La inocencia del Sr. Borrell
por Lorenzo Peña y Gonzalo
jueves 2017-12-28
(festividad de los santos inocentes)
En el diario digital República de hace exactamente un mes (martes 28 de noviembre) viene publicado un artículo de opinión del exministro de Su Majestad D. Josep Borrell: «El retorno de la leyenda negra».
Es el Sr. Borrell uno de los pocos políticos del sistema que merece mi respeto. En mi opinión destaca mucho por sus cualidades políticas e intelectuales y es de aquellos a quienes podríamos considerar progresistas (un grupo tan escasamente abundante que me pregunto si es unimembre).
El Sr. Borrell ha tenido unas tomas de posición muy loables en el asunto de la secesión catalana. Sobre todo, ha ofrecido buenos y sólidos argumentos. No los escucharán ni los examinarán los obcecados y ofuscados; pero sus razonamientos poseen un gran valor.
Ahora bien, en su encomiable anhelo por contrarrestar la campaña antiespañola de una prensa imperialista transpirenaica que sólo refleja las actitudes condescendientes y de supremacía norteña, que siempre han desdeñado a los del sur mediterráneo (y aún más a los semiafricanos de Hispania), el Sr. Borrell se ve empujado a llevarles la contraria trazando una imagen idílica de la democracia española.
Parece que, o bien nuestra democracia (o presuntamente tal) es un irreprochable dechado de virtudes, o, si no, está justificada la secesión.
Con sobrada razón dice el Sr. Borrell:
- La prensa, la anglosajona en particular, parece regodearse en un revival de la leyenda negra de la España inquisitorial sobre la que se proyecta la sombra del régimen franquista, como si les divirtiera creer que en realidad nunca desapareció.
Frente a esa grotesca difamación de la España actual (que, con sus muchísimos y graves defectos, no es la del franquismo), el Sr. Borrell aporta los siguientes datos:
- Según el Informe Freedom in the World de Freedon House, España obtiene en el 2016 una puntuación de 94/100, 6 por debajo de los países nórdicos, 1 por debajo de Alemania o Bélgica pero 4 más que Francia, 6 más que EE.UU. ... y 56 más que Turquía. Según el Democracy Index de la Intelligency Unit de The Economist, estamos en el 8,3/10, por debajo de Alemania (8,63) pero al mismo nivel que el Reino Unido (8,36) y por encima de Francia (7,92) y Bélgica (7,97). Turquía, la comparación favorita de Puigdemont, está en el 5. El Banco Mundial elabora un World Governance Index con 6 medidas de la calidad del gobierno, y España está en el quintil más alto en cuatro de ellos, y en otros dos, control de la corrupción y estabilidad política, en el cuarto. En la dimensión «Imperio de la Ley», la falta de respeto a la Rule of Law que tanto preocupa a nuestros críticos anglosajones, estamos en el percentil 81, en la media de la OCDE y solo 18 países en el mundo puntúan más que nosotros.
Lamentablemente toda esa contabilidad es absurda y no merece credibilidad alguna. Sobre todo es de rechazar que las evaluaciones se hagan por agencias privadas con criterios que la gente normal y corriente no conoce --o, de conocerlos, no tiene instrumentos conceptuales para estimarlos y aquilatarlos.
La mayoría de nosotros, simples mortales, nada sabemos del Freedon House, cuya existencia ignorábamos hasta leer el artículo de Borrell. También nos es desconocido el Intelligency Unit del Economist. Yo, personalmente, reputo carente de fiabilidad alguna lo que venga del Economist, una publicación de ricos para ricos, cuyas líneas editoriales son las del neoliberalismo más inmisericorde y hostil al Estado del bienestar. Finalmente cuanto venga del Banco Mundial me merece una actitud como la duda hiperbólica de Descartes: esforzarme por pensar justamente lo contrario de lo que diga esa institución, que tantísimo daño ha hecho en el mundo y a cuya nefasta intervención se deben tanta miseria, tantas privaciones, tantos sufrimientos.
En resumen, de esas mediciones no me fío absolutamente nada. Es más, veo muy peligroso que las evaluaciones que circulen sean producidas por las agencias de calificación, autoproclamadas, las cuales justamente no han sido evaluadas, escapan al escrutinio de la opinión pública, elaboran sus informes en la sombra, con sus relatores y sus baremos alambicados.
Pienso que ese fenómeno de evaluación por presuntos expertos es similar a lo que sucede en otros ámbitos, como la vida académica, donde las oposiciones --con pruebas públicas de comparación entre los méritos de los candidatos-- han venido suplantadas por dictámenes opacos de agencias de acreditación y calificación, igual que para obtener promociones ahora se procede a evaluaciones sin publicidad, igual que los artículos de revistas ya no son discutidos por consejos de redacción, sino sometidos al parecer reservado de unos relatores que emiten sus sentencias sin debate contradictorio.
A menudo tales agencias de calificación difunden sus criterios --frecuentemente mecánicos, casi pueriles en su afán de simplificar y poder atribuir cantidades escalares, en una escala unidimensional. Pero lo que no se difunde es cómo se aplican en lo concreto.
Yendo más lejos, desconfío yo profundamente de todas las valoraciones escalares. Admito, desde luego, la evaluación del PIB (producto interno bruto) --sin que se me oculten sus defectos y sus problemas (al fin y al cabo, sin tener pericia en la materia, sí tuve que estudiar la asignatura de economía). Pero ya otros índices --como el de desarrollo humano, el índice PISA etc-- me parecen tan sumamente cuestionables, tan simplificadores, tan deliberadamente desconocedores de multitud de aspectos y factores, tan amontonadores de situaciones cualitativamente muy desiguales, que, en suma, sólo les otorgo una limitadísima fiabilidad para casos extremos. (P.ej., sin duda el IDH es válido para comparar a Camboya o el Níger con Italia, a Tanzania con Suiza, pero no vale nada para comparar al Imperio Japonés con la R.F. de Alemania.)
¿Estamos entonces condenados a no poder comparar la satisfactoriedad de los sistemas políticos de unos países con la de otros? ¡No! Disponemos de los criterios que están al alcance del vulgo. Podemos, p.ej., comparar los sistemas políticos de España y de Francia. Pero el resultado no será escalar, sino vectorial. En unas cosas es mejor el de allende los Pirineos, en otras es peor. En unas cosas hay más libertad allá, en otras acá. En unas cosas el rótulo de «democrático» es más aplicable a la República Francesa, en otras menos (p.ej. el conseil constitutionnel francés está peor pergeñado como defensor de los derechos fundamentales que el español --pues no en vano el constituyente hispano de 1978 se inspiró en el Tribunal de Garantías constitucionales de la República de 1931).
De todos modos, un estudio comparativo hecho con hondura y detenimiento requeriría una dedicación de esfuerzo que iría mucho más allá de estas banalidades --sin por ello caer en la abstrusa baremación de las agencias de calificación, que escapa al control de individuos como lo son, seguramente, el autor y lectores de esta bitácora.
No necesitamos tener una democracia primorosa para que resulte perfectamente legítimo impedir una ilegal secesión y aplicar el código penal a delitos de sedición y rebelión. Aun la tan denostada Turquía tiene cabal derecho a defender su integridad territorial frente al irredentismo curdo o a cualquier otro.
Han jugado con fuego las potencias imperialistas que tanto han fomentado los separatismos en países del sur. Veremos qué hace Francia con las aspiraciones independentistas de Córcega.
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