos más que en el marco de la ley. Hay unas libertades. En el espacio jurídicamente delimitado de esas libertades, cada cual puede tomar sus decisiones. Mas, en general, a nadie es lícito decidir todo lo que quiera, cuando quiera y como quiera.

No ya por mandamiento de la ley y por los preceptos de los poderes públicos, sino incluso en espacios más restringidos. Si Ud pertenece a una comunidad de vecinos que impone unas pautas, y si lo hace en el uso de sus competencias reconocidas por las leyes y los reglamentos vigentes, entonces, por más disconforme que esté Ud, por más absurdas y lesivas que sean tales pautas para sus intereses y deseos, no le queda otro remedio que tragar con ellas. Creo que muchos vivimos situaciones así. Los vecinos de la planta baja no tenemos colectivamente derecho a sustraernos a un acuerdo tomado en Junta por la comunidad de vecinos, por más que nosotros discrepemos. Si se ha decidido instalar un ascensor, a expensas de todos, nosotros, que no vamos a aprovecharnos de él, tenemos que pagar la derrama igual que los demás --unos más beneficiados que otros según la altura de sus respectivas viviendas.

Es más. Imaginemos (por mor de la discusión) que eso del derecho a decidir tiene que ver con los derechos individuales, concretamente con los derechos consagrados en la Constitución española y en el Convenio de Roma del 4 de noviembre de 1950. Pues bien, ese mismo Convenio somete a restricciones el ejercicio de tales derechos; una de las cuales es ésta (art. 10.2):


El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública [...].

Si bien, explícitamente, esa cláusula limitativa afecta sólo al derecho a la libertad de expresión, la limitación de la protección de la seguridad nacional se adjunta sistemáticamente a cada una de las libertades reconocidas y protegidas en el Convenio; y esa seguridad nacional abarca la integridad territorial y la seguridad pública. Sería absurdo, en efecto, que el artículo 10 restringiera más una libertad más inocua, la de expresión, mientras que las de reunión, asociación (art. 11.2), juicio público (art. 6.1) e intimidad individual y familiar (art. 8.1) vinieran restringidas por la exigencia de una seguridad nacional que no comprendiera la integridad territorial.

En suma, la integridad territorial es, para el Convenio, un valor intangible.

Podrá haber países cuya constitución permita conculcar el valor de la integridad territorial. Hasta donde yo sé, el único que lo hace es Etiopía (sobre el papel), bajo un régimen totalitario salido de una brutal sublevación armada con apoyo externo, que hizo de esa promesa su lema insurreccional. En el Canadá, aunque la constitución no reconoce ningún derecho de secesión, comoquiera que el país es un conglomerado artificial de reciente creación, el Tribunal Supremo ha sentenciado que es lícito llevar a cabo plebiscitos de separación en el Quebec y que, de salir el «sí», si bien no se seguiría automáticamente una secesión, sí les sería preceptivo a ambas partes (gobierno federal y provincia de Quebec) negociar con vistas a un acuerdo.

Los secesionistas invocan ese modelo canadiense, sin tomar en consideración cuán inexportable resulta. Erigido por la Corona británica a fines del siglo XIX, el Dominio del Canadá es, en efecto, una mera yuxtaposición de las entonces posesiones inglesas en Norteamérica, tanto las de habla inglesa cuanto las de habla francesa (éstas últimas arrancadas a Francia en el Tratado de París de 1763). Tal agregación carece completamente de raíces; su único fundamento fue la voluntad de la potencia colonial de entonces más la contigüidad geográfica.

Salvo la ya citada de Etiopía, ninguna constitución admite derecho alguno de una parte de la población a romper la integridad territorial del Estado. Explícita o implícitamente todas las demás constituciones del mundo (casi doscientas) instituyen el principio de la unidad e indivisibilidad del país.

Por eso merece un airado rechazo ese eslogan del secesionismo, para hacer pasar su mensaje de partición como un derecho democrático.






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