2017-11-08

ETICA Y DERECHO: INVITACION AL DEBATE

Ética y Derecho: Invitación al debate
por Lorenzo Peña y Gonzalo

miércoles 2017-11-07


Retomo lo abordado en la entrada de antier en esta misma bitácora: la relación entre ética y la filosofía jurídica junto con una exhortación a los cultores de la primera de esas dos disciplinas filosóficas a proponernos una axiomatización y una síntesis por modo de un número de proposiciones o tesis, siguiendo la estela de los escolásticos y de los textos racionalistas ilustrados de un Spinoza o de un Christian Wolff. Como incitación, sugería yo tomar mis 59 TESIS SOBRE EL RACIONALISMO JURÍDICO y trasladarlas al ámbito ético, para ver cuáles serían válidas en él y cuáles no, así como qué otras tesis específicas habría que agregar para que tuviéramos una sinopsis compendiada y sistemática de una teoría ética.

Lo que he propuesto en mi libro (próximo a aparecer) VISIÓN LÓGICA DEL DERECHO --y que he condensado en las citadas 59 proposiciones-- es una teoría de qué es el Derecho.

El Derecho es un sistema de normas, o sea: un conjunto de situaciones normativas cerrado con respecto a determinadas relaciones, que son las reglas de inferencia deductiva correctas según la lógica nomológica. (Podríamos modelizarlo como un álgebra.) Pero no cualquier sistema de normas es Derecho. Sólo lo es aquel que existe en una sociedad de seres dotados, cada uno, de sus inclinaciones y de su propio conocimiento (al menos perceptivo), de suerte que es menester, para formar sociedad y actuar en pro del bien común, que su conducta venga regulada por unas normas.

Eso significa que el Derecho no sólo es un sistema de normas o situaciones normativas, sino también una institución social que consustancialmente tiene una función: regular la convivencia social para el bien común.

Existen otros sistemas de normas. P.ej. un sistema de normas que rige un juego dado, cual puede ser el ajedrez. La función de ese sistema es que los jugadores desplieguen su talento según unas pautas que en sí son arbitrarias. Por mucho que el ajedrez sea un juego de inteligencia, su esencia es la de jugar; por eso no tiene otra función que la del juego en sí ni la regulación normativa reviste otra misión que la de hacer que los jugadores actúen de manera pautada, sin ventaja. No cabe duda de que se hubieran podido diseñar otros juegos parecidos, p.ej. uno sin torres o sin alfiles o con más piezas. Y también una especie de ajedrez con tres jugadores en un tablero triangular.

Tenemos el sistema de normas que regula los usos sociales, la cortesía o buena educación. Es bastante difuso y no muy sistemático, pero un poco sí. Su función es hacer más agradables las relaciones humanas. Obviamente varía muchísimo de unas sociedades a otras e incluso dentro de una misma sociedad hay sistemas diversos según edades, clases y entornos diferentes.

Ahora pasemos a la ética. Que la ética sea un sistema de normas dudo que sea una tesis compartida por todos sus cultores. He de expresarme con cautela, porque --aunque jamás desconocí la importancia filosófica de la ética-- tampoco la he estudiado con un interés comparable al que he dedicado a la lógica, la metafísica, la filosofía del lenguaje, la historia de la filosofía y la teoría del conocimiento. A lo largo de mi carrera profesional es poco lo que he escrito y publicado de ética. Leí muchísimo, vorazmente, pero no con la fascinación que siempre me produjeron las cuestiones de las cuatro disciplinas filosóficas que he mencionado ni tampoco con mi embeleso por los temas de la filosofía jurídica.

Ahora bien, repaso los recuerdos de mis (en algún tiempo) asiduas lecturas de la ética aristotélica, de la estoica, de la utilitarista, de Kant, de Sidgwick, de Moore, de N. Hartmann y su ética material del valor, del debate en la filosofía analítica entre consecuencialistas e intrinsecistas (mal llamados «deontológicos», como si el consecuencialismo no reconociera deberes). De todo eso no consigo extraer una remembranza clara de la idea de sistema de normas. (Hay incluso, ya lo sé, éticas que no quieren ser normativas, que no aceptan la noción de deber --ni por lo tanto la de licitud--, aspirando a una pura valoración sin exigencia ni imperatividad.)

Una ética que no pretenda ser un sistema de normas será una reflexión filosóficamente muy interesante, pero cae fuera de mi ámbito de preocupación actual.

Me interesa, antes bien, una ética que sea un sistema de normas, que determine lo éticamente preceptivo, lo éticamente lícito, lo éticamente prohibido.

¿Cómo será ese sistema? ¿Qué relaciones determinarán su sistematicidad? No sólo sospecho que habrá de ser una panoplia de reglas de inferencia deóntica casi igual (pero no sé si en todo igual) a las que regulan el sistema de normas jurídicas, sino que, además, entiendo que los éticos hubieran debido consagrar a ese problema una atención mucho mayor.

Los filósofos han discutido mucho sobre qué es bueno o éticamente debido: si, p.ej., lo que encarna un valor de amor al prójimo; o si es la conducta por la que el agente trata a la humanidad en sí y en los demás como fin y no sólo como medio; o si es aquello que sirve a la máxima felicidad del máximo número, etc. Quizá hubieran tenido que empezar dilucidando qué sistematicidad era la de un sistema de normas éticas.

En el ámbito jusfilosófico, la clave para hallar las buenas reglas de inferencia nomológica la ha suministrado el hallazgo de la función del Derecho, que es regular la convivencia y cooperación social para el bien común.

¿Posee una función la ética? Podemos suponer que ni la posee ni tiene por qué poseerla. ¿Cuál es la función de la teoría del conocimiento? ¿Cuál es la función de la metafísica?

Pero hay una diferencia. Una cosa es la ética como contenido --que, a mi juicio, ha de ser un sistema de normas--; otra cosa es la ética como disciplina filosófica. La ética como disciplina filosófica no tiene otra función que la de investigar la verdad, igual que cualquier otra disciplina filosófica.

La ética como contenido, como sistema de normas ¿no tiene función? Claro, me percato de ello, no es una institución. Es ésa una diferencia esencial entre ética y Derecho. Derecho lo hay sólo siempre que hay sociedad, brota espontáneamente del ser social como una exigencia en virtud de los propios valores nomológicos y de la demanda biológica de una especie social de tender a más y mejor vida en compañía unos miembros con otros.

Un mundo posible donde hubiera un solo individuo dotado de inteligencia y voluntad carecería de derechos y de deberes jurídicos. ¿También de deberes y de derechos éticos?

Invito a los estudiosos de la ética a reflexionar sobre estas cuestiones. Quizá la función de la ética es hacer mejores las relaciones entre los miembros de una sociedad, no sólo posibilitar el bien común, sino más que eso, conseguir una convivencia más cordial. Así, p.ej., el Derecho no obliga a ser veraz (salvo casos particulares). Casi todos los códigos éticos proscriben la mentira (aunque permitan excepciones). Y es que las relaciones que nos unen son mucho más satisfactorias cuando nos fiamos unos de otros.

De nuevo, salvo casos especiales, el Derecho no obliga a ser generosos. Mas no cabe duda que la generosidad posee un valor ético, que una colectividad donde se practica es más vivible, más satisfactoria.

Hay circunstancias en las cuales una norma jurídica impone el respeto a la moral; pero en tales situaciones suele quedar indeterminado qué sea moral y qué no lo sea. En definitiva, hay una remisión a la conciencia moral prevalente en una sociedad. P.ej. cuando el código civil declara nulas las cláusulas inmorales de un contrato, se solió entender que con ello se refería el legislador a obligaciones como la de prestarse a relaciones sexuales a cambio de dinero. Sin embargo, desde un número de puntos de vista esa relación sinalagmática no tiene nada de inmoral. (En Roma la prostitución era una profesión deshonrosa mas no considerada inmoral o éticamente reprobable; el que había pagado por la prestación tenía derecho a la misma.)

Hoy lamentablemente existe una tendencia de los decisores públicos a colmar las carencias o los vacíos de la regulación legislativa invocando «códigos éticos», «códigos de buenas prácticas», o a crear comités de ética que zanjen, todo lo cual se traduce en una peligrosísima inseguridad jurídica, toda vez que no se sabe a ciencia cierta ni qué cláusulas forman esos códigos, ni cuál es su fuerza vinculante (si son preceptos o consejos), ni qué consecuencias jurídicas entraña su inobservancia ni, menos aún, qué concepciones axiológicas y qué criterios guían a esos comités de ética. El Derecho se deja suplantar por la ética, forzándola así a asumir misiones que no le incumben.

Concluyo, pues. Exhorto a los cultores de la ética a averiguar si el contenido que estudian es un sistema de normas; si sí, qué relaciones determinan su sistematicidad (qué lógica conecta unos deberes éticos con otros y con situaciones fácticas de la vida); y, en fin, cuál es la función o tarea de ese sistema de reglas éticas, para qué sirve.

Indagado todo lo cual, podremos avanzar más en la dilucidación de las relaciones entre ética y Derecho: similitudes, diferencias, armonización entre ambos, trabajo conjunto si es menester.






2017-11-06

A propósito de mis recientes "59 tesis sobre el racionalismo jurídico" (accesibles en lorenzopena.es, en la abarrotería digital del CSIC y en el sitio Academia.Edu), propongo un ejercicio para los interesados en la relación entre ética y nomología: cuáles de esas 59 tesis valen en ética, ya sea con idéntica formulación, ya sea con alguna modificación.
También habría que ver en qué esas 59 tesis, aun modificadas, no bastarían para sintetizar los principios fundamentales de la ética.
Por ejemplo, en el ámbito jurídico la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Vale un principio equivalente para la moral? ¿No es, antes bien, cierto que nadie está moralmente obligado a realizar una conducta cuando su conciencia no se la presenta como moralmente preceptiva?
Incluso un utilitarista de actos, para el cual es obligatorio aquel curso de acción conducente a la máxima felicidad del máximo número, seguramente (si lo que elabora es una teoría ética) condiciona tal obligatoriedad a que el agente admita esa regla en su conciencia moral. El utilitarista se esforzará por convencer al agente de esa concepción.
También será menester que el agente sepa o crea saber que el curso de acción dado sea efectivamente conducente a la máxima felicidad del máximo número, no bastando que efectivamente suceda así.
No actúa moralmente aquel que realiza una accción que, por casualidad, contribuye a la máxima felicidad del máximo número, pero lo hace con la aviesa intención de causar daño a otros. En la moral las intenciones cuentan mucho, creo, sea cual fuere la doctrina ética abrazada.
En el Derecho no es que las intenciones no cuenten nunca nada, pero cuentan mucho menos y sólo en ciertos casos (cuando se han vioiado las reglas de conducta).

2017-10-10

SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (VIII)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario:
VIII.-- Del regionalismo al secesionismo
por Lorenzo Peña y Gonzalo
martes 2017-10-10


Propalado por los secesionistas vascos y catalanes, uno de los mitos que circulan sobre la realidad de España es que se trata de un mero concepto geográfico, una combinación de naciones yuxtapuestas, cuyo único aglutinante (aparte del circunstancial de estar ubicadas en un común espacio peninsular) fue la casual unión dinástica, que a la postre se metamorfoseó en creación de un Estado unitario en detrimento de la identidad y de las aspiraciones de los pueblos integrados por la fuerza en ese conjunto --pueblos que, a lo largo de todo ese proceso de incorporación forzosa, habrían mantenido constantemente su perfil nacional diferenciado y sus reivindicaciones de existencia separada, aplastadas por el poder de las armas españolas.

No es de extrañar que tal cuento sea creído por ignorantes, puesto que, por rocambolesco que sea, cualquier relato puede tragárselo alguien desinformado. Lo que difícilmente se comprende es que haya personas cultas que lleguen a tal extremo de autoengaño o mala fe (para consigo mismas) que sean capaces de dar crédito a esa leyenda.

Según ya lo he señalado en artículos precedentes de esta serie, la realidad histórica de España --que acertadamente Menéndez Pelayo retrotrae a la unificación romana y la latinización de Hispania hace 80 generaciones-- precedió, con mucho, al surgimiento de Castilla, Cataluña, Aragón, Andalucía o la moderna Vasconia (la antigua Autrigonia era étnicamente diversa). A lo largo de los siglos medievales de desunión persistía --sin interrupción alguna-- la conciencia de España como una unidad propia con un pasado y un futuro comunes, manteniéndose continuamente el anhelo de reunificación. La unión dinástica de los Trastámara en el siglo XV fue sólo un jalón más en ese largo proceso.

Aunque la reunificación quedó siempre inconclusa --por lo breve de la incorporación lusitana (1580-1640)--, la mayor parte de España, a través de lo que inicialmente había sido una unión dinástica, a lo largo de toda la Edad Moderna fue constituyendo un Estado unitario de hecho (más que de Derecho). En la guerra civil de 1705-1715 ambos bandos --el austriacista del archiduque Carlos de Habsburgo (nuestro primer Carlos III) y el borbónico de Felipe V, duque de Anjou-- compartían buena parte de su visión de un Estado español unitario, aunque el primero, radicado en Barcelona, otorgara --durante la guerra-- un protagonismo a los catalanes y levantinos. (No sabemos qué hubiera pasado de haber sido diverso el desenlace del conflicto.)

El episodio del Corpus de sangre catalán de 1640 no había sido más que una peripecia, uno de tantos levantamientos más o menos fugaces, de menor alcance, a la postre, que otros que sufrió la monarquía hispana en su formación --p.ej. las comunidades de Castilla a comienzos de la centuria precedente.

A pesar de tales episodios, desde el siglo XVI, más desde el XVII, más desde el XVIII, existe un sentimiento de nación española, casi unánimemente compartido por toda la población de los reinos de las coronas aragonesa, castellana y navarra, con una memoria histórica común y un proyecto político conjunto.

Entre comienzos del siglo XVII y mediados del XIX los españoles cultos (y semicultos) fueron educados en la visión de España de la Historia del P. Juan de Mariana. No cabe olvidar que, gracias a la imprenta, en 1808 una cuarta parte de la población española sabía leer (aunque no forzosamente escribir), teniendo algún acceso a la lectura (la proporción era significativamente mayor entre los varones). Eran, por consiguiente, varios millones los que, en la escuela primaria (parroquial o municipal) habían recibido una elemental instrucción, que incluía unas nociones básicas de la historia de España, derivadas de la obra del P. Mariana. (Sin eso sería más difícil de explicar la cuasiunanimidad patriótica del levantamiento antifrancés de 1808-14.)NOTA 1

(De paso notemos que la lectura y la escritura fueron casi exclusivamente en la lengua española. Apenas se escribían las lenguas euscaras [quitando algunas octavillas u hojas parroquiales] y muy poco los diversos dialectos catalanes, que atravesaron un largo período de agrafía, nunca total ciertamente.NOTA 2 Cuando, en las postrimerías del siglo XIX, ciertos círculos catalanes vuelcan sus esfuerzos en la escritura de su lengua, lo hacen en un código lingüístico diverso del hoy considerado estándar. En Vasconia la situación era aún menos propicia a la generalización de las lenguas euscaras, mutuamente incomprensibles, que variaban de una comarca a otra.)

¡Retrocedamos un poco en el tiempo! No es de extrañar que en los motines que sacudieron toda España en 1766 (el llamado «motín de Esquilache) --con participación de las masas en muchas ciudades de Castilla, Aragón, Cataluña, Levante, Andalucía, Galicia, Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa-- no se hiciera sentir ninguna reivindicación particularista, regionalista, autonomista ni, menos, secesionista. Todos pedían lo mismo: atajar la carestía de la vida, procurar el abastecimiento de la población, remediar al hambre, poner fin al mal gobierno y a la corrupción palaciega. De haber existido una contenida o reprimida aspiración nacional propia en algunas regiones, una propicia ocasión para que estallara o saliera a la luz la ofrecía una conmoción tan tremenda --que puso en peligro el trono de Carlos III.

Asimismo la guerra de la independencia fue otra oportunidad, si es que había poblaciones en Vasconia, en Cataluña o en cualquier otra región española, que desearan la secesión. Lejos de eso, si bien el invasor francés de hecho incorporó Cataluña a su imperio (ninguneando y despreciando al rey títere José Bonaparte), no por ello la población catalana secundó tal anexión fáctica ni aprovechó el enfrentamiento para plantear reivindicación nacionalista alguna que no fuera su ardiente nacionalismo español, una de cuyas máximas plasmaciones fue el levantamiento antifrancés de Gerona y el célebre asedio de la ciudad gerundense, que da título a una de las novelas de Pérez Galdós en sus Episodios nacionales (no Episodios estatales).

En concreto, el 16 de junio de 1808, con participación de representantes de casi todo el principado --con exclusión de la ciudad de Barcelona, ocupada por las fuerzas del General Duhesme, que impidieron la actuación de los 4000 soldados españoles de su guarnición [quienes fueron desarmados y cautivados]-- se formó en Lérida la Junta de Cataluña --un eslabón del movimiento patriótico antifrancés de toda España. (V. Andrés Casiniello, «La guerra peninsular de 1808: Del entusiasmo victorioso a la frustración», Revista de historia militar 49 [2005], p. 108.) De la panfletística patriótica podemos recordar aquí el «Primer Cantich Catalá contra los francesos» de 1808, que proclama: «non volem ser francesos, nosaltres som espanyols». (V. Emilio de Diego, «La España de 1808: entre el mito y la realidad», ibid, p. 30.)

En las Cortes de Cádiz, 1810-1814, tenían posibilidades de presentar aspiraciones particularistas los diputados de las diversas regiones. Ninguno lo hizo. Los catalanes, los vascos, los levantinos, los gallegos, los andaluces, los castellanos, los asturianos, todos compartieron con entusiasmo el nacionalismo español más exaltado. ¿Hubo disensiones, hubo polémica? La hubo y muy agria, apasionada. Enfrentó, insuperablemente, a serviles y liberales --un enfrentamiento que, aunque metamorfoseado, va a persistir a lo largo de 35 lustros. Pero en las Cortes de Cádiz, a pesar de la enconada resistencia de los serviles, se consiguió un consenso (aunque fuera en parte insincero), gracias al cual, con regocijo general, se aprobó la Constitución de 1812, la cual, no sólo consagraba una democracia unitaria, sino que, además, abolía implícitamente todos los fueros, al programar --art. 258-- unos códigos civil, mercantil y penal únicos para todo el Reino de España en ambos hemisferios, consecuencia del principio de la igualdad de todos ante la ley.

En aquellas Cortes constituyentes abundaron los diputados de las provincias ultramarinas, algunos de ellos ya secretamente adeptos de las independencias de sus territorios; éstos maniobraron, aprovechando la pugna entre serviles y liberales, aunque sin por ello lograr avances en una causa que nunca defendieron abiertamente. Tal coyuntura hubiera ofrecido una oportunidad para que, de haber aspiraciones similares en la Península, éstas se hicieran sentir de manera parecida; que al menos se escuchara alguna voz, algún clamor de signo secesionista o siquiera autonomista, anticentralista. No hubo nada de eso.

Tras las dos nefastas interrupciones del absolutismo borbónico (1814-20 y 1823-33), España vuelve al régimen liberal, que fue tremendamente agitado, a menudo turbulento. En medio de aquellas revueltas, de aquellos disturbios, de aquellos motines, de aquellos pronunciamientos, aprovechando las discordias y hasta los enfrentamientos armados, ¡qué fácil, qué verosímil hubiera sido una manifestación secesionista, si ésta hubiera respondido a los anhelos de una parte de la población de Vasconia, de Cataluña o de cualquier otro lugar de España!

Una Barcelona varias veces levantada en armas contra el gobierno de Madrid nunca, jamás, enarboló ideal alguno de tipo secesionista, ni siquiera catalanista. Ningún alzado, ningún manifestante, ningún descontento hizo profesión ni de separatismo ni tan siquiera de autonomismo.

Tales motines y sublevaciones siempre se inscribían en las pugnas entre unos y otros sectores del liberalismo, progresistas y moderados, librecambistas proingleses y proteccionistas, junto con la ya tumultuosa y masiva lucha obrera contra las durísimas condiciones laborales, a favor de la libertad asociativa y más tarde del sufragio universal --apuntando, desde los años 40 del siglo decimonónico, una incipiente tendencia antimonárquica y socialista.

El estruendoso silencio de imaginarias reivindicaciones catalanistas lo explica el escritor Félix Cucurull y Tey (q.e.p.d.), en su obra de 1970 Orígens i evolució del federalisme català, aduciendo que un número de años del período liberal los vivió Barcelona bajo estados de excepción o incluso de guerra, que restringían las posibilidades de libre expresión de opiniones. Es dudoso que tales estados afectaran a Barcelona más que a otras poblaciones igualmente inclinadas en ese período a los levantamientos populares (como Granada, Sevilla, Cádiz, Cartagena, Zaragoza, La Coruña y el propio Madrid). En cualquier caso, tales represiones de los gobiernos de turno no lograron nunca sofocar nuevos estallidos de furia popular en pos de reivindicaciones que iban de una radicalización de la revolución liberal y una ampliación del sufragio a los ideales republicanos y de reforma social.

Sólo al llegar la revolución antiborbónica de 1869, que abrió nuevos espacios de libertad, gana fuerza el partido republicano democrático federal, que tuvo la extravagante idea de convertir a España en una federación (era un tiempo en el cual --recién acabada la guerra de secesión con el triunfo antiesclavista del Norte-- los Estados Unidos de América gozaban de un gran prestigio como abanderados de la libertad; también influyó mucho la restauración de la República en México en 1866). Dentro de ese partido, Valentín Almirall esbozó un vago particularismo catalán. También al amparo del clima de efervescencia del sexenio democrático se creó en 1871 la primera publicación periódica de lengua catalana, La Renaixença, eminentemente literaria y apolítica. Será bajo la restauración borbónica, en 1879, cuando se cree el primer diario político en lengua catalana, Diari Català, asimismo por iniciativa de Almirall.

Durante el sexenio democrático, tres jefes del gobierno español fueron catalanes: D. Juan Prim y Prats, D. Estanislao Figueras y Moragas y D. Francisco Pí y Margall.

Cataluña hervía, por momentos ardía. ¿Por el secesionismo? ¡No, ni siquiera por el catalanismo! Las incipientes y tenues reivindicaciones catalanistas apenas iban más allá de lo literario, exceptuando al republicano Almirall y sus amigos. Las agitaciones giraban en torno a otros temas, especialmente la cuestión social.

Pero van a ser funestas las consecuencias del fracaso de la democracia materializado en los dos sucesivos golpes de Estado de enero y diciembre de 1874, con la subsiguiente entronización de Alfonso XII a raíz del segundo (el pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos en Sagunto el 29 de diciembre de 1874, que impuso por la fuerza la restauración de los Borbones).

Aunque la monarquía así restaurada --al principio tremendamente autoritaria y conservadora-- evolucionó pronto (y merecería hoy ser reconsiderada más benévolamente que como la enjuiciaron los hombres de la díscola generación de 1898) y aunque, mal que bien, ese régimen --con legitimidad jurídica inicialmente escasa-- fue logrando un consentimiento (quizá en parte renuente) de la mayoría de la población española, así y todo jamás estuvo aureolado por el prestigio que tenía en Francia la República.

Si comparamos la historia de España con la de Francia, vemos dos líneas que se cruzan. España parte de un fortísimo sentimiento de unidad y destino común desde la antigüedad romana, mantenido a lo largo de toda la Edad Media. Recordemos la presencia del conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, en la coronación de Alfonso VII de León y Castilla como emperador de toda España (imperator totius Hispaniæ) en la catedral leonesa el 26 de mayo de 1135, ante representaciones de diversos reinos peninsulares, incluidas taifas mahometanas. Dos años después ese mismo Ramón Berenguer IV se convierte en príncipe regente de Aragón, quedando desde entonces unido el condado barcelonés a dicho reino; esa corona catalano-aragonesa pronto experimentará una considerable expansión hacia el sur, pero siempre en relación endogámica con el hermano reino de León y Castilla (lo que no excluía luchas fratricidas, frecuentes en aquellos revueltos tiempos).

Si alguna vez hubo, no un Estado catalán, mas sí un estadico barcelonés políticamente independiente fue en los 25 lustros aproximadamente que transcurren entre la independencia fáctica de ese condado (hasta entonces feudatario de los reyes francos) y la unión dinástica con Aragón en 1137; un período durante el cual --según lo hemos comprobado-- el condado barcelonés se concibe como parte integrante de España (de hecho la alternativa que se le planteó a Ramón Berenguer IV fue la opción de preferir la unión con Castilla o con su vecino Aragón, abrazando la segunda posibilidad).

El reino de Francia nunca fue ni se consideró una continuación de la Galia romana, sino el reino de los francos occidentales, regnum francorum occidentalium, creado por el Tratado de Verdún del año 843, desgajado del Imperio carolingio. Hasta la revolución francesa de 1789 no se abolirá en el Derecho internacional europeo el principio de que ese reino de Francia estaba delimitado por una línea cuya mitad meridional corría a lo largo del Ródano (que separaba riome, el Royaume de France, de l'empie, el Empire germanique [léase la novela de Bernard Clavel Le seigneur du fleuve]), si bien los reyes de Francia fueron mordisqueando comarcas y provincias al este de dicha línea, con ocupaciones militares luego afianzadas por tratados, aunque en pugna con el principio divisorio nunca abrogado.

Sólo en 1482 el rey Luis XI se adueña de Provenza (cuya dinastía condal acababa de extinguirse), de Borgoña y de Picardía. La Bretaña sólo es anexionada a Francia (o más bien dinásticamente unida al trono capeciano) el 13 de agosto de 1532. Lorena, Saboya, Córcega, la Costa Azul serán anexionadas entre 1766 y 1860.

Hasta la revolución francesa, Francia es un mosaico de instituciones, lenguas y culturas tremendamente dispares. La revolución unificará jurídicamente ese heteróclito conglomerado (hasta entonces sólo unido por la persona del monarca, rey de Francia y de Navarra) en una nación inventada, en buena medida artificial.

Hasta la escolarización universal, obligatoria y gratuita, a fines del siglo XIX (bajo la III república) la mayoría de los franceses (sobre todo en las zonas rurales) no entienden el francés, que era principalmente una lengua de élites, exceptuando la región parisina y zonas aledañas.

Al caer la realeza en 1792, se enfrentan en Francia dos proyectos opuestos: el federalista, girondino, y el unitario, jacobino. El primero representaba a la gran masa de la población del país, pero el segundo pudo imponerse por la movilización de los proletarios parisinos. Los regímenes que siguieron dejaron intacto el Estado unitario.

El unitarismo político en la República francesa va unido al unitarismo lingüístico.NOTA 3 Ante el comité de instrucción pública, uno de los grandes líderes revolucionarios, el P. Grégoire, pronuncia un célebre discurso en junio de 1794 sobre la necesidad de aniquilar los patois y de implantar, en todo el territorio de la República, la lengua francesa. Grégoire denuncia la existencia de treinta lenguas vernáculas, patois) --y se quedaba corto.NOTA 4 El orador precisa que el francés sólo se hablaba en unos 15 departamentos (de un total de 83), al menos como lengua exclusiva. En términos de población, menos de tres millones de habitantes, de un total de 25, hablaban la lengua de Molière.

Una estadística hecha en el II Imperio, en 1863, afirma todavía que 7,5 millones de franceses ignoran la lengua nacional (de un total de 38 millones de habitantes). En vísperas de la I guerra mundial la situación habrá cambiado, pero entre la población rural mayor el uso del francés seguía siendo minoritario, al menos al sur del Loira.

He hablado de la renaixença catalana de fines del siglo XIX. Inicialmente fue hermana del renacimiento provenzal, protagonizado por el escritor monárquico católico Federico Mistral. Sin embargo, los intentos de occitanos y provenzales entrarán en vía muerta; no llegarán a puerto alguno sus pretensiones de implantación de las lenguas de oc. Enfrentábanse a un Estado republicano aureolado por su prestigio, sus logros, su pujanza, a pesar de sus lacras. Es el período del solidarismo de Léon Bourgeois y Léon Duguit, de la escolarización universal de ambos sexos, de las primeras reformas sociales, frente a todo lo cual la reafirmación occitana y provenzal se enzarza en un particularismo que se agarra a la nostalgia monárquica, al antisemitismo y al más rancio conservadurismo.NOTA 5

A pesar de sus logros (que no le faltaron), el régimen liberal español de 1876-1923 sufrió un desgaste considerable, no consiguiendo nunca prestigio ni veneración ni concitando entusiasmo. La derrota en la guerra hispano-norteamericana (el desastre de 1898) lo hundió en el descrédito (aunque, en eso, inmerecidamente).

Fue justamente entonces cuando arrancaron los movimientos secesionistas paralelos (aunque diferentes) de Vasconia y de Cataluña.

Hasta ese momento, Cataluña había sido fervorosamente españolista. Más que ninguna otra región hispana, había mantenido un patriotismo español explosivo, desbordante y arrollador. La amargura de 1898, la decepción de una burguesía con grandes negocios en Cuba que veía que el gobierno de Madrid no era capaz de proteger eficazmente sus intereses, el descrédito de un Estado vencido y humillado por el inicuo tratado de París del 10 de diciembre de 1898, todo eso va a ser el caldo de cultivo de la agitación, al principio meramente regionalista (la Lliga de Cambó), pero pronto subrepticiamente separatista.

Si la República Española hubiera llegado en otras condiciones histórico-políticas, hubiera podido hacer caso omiso de las aspiraciones particularistas. En Cataluña el catalanismo, radical o moderado, se enfrentaba a dos colosales fuerzas masivas: el españolismo republicano radical y el anarco-sindicalismo de la C.N.T, (que --fundada en Barcelona en 1910-- no en vano había decidido apellidarse «nacional» con relación, no a una nación catalana, sino a la nación española).

Pero la II República española nace débil, teniendo que buscar apoyos para consagrar su legitimidad, con el máximo consenso. Por eso, la Constitución de 1931 incorpora un principio de posible autonomía (excepcional) de alguna región, una previsión hecha a medida para Cataluña. Sin embargo hubo una causa que aceleró la aprobación del estatuto de autonomía catalán del 9 de septiembre de 1932: la sanjurjada.

El proyecto de autonomía había logrado la adhesión de la opinión mayoritaria en su región, si bien no ha de olvidarse la masiva abstención obrera (puesto que en Cataluña el movimiento proletario estaba protagonizado por la C.N.T.). Pero la discusión en el Congreso dejó empantanado el proyecto. Son célebres los discursos ardientemente opuestos a la autonomía de Unamuno y Ortega, pero se cuenta menos que era reticente la mayoría de los diputados de la propia conjunción republicano-socialista en el gobierno. Como ya lo he apuntado, lo que aseguró la aprobación parlamentaria del proyecto fue la movilización catalana contra el pronunciamiento de Sanjurjo del 10 de agosto de 1932 (teleguiado por su exiliada Majestad, el rey D. Alfonso XIII), primer (fallido) ensayo de lo que será, cuatro años después, el alzamiento militar del 18 de julio.

En otro trabajo hice un balance de aquel invento de la autonomía regional. Según lo he expresado en mi libro Estudios republicanos (v. http://lorenzopena.es/esturepu.htm) juzgo que hubiera sido mejor buscar otra fórmula, como una binacionalidad de una República unitaria, sin autonomías, con bicapitalidad de Barcelona y Madrid y con ambas lenguas cooficiales en toda España a todos los efectos.NOTA 6

A falta de eso, quizá llevaban razón Unamuno y Ortega. Lo que pasa ahora es lo que ellos anunciaron entonces. Lejos de que la autonomía haya satisfecho a las aspiraciones particularistas, las ha alimentado e incentivado. Cada nueva concesión del poder central sólo ha servido para incrementar las potestades del regional. Que en éste haya terminado imponiéndose el secesionismo no es el resultado azaroso de las recientes peripecias político-económicas. Éstas han ofrecido la ocasión, no han sido la causa. La causa del mal estriba en que no se optó por esa estructura unitaria binacional, sino por una concesión al irredentismo regionalista que, por su propia dinámica, acabaría generando su autorradicalización.

El secesionismo siempre fue la agenda secreta e íntima de ese catalanismo desde que, a la vuelta del siglo XIX y el XX, se despidió de una España que tan fervorosamente había amado hasta ese momento.

Es triste reconocerlo pero, después de todo, tal vez llevaban razón Unamuno y Ortega en 1931-32. No sé si mi propia idea del Estado unitario binacional hubiera podido tener éxito (sólo que ni entonces ni después se le ha ocurrido a nadie salvo a quien esto escribe). Mas, ya que eso no se hacía ni se iba a hacer, hubiera sido mejor capear el temporal y reafirmar la república unitaria, archivando sine die cualquier proyecto de autonomía regional.



1

[NOTA 1]

Desgraciadamente --a pesar de las optimistas disposiciones del art. 366 de la Constitución gaditana de 1812-- en el reinado de Isabel II no disminuye mucho el analfabetismo. En 1857 seguíamos en un 75% (aunque posiblemente había aumentado el porcentaje de quienes sabían escribir). En 1887 había bajado al 65%. Tras los frustrados proyectos del sexenio democrático, 1868-74, el gobierno liberal de D. Práxedes Mateo Sagasta planeará en 1883 la escolarización de toda la población infantil, con un resultado muy mitigado pero no despreciable, pues en 1920 se había bajado al 42'64% de analfabetismo, o sea 6.953.777 analfabetos mayores de diez años sobre un una población con dicho edad de 16.307.337, siendo el número total de habitantes de 21 millones y un tercio. Se estaba avanzando, porque ese mismo año casi la mitad de las escuelas eran de niñas, si bien el analfabetismo femenino era aún del 57%. (Fuentes: Lorenzo Luzuriaga, El analfabetismo en España, Madrid: Josano, 1926, 2ª ed., pp. 20-21; Diego Sevilla Merino, «La ley Moyano y el desarrollo de la educación en España, acc. en http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/wginer/w/rec/3095.pdf , cons. 2017-10-09; Carmen Calvo Millar, «De la alfabetización a las enseñanzas medias de las personas adultas en Aragón: Apuntes para su historia», Institución Fernando el Católico, acc. en http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/71/15calvo.pdf, cons. 2017-10-09.)


2

[NOTA 2]

Se ha otorgado retrospectivamente una significación desmesurada a la «Oda a la pàtria», escrita en 1833 por Buenaventura Aribau y Farriols, obra de circunstancias, hecha por encargo para celebrar la onomástica de su empleador, el Marqués Gaspar de Remisa, olvidando que casi todo lo que escribió el liberal Aribau está en castellano, como sus artículos en La Nación, La España y El Corresponsal; como poeta también acudió principalmente a la lengua de Cervantes, en la cual escribió, p.ej., «Libertad, libertad sacrosanta, himno revolucionario», 1820. Asimismo el filólogo D. Manuel Milá y Fontanals escribió principalmente en castellano, igual que Jaime Balmes y la gran mayoría de los intelectuales catalanes de los siglos XVIII y XIX. Ya en el XVII los barceloneses habían preferido el castellano para publicar sus obras; Naciso Feliu de la Penya escribe en la lengua cervantina su célebre Fénix de Cataluña de 1683.


3

[NOTA 3]

V. http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HIST_FR_s8_Revolution1789.htm, acc. 2017-10-09.


4

[NOTA 4]

Nous n'avons plus de provinces, et nous avons encore environ trente patois qui en rappellent les noms. Peut-être n'est-il pas inutile d'en faire l'énumération: le bas-breton, le normand, le picard, le rouchi ou wallon, le flamand, le champenois, le messin, le lorrain, le franc-comtois, le bourguignon, le bressan, le lyonnais, le dauphinois, l'auvergnat, le poitevin, le limousin, le picard, le provençal, le languedocien, le velayen, le catalan, le béarnais, le basque, le rouergat et le gascon; ce dernier seul est parlé sur une surface de 60 lieues en tout sens. Au nombre des patois, on doit placer encore l'italien de la Corse, des Alpes-Maritimes, et l'allemand des Haut et Bas-Rhin, parce que ces deux idiomes y sont très-dégénérés.


5

[NOTA 5]

En Francia las lenguas regionales sólo han alcanzado un semirreconocimiento jurídico con la enmienda constitucional de 2008; hasta entonces han permanecido en el ostracismo, cuando no proscritas --p.ej. en la instrucción pública.


6

[NOTA 6]

V. mi escrito http://lorenzopena.es/books/cuestion_regional.html y su traducción catalana: http://lorenzopena.es/books/catala.htm y http://lorenzopena.es/books/catala.pdf.


[continuará]






2017-08-31

ES JURIDICAMENTE VINCULANTE SEGUIR LAS REGLAS DE LA ACADEMIA

¿Es jurídicamente preceptivo atenerse a las reglas ortográficas de la Real Academia?
por Lorenzo Peña y Gonzalo

jueves 2017-08-31


Una vez más, me ha tocado --en estas semanas estivales-- corregir pruebas de imprenta. Con el correr de los decenios ha ido menguando mi resistencia a las innovaciones ortográficas. Me he resignado poco a poco, aunque todavía no del todo.

Lo que ahora quiero preguntarme --y preguntar a cuantos me siguen en esta bitácora-- es cuál es el estatuto jurídico de los preceptos de la Real Academia Española. ¿Qué obligación legal tenemos de escribir según lo mandan esas reglas --complicadas pero, sobre todo, sobremanera inestables, incluso efímeras en algunos casos?

La Real Academia Española es una corporación de Derecho público creada, con auspicios regios, en 1713 (el mismo año del Tratado de Utrecht).

Sigue siendo un ente público, pero muy sui generis, resultando dificilísimo clasificarlo en una de las categorías de entes públicos que se estudian en Derecho Administrativo. Hoy se rige en su funcionamiento por el Derecho privado, siendo financiada, no sólo por la subvención estatal (salida de los presupuestos generales), sino también por sus propios negocios y posesiones así como por las aportaciones de un patronato y una fundación, creados en 1993 (en el período de las privatizaciones promovidas por el gobierno socialista del Lcdo. Felipe González Márquez).

No es preciso desentrañar aquí el entramado que forman Patronato y Fundación; en el portal de la Academia todo eso resulta laberíntico e intrincado. Sea como fuere, en el Patronato figuran: Arcelor-Mital, Bankia, La Caixa, Iberdrola, Banco Santander, Repsol, la Telefónica, la IBM, el grupo PRISA, Vocento, el BBVA; entre los benefactores integrados en la Fundación se hallan: ALSA (compañía de transportes perteneciente al consorcio británico National Express), la compañía de seguros MAPFRE, Inditex (Zara), la Coca-Cola, OHL, etc. En suma, lo más granado de la oligarquía financiera española junto con unas cuantas multinacionales. (Varias de las empresas auspiciantes de la Academia gestionan o publican órganos de prensa, los cuales vulneran las propias reglas académicas y a diario destrozan, machacan y desfiguran la lengua española.)

Los auspicios públicos más el reconocimiento oficial de que la Academia tiene potestad para determinar las reglas de uso de nuestro idioma (en su triple misión de limpiarlo, fijarlo y darle esplendor) ¿qué significan para los funcionarios públicos y para los ciudadanos privados? ¿Dónde o cómo está dicho que las reglas que prescribe la Academia son de preceptiva observancia por los unos o por los otros?

¿Se atienen, por lo menos, a esas reglas los textos oficiales, los preceptos legislativos, ejecutivos y judiciales, tanto del Estado español cuanto de sus ramificaciones regionales, las llamadas «comunidades autónomas»? Basta hojear el Boletín oficial del Estado para percatarse de que éste no se ajusta a las reglas ortográficas de la Academia.

No conozco norma alguna de Derecho administrativo u otro que preceptúe, ni a los funcionarios o servidores públicos, ni menos a los particulares atenerse a las reglas de la Academia. Desde luego es obvio que no se incurre en sanción alguna por escribir como la Academia prohíbe o desaconseja. ¿Podría ser una obligación sin sanción por incumplimiento? Podría ser. Pero para afirmar que lo es, hay que demostrarlo. Yo no conozco prueba alguna de que exista tal obligación.

Si acaso podrá haber (y seguramente hay) prescripciones reglamentarias en ese sentido en dos ámbitos. El uno es atinente a la instrucción. Es limitada la libertad de cátedra (hoy crecientemente erosionada y residual, incluso en la Universidad). Principalmente los maestros de primera enseñanza y también los profesores de secundaria están sujetos a constreñimientos sobre el contenido de su docencia. Una de las materias que tienen que enseñar es la escritura de nuestro idioma, ateniéndose a determinadas prescripciones. En particular la ortografía se impartirá según unos prontuarios que se inspirarán, sin lugar a dudas, en los alambicados y tortuosos textos de la Academia.

Los resultados difícilmente pueden ser peores: el español es cada vez peor conocido y ahora fortísimamente concurrenciado por el impuesto bilingüismo, cuya consecuencia está siendo el semilingüismo --para usar el vocablo utilizado por el Profesor Jean-Luc Fournet--, o sea que los alumnos salen sin ser plenamente solventes en ninguna lengua --y, desde luego, incapaces de hablar y escribir correctamente el castellano.

De la obligación docente se deriva la discente. Para aprobar la asignatura de lengua española (y, en alguna medida, quizá también otras, al menos en teoría), los alumnos han de dominar la ortografía del español según lo que les han enseñado. Luego escribirá cada cual según sus preferencias, pero, en principio, en los exámenes y ejercicios escolares se les exigirá que se atengan a la ortografía que en clase les han impartido. Notemos ya, de pasada, que lo que les resultará preceptivo será seguir las reglas que se les hayan enseñado; no directamente las de la Academia, que pueden y suelen ser muchísimo más enrevesadas.

Otro ámbito de prescripción ortográfica puede ser el de las pruebas escritas que haya que superar para acceder a empleos públicos (aunque no estoy seguro de que lo sea --entre otras razones porque dudo mucho que los examinadores conozcan bien esas reglas).

Reconozcamos que estamos asistiendo a un cuasiiletrismo generalizado, cuando es difícil encontrar individuos que apliquen las reglas más elementales de nuestra ortografía (aquellas que han permanecido estables a lo largo de ocho quindecenios --y algunas de ellas varios siglos).

En páginas oficiales de centros públicos (incluso de enseñanza), en portales académicos, en escritos de autores de buena reputación, en textos de catedráticos de Universidad y, desde luego, en revistas y periódicos pueden leerse gazapos como los siguientes: «son los mejores pagados»; «¿Porque tienen tanta prisa?»; «han trabajado cómo siempre»; «España es quién tiene más margen para subir el interés en depósitos de Europa» (El Economista, 2017-08-22); «habían muchos manifestantes»; «el edificio contigüo»; «funciona mal el desague»; «KLM ha absorvido a Air France»; «sino presentan a tiempo su solicitud, caducará su derecho a reclamar»; «el juez dictó el deshaucio»; «no saben como ha sucedido»; «han hechado a varios trabajadores de la empresa»; «un exámen»; «los examenes»; «pudiendose»; «ingénuo»; «contemporaneo»; «pudieséis»; «preveyendo»; «contribuísteis»; «haciendolo»; «ofreciendoselo»; «dandonos»; «fijémosnos»; «pretesto»; «trastocar», «trastoca»; «denostan»; «disuadir» por «persuadir» o viceversa; «retroactividad» por «irretroactividad» o viceversa; «puede hacerlo y no puede hacerlo» (por «puede hacerlo y puede no hacerlo»); «delante de esos malos resultados, plantean una reorientación»; «el estadio se convirtió en una hoya a presión»; «hasta que no hallan terminado las obras no empezarán las clases»; «sin que nadie lo digera».

Y no cuento la turbamulta de barbarismos, en particular los innecesarios anglicismos a troche y moche (no se trata de palabras técnicas como software) así como las abundantísimas faltas de concordancia («Es necesario muchas reformas»; «el mismo área»; «este agua»). (La publicidad comercial es todavía peor, sin faltar extremos como «apollar a los candidatos»).

(Diversos, pero relacionados, son otros fenómenos: la pobreza de vocabulario; el desuso de formas morfológicas menos frecuentes y su reemplazo por otras semánticamente no equivalentes; la sintaxis monótona y llana, abandonándose los complementos circunstanciales y las cláusulas subordinadas, todo lo cual empobrece la dicción, perdiéndose el brío y la belleza gráfica y sonora de nuestra prosa decimonónica.)

Ante ese alud de faltas y ese masivo mal uso lingüístico, mi impresión es que, desgraciadamente, escasean hoy quienes saben escribir correctamente muestro idioma; y eso a todos los niveles, sin excluir a los catedráticos de Universidad. ¿Tienen mayor competencia los señores de la Real Academia Española? Suelen provenir de ese medio o de otros de menor instrucción (p.ej. literatos de cierta fama, que no forzosamente son maestros en el dominio de la lengua cervantina).

En ese ambiente de crasa ignorancia --no ya ortográfica, sino lingüística en general--, ¿cómo podrán mostrarse muy exigentes los examinadores de pruebas de acceso a empleos, empeñándose en calificar los ejercicios en función de la observancia de las reglas académicas? Lo dudo.

Finalmente ¿cuál es el uso que han de hacer de esas reglas las empresas privadas y los particulares? Ningún mandamiento oficial prescribe observar los preceptos de la Academia. Sin embargo, es palmario que, en mayor o menor medida, se tenderá a seguirlas por una razón pragmática: que nos entendamos al leernos los unos a los otros. Si escribe sus documentos de cualquier modo, un administrativo de una firma comercial causará en sus destinatarios perplejidad y desconcierto, por lo cual es normal que los empleadores algo sí tengan en cuenta la ortografía de los aspirantes a empleos privados (por lo menos la de aquellos a quienes vayan a confiarse tareas que impliquen el uso de la pluma o --más bien hoy-- del teclado).

Surgen aquí, empero, dos graves problemas. El primero es que existe un considerable hiato entre el contenido docente de la ortografía (forzosamente simplificado) y el complejo entramado de las prescripciones reguladas por los académicos en sus solemnes y gruesos textos. El segundo es que son muy cambiantes las reglas de la Real Academia Española, lo cual acarrea inseguridad, incertidumbre y hasta rechazo en no pocos escritores, principalmente en aquellos que pusieron empeño en escribir bien, esmerándose en atenerse pulcramente a las reglas que les habían enseñado (mientras que son quizá más proclives a adaptarse a las frecuentes mudanzas de la normativa académica los laxos --aquellos cuyo conocimiento de la ortografía siempre fue superficial y vacilante--, puesto que el asunto les importa poco).

* * *

Ilustraré ese doble problema con lo que me ha sucedido corrigiendo pruebas de imprenta en semanas recientes. Voy a ceñirme a tres tropiezos.

El primero se refiere al uso de mayúsculas y minúsculas. La regla que me enseñaron y que yo he aplicado (aunque no siempre) es que hay ciertos nombres comunes cuya inicial se escribe con mayúscula cuando denotan un ente abstracto institucional; p.ej. «el Estado», «el Derecho», «la Ley» --a diferencia de «el mal estado de los alimentos», «el derecho de asociación», «la ley de seguridad ciudadana»). Mi reciente manuscrito es un texto de filosofía jurídica, por lo cual contiene miles de ocurrencias de «el Derecho». Todas ellas han pasado a escribirse con minúscula. (¡Vale! Me pregunto si no resulta raro decir: «el derecho concede a todos el derecho de reunión».)

También entran aquí las minúsculas de tratamientos honoríficos. A mí me enseñaron a escribir «Su Santidad el Papa», «Su Excelencia el gobernador», «Su Eminencia el Cardenal», «Su Alteza el Príncipe». Ahora tales tratamientos («santidad» etc) se escriben con minúscula. Mi objeción es que en la oración «Su Santidad aterrizó por la tarde en Barajas» el sujeto designa a un individuo, sirviendo como sucedáneo de un nombre propio; podemos decir: «Su Santidad goza de gran prestigio pero es discutible su santidad».

No sé si la regla que me enseñaron sobre mayúsculas era la oficial de la Academia, porque yo no leí los textos de ese alto establecimiento. Pero pienso que es útil mayusculizar palabras con significado abstracto institucional. No sé desde cuándo ha cambiado esa regla. Va a resultar que algunas de mis publicaciones --hasta determinada fecha-- seguirán una pauta y las más recientes otra.

Un segundo problema concierne a los guiones. Hace ya años la Academia decidió que sobraba el guión en palabras derivadas con el uso de un prefijo o incluso de un lexema cuyo valor categoremático estuviera decayendo. Así se escribiría «excombatientes», «prerrevolucionario» (que lamentablemente muchos escriben «prerevolucionario»), «psicosocial», «sociopráctico», «etnolingüística», «antidepresivos», «demoliberal».

Ahora parece haberse dado un paso más (o así lo han creído ver mis marcadores), a saber: que siempre se suprima el guión, incluso en palabras compuestas: «democraticoliberal», «juridicoconstitucional», «filosoficojurídico», «el método hipoteticodeductivo», «las relaciones estadounidensejaponesas»; «la guerra sovieticofinlandesa», «las pautas pragmaticocontextuales», etc. Me he rebelado. No sé qué es lo que manda la Academia, pero rehúso que nada que lleve mi firma se escriba así, porque chirría, resultando ilegible e incomprensible.

El tercer problema es el de los acentos agudos. (Incidentalmente juzgo errónea la moda de llamarlos «tildes»; en términos de escritura fonética, el signo tilde es «~», o sea aquel que en español se coloca superpuesto a la «n» para formar «ñ» y en portugués se usa en palabras como «distribução» y «distribuções», nasalizando sendas vocales.) Nuestro acento agudo, «'» es el mismo que se usa (aunque para otros empleos diacríticos) en otros idiomas romances como el catalán, el portugués, el francés y el italiano, pero asimismo en lenguas como el polaco. En varios idiomas de nuestra familia latina se usan distintivamente el acento agudo, el grave y el circunflejo. Está claro que el primero es el mismo que usamos nosotros, por lo cual no me parece nada apropiado llamarlo «tilde» --diga la Academia lo que dijere--.

La cuestión que planteo se refiere al uso del acento agudo en el adverbio «sólo» y en los pronombres demostrativos masculino y femenino. La versión que corre es que antes eran preceptivos y ahora están prohibidos (desde la reforma de 2010).

Ateniéndose a esa lectura, mis marcadores han suprimido todos los acentos agudos de «sólo» en mi manuscrito (siendo una palabra que yo uso muchísimo) y los de los pronombres demostrativos. Aquí me he inclinado.

El resultado es que en una página de mi manuscrito podía haber bastantes decenas de correcciones señaladas en rojo, ya sólo con la supresión de esos acentos y la minusculización del «Derecho», para no hablar del guión de las palabras compuestas.

Me intriga el asunto de los acentos. He leído, justamente, un interesante artículo (magnífico, como todos los suyos) de mi ilustre colega y amigo, el Dr. Salvador Gutiérrez Ordóñez, de la Real Academia Española: «Sobre la tilde en solo y en los demostrativos», Boletín de la Real Academia Española [BRAE], tomo XCVI, cuaderno CCCXIV, julio-diciembre de 2016 (disponible en línea).

Con pleno respeto a sus siempre muy bien argumentadas opiniones (que emanan de su gran saber como preclaro lingüista, pues es una de las eminencias de la lingüística general de España), me permito expresar aquí mi desacuerdo.

El Dr. Gutiérrez Ordóñez hace un interesantísimo recorrido histórico, mostrándonos que la regla de la acentuación no es muy antigua, sino que fue introducida cual novedad a fines del siglo XIX en aras de evitar anfibologías (en sendas reformas ortográficas de 1870 y 1880).

A riesgo de ser infiel a sus propósitos, voy a resumir sus cinco argumentos.

  • El primero es de principio. En nuestro idioma el acento agudo (el único que usamos) sólo se emplea para diferenciar la prosodia de las palabras --concretamente la ubicación del acento tónico-- con reglas relativamente sencillas que permiten, sin lugar a dudas, saber si una palabra es aguda, llana, esdrújula o esdrujulísima (mientras que en italiano hay que conocer de memoria las palabras esdrújulas, bastante frecuentes). Siendo ésa su razón de ser, no tiene por qué confiarse al acento gráfico otra función, cual es la de deshacer anfibologías, porque hacerlo perturba la funcionalidad propia de ese signo gráfico.

  • El segundo argumento es el ya muy repetido de que son infrecuentes tales anfibologías, soliendo encargarse el contexto de disiparlas.

  • Un tercer argumento es que para saber --según las prescripciones ortográficas de 1870 y 1880-- cuándo hay que colocar acento gráfico y cuándo no, es menester un conocimiento gramatical que supera el acervo cultural de muchos hablantes del idioma; hay que estar atentos para percatarse de si se trata de un adverbio o de un adjetivo y para no confundir un pronombre con un adjetivo, siendo ésos conocimientos gramaticales cuyo dominio pronto y riguroso no puede darse por descontado ni exigirse a todos.

  • Un cuarto argumento es que, si de veras se quisiera confiar al acento gráfico una misión de disipar anfibologías, por coherencia habría que hacerlo también con otras palabras, p.ej. pronombres indefinidos (a fin de distinguir «vinieron algunos borrachos» en los dos sentidos de «algunos vinieron borrachos» y «algunos borrachos vinieron»).

  • Un quinto y último argumento es que hay casos dudosos como «este libro y aquel». ¿Es «aquel» un adjetivo o es un pronombre?

Voy a contestar a esos cinco argumentos.

Frente al primero digo que, si bien, efectivamente, la función primordial de nuestro acento gráfico es la de indicar el acento tónico de las palabras, no tiene por qué ser el único uso. Pero es que, aunque ese signo se usara únicamente para marcar diferencias prosódicas, éstas no se reducen a la presencia del acento tónico. Hay en español un superacento --quizá acento enfático--. Existe una diferencia prosódica entre «Este amigo tuyo no es» y «Éste amigo tuyo no es». Aunque en ambos casos «este» sea palabra llana con acento tónico en la primera sílaba (lo cual voy a cuestionar en seguida), la acentuación es más fuerte o enfática cuando se trata del pronombre; además, el pronombre va seguido de una pequeña pausa, que podría representarse por una coma. «Éste, amigo tuyo no es» o «Éste, muy amigo tuyo no es»; a diferencia de «Este amigo tuyo no es» («no es el responsable», p.ej.). Por otro lado, pienso que el adjetivo demostrativo suele ser átono. Fíjese el lector cómo pronuncia «Este amigo tuyo es el causante» y se percatará de que, muy probablemente, pronuncia como una sola palabra «esteamigo», formándose incluso un pseudodiptongo «tea», o sea una palabra fonéticamente llana de cuatro sílabas; en ciertas hablas del español la pronunciación se asemejará a «estiamigo».

Igualmente hay diferencia prosódica entre «el Presidente sólo rellenó 10 hojas» y «el Presidente solo rellenó 10 hojas». En el segundo caso, una minúscula pausa es posible entre el sintagma nominal «el Presidente solo» y el verbal «rellenó 10 hojas». El adverbio «sólo» lleva un superacento tónico enfático; y más bien se tiende a hacer una pequeña pausa entre el sujeto, «el Presidente», y el verbal «sólo rellenó 10 hojas».

Frente al segundo argumento sostengo que abundan las anfibologías en cuestión. Cierto que muchas veces las disipa el contexto, pero sólo al precio de releer la frase, o saltar atrás o adelante --lo cual no es aplicable en el caso de enunciados breves, como titulares. De todos modos, persisten casos en los que el contexto no permite desambiguar.

Frente al tercer argumento digo que es facilísimo aprender cuándo se escribe «sólo» y cuándo «solo» (según las viejas reglas): «sólo» cuando se puede reemplazar por «solamente». La regla es puerilmente simple, la estudiamos y aprendimos a los ocho o nueve años y siempre la hemos retenido, sin el menor titubeo hasta que la Academia vino a complicar las cosas (con prescripciones como la de usar el acento sólo en caso de posible confusión, lo cual sí obliga a un ejercicio mental más difícil). También es muy sencillo saber cuándo «éste» se acentúa (según las viejas reglas): basta preguntarse «Este ¿qué?» Si es un pronombre, huelga la pregunta: «Tiene dos hermanos; éste es muy cariñoso pero aquél es arisco»; en tal contexto no tiene sentido preguntar «este ¿qué?».

De todos modos, para reforzar mi respuesta al tercer argumento, me pregunto si vale esa consideración de facilitar las cosas a los ignorantes. ¿De veras es tan difícil distinguir un pronombre de un adjetivo, un adverbio de un adjetivo? Si se trata de allanar el camino a los ignaros (entre ellos muchos periodistas, escritores, políticos, paginadores, anunciantes, enseñantes, profesores de Universidad etc), grandes serían los cambios que habría que introducir en nuestra ortografía: eliminar la hache, igualar la «b» y la uve y, para la mayoría de los hablantes (aunque afortunadamente no todos), la distinción entre «ye» y «elle».

Frente al cuarto argumento, mi objeción es que en el siglo XIX la Academia introdujo el acento gráfico para disipar las anfibologías del «sólo» y de los pronombres demostrativos y ninguna otra. Varias generaciones de españoles (y posiblemente de otros hispanohablantes) se educaron con esas reglas. Generalizar el uso diacrítico para indefinidos u otros vocablos sería introducir una confundente y perniciosa perturbación. Ninguna ortografía se ajusta a un canon de absoluta sistematicidad. Además esas otras anfibologías son menos frecuentes.

Frente al quinto argumento, reconozco los casos dudosos, por lo cual es permisible, en esos supuestos, poner el acento o no (siempre a tenor de las viejas normas). En esos casos, carece de importancia, pues ahí, indefectiblemente, desambigúa el contexto inmediato.

* * *

Termino mi artículo con una reflexión. El lema --ya más arriba recordado-- de la Academia es el de «limpia, fija y da esplendor». Eso implica fijar. Y para fijar, la propia Academia tiene que manifestar fijeza. No hace gala de ella cuando está alterando las reglas ortográficas (y las léxicas) cada dos por tres. Como mínimo habría que exigirle que a cuantos aprendimos unas reglas nos permitieran seguir usándolas toda la vida; seguir usándolas, no sólo en nuestros manuscritos, sino en nuestras publicaciones. Que a lo largo de una vida haya que mudar varias veces la ortografía como se cambia de camisa es resultado de la misma incontinencia legislativa que, con sobrada razón, les reprochamos a los legisladores, generando inseguridad jurídica. Posiblemente la Academia debería imponerse no hacer cambios ortográficos más que cada diez lustros.






2017-08-17

SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (VII)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario:
VII.-- El pacto político es perpetuo (recordando a Lincoln)
por Lorenzo Peña y Gonzalo

jueves 2017-08-17


En las elecciones presidenciales estadounidenses del 6 de noviembre de 1860 triunfó el candidato republicano Abraham Lincoln.1NOTA 1 La nueva administración no acarreaba amenaza alguna de abolición de la esclavitud en el territorio norteamericano, e incluso --además de ser indiferente al respecto-- el propio Lincoln estaba dispuesto a favorecer que se enmendara la Constitución federal para hacer inderogable a perpetuidad el mantenimiento de la esclavitud negra en los estados en que existía. Lo que estaba en discusión es si se iba a autorizar la implantación de la esclavitud en los nuevos territorios del Oeste, según lo deseaban los sureños. La mayoría del partido republicano era hostil a esa expansión occidental del esclavismo.

Al margen de tales orígenes del debate, la controversia jurídica que se suscitó giraba en torno al derecho a la autodeterminación.

Puede objetarse la pertinencia de esa controversia de la guerra civil norteamericana aduciendo las siguientes razones.

  • 1ª) Que Dixilandia no era una nación, porque su población hablaba el mismo idioma que el resto del país, no existiendo otras particularidades nacionales que la distinguieran del norte.
  • 2ª) Que la secesión de Dixilandia se hizo para asegurar la pervivencia de la esclavitud y que, por lo tanto, el derecho de autodeterminación --aunque hubiera existido-- colisionaba ahí con el prioritario derecho de cada hombre y mujer a ser libre y no esclavo.

Son erróneas ambas objeciones. La primera porque Dixilandia presentaba muchos más títulos para aducir su diferencia nacional respecto del norte que aquellos que pueda esgrimir Cataluña. Entre el norte y el sur había una marcada diferencia cultural y de idiosincrasia. La vida económica también estaba, en buena medida, escindida en dos, a lo largo de la línea Mason-Dixon, fijada en el compromiso de Missouri de 1820: el sur exportaba algodón a Inglaterra y Francia e importaba sus productos manufacturados de Europa (por eso las monarquías francesa e inglesa respaldaron con todas sus fuerzas la secesión sureña), constituyendo así una economía no integrada con la agro-industrial del norte.2NOTA 2 En cuanto a la mismidad lingüística, eso siempre es cuestión de apreciación, en parte de decisión. (Cualquiera puede percatarse de ello comparando el habla de Virginia o de Luisiana con la de Nueva Inglaterra.)

Tampoco los unía mucho el peso de la tradición histórico-política, porque hasta 1776 cada colonia inglesa había dependido directamente de la Corona, de suerte que no había existido ningún vínculo político entre el norte y el sur; la unión entre ellos había durado a lo sumo ocho decenios.

La segunda objeción también es errónea porque lo que se debate es si Dixilandia tenía derecho a la autodeterminación, no si ejerció bien ese derecho al optar por la preservación de la esclavitud.

En el momento mismo de la secesión, la opción no era la de separación con mantenimiento de la esclavitud o unión con prohibición de la misma, porque Lincoln declaró que no preconizaba abolirla ni tenía potestad para ello; y, de hecho, en el Norte no se prohibirá la esclavitud hasta después de terminada la guerra de secesión.3NOTA 3

Si lo que quiere decir el objetor es que el ejercicio del derecho de autodeterminación, que él preconiza, ha de condicionarse a que se haga respetando otros derechos humanos fundamentales y no vaya en detrimento de ellos, entonces surge la cuestión de cuáles de esos derechos habrá de respetar una decisión secesionista; concretamente si será ilícita cualquier separación que atente gravemente a derechos de libertad de una parte de la población del territorio separado, o a derechos fundamentales de bienestar de la población del resto del territorio.4NOTA 4

Si se responde afirmativamente, entonces en la práctica cualquier secesión será ilícita, salvo rarísimas excepciones, a menos que se piense que se va a producir la secesión como si no se produjera y sin tener efectos políticos ni económicos en la vida de la gente.

En ese transfondo, vale la pena analizar algunos pasajes del discurso inaugural del presidente Abraham Lincoln pronunciado en Washington el 4 de marzo de 1861.

1.-- Primer argumento: secesión y divorcio

Los defensores del derecho a la autodeterminación siempre han equiparado esa potestad de secesión por decisión mayoritaria de la población de un territorio al derecho a divorciarse, o sea: al derecho individual de cualquier adulto en su sano juicio a no seguir unido por el vínculo matrimonial de por vida, si muda su voluntad.

La comparación suscita dos dificultades. La primera dificultad es que, si vale la comparación, la eventual secesión habrá de estar sujeta a las mismas condiciones que rigen el divorcio en países con un ordenamiento jurídico justo.5NOTA 5 En los países civilizados, un divorcio lícito, o bien es de común acuerdo, o habrá de acarrear, si no, una pensión compensatoria a cargo del culpable de la terminación del vínculo, además de que comportará la persistencia de obligaciones comunes hacia los hijos.

Si la población de una porción del territorio estatal se separa políticamente de la del resto, los hijos son todos los ciudadanos y residentes de una u otra porción, los cuales no deberían quedar desamparados ni privados de los derechos preexistentes con relación a una y otra porciones del territorio y a las instituciones, instalaciones y servicios en ellas respectivamente situados. Y, si eso es así, en la práctica la secesión no surtiría ningún efecto, salvo el puramente nominal.

La segunda dificultad fue vista por Lincoln, en ese discurso, al señalar:

Físicamente no podemos separarnos. No podemos desgajar nuestras respectivas porciones territoriales ni alejarlas la una de la otra, ni erigir entre ellas un muro infranqueable. El marido y la mujer pueden divorciarse yéndose cada uno por su lado, lejos del otro; mas las diferentes partes de nuestro país no pueden hacerlo. No les queda más remedio que permanecer unidas, lado a lado; y la interconexión entre ellas habrá de continuar, ineluctablemente, ya sea amistosa u hostil. ¿Es posible, entonces, hacer que esa interconexión resulte más ventajosa o más satisfactoria tras la separación que antes de ella? ¿Pueden los extranjeros hacer tratados más fácilmente de lo que pueden los amigos hacer leyes? ¿Pueden esos tratados ponerse en vigor más fielmente entre extranjeros que las leyes entre amigos?

Ese argumento de Lincoln recalca dos diferencias sustanciales. La primera diferencia es que, efectivamente, resulta de escaso valor la analogía entre dos individuos que se divorcian y dos territorios que se separan políticamente, ya que no hay paralelismo ni siquiera físico. Los ex-cónyuges pueden vivir vidas totalmente al margen el uno del otro (salvo en determinadas circunstancias), y no están constreñidos a seguir juntos cooperando e interrelacionándose.

La segunda diferencia sustancial es que el divorcio amistoso entre cónyuges supone esa capacidad de separación física y de rumbo vital en un alejamiento esencial, al paso que erigir una frontera acarrea problemas totalmente diversos, a saber: puesto que, inexorablemente, tiene que seguir la cooperación, las soluciones legislativas y los procedimientos civiles de arbitraje habrán de sustituirse por la vía de convenios internacionales, precarios, inestables y regidos por la correlación de fuerzas.

2.-- Segundo argumento: la división de la cosa común

A ese doble argumento, Lincoln añadía otro:

Este país, con sus instituciones, pertenece al pueblo que lo habita. Cuando ese pueblo se harte del gobierno existente, puede ejercer su derecho constitucional de enmendarlo o su derecho revolucionario de disolverlo y derribarlo. No desconozco que muchos ciudadanos valiosos y patriotas tienen deseos de que se enmiende la Constitución Nacional.

Lo que aquí está señalando Lincoln es que es todo el territorio de los EE.UU. lo que pertenece en común a todo el pueblo de los EE.UU. Conque la secesión significaría una división de la cosa común. Desde luego, en la visión liberal de Lincoln cada norteamericano tenía el derecho de emigrar de Norteamérica a cualquier otro lugar del planeta; y también amparaba ese derecho a cualquier grupo de ciudadanos estadounidenses. Lo que él negaba (y con razón) es que los habitantes de tal parte del territorio tuvieran derecho a apoderarse de ese territorio como algo propio y separado. Y es que la división de la cosa común ha de hacerse de común acuerdo y no según el arbitrio de una de las partes.

En un estado en el cual los ciudadanos tienen reconocido el derecho constitucional de radicarse en cualquier parte del territorio estatal, por el motivo que quieran o por ninguno, la escisión territorial, la secesión, despoja a los ciudadanos de ese derecho de libre radicación. A partir de la secesión, los ciudadanos del estado resultante, A, sólo podrán emigrar al B en la medida en que así lo estipulen los tratados internacionales; y viceversa.

Además, las riquezas, los recursos públicos, las instalaciones públicas, existentes en la parte A pasarán a ser inaccesibles a los de la parte B, y viceversa, salvo en tanto en cuanto nuevos tratados internacionales posibiliten el uso mutuo (lo cual jamás sucede igual que en el seno de un mismo estado).

Así, dividir un estado según una línea determinada entraña despojar al pueblo de la propiedad común de todo el territorio; y ese despojo se traduce en pérdidas concretas de derechos para los ciudadanos. Por otro lado, si una de las partes es más rica que la otra, y su población menos numerosa, entonces se está produciendo una división inicua y leonina.

3.-- Tercer argumento: el compromiso de perpetuidad

A los dos argumentos enumerados, Lincoln añade un tercero, el del compromiso de perpetuidad inserto en cualquier constitución. Este argumento se desglosa en tres ramas.

La primera rama consiste en señalar que cualquier constitución política contiene, explícita o implícitamente, un precepto de perpetuidad:

La perpetuidad está implícita, cuando no es expresa, en la ley fundamental de cualquier gobierno nacional. No parece arriesgado afirmar que ningún gobierno propiamente dicho insertó jamás una providencia en su ley orgánica que previera su terminación.

O sea, una de las características del pacto de unión política al cual van dando su adhesión las sucesivas generaciones es la voluntad de permanencia para siempre del estado así constituido. De ahí que la ley fundamental, o constitución, del estado nunca prevea, ni pueda prever, que ese estado se extinga en un momento.

Hay, en verdad, estados que son destruidos; lo que resulta inconcebible es que la destrucción del estado venga incorporada como una cláusula constitucional. La constitución, como ley fundamental que expresa la soberanía nacional, presupone tal soberanía, como un hecho con vocación de perpetuidad.

Cualquier derecho de autodeterminación de una parte del pueblo soberano implicaría la total y absoluta negación de esa soberanía popular, la cual quedaría entonces supeditada a la decisión ajena (en tanto en cuanto la parte difiere del todo).

Tampoco le es lícito ni siquiera al pueblo soberano abdicar de su soberanía, aceptando voluntariamente la partición. De serlo, no habría de tener lugar por el mecanismo de una enmienda constitucional, sino por una convención constituyente soberana, en el ejercicio del poder constituyente originario.

Aun así, si bien a cada pueblo le es lícito fundirse voluntariamente con otros (en ejercicio del poder constituyente originario), le está, en cambio, prohibido suicidarse, desintegrándose en una pluralidad. En la unificación política de dos estados, ninguno pierde su soberanía; sólo se fusionan en una nueva. Ningún habitante ve mermado derecho alguno; al revés, adquieren todos nuevos derechos. La soberanía de cada uno de los dos pueblos integrados en una nueva unidad, lejos de extinguirse, se metaformosea, persistiendo sublimada; no mengua, no muere, sino que se hace una con la del otro pueblo.

En cambio, al quebrarse y desmembrarse un estado, se extingue la soberanía del pueblo de ese estado. No se conserva, sino que perece.

No se me oculta que los estados y las naciones pueden perecer. ¿No pereció la nación romana, víctima de las invasiones bárbaras? En su libro Vanished Kingdoms, Norman Davies lleva a cabo un estudio de geografía histórica que nos recuerda (centrado en Europa) el influyentísimo libro del conde Volney en el siglo XVIII Las ruinas de Palmira. También mueren los individuos. ¿Hace eso lícito el homicidio? Por otro lado, hay naciones y estados que, al parecer, son inmortales. Así China, como nación, existe desde hace tres mil años y como estado desde hace 22 siglos (aunque con interrupciones en su unidad e independencia, igual que España). ¿Qué sucederá en el futuro? Nadie ha bosquejado un escenario en el cual China deje de existir.

Pasemos a la segunda rama de este argumento. Consiste en señalar que el pacto político que fundó la creación de la Unión norteamericana era un pacto a perpetuidad:

Si los Estados Unidos no fueran un gobierno propiamente dicho, sino una asociación de estados que celebran entre sí un mero contrato, ¿sería lícito que ese contrato fuera pacíficamente deshecho sin el consentimiento de todas las partes que lo establecieron? Una parte de un contrato no puede violarlo --romperlo, por decirlo así-- sino que tiene que acudir al procedimiento legal de rescisión.

Aquí señala Lincoln cuán poco les sirve a los autodeterminacionistas la analogía que quieren establecer entre la libertad de separación de las poblaciones de partes de un territorio y la de los contratantes de resolver el contrato (analogía parcialmente válida si lo que se tuviera fuera, no una unidad estatal, sino una alianza). De ser válida la analogía, estaría perfectamente claro que la parte que desee finalizar el contrato habrá de sujetarse a los preceptos y las condiciones legales para su resolución, y no proceder arbitraria y unilateralmente, porque entonces los contratos no valdrían nada ni obligarían a nada.

Y así llegamos a la tercera rama:

Bajando de esos principios generales, hallamos la proposición de que, desde el punto de vista jurídico, la Unión es perpetua viene confirmada por la historia de la propia Unión [...] todos los 13 estados expresamente se comprometieron y empeñaron en que [la unión] sería perpetua [...]

No nos interesa aquí saber si Lincoln llevaba o no razón en lo tocante a la unión norteamericana, sino reflexionar acerca de si la unión forjada a lo largo de milenios de convivencia en un estado común contiene un compromiso implícito de irrevocabilidad e inescindibilidad.

Así es. Los contratos entre los hombres no necesitan ser acuerdos de palabra ni por escrito; sólo unos pocos lo son. La inmensa mayoría de los contratos o convenios en que entramos unos con otros son fácticos y consensuales, y se establecen y ratifican por los hechos. El matrimonio fue históricamente una relación de convivencia entre hombre y mujer, una convivencia fáctica con consecuencias jurídicas, perfectamente previsibles por quienes la entablaban voluntariamente. Y lo mismo ha sucedido con las relaciones laborales, con muchas relaciones comerciales y tantas otras en todas las esferas de la vida.

¿Es correcto decir que en el caso de los EE.UU. la firma de ciertos documentos que obligan a la perpetuidad puede haber sido vinculante, mas no así en el caso de estados formados por una larga historia en la cual han intervenido conquistas y relaciones de fuerza? No, no es correcto.

Lo contrario es verdad. Que unos plenipotenciarios hayan asumido el compromiso de perpetuidad en tal documento suscrito por ellos abre la doble cuestión de si estaban facultados a contraer tal compromiso y de si las generaciones posteriores están obligadas a mantenerlo sólo porque en tal circunstancia ellos hayan dado su aquiescencia contingente al compromiso de marras.

En cambio, las uniones naturales de los verdaderos pueblos se han ido formando paulatinamente en el transcurso de milenios, como resultado de factores de geografía física y humana, en lenta sedimentación y erosión mutua; son uniones mucho más sólidas, menos circunstanciales, menos producidas por el antojo de unos cuantos políticos, y más arraigadas en la voluntad profunda de los pueblos patentizada a lo largo de muchas generaciones de convivencia pacífica y copertenencia a esa unidad política.

De ahí que la obligación de respetar ese compromiso de unidad no se deba a tal o cual documento, a la actuación concreta de tales o cuales delegados, sino al sentir profundo de las amplias masas populares a lo largo de generaciones y generaciones.

No vale objetar que han surgido por hechos de conquista y de imposición las uniones políticas tradicionales --como las de Francia, España, China, Japón, Gran Bretaña, Persia, Italia, Etiopía, Suecia, etc. El empleo de la fuerza ha jugado un papel; y es posible que en algunos casos haya sido decisivo; mas, pasada la conquista, las masas populares han persistido, a lo largo de cientos y, a veces, miles de años, en la permanencia en ese estado.

Es esa aquiescencia de las masas, patentizada en la vida misma, en los hechos intergeneracionales, lo que fundamenta un nexo sólido, cuyo quebranto no puede ampararse por ningún derecho de autodeterminación legítima, salvo cuando concurran gravísimas y persistentes situaciones de injusticia y discriminación nacional que no puedan solventarse en el marco del estado común.

Iré más lejos todavía. Sigo la doctrina de D. Francisco Giner de los Ríos cuando sustenta las obligaciones humanas, más que en actos jurídicos, en hechos jurídicos, sobre todo en el hecho de la convivencia.

En el mismo tiempo en que en Francia el fundador de la teoría solidarista, Léon Bourgeois, fundaba el deber de solidaridad en un cuasicontrato, Giner elaboraba su filosofía jurídico-política fundándolo en el mero hecho de la convivencia. La teoría del cuasicontrato de Bourgeois siempre suscitó muchas dudas a los juristas, porque resulta un tanto problemático que un individuo contrate o cuasi-contrate al nacer, o al crecer en una población; que esté suscribiendo un cuasicontrato cuando aún no sabe hablar y cuando no tiene uso de razón. Ni siquiera cuando es un niño. No podría dar su consentimiento válido. Pero es que ni hace falta tal consentimiento ni sería lícito rehusarlo, porque lo que crea el vínculo sinalagmático de solidaridad entre el individuo y la sociedad a la que pertenece por su nacimiento es el hecho jurídico de ese su nacer y crecer en tal sociedad (según lo argumenté en mi libro Estudios Republicanos).

(No niego el derecho del individuo a, llegado a la madurez, abandonar esa sociedad, para radicarse en otro país e incorporarse a la población de ese país --derecho a cuyo favor he argumentado en mi ensayo «El derecho de radicación y naturalización»; de ejercer tal derecho, el individuo transfiere a la sociedad que ha escogido sus deberes de solidaridad, como contrapartida de los cuales adquirirá derechos de bienestar con relación a esa sociedad.)

No ignoro que en algunos países se ha admitido un derecho de secesión como solución a tensiones y enfrentamientos. Adúcese así la separación de Bélgica respecto del reino de los Países Bajos en 1830 o la de Noruega respecto de Suecia en 1905. En realidad Bélgica sólo a la fuerza había sido incorporada al reino holandés por las monarquías victoriosas de la Santa Alianza en 1814; aun así tal incorporación mantenía su personalidad política diferenciada, de suerte que en 1830 lo que hizo el pueblo belga fue instituir un nuevo orden constitucional, con una nueva dinastía.

Aún más visible es el caso de Noruega, que conservó su independencia durante los seis quindecenios que duró su unión con Suecia (impuesta asimismo en 1815 por la fuerza militar), limitándose la unión compartir a un soberano común. En el ejercicio de su potestad constituyente originaria, el pueblo noruego decidió, en 1905, cambiar de dinastía. Nunca había formado parte de la nación sueca (como tampoco Bélgica había formado parte de la nación holandesa).

Adúcese también el plebiscito de secesión escocés del 18 de septiembre de 2014. Pero es que, en realidad, el reino unido de la Gran Bretaña se creó por un tratado internacional en 1707. Hasta ese momento Escocia e Inglaterra eran dos reinos, dos naciones, siempre en guerra hasta que, por el azar de las herencias dinásticas, en 1603 la suerte les deparó un soberano común. (A lo largo de la antigüedad, de la Edad media y de una parte de la edad moderna Inglaterra y Escocia siempre habían estado separadas. La primera formó la provincia romana de Britannia, al paso que los pobladores de la segunda eran los pictos y caledones, nunca incorporados al imperio romano ni sojuzgados por las posteriores invasiones de anglosajones y normandos.)

Muy distintos son los casos de las secesiones políticas en Europa oriental consecutivas a la I guerra mundial (1918 y años sucesivos) y a la demolición de la URSS (1991 en adelante). En esos casos han sido sobre todo intereses de las potencias occidentales los que han intervenido para implementar las secesiones que les convenían. (No hay que olvidar, en particular, que la guerra fría no dejó de ser --a su manera--, si no exactamente una guerra, sí un combate, una fortísima pugna, que perdió el bloque oriental y ganó el bloque occidental --más poderoso y, a la postre, mejor organizado. Derrotado el bloque oriental, fue sometido a despedazamiento.)

Por último tenemos las secesiones africanas de años recientes, como las de Eritrea respecto de Etiopía y la del Sudán del Sur respecto del Sudán. Son casos muy diferentes, pero en los cuales concurren dos rasgos: (1º) han resultado de las intervenciones occidentales, principalmente estadounidenses; (2º) han acarreado y siguen acarreando baños de sangre (lejos de haber sido un bálsamo que sirviera para cicatrizar heridas).

Como conclusión, afirmo que es absolutamente contrario a cualquier visión racional de la vida política, de la sociedad humana, instituir o reconocer un derecho de secesión.


1

[NOTA 1]

Lincoln ganó en todos los estados del norte salvo California, Nueva Jersey y Oregón; perdió en todos los estados del sur. El sur contaba en total con 996 condados; sólo en 2 de ellos vinieron elegidos compromisarios favorables a la candidatura de Lincoln, o sea un 0,21%. Todos esos datos pueden consultarse en Wikipedia.


2

[NOTA 2]

Una de las oposiciones norte-sur se refería a la cuestión del proteccionismo arancelario, masivamente apoyado en el norte y tajantemente rechazado en el sur, que defendía el librecambismo.


3

[NOTA 3]

La esclavitud fue abolida en USA el 18 de diciembre de 1865 en virtud de la 13ª enmienda de la constitución federal. Hasta la entrada en vigor de esa enmienda subsistió la esclavitud en los estados de Delaware y Kentucky. Notemos que la enmienda fue rechazada en esos dos estados; el primero no la ratificará hasta 1901; el segundo hasta 1976. El estado de Misisipí sólo la ha ratificado el 16 de marzo de 1995, 130 años después; hasta fines del siglo XX, por consiguiente, ese estado norteamericano era partidario de haber mantenido la esclavitud. En el territorio de los EE.UU. siguió habiendo esclavizaciones prohibidas por esa enmienda hasta 1947 en que tuvo lugar la última acusación penal por tales hechos.


4

[NOTA 4]

V. el artículo III de la presente serie, donde demuestro que la secesión de Cataluña entrañaría una gravísimo quebrantamiento de derechos individuales, tanto de los catalanes cuanto de los demás españoles.


5

[NOTA 5]

No es el caso de España, donde hemos pasado de la prohibición del divorcio a la libertad de repudio unilateral sin compensación.


[continuará]




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