2017-08-14

SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (VI)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario:
VI.-- ¿Nación de naciones?
por Lorenzo Peña y Gonzalo

Lunes 2017-08-14


En el primer artículo de la presente serie ya quedó refutada la visión de España como un Estado plurinacional, o sea una superestructura política que abarca a varias naciones meramente agrupadas o yuxtapuestas.

La noción de Estado plurinacional o multinacional viene de la tradición leninista (aunque ésta indudablemente se inspira en Marx, quien, sin embargo, no ahondó en ese tema ni desarrolló ese concepto).

Está asociada a un concepto de nación --que el propio Lenin, o sea Ulianof, no elabora, constituyendo esa tarea una aportación del georgiano Yugáshvili. ¿Qué concepto? Una muchedumbre de seres humanos que comparten una sola lengua, un solo territorio, una sola cultura e idiosincrasia comunes, una vida económica y una tradición compartidas; no necesariamente todos esos rasgos, o no todos en la misma medida. (Sobreentendiéndose que, no sólo comparten esos rasgos, sino que en todos ellos se diferencian de sus vecinos.)

El Estado, en cambio, es --de conformidad con la idea de Marx-- una organización de policías, jueces y militares encargada de reprimir por la fuerza a las clases dominadas. De suyo, pues, el Estado nada tiene que ver con la nación. Sólo que, en aras del crecimiento de las fuerzas productivas, es en general preferible que una nación esté unificada en un solo Estado y también que cada nación pueda, si lo decide, separarse para formar su propio Estado.

En esa ideología, eran Estados plurinacionales la Rusia zarista, la Alemania de los Hohenzollern, el Imperio Austro-Húngaro, pero también Bélgica y Suiza. Hasta mucho después nadie pensó, en esa tradición, que España fuera plurinacional. Y el eurocentrismo de entonces desviaba la atención de países como Abisinia (Etiopía), China, Persia (Irán), Nepal, Siam (Tailandia) e incluso el Perú o Argentina.

Tras el hundimiento de toda esa tradición ideológica, es digno de mención que uno de los pocos restos que han pervivido del naufragio es la teoría de los Estados plurinacionales, si bien la casi totalidad de quienes hoy la profesan desconocen esos orígenes doctrinales, de los cuales nada querrían saber --como si la teoría tuviera sentido alguno al margen de esos fundamentos teoréticos.

Una de las dificultades a las que, desde el primer momento, se enfrentó esa teoría es que algunas de las comunidades políticas a las que se quería aplicar el rótulo de «Estados plurinacionales» lo rehusaban; en particular Suiza (que, pese a su plurilingüismo y a las ocasionales tensiones entre sus comunidades --p.ej. durante la I guerra mundial--, siempre se ha considerado y se considera una nación única, no un racimo de naciones políticamente constreñidas a convivir en un Estado plurinacional). También la Bélgica de entonces se consideraba uninacional --y así siguió sucediendo hasta los años 60 del siglo XX, a pesar de la dualidad de idiomas: flamenco y francés.

Cuando, con el movimiento emancipador de las colonias, los adeptos de esa tradición leninista quisieron analizar las nuevas realidades --como Suráfrica, el Malí, el Congo, la India independiente, Indonesia, Costa Ebúrnea, el Camerún, Nigeria, Madagascar, Sri Lanka, Siria, Argelia, etc-- pretendieron inicialmente calcarles el rótulo de Estado plurinacional, con el consiguiente (aunque implícito) corolario lógico de que las naciones componentes de esas nuevas entidades políticas tenían un derecho de autodeterminación.

Pronto tuvieron que desdecirse los partidos comunistas o afines que formularon tales puntos de vista, pues esas enunciaciones chocaban frontalmente con la ascendente conciencia de esas poblaciones, que querían constituir naciones identificadas con sus respectivos Estados. Los ortodoxos de la tradición leninista tardaron en percatarse de que su concepto de nación era sólo uno entre varios, no forzosamente aplicable a cualesquiera circunstancias histórico-sociales. Las poblaciones del Malí quieren constituir una sola nación, pese a la multiplicidad de lenguas, culturas, tradiciones y pese a las disparidades de vida económica. Hay disidentes tuaregs (y algunos árabes o songays), pero su separatismo ha tenido que inclinarse ante la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo maliano de permanecer unido formando una nación, con orgullo de esa nueva nación.

Y es que la nación en sentido leninista es una categoría válida en ciertas condiciones, cuando las naciones así conceptualizadas tienen unos motivos legítimos de identidad colectiva diferenciada y eventualmente separada, una memoria histórica compartida que conlleva --así sea confusamente-- unas esperanzas de futuro común diferenciado. La mera concurrencia de los rasgos unificadores --pero, a la par, diferenciadores-- de lengua, territorio, idiosincrasia y vida económica no son condiciones ni necesarias ni suficientes para formar una nación.

En las condiciones de la emancipación de los pueblos afroasiáticos del yugo colonial esos rasgos pasan a segundo plano por voluntad colectiva de las poblaciones afectadas y por imperativos de la organización política viable, ya que contemplar, para cada uno de esos nuevos Estados, una pluralidad de naciones significaría desestabilizarlos, abrir las compuertas a unas aventuras destructivas, a la guerra étnica, al hundimiento y la frustración para muchas generaciones. Los bambaras, los wolof, los peuls, los malinkas etc han optado por ser senegaleses, malianos, marfileños, guineanos, nigerinos, ganeanos, etc.

Ni a Marx ni a Lenin se les pasó nunca por la cabeza que España fuera plurinacional. Marx y Engels escribieron mucho sobre España, a la cual prestaron gran atención; a su pluma debemos ensayos periodísticos e historiográficos que conservan un enorme interés y están maravillosamente bien escritos. Jamás imaginan que en el Estado español convivan varias naciones. Marx conoce la peculiaridad lingüística vascuence, pensando que está llamada a extinguirse con el progreso de las fuerzas productivas y sus consecuencias superestructurales.

En todo caso, los leninistas acudieron --un poco furtivamente (en tanto en cuanto no elaboraron teóricamente el concepto)-- a la noción de nacionalidad; sin enunciarlo doctrinalmente (ni siquiera Yugáshvili lo hizo), podemos abducir de cómo usaron las palabras que, implícitamente, sí supieron diferenciar aquellos casos de pluralidad de naciones --en su sentido del vocablo-- de casos donde únicamente se daban algunos rasgos diferenciadores y quizá sólo en parte. Por eso el gobierno revolucionario instaurado el 7 de noviembre de 1917 en Petrogrado comprendía un comisariado del pueblo de las nacionalidades (no de las naciones).

(Según ya lo dije en el primer artículo de esta serie, hasta donde yo sé, fue el autor de estas páginas el primero que --en el año 1968-- formuló doctrinalmente la diferencia entre los conceptos de nación [en sentido leninista] y de nacionalidad.)

Por las razones ya apuntadas en mi primer artículo, España no es una colección política de varias naciones, ya que ni siquiera en lo lingüístico es verdad que en unas partes de España la lengua sea una y en otras otra: en todas las regiones, incluida Cataluña, la lengua más hablada es el español. (Sólo en Cataluña hay otra lengua [¡vamos! casi la misma, porque son parecidísimas] que se acerque al español en uso masivo; y eso tras las imposiciones políticas y las inmersiones forzosas de individuos a quienes no se ha preguntado si quieren o no sufrir tal inmersión --además de que se hace violando el principio de que cada niño y adolescente debe, preferiblemente, ser escolarizado en su lengua materna.)

Es, por consiguiente, un absoluto disparate hablar de España como Estado plurinacional. Además, implica aferrarse a un concepto de nación superado --ese que pergeñó Yugáshvili en su obra teórica de 1912, que no tenía en cuenta la nota que acabo de señalar: la memoria histórica compartida tal que su proyección al futuro haga, en las condiciones histórico-sociales, legítima la expectativa de constituir eventualmente una entidad política separada. (De hecho, como ya lo he recordado, ese concepto obsoleto de nación sería rechazado sin paliativos en todos los países de Asia y de África.)

Ante el fracaso de esa inadecuada caracterización de España como Estado plurinacional (aunque en una embrollada confusión, como si se dijera lo mismo con otras palabras) ha surgido últimamente una nueva moda: la de decir que España es una nación de naciones.

¿Qué es una nación de naciones? Es inaudito que los políticos lancen tal eslogan sin proporcionarnos aclaración alguna de lo que están diciendo.

Cualquiera que sea el concepto de nación que uno abrace, está claro que una nación es una pluralidad de seres humanos, una muchedumbre de individuos de la especie humana, igual que un rebaño es una muchedumbre de individuos de alguna especie no humana (la caprina, la ovina, una de camélidos, etc). Otras pluralidades de individuos son las piaras, las manadas, las hordas, las bandadas.

Una piara sólo abarca puercos, no piaras. ¿Qué sería una piara de piaras? ¿O una manada de manadas? ¿O una horda de hordas? ¿O un rebaño de rebaños?

Si hubiera un rebaño de rebaños ¿habría también un rebaño de rebaños de rebaños --y así al infinito? Entiendo que, de haber una nación de naciones, sería un conjunto cuyos miembros fueran naciones. Pero entonces podría haber una nación cuyos miembros fueran naciones de naciones, y una cuyos miembros fueran, los unos, individuos, los otros naciones, los otros naciones de naciones, y así sucesivamente.

Una cosa es un conjunto de números y otra un conjunto de conjuntos de números. El 7 es un miembro del conjunto de los números primos, pero no es miembro de ningún conjunto de conjuntos de números. También hay conjuntos que abarcan a números y a conjuntos de números, claro está. Y conjuntos que se abarcan a sí mismos. Pero, por definición, una nación, un rebaño, una piara, una familia, una horda, una manada son conjuntos de individuos, sólo de individuos.

Imaginemos que tuviera algún sentido decir que hay una nación de naciones. De cada uno de sus miembros habrá que preguntar si es una nación de naciones o una nación a secas. Y, a su vez, la nación de naciones dada ¿no formará parte, tal vez, en otra nación de naciones más amplia? ¿Qué criterios valen para establecer cuál pluralidad es una nación de naciones y hasta qué punto puede incrustarse una nación en otra de nivel superior?

Sea como fuere, si España es una nación de naciones, sus componentes son naciones. ¿Cuáles? Dado que esa ocurrencia ha saltado a la palestra a raíz de los pronunciamientos del separatismo catalán, imagino que quiere decirse que Cataluña es una de esas naciones. ¿Cuáles son las otras? ¿Murcia, Asturias, la Rioja, Cantabria, las Baleares, Madrid, etc, o sea las 17 «comunidades autónomas» --autarquías, para llamarlas como los portugueses? La abrumadora mayoría de los aragoneses, murcianos, madrileños, riojanos, canarios etc piensa pertenecer a una sola nación, la española. Hay andaluces que creen que su tierra es una nación diferenciada (a pesar de que es la región que menos pasado común tiene, puesto que ni siquiera corresponde a un pretérito reino de Andalucía, que jamás existió). Son minoritarios (aunque --como lo expondré en otro artículo de esta serie--, de producirse la secesión catalana, los irredentismos estallarían en todas las regiones españolas, empezando por Castilla, que ya tiene su propio nacionalismo separatista).

Entonces asoma esta dificultad: España, nación de naciones, ¿qué abarca? ¿Abarca a una nación (que presuntamente no sería, a su vez, nación de naciones a pesar de su interna pluralidad lingüística), que sería Cataluña, quizá a otras como Vasconia y Galicia y, en fin, a un resto? ¿Ese resto viene abarcado por la presunta nación de naciones como una unidad, como un miembro? ¿O lo que sucede es que cada individuo de ese resto viene directamente abarcado por la nación de naciones, la cual sería entonces, más bien, un conjunto híbrido, un conglomerado heteróclito cuyos miembros serían, los unos, colectividades nacionales, y los otros individuos sin otra pertenencia o identidad nacional que la de la nación de naciones?

Alternativamente, ¿es España una nación de naciones con dos miembros: Cataluña y España? En un ensayo de hace muchos años desarrollé la teoría de cúmulos que se abarcan a sí mismos. Pero las naciones no pueden ser cúmulos así. Si España tuviera dos miembros, Cataluña y España, este segundo miembro tendría dos miembros, Cataluña y España, y así al infinito. España sería una nación de naciones de naciones ...

Todo eso es peregrino y no nos lleva a ninguna parte. El dislate de la nación de naciones no merecería ninguna consideración seria si no fuera porque es la fórmula abrazada por uno de los principales partidos políticos del país. Lo que no nos dicen esos políticos es cómo esa fórmula abracadabrantesca va a solucionar, por arte de birlibirloque, el problema político creado por las pretensiones secesionistas.

En general cuantos, con razón, se quejan de la inacción del gobierno español ante la amenaza y la ilegalidad de los secesionistas, cuando exigen que se proponga una nueva fórmula constitucional, se refugian en el acertijo o la adivinanza, porque no nos hacen vislumbrar cuál sería la alternativa que ellos querrían o apoyarían.

Cada cosa en su momento. Desde luego que yo soy partidario de abrogar la constitución monárquica de 1978 (y reemplazarla provisionalmente por la republicana de 1931), pero ahora no se trata de eso. Frente a la destrucción de España, frente a quienes pretenden anular un pasado común de dos milenios --fragmentando nuestra nación, construida por los esfuerzos conjugados de sesenta generaciones--, lo único que cabe exigir es que las autoridades españolas atajen ese crimen; no ya en aras de la legalidad, o de la constitucionalidad, sino por un deber supraconstitucional para con la Patria que es una exigencia del Derecho Natural.

[continuará]




2017-08-11

SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (V)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario:
V.-- España, dos milenios de historia
por Lorenzo Peña y Gonzalo

Jueves 2017-08-10


Tal día como hoy, hace 1759 años, era ejecutado en Roma, por sus ideas, mi paisano y tocayo Laurentius, cuya trágica muerte fue posteriormente mitificada con la célebre leyenda de la parrilla.

Causó su muerte un déspota, el usurpador Valeriano, poco después no sólo derrotado por los persas sino también apresado, muriendo en un ignominioso cautiverio. Corrían los días más lúgubres del Imperio Romano, sumido en la terrible crisis del siglo III.

En la historia de la civilización española (esa a cuyo estudio y a cuya propagación consagró su vida mi también paisano, el filólogo D. Rafael Lapesa y Melgar, de la Real Academia Española) está revestido de una especial significación el mártir cristiano San Lorenzo. El primer escritor cuya producción puede calificarse de castellano antiguo fue el riojano maese Gonzalo de Berceo (1195-1268). Una de sus obras poéticas fue el relato del martirio de San Lorenzo.1NOTA 1

Si Laurentius había nacido en Valencia (Gonzalo de Berceo afirma que fue en Huesca), el dato es pertinente para recordar que a España la hizo Roma, que España es una creación romana, una nación con dos milenios de historia, obra, por entero, de la colonización y unificación que nos aportó Roma.

De la prerromana Península Ibérica, de las tribus iberas, celtas y celtíberas, no quedan más que los genes (y no sé cuántos, porque en los largos siglos de pertenencia de España al Imperio Romano la aportación genética italiana fue, sin lugar a dudas, decisiva --aunque sólo fuera por los legionarios; la mayoría de los actuales españoles seguramente tenemos como antepasado a algún legionario romano).

Antes de los romanos ya habían emprendido la colonización y unificación de nuestra península los semitas africanos, los púnico-cartagineses. Pero, por imperativo demográfico, estaban destinados a fracasar. El pueblo fenicio de Cartago era exiguo en comparación con la enorme masa de la población latina. Pese al inmortal genio de Aníbal, los cartagineses fueron eliminados.

El relevo pasa entonces a Roma, la cual, en una serie de campañas (que se prolongan unos dos siglos) acomete y lleva a término la conversión de España en provincia romana. Es cierto que, durante un tiempo, se trató de dos provincias (la citerior y la ulterior), más tarde subdivididas. Esas divisiones administrativas no impedían que, desde algo antes del comienzo de la era cristiana, toda España está unificada bajo el poder de Roma (quitando algún rincón rebelde de la cornisa cantábrica); toda ella habla el latín; toda ella ha olvidado a los moradores celtíberos, aunque gran parte de la población hispanorromana descienda de ellos.

La literatura y la leyenda de siglos posteriores nos hablan de Numancia y de Viriato, pero los españoles de hace dos milenios nada querían saber ni de Numancia ni de Viriato. Todo eso estaba sepultado en el olvido. De tales hechos, reales o legendarios, no se tiene otra noticia que la que dan los propios historiadores romanos. A nosotros, los romanos hispanos, nos traían sin cuidado esos cuentos sobre nuestros antepasados, que nada nos habían dejado, mientras que Roma nos dio todo, nos hizo hispanos, o sea españoles.

En estos últimos tiempos se ha puesto de moda decir que España no es Hispania, llegando algunos --entre ellos el meritorio profesor zaragozano Dr. Francisco Pina Polo, a quien mucho aprecio-- a atribuir al franquismo la identificación de Hispania con España, la calificación como españoles de Séneca, Lucano, Marcial, Quintiliano, Calcidio, Trajano, Hadriano y Teodosio, entre otros.

Voy a citar varios pasajes de su artículo «El estudio de la historia antigua en España bajo el franquismo» (Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, vol. 41 [2009], ISSN 1853-1555 [en línea], pp. 1ss.):


Tres ideas dominaron al respecto: en primer lugar, la dimensión unitaria de la historia de España, traducida en la existencia de una personalidad propia española colectiva desde el mismo comienzo de la historia, el supuesto `espíritu nacional español'; [...] por último, la idea dependiente del siempre omnipresente nacional catolicismo de que España fue bastión del cristianismo [...].


Por ello se hablaba siempre de España y no de Hispania, y de españoles y no de hispanos, incluso cuando alguien se refería a Viriato [...] Esa idea de la unidad esencial y eterna de España y de los españoles está, p.ej., perfectamente presentada por el título publicado en el año 1945 por Antonio García y Bellido [...] España y los españoles hace dos mil años según Estrabón [...]


Un buen ejemplo de definición de carácter nacional español con los rasgos citados se encuentra en la introducción escrita por Menéndez Pidal en la Historia de España que él dirigió, con el título «Sobre los españoles y la Historia». Publicada en 1947 se convirtió lógicamente en obra de referencia sobre la historia española y fue por tanto muy influyente durante todo el franquismo.


El castellano centrismo debe ser visto por otra parte como una de las características de la historiografía española bajo el franquismo.


En realidad existió una cierta ambigüedad en relación con Roma. Por un lado no dejaba de ser un Estado invasor a cuyo dominio los españoles se resistieron ferozmente. Por otro lado es obvio que trajo consigo elementos culturales fundamentales a la articulación de lo español [...]


Se parte de que todos los nacidos en las provincias hispanas eran `españoles' [...] Trajano, nacido en la Itálica del Guadalquivir, es reivindicado como un gran emperador español que consigue revitalizar el Imperio Romano. Otros personajes son presentados como decisivos en el enriquecimiento intelectual de Roma, como Séneca, Marcial o Lucano.

Concluye mi estimado colega su artículo con esta frase:


Sus principales tesis [las de la historiografía franquista] significaron simplemente la hipertrofia de otras que desde el siglo XVI habían defendido un peculiar papel de la España cristiana en la historia universal [...] como corresponde a un régimen totalitario como era la dictadura del general Franco.

Subyacente a todas y cada una de esas consideraciones es una antileyenda generalizada bajo los últimos dos reinados borbónicos: que España casi la inventó Franco o, por lo menos, que fue su tiranía la que, si no creó del todo, sí enunció y monopolizó plenamente el nacionalismo historiográfico español y hispano-español.

Todo lo que Pina Polo atribuye a la historiografía franquista se halla, desde siglos atrás, en la pluma de nuestros grandes historiadores, desde la Estoria general de España del rey castellano Alfonso X el Sabio en el siglo XIII,2NOTA 2 pasando por el jesuita talaverano P. Juan de Mariana en 1601 [cuya obra será reeditada por el intelectual y político demócrata catalán --y futuro Presidente de la República Española-- D. Francisco Pi y Margall en las Obras Completas del Padre Mariana, en 2 voles, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1854] para --a través de la Historia de España del académico liberal-progresista D. Modesto Lafuente y Zamalloa (varios volúmenes publicados entre 1850 y 1867)-- llegar a la frondosísima escuela de Eduardo Hinojosa y de su pléyade de discípulos liberales y republicanos, entre ellos D. Claudio Sánchez Albornoz (presidente del consejo de ministros de la República Española en el exilio de 1962 a 1971).3NOTA 3

A esa misma escuela progresista y democrática pertenece D. Ramón Menéndez Pidal, quien, regresando a España en 1939, se vio sometido al ostracismo y a punto de quedar condenado a un exilio interior; no deja de ser paradójico que venga considerado ahora un intelectual del franquismo; cierto que tuvo que doblar la rodilla y agasajar al régimen para sobrevivir, pero sus ideas --afines a las de su amigo y colaborador, Claudio Sánchez Albornoz-- no eran para nada similares ni al monarco-reaccionarismo, ni al tradicionalismo ni al falangismo.

En la pluma de Sánchez Albornoz aparecen, con esmero y pasión, todos los temas que Pina Polo juzga propios de la ideología franquista o nacional-católica. (Sánchez Albornoz era también, por cierto, católico y así lo proclamó rotundamente nada más iniciar en 1939 su largo exilio argentino.)

Esa historiografía refleja una visión subyacente, amplísimamente compartida por todos los españoles cultos durante toda la Edad Media, la de la unidad histórico-política y cultural de España como una realidad con un pasado y un porvenir comunes, a lo largo de toda la reconquista, a menudo incluyendo también a la España musulmana, y eso tanto al norte como al sur de la línea de demarcación entre moros y cristianos.4NOTA 4

Es verdad que en toda esa tradición historiográfica hay titubeos y ambigüedades. Frente a la afirmación romanista, romano-latina, de la esencia de España, asoman otras tres concepciones alternativas, sin que los autores se percaten de sus propias incongruencias:

  • 1ª) Una creencia en una España perdurable desde época prerromana, lo cual reduciría la esencia de España a un mero concepto geográfico-natural, de geografía puramente física, ya que los pobladores de la Península Ibérica antes de la colonización romana eran etnias totalmente diferentes entre sí y de las cuales no hemos heredado nada en absoluto.

  • 2ª) Una visión de España como una entidad política independiente que habría surgido en el siglo V o en el VI por obra de los reyes godos, ya que éstos (los últimos de ellos) se titularon (al menos numismáticamente) «reges Hispaniae», al paso que, hasta entonces, Hispania había estado unida en el Imperio Romano, mas no constituido un Estado independiente.

  • 3ª) Una concepción de España posmedieval, cuyo nacimiento arrancaría del casamiento de Fernando e Isabel de Trastámara en 1469 --o diez años después, cuando Fernando herede el reino de Aragón de su padre, Juan II--.

Esas tres concepciones son radicalmente erróneas. La primera por lo ya dicho: entre la Península Ibérica prerromana y España=Hispania hay una radical discontinuidad y ruptura (sirviendo un poco de puente la conquista cartaginesa, a la postre frustrada y que apenas dejó nada tras de sí, salvo el haber facilitado la obra de Roma).

La segunda concepción, la visigótica, sostiene que España se hizo independiente bajo el yugo visigodo. ¡Qué desfiguración de la historia! Al ser invadida y arrasada por las hordas germánicas en el comienzo del siglo V (suevos, alanos, vándalos y godos), los godos sólo pusieron su planta en una parte de la España tarraconense y pronto fueron forzados a cruzar los Pirineos.

Afincados en un territorio con capital en Tolosa, emprendieron de nuevo la conquista de España, ocupando la mayor parte de ella hacia el año 476. Mas su reino seguía siendo transpirenaico, asentado principalmente en la Galia al sur del Loira. En el siglo VI serán derrotados por otra horda germánica, los francos, quienes entonces los despojan de casi todos sus dominios al norte de los Pirineos. La instalación de la capitalidad del recompuesto reino godo en Toledo sucede con el rey Atanagildo, ya en la segunda mitad del siglo VI.

Mas en las mismas fechas una parte del sur y todo el sureste de España son liberados por el general romano Liberius, reintegrándose al Imperio Romano y permaneciendo como provincia romana hasta el año 630, al paso que sólo a fines del siglo VI son vencidos los suevos, quienes habían fundado su propio reino bárbaro en la Galicia romana (que abarcaba un territorio muchísimo más extenso que la actual Galicia). Los godos no reinaron sobre toda España más que unos 16 lustros, del 630 al 711.

Durante la mayor parte de su dominación fueron odiados por los oprimidos hispanorromanos, sometidos a segregación racial, que sólo será abolida por el rey godo Recesvinto en el año 654. Fue por entonces cuando los reyes godos empezaron a denominarse «reges Hispaniae». No es que se considerasen los monarcas de un reino de España o Hispania, sino reyes del pueblo godo asentado en Hispania.

Que España se haya constituido en nación por ser subyugada (felizmente durante poco tiempo) por esa horda bárbara de los godos no puede significar que España adquiriera su esencia ni su existencia gracias a esos dominadores circunstanciales.

Mejor que nadie supo ver D. Marcelino Menéndez y Pelayo cómo la esencia y la existencia de España, de la histórica nación española, son romanas, latinas, romano-latinas; que España no es sino ese trozo de la latinidad, de la romanidad, del Imperio Romano, que ha guardado su esencia romano-latina, cuya demarcación territorial fue delimitada por la naturaleza: la Península Ibérica.5NOTA 5

En ese sentido España es como Italia, como Rumania: trozos de la latinidad políticamente unificados y asimilados en el Imperio Romano, que se vieron desgajados de su Madre Patria, Roma, al caer ésta en poder de los bárbaros (en el caso de Rumania incluso antes, al ser conquistada por las hordas germánicas a fines del siglo III).6NOTA 6

Que el origen de España como nación histórica y lingüística es romano-latino, pudiendo fecharse, aproximadamente, en el principado de Augusto (comienzo de la era cristiana) --que es cuando los romanos completan la pacificación de nuestra Península-- y que, por consiguiente, nuestra Madre Patria es Roma (de la cual fuimos arrancados por la fuerza bruta de los invasores bárbaros) lo expresó --según ya lo he recordado-- Menéndez Pelayo, cuando en su Historia de los heterodoxos españoles (vol I, p. 268) afirma:

Los visigodos nada han dejado, ni una piedra, ni un libro, ni un recuerdo, si quitamos las cartas de Sisebuto y Bulgoranos, escritas quizá por obispos españoles y puestas a nombre de aquellos altos personajes. Desengañémonos: la civilización peninsular es romana de pies a cabeza, con algo de semitismo; nada tenemos de teutónicos, a Dios gracias. Lo que los godos nos trajeron se redujo a algunas leyes bárbaras y que pugnan con el resto de nuestros códigos y a esa indisciplina y desorden que dio al traste con el imperio que ellos establecieron.

En la misma página, Menéndez Pelayo comenta que, frente a las imágenes idealizantes de los invasores germánicos, es preciso no olvidar esto: «La depravación bárbara siempre fue peor que la culta y artística. Ese mismo individualismo o exceso de personalismo que las razas del Norte traían los indujo a [...] discordias intestinas y, lo que es peor, a traiciones y perjurios contra su pueblo y raza, porque no abrigaban esas grandes ideas de patria y de ciudad propias de helenos y latinos». En la página anterior, Menéndez Pelayo recuerda las costumbres de aquella aristocracia goda que mantuvo sojuzgada a España durante más de dos siglos: «La nobleza goda era relajadísima en costumbres: la crueldad y la lascivia manchan a cada paso las hojas de su historia».

Menéndez Pelayo ve como un efecto, aunque indirecto, de la llegada de los musulmanes en el año 711 el que, de resultas de los acontecimientos que desencadenó, ese proceso histórico «nos limpió de la escoria goda» (ibid., p. 269). No olvida que hasta las postrimerías del dominio visigodo había imperado un régimen de apartheid, en el cual los hispanorromanos eran un pueblo oprimido y discriminado, estando prohibidos los matrimonios mixtos --una prohibición que sólo será levantada por Recesvinto; la conversión de Recaredo al catolicismo no había puesto fin a la segregación racial. Hasta ese extremo final del régimen godo --sigue diciendo Menéndez Pelayo-- la «organización del Estado [era] [...] ruda, selvática y grosera, como de gente nacida y criada en bosques». Y no pasa por alto Menéndez Pelayo una consecuencia de esa segregación --sólo abolida legalmente en los ultimísimos reinados de la monarquía goda: «Error sería creer que las dos razas, goda e hispanorromana, estaban fundidas al tiempo de la catástrofe de Guadalete [año 711]. La unión había adelantado mucho con Recaredo, no poco con Recesvinto, pero distaba de ser completa. [...] diferencias íntimas y radicales los separaban aún» (ibid., p. 266).

Paso así a la tercera concepción errónea: la de que España sólo existe desde la unión dinástica de 1469 (o de 1479, según se mire). Eso es completamente absurdo, un contrasentido pseudohistórico. (Y me temo que ésa es la concepción del Prof. Pina Polo, desgraciadamente.)

Vamos a aplicar un criterio coherente. ¿Cuál? Para mí, una nación es la comunidad de todos los habitantes humanos de un territorio de cierta amplitud, geográficamente delimitado, sea por demarcaciones más o menos importantes de geografía física, sea como resultado de hechos histórico-políticos, siempre que esa comunidad:

  • (1º) esté unida por vínculos históricos, culturales, económicos, demográficos y lingüísticos (no necesariamente un solo idioma);

  • (2º) comparta una memoria y una autoidentificación colectivas;

  • (3º) no forme parte de una unidad similar más amplia (y, por lo tanto, no guarde afinidad, en todos esos aspectos, con los territorios contiguos);

  • 4º) como consecuencia de lo cual, esa comunidad, o bien forma un cuerpo político independiente, o tiene sobrados motivos para reclamar ese estatuto, del cual sólo puede estar privada por estar sufriendo una opresión extranjera (resultado de una conquista o de un sojuzgamiento).

Una de las características de una nación es que, cuando está rota su unidad política, la población y las élites de las diferentes partes fragmentadas guardan alguna conciencia (a veces confusa o borrosa) de copertenencia, por la persistencia de una idea del subconsciente colectivo, aunque sea muy vaga, del pasado común con esperanzas de un futuro igualmente común (cual sucedió a lo largo de nuestra Edad Media, según lo estudió el Prof. Maravall, con envidiables erudición y minuciosidad).

España es una nación desde el reinado de Augusto, aunque entonces no cumplía ni el requisito 3º ni el 4º. Era una parte de la nación romano-latina. Fue el derrumbamiento del Imperio Romano lo que causó, contra la voluntad de los españoles, que España se convirtiera en una nación diferenciada. No la hicieron tal los godos, que siempre fueron y se sintieron raza dominante, nunca hispanos. Mas esa contingencia puramente externa no alteró la esencia de España.

Con mi criterio, Italia es una nación por lo menos desde el final de la guerra social (año 88 aEC). No empieza a existir Italia con la proclamación del rey de Cerdeña, Víctor Manuel II de Saboya, como rey de Italia en marzo de 1861; había habido previamente entidades políticas que recibieron esa misma denominación, «regno d'Italia». Usamos la misma palabra, «Italia» para hablar de la Italia romana de Cicerón, de la Italia sojuzgada por los godos (493 a 535), de la fugazmente liberada por Justiniano, de la que cayó después víctima de las nuevas invasiones germánicas (lombardos, francos y normandos), de la que estuvo desunida durante 22 siglos y de la mal reunificada por la conquista militar piamontesa en 1861 (disfrazada con la mascarada de plebiscitos ratificatorios de las anexiones, fruto de victorias militares de la casa de Saboya sobre los demás Estados italianos).

Desde la época romana hasta esa pésima unificación forzada de la segunda mitad del siglo XIX, las poblaciones y las élites de Italia siempre tuvieron conciencia colectiva --más intensa unas veces, más tenue y difuminada otras-- de constituir una unidad con un pasado común y unas vagas esperanzas o añoranzas de futuro común; igual que España en la Edad Media. En el siglo IX, en el XIV, en el XVII «ser italiano» quería decir algo.

¿Y la nación alemana? Cuando Fichte pronuncia y difunde sus célebres Discursos a la nación alemana, en 1808, no existía unidad política alguna con denominación germana ni con pretensión pangermánica, ni siquiera la exigua supremacía nominal que, durante muchos siglos, había correspondido al Sacro Imperio Romano-Germánico (un tanto fantasmagórico, sobre todo después del tratado de Westfalia de 1648); tal imperio, derrotado por Napoleón, se había extinguido justo dos años antes de las proclamas de Fichte.

Es dudoso desde cuándo hay una nación alemana o germana, pero sin duda ésta ya existía cuando Luis I firma con sus hermanos, el 10 de agosto de 843, el tratado de Verdún, dividiéndose el imperio carolingio; viene proclamado rey de la Francia oriental, pero de hecho se lo conoció como rey de Germania, basándose, en parte, la delimitación de las tres «Francias» (oriental, central y occidental) en genere, moribus, lingua, legibus: eran pueblos diferenciados étnicamente, en sus costumbres, en su lengua y en su Derecho. La Francia occidental será Francia; la oriental, Alemania.

China es una nación desde tiempo inmemorial; cuando se instaura un poder central unificador, el de la efímera dinastía Qin en 221 aEC, los chinos no viven esa experiencia como generadora de su nación, sino como lo que era, una unificación --sólo que bajo el cetro de un déspota brutal, que no pudo consolidar su dinastía, la cual va a perecer con él. Siguen 81 lustros de unidad bajo la dinastía Han, cuyo derrocamiento en el año 220 EC abre un larguísimo período de desunión (220 a 589). Reunificada la nación china bajo la fugaz dinastía Sui (581-618) y su heredera la dinastía Tang (618-906), de nuevo queda sumida, a comienzos del siglo X, en el marasmo y la desunión, atenuada por la hegemonía de los monarcas de la dinastía Sung, 960-1279. Entre 1279 y 1368 está bajo el yugo mongol. Vienen luego las dinastías Ming (1368-1644) y Ching (1644-1912; no olvidemos que ésta es bárbara, manchú, aunque aclimatada a la China subyugada, que nunca se resignó del todo a esa sumisión). Finalmente en 1912 se proclama la República China.

Si aplicamos a la historia china un criterio análogo a aquel con el que se quiere decir que Hispania no es España, no sé dónde se pondrá la línea de demarcación entre la China antigua y la moderna, pues lo que la historia nos ofrece es un continuo, no roto por los largos y turbulentos períodos de desunión y de sojuzgamiento a manos de los bárbaros del norte.

Aplicando esos mismos criterios hemos de pensar que Hispania=España.

Además, ¿cómo se traduce «España» al latín? La lengua latina ha sido la oficial de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano hasta la decisión del 6 de octubre del 2014 impuesta por su santidad Francisco I. La diplomacia vaticana, redactada en latín, ¿cómo tenía que traducir el nombre propio «España»? Naturalmente «Hispania».

Además, las versiones de los clásicos latinos en otros idiomas traducen «Hispania» como «Spanien», «Spain», «Espagne», «Spagna»; y traducen «hispanos» como «spanisch», «spaniards», «espagnols», «spagnoli». La edición bilingüe (latín y francés) del Ab urbe condita de Tito Livio que constituyó mi libro de reestudio de la (entonces un poco olvidada) lengua de Cicerón durante mis años de doctorado en Lieja (1975-79) siempre, en el lado derecho, hacía corresponder «Espagne» a la palabra del lado izquierdo, «Hispania».

Leyendo también obras de recientes historiadores de la antigüedad romana --como Luciano Canfora (uno de mis preferidos)-- compruebo que usan «la Spagna» para referirse a Hispania, o sea a España. ¿Todos equivocados?

Por otro lado ¿qué sucedió en 1469 o en 1479? Los reyes de Castilla, de Aragón, de Navarra y de Portugal ya se titulaban, los cuatro, «reyes de España» desde mucho antes, igual que el rey nazarí de Granada se titulaba rey de Al-Ándalus. Ni el casamiento de Valladolid ni las proclamaciones reales subsiguientes instituyeron una entidad política nueva, denominada «reino de España».

Éste, en esos términos, sólo empezará oficial o nominalmente a existir en 1812, aunque desde el siglo XVI, o desde el XV, no sólo toda la correspondencia diplomática llama al monarca hispano «rey de España», no sólo es así como se expresa el pueblo, sino que incluso los tratados internacionales inscriben tal denominación (p.ej. el Tratado de Utrecht de 1713; la guerra de 1701-1715 [combinación de guerra civil española y de guerra internacional] fue conocida generalmente como «guerra de sucesión de España» o «guerra de España»). En el siglo XVII era ampliamente usada la locución «la nación española»; en la citada guerra, los partidarios catalanes de Carlos III (el archiduque Carlos de Austria) proclamaron que luchaban «por toda la nación española». El episodio de 1469 había sido un mero jalón en ese largo recorrido, nada más.

Recientemente el lingüista hispano-estadounidense Francisco Adolfo Marcos Martín ha insistido en que los hispanorromanos no eran españoles. Su argumento es que la vivencia colectiva que tenían no era la de españoles, sino la de hispanos. El Prof. Marcos Martín también rechaza hablar de la España musulmana. Pero, ¿acaso la vivencia de los españoles de 1492, de 1592, de 1692, de 1792, de 1892 o incluso de 1992 es, de veras, igual que la de los españoles de este año 2017? Basta echar memoria, acordarse de cómo sentía uno las cosas hace unos decenios; no sólo uno, para sus adentros, sino en la relación con los demás. Nuestras vivencias han cambiado. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río; pero ese río no es tampoco enteramente otro río. Es y no es el mismo. Igual sucede con las naciones.

De todo lo cual se deduce que España --o, si se prefiere, Hispania--, nación bimilenaria, es muy anterior a las regiones que se generaron en la Edad Media: Castilla, Andalucía, Aragón, Cataluña, Vasconia, León, etc. En nuestra España antigua hubo primero las dos provincias de la Citerior y la Ulterior. Luego fueron creándose otras. A fines del siglo III la reforma administrativa del emperador Diocleciano unificó toda España (incluyendo la Mauretania Tingitania, o sea aproximadamente el Rif) en una diócesis, dividida en siete provincias: Bética, Lusitania, Tingitania (también llamada «Hispania noua»), Cartaginense, Tarraconense, Baleárica y Galaica. Desde luego ni la Bética era Andalucía ni Glllaecia era Galicia, ni, en absoluto, la Lusitania era Portugal ni, para nada, la Tarraconense era Cataluña.

Las actuales regiones sólo empiezan a adquirir fisonomía y denominación muchos siglos después de Diocleciano. (Vasconia ni siquiera figuraba en la lista. Los vascones de entonces, habitantes de la actual Navarra, eran un pueblo de origen celta o, al menos, indoeuropeo, que no tenían nada de euskaros; éstos ingresarán en España, cruzando los Pirineos, tras el desmoronamiento del Imperio Romano de Occidente, en una inmigración que se prolongará varios siglos.)

Por último, como colofón, diré unas palabras sobre el castellano-centrismo que el Prof. Pina Polo achaca al régimen de Franco. (Yo no soy, en absoluto, castellano-centrista; ¡todo lo contrario! --a pesar de que mis antepasados eran oriundos de Castilla la Vieja por ambas líneas.) El castellano-centrismo es propio de la generación del 98, un santo y seña del regeneracionismo que quiso sacudir a España. Castellanista, castellano-centrista, fue D. Miguel de Unamuno.7NOTA 7 Huelga recordar el castellano-centrismo del andaluz D. Antonio Machado.

En la Gaceta de Madrid del 28 abril 1931 publícase el Decreto del Gobierno Provisional de la República Española «Bandera nacional», del cual extraigo esta frase: «La República cobija a todos. También la bandera, que significa paz, colaboración de los ciudadanos bajo el imperio de justas leyes. Significa más aún: el hecho, nuevo en la Historia de España, de que la acción del Estado no tenga otro móvil que el interés del país, ni otra norma que el respeto a la conciencia, a la libertad y al trabajo. Hoy se pliega la bandera adoptada como nacional a mediados del siglo XIX. De ella se conservan los dos colores y se le añade un tercero, que la tradición admite por insignia de una región ilustre, nervio de la nacionalidad, con lo que el emblema de la República, así formado, resume más acertadamente la armonía de una gran España». ¿Se puede ser más castellano-centrista que una República que considera a Castilla, no sólo una región ilustre, sino nervio de la nación española?8NOTA 8 Al destruir esa bandera, escogida por las multitudes, y restaurar la bicolor deforme de Carlos III, el franquismo realizará un acto político anticastellano.

Soy consciente de que, por sostener estas tesis historiográficas, se me acusará de suscribir el nacionalismo español. ¡A mucha honra! Nacionalismo español desde mis puntos de vista políticos y jurídicos, los del republicanismo social, liberal, igualitario, fraternalista y progresista, los del antiimperialismo, aquellos que me acompañaron ya en los lejanos años sesenta del pasado siglo.



1

[NOTA 1]

V. Juan José Ortiz de Mendivil, «Acercamiento a la `passion o martyrio de Sant Laurenzo' de Gonzalo de Berceo», 1982, Nº 103 de la Biblioteca Gonzalo de Berceo, disp. en acc. También «El Martirio de san Lorenzo de Gonzalo de Berceo: Estructura y comentarios» de Antonino M. Pérez Rodríguez, accesible. El poema empieza con estos versos: «En el nomne precioso del Rey omnipotent / que faze sol e luna nazer en Orient, / quiero fer la passion de Sennor Sant Laurent / en romanz que la pueda saber toda la gent». Otra variante: «Del Martir Sant Laurençio romanzo otra scriptura, / Fo en Roma martiriada tan sancta creatura, / Asaronli en parriellas sayones a rencura, / Imperante don Deçio, omne de audace dura». [Los historiadores juzgan equivocado atribuir ese martirio al emperador Decio, muerto poco antes, en la batalla de Abrittus, aplastado por los godos, en el año 251; efectivamente Decio también había perseguido cruelmente a los cristianos.] V. asimismo acc.. Cf. acc..


2

[NOTA 2]

Disp. en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, acc.; v. «La versión primitiva de la Estoria de España de Alfonso X: edición crítica», acc.; v. asimismo: Mariano de la Campa, «La versión primitiva de la Estoria de España de Alfonso X: Edición crítica», Seminario Menéndez Pidal (U.C.M.), acc..


3

[NOTA 3]

V. mi escrito de 2014 «La renovación de los estudios histórico-jurídicos en España en el primer tercio del siglo XX», acc. en acc..


4

[NOTA 4]

V. la magna obra de José Antonio Maravall Casesnoves, El concepto de España en la Edad Media, Centro de Estudios Constitucionales, 2013, ISBN 9788425915567.


5

[NOTA 5]

Excepto, en verdad, Portugal, que optó en 1640 por desgajarse del tronco común, siguiendo su propio itinerario; como pronto hará de eso medio milenio, por doloroso que sea tal desgarro, es seguramente irreversible.


6

[NOTA 6]

El caso de Francia es diferente, pues aceptó autodenominarse con el nombre de la tribu germánica que sojuzgó la Galia; la conciencia nacional francesa siempre ha considerado a los invasores francos como sus antepasados; nunca nadie en el país vecino ha reclamado liberarse de tal denominación.


7

[NOTA 7]

A Unamuno debemos este hermoso poema: «Tú me levantas, tierra de Castilla, / en la rugosa palma de tu mano, / al cielo que te enciende y te refresca, / al cielo, tu amo, / Tierra nervuda, enjuta, despejada, / madre de corazones y de brazos, / toma el presente en ti viejos colores / del noble antaño. / Con la pradera cóncava del cielo / lindan en torno tus desnudos campos, / tiene en ti cuna el sol y en ti sepulcro / y en ti santuario. / Es todo cima tu extensión redonda / y en ti me siento al cielo levantado, / aire de cumbre es el que se respira / aquí, en tus páramos. / ¡Ara gigante, tierra castellana, / a ese tu aire soltaré mis cantos, / si te son dignos bajarán al mundo / desde lo alto!»


8

[NOTA 8]

D. Pedro Rico, alcalde republicano de Madrid, en su artículo «Nacimiento espontáneo de la bandera tricolor» ensalza las banderas republicanas porque son «enseñas en las que se unía a los antiguos, el color morado, no menos antiguo en la conciencia popular, como simbolizador de Castilla». Y agrega: «el verdadero significado [de la oficialización de la bandera tricolor era] el de integrar, llevar a su plenitud, la simbolización de la patria, incorporando a su emblema el color de Castilla».

[continuará]




2017-07-24

SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (IV)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario:
IV.-- El amor a la patria
por Lorenzo Peña y Gonzalo

Lunes 2017-07-24


Prescribe el artículo 6 de nuestra primera constitución, la del 19 de marzo de 1812: «El amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y, asimismo, el ser justos y benéficos».

Lamentablemente tan sabio precepto no se ha reiterado en las constituciones posteriores; al revés, ha sido escarnecido por muchos pensadores cínicos.

Lo que preceptúa la constitución gaditana no es un sentimiento. Tiene escaso sentido prescribir que los españoles sientan amor a la patria. Lo que manda es una conducta. Han de actuar como si sintieran ese amor. Su conducta ha de ajustarse a la pauta comportamental que es propia de quienes actúan por amor a la patria. Lo que suceda en su fuero interno es una vivencia psíquica que el poder público no tiene competencia para regular (menos aún una constitución liberal, respetuosa de la intimidad individual).

Tal precepto es bastante próximo al canon jurídico-natural de actuar para el bien común (incorporado a la lógica nomológica según lo expuse en mi tesis doctoral IDEA IURIS LOGICA).

Hay diferencias. Actuar para el bien común no se circunscribe a hacerlo en aras del bien de la patria, puesto que también implica el bien de la humanidad. Sin embargo, la comunidad directa de ese deber jurídico-natural del bien común es el cuerpo político al cual se pertenece, o sea la patria.

La patria es la comunidad política intergeneracional que está erigida en una entidad independiente, goza de soberanía y vehicula la memoria de los anhelos, los sufrimientos y las esperanzas de los antepasados, incumbiéndole la tarea de llevar adelante, en nuevas circunstancias, esos anhelos de prosperidad común, de defensa de la soberanía, de unidad y de progreso.

¿No hay, entonces, patrias que carezcan de esos atributos? ¿No hay patrias que aún no se hayan constituido en cuerpos políticos independientes? Las hay. Pero sólo pueden calificarse de «patrias» si reúnen uno de estos tres requisitos que les haga merecer, con sobrada justificación, su elevación al estatuto de Estados independientes: (1) haber sido objeto, en tiempos recientes, de agresión y ocupación extranjera, que pisotea una tradición de previa independencia plurisecular; (2) estar sojuzgados colonialmente por una potencia alejada, claramente ajena a su historia, su cultura, su etnicidad y su identidad colectiva; (3) sufrir, de manera gravísima y continuada a lo largo de generaciones, una opresión discriminatoria, que se materializa en sistemática exclusión de sus habitantes autóctonos, carencia de derechos acordados a los demás ciudadanos del Estado e insufribles humillaciones colectivas.

Con arreglo a esos criterios, aun antes de arrancar la independencia, eran ya patrias Argelia, Marruecos, el Malí, Costa Ebúrnea, Indonesia, Birmania, Ceilán, Quenia, el Camerún, el Congo, Namibia, el Sudán, Siria, Malaya, etc. Es verdad que la mayoría de esas patrias no preexistieron a la dominación colonialista, sino que fueron constituidas en unidades diferenciadas por el propio yugo colonial que les tocó sacudirse para alcanzar su independencia y soberanía. Sin embargo, ese yugo colonial era el resultado de una conquista reciente (o menos reciente en algunos casos), del sojuzgamiento masivo de la población autóctona por potencias extranjeras alejadas, totalmente ajenas a la cultura, la tradición, la etnicidad propias de esos territorios. Antes del sojuzgamiento colonial habían formado parte de comunidades independientes de sus regiones, las cuales, destruidas por el colonialismo, ya no podrían reconstruirse. Por eso optaron sus poblaciones por asumir la delimitación territorial impuesta por los conquistadores, reclamando y --tras duras luchas-- obteniendo su independencia y soberanía.

En cambio, no eran patrias las comunidades territoriales que --como resultado de vicisitudes políticas, guerras o intervenciones extranjeras-- han sido desgajadas de sus territorios contiguos para ser erigidas en Estados independientes más o menos artificiales. No era una nación Panamá, antes de separarse de Colombia el 3 de noviembre de 1903, por obra de la intervención estadounidense, deseosa de someter esa provincia colombiana a un estatuto de protectorado y arrancarle la extraterritorialidad de la zona del futuro canal, colocada directamente bajo la autoridad colonial norteamericana. En el Panamá anterior a esa fecha no concurría ninguno de esos tres requisitos. Es muy dudoso que hayan concurrido tales requisitos (y, de concurrir, en qué medida) para justificar que se erijan en patrias aparte tantos estadicos de la Europa central y oriental que han surgido como hongos, en sucesivas oleadas, tras la I guerra mundial.

Sea como fuere, la España de hoy es una patria. Es una patria bimilenaria --según lo demostraré en la siguiente entrega de esta serie de artículos.

Donde hay una patria, ninguna parte de la misma es una patria. Se habla de la «patria chica»; y, en alguna acepción (hoy en desuso) de «patria» a secas para designar el terruño, la comarca, la ciudad natal de alguien. (Decíase en el siglo XIX que Santander era la patria de Pereda y de Menéndez Pelayo.)

Murcia no es una patria, ni lo son la Alcarria, Extremadura, el Bierzo, la Bureba, la Maragatería o la Vega de Pas, aunque tengan sus particularidades (incluidas, en algunas casos, las lingüísticas, con hablas vernáculas diferenciadas, tradiciones culturales propias y rasgos específicos de su idiosincrasia). Pese a tales particularidades, forman esa España de todos, dos de cuyos máximos exponentes y defensores fueron mis insignes paisanos: Rafael Lapesa y Melgar y Rafael Altamira y Crevea.

¿Por qué hay que actuar con amor a la patria, o sea en aras del bien común de la patria? Por el principio de solidaridad que inspiró la teoría de Léon Bourgeois --retomada por Léon Duguit y convertida en el eje doctrinal de la escuela de Burdeos del servicio público--. Como muy bien lo señaló, hace más de un siglo, uno de nuestros pocos filósofos, D. Francisco Giner de los Ríos (a quien hoy se cita pero al cual no se lee), los deberes que uno contrae no surgen primariamente de actos jurídicos, sino de hechos jurídicos. Para Giner, p.ej., el matrimonio, antes que un contrato, es una situación de hecho, un vivir maritalmente juntos una mujer y un hombre, generando, con tal convivencia, unos deberes y derechos recíprocos de fidelidad, de socorro, de ayuda mutua, de compañía, de permanencia el uno al lado del otro, para la riqueza y la pobreza, la fortuna y el infortunio, la salud y la enfermedad. No hay que plantear la falsa cuestión de cuándo uno de los convivientes ha suscrito tales obligaciones ni en qué términos ha expresado su compromiso, pues éste no emana de ninguna promesa, de ningún acto jurídico, sino de la naturaleza misma de la relación humana continuada, en la cual ambos han vivido voluntariamente y de la cual ambos han obtenido beneficios.

Con gran acierto señaló Léon Bourgeois cómo quedaba uno obligado a una actuación de reciprocidad por el mero hecho de haber nacido en una comunidad, haber crecido en ella, haber ido alcanzando --gracias a pertenecer a esa comunidad-- un desarrollo de la personalidad, un acervo de aptitudes y conocimientos, un dominio lingüístico, una cultura heredada de las generaciones precedentes. Actuación de reciprocidad que él cifraba en un deber de contribuir a la vida y prosperidad de la comunidad, a su armonía social y, por lo tanto, a ayudar a los más necesitados, los que han tenido menos suerte.

¿Hacia quién o quiénes va dirigido ese deber de solidaridad, según la doctrina solidarista (que es una de las fuentes del republicanismo republicano propuesto por el autor de estas páginas en su libro ESTUDIOS REPUBLICANOS)? No hacia los individuos, sino hacia la comunidad que forman, hacia el cuerpo político, o sea hacia la patria.

Si el deber de solidaridad tuviera como su objeto directo a los individuos, no habría uno, sino millones. Cada vez que nace un nuevo español, se agregaría para nosotros una nueva carga, un adicional deber de solidaridad. Cada vez que muere uno, quedaríamos exonerados de uno de esos millones de deberes. Al ser deberes para con los individuos, tendríamos que arreglárnoslas para atender nosotros mismos sus necesidades, inquirir de qué han menester e ingeniárnoslas para --ateniéndonos a algún criterio razonable-- subvenir a las de uno o a las de otro.

Nada más alejado del pensamiento solidarista, que lo que instituye es un deber de contribuir al bien común. Bourgeois fundó en ese principio sus proyectos de un impuesto sobre la renta, que fracasaron varias veces hasta establecerse por la ley del 15 de julio de 1914 (lamentablemente semanas antes del desencadenamiento de la I guerra mundial).

Su pensamiento era el de que cada uno ha de contribuir, con una parte de sus ingresos y de su fortuna, a la prosperidad común, incumbiendo a las autoridades implementar políticas gracias a las cuales se atendieran, con esos recursos, las más apremiantes necesidades de todos.

Pero eso implica que cada cual está obligado por ese deber de solidaridad para con una comunidad específica y concreta, que es el cuerpo político en cuyo seno ha nacido y crecido y al cual sigue perteneciendo. (Quedan al margen de esta discusión los problemas de la migración; el emigrante adquiere una patria de adopción, a la cual transfiere sus deberes al igual que en ella adquiere nuevos derechos.)

El deber de solidaridad no va dirigido a cualquier comunidad que uno escoja o que le apetezca, a cualquier parte de la comunidad política que sea objeto de su más afectuosa adhesión. No es una opción a la carta, de modo que cualquiera pueda, según su antojo, dedicar su deber de solidaridad a su comarca, a su región, como tampoco a su medio social, al estamento al cual se pertenece (el campesinado, la clase obrera, el artesanado, la burguesía, el sector de las gentes de leyes o cualquier otro). Trátase de un vínculo deóntico que liga al individuo con toda la comunidad política preestablecida, históricamente continuada, intergeneracional. Es un deber hacia la colectividad, que abarca también los muertos y las generaciones futuras, un deber de hacer patria, de llevar adelante los afanes de quienes nos precedieron y transmitir un país mejor a quienes vendrán detrás.

Los deberes para con los individuos son derivados de ese deber para con la comunidad, o sea para con la patria. En rigor no incumben al individuo, sino a la propia comunidad, obligada, en reciprocidad, a atender las más apremiantes necesidades de todos sus integrantes, de todos los habitantes del territorio patrio.

Pienso que se puede comparar ese deber para con la patria al deber para con la propia familia, que no es una mera agregación o yuxtaposición de deberes individuales hacia sus miembros. Hay una obligación de solidaridad con la familia que no se descompone en deberes para con los individuos que la forman; no se altera porque nazcan nuevos hijos o se desgajen algunos. La familia es un colectivo de ayuda mutua, de sostén recíproco, de vivir juntos. Similarmente el amor conyugal no es sólo el amor hacia el otro cónyuge, sino una adhesión a la pareja formada conjuntamente por los dos.

El amor a la patria, a la familia, a la pareja no implica tener una visión de color de rosa de la agrupación respectiva. Uno puede (y debe) ser crítico. A veces es un amor adolorido, afligido, incluso acongojado y quizá amargo. No se tiene más amor a la patria por creerla mejor que las otras, igual que no se ama más a la propia familia por estimarla superior a las demás ni por olvidarse de sus defectos. Eso sí, cualquier crítica hacia la propia comunidad ha de ser bienintencionada, constructiva, dejando un rayo de esperanza para corregir los defectos, para superar las flaquezas, para perfeccionar la unión, para alcanzar una mayor armonía y prosperidad comunes.

El secesionismo significa una violación del deber de solidaridad de Léon Bourgeois, al pretender reemplazar ese deber que se ha contraído --por el hecho jurídico de la pertenencia a un cuerpo político plurisecular-- por un imaginario deber de adhesión a una presunta patria inventada, que surgiría de la fragmentación de la patria real, por mucho que se arrope de los oropeles de viejas leyendas, de historias --verídicas o, más frecuentemente, distorsionadas-- de un pasado remoto, sepultado por el devenir histórico real, pretendiendo resucitar lo que la historia superó.

El secesionismo de algunas regiones septentrionales de España aduce así hechos de un pasado más o menos alejado (siempre desfigurados, jamás con respeto de la realidad histórica) para mitificarlos, oponiéndolos a los hechos reales de la copertenencia de todos los españoles a una patria unida, como mínimo desde el Renacimiento (hace más de medio milenio), pero --según lo probaré en mi próximo artículo-- desde la romanización hace más de dos milenios (mucho antes del surgimiento de los hechos cuya leyenda inspira hoy a los secesionistas).

El individualista, el solipsista, rechaza el deber de solidaridad de la doctrina solidarista, pensando que todo se lo debe a sí mismo. En su versión libertaria-capitalista, el individualista, a lo sumo, accede a una contabilidad para cuantificar lo que él ha aportado y lo que ha recibido, según el valor de mercado de los servicios de que se ha beneficiado (educación, obras públicas, corriente eléctrica, limpieza urbana etc).

El error de quienes piensan así es desconocer cuánto tiene de no cuantificable la contribución decisiva de la comunidad gracias a la cual somos quienes somos; una contribución indescomponible en tantos por partidas desglosadas y por aportantes desagregados.

También yerra aquel otro individualista que no rechaza el deber de solidaridad pero sí lo reduce a deberes desagregados para con los individuos separados, uno por uno, ya que pasa por alto que no son, separadamente, Pedro, Santiago y Manuela quienes nos han ayudado a ser quienes somos, a tener los méritos que tenemos, sino que es la comunidad (algunos de cuyos miembros más bien nos han hostigado y obstaculizado). Al margen de esa discrepancia, ¿está el solidarista individualista de acuerdo en que nuestro deber de solidaridad se dirige a todos los integrantes de la comunidad política de la cual formamos parte? Entonces --aunque sea por la vía del desmenuzamiento-- llegamos a la misma conclusión: un deber de no fragmentación; porque, producida la fragmentación, nos desentenderemos de los miembros de la comunidad que hayan quedado en un fragmento diferente de aquel en que nos haya caído la suerte o la desgracia de estar.

Por último, si bien he dicho que el amor a la patria no implica ninguna visión idílica ni embellecedora de la misma --ni el amor a la propia pareja significa cerrar los ojos ante sus fracasos, errores y defectos--, no cabe duda de que esos amores se alimentan de un relato colectivo que tampoco desconozca los lados positivos, los hechos que merecen rememoración, igual que cada uno da sentido a su propia vida individual alimentándolo con sus recuerdos, con su álbum de fotos, con pequeños objetos que nos traen a la memoria hechos pretéritos, no siempre agradables, a menudo dolorosos, pero sin los cuales el discurrir temporal de nuestra existencia carecería de ilación, sería una mera sucesión de hechos aislados e inconexos.

Del secesionismo ha sido caldo de cultivo la desmemoria histórica, en nuestro caso causada principalmente por el franquismo, que monopolizó la historia de España y que, por reacción, provocó un rechazo a todo el legado de las anteriores generaciones de españoles, otorgando así una legitimación a esa apropiación franquista del pasado. Por eso vuelvo a la obra de historiadores no franquistas --de raigambre liberal y progresista--, como Rafael Lapesa, Rafael Altamira, Rafael Ureña, Claudio Sánchez Albornoz, Ramón Menéndez Pidal, Américo Castro, que nos transmitieron plurales visiones históricas de una España milenaria, con sus logros y sus fracasos, con sus virtudes y sus defectos, con sus avances y sus retrocesos --como la vida de cada uno, pero, en este caso, nuestra vida colectiva, sin la cual no somos nada ni nadie.

[continuará]






2017-07-23

SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (III)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario:
III.-- ¿Convivir en una Europa unida?
por Lorenzo Peña y Gonzalo

Domingo 2017-07-23


En su sofística argumentación a favor de la secesión de Vasconia y de Cataluña, una de las coartadas o de los pretextos de los cuales se sirven los separatistas es que resultaría inocua la erección de nuevas fronteras, que arrancasen del territorio nacional toda su parte ubicada en la ribera izquierda del Ebro salvo su tramo central (navarro-aragonés), toda vez que, a ambos lados de las nuevas fronteras, estaríamos unidos por la común pertenencia a la Unión Europea (UE en lo sucesivo).

Según ellos, hoy, gracias a Schengen, cruzar una frontera interna de la UE es casi igual que atravesar, dentro del mismo país, la linde entre una provincia y otra. Piensan que en la UE existe libertad de circulación y de radicación.

También aducen que existe una ciudadanía europea (como se echa de ver en los pasaportes que nos expenden) y que, en suma, al estar juntos en la UE, poco importa que seamos un solo Estado o una pluralidad --igual que, dentro de España, poco cambia en la vida de los habitantes si la provincia de Logroño sigue formando una comunidad autónoma propia o si se reúne a la región castellana a la cual siempre perteneció. No parece que ningún derecho fundamental de nadie sea conculcado ni por la preservación de la autonomía diferenciada ni por un hipotético retorno a Castilla la Vieja.

Esos tres alegatos son puras falacias. Voy a analizarlos.

No entraré en este artículo en la cuestión de si los Estados secesionados serían miembros de la UE ni si el residual Estado español mantendría su pertenencia; al fin y al cabo, aunque siguiera llamándose «España», ese residual Estado ya no sería España. Preveo que, en caso de secesión, el residual Estado con capital en Madrid entraría en conflicto con las potencias hegemónicas de la UE (Alemania y Francia), las cuales impondrían la admisión de los nuevos Estados secesionados, lo cual acarrearía perturbaciones cuyo desenlace es imprevisible.

Tampoco abordaré aquí otro problema: la pérdida de peso específico de los Estados resultantes de la secesión en el seno de la Unión. Es infundado afirmar (como lo hacen los líderes del secesionismo catalán) que resultan más funcionales países de menor tamaño. Aducen el caso de Holanda, un país con una población que casi triplica la de Cataluña y cuyo PIB es de los más altos del mundo. España hoy cuenta poco, poquísimo. Fragmentada, no contaría nada.

Primer alegato: «gracias a Schengen, cruzar una frontera interna de la UE es casi igual que atravesar, dentro del mismo país, la linde entre una provincia y otra». ¡Falso! Todos los españoles tenemos el derecho constitucional de, según nuestro antojo, cruzar las lindes provinciales y regionales, escogiendo libremente nuestra residencia en cualquier punto del territorio nacional, simplemente porque nos da la gana, sin tener que justificar absolutamente nada en esa libérrima elección. Claro que cada uno será lo bastante precavido para escoger uno u otro lugar de residencia en función de sus posibilidades económicas y laborales y del acceso a una vivienda digna. Pero eso lo decide él; por lo demás, cada cual puede, si le da la gana, vivir en Tenerife, en La Coruña, en Gerona, en Alicante, en Tarifa o en Talavera de la Reina.

Semejante libertad de circulación y de residencia no existe, absolutamente para nada, en la UE. Lo único que existe, dentro del espacio Schengen, es un limitado derecho de viajar a otros países miembros y fijar provisionalmente en ellos la residencia, sujeta siempre a dos condiciones, ambas necesarias y ninguna de ellas suficiente.

La primera condición es no figurar en una lista negra discrecional que cada gobierno, y la policía al servicio de cada gobierno, redactan según criterios que no tienen por qué notificar ni motivar. Quien esto escribe, p.ej., es autor de varios panfletos denunciando al colonialismo francés y sus intervenciones en África y Asia así como las restricciones a la libertad en Francia (tales como la obligación de asentir al veredicto del Tribunal de Nürnberg de 1946 y de tildar de genocidio la persecución de los armenios turcos en 1915 así como la prohibición del embozo en la calle). Supongamos que, irritados por mis argumentaciones, los encargados de redactar la lista negra de la policía del país vecino inscriben en ella mi nombre; en tal supuesto, se me rehusará la estancia en el país galo aduciendo un motivo de seguridad nacional; podré interponer un recurso ante un tribunal administrativo (no judicial, porque en Francia no se puede apelar a los tribunales judiciales contra decisiones gubernativas); mi recurso será fácilmente desestimado, porque la policía sencillamente repetirá un motivo passe-partout: ese individuo constituye un peligro para la seguridad nacional francesa. ¡Y ya está!

También puede la administración de un país excluir a un ciudadano de otro país de Schengen por motivos de salud pública. Un enfermo español de SIDA o de hepatitis puede vivir en el lugar de España que prefiera, pero, si opta por vivir en Sicilia, podría la administración italiana rehusarle el permiso por motivos de salud.

Una segunda condición necesaria es la de establecer y consolidar la residencia en el país elegido en calidad del desempeño de una determinada actividad económica, acreditando, para ello, la necesaria solvencia, sea por la tenencia de recursos propios idóneos para la actividad escogida, sea por la percepción de remuneración.

Si un español sin ocupación se va a Berlín para buscar trabajo, puede hacerlo, pero sólo se le concede una autorización de unos meses para encontrar empleo; transcurrido ese plazo sin haber tenido éxito, se considera que su estancia en la capital germana no es a título de trabajador, sino de individuo cuyo único motivo de vivir allí es aprovecharse de los subsidios de desempleo alemanes, lo cual está expresamente prohibido; de hecho el Tribunal de Luxemburgo ha dado la razón a Alemania, Holanda y otros países, que han expulsado a trabajadores españoles que habían emigrado a esos países en busca de empleo, sin conseguirlo, a los cuales se reprochaba estarse aprovechando de los servicios sociales locales y, por lo tanto, no justificar su presencia allí más que con esa finalidad de aprovechamiento indebido. Coercitivamente los han forzado a volver a casa.

Además de que, por consiguiente, no existe en la UE ni en el espacio Schengen una libertad de residencia general, ni remotamente, cruzar las fronteras puede estar sujeto a exhibir una documentación y a otros controles de identidad. Es cierto que, durante algunos períodos, tales controles han sido suspendidos y se podía cruzar la raya de Francia sin presentar ningún documento de identidad. Sin embargo, facultativamente --o invocando genéricas razones passe-partout--, los gobiernos pueden restablecer ese control. En cambio, cualquiera de nosotros puede viajar, dentro del territorio nacional, sin presentar documentación alguna (a salvo de la lamentable sujeción que padecemos a que agentes de la policía o de la guardia civil nos fuercen a presentar nuestro DNI cuando y donde ellos decidan porque les da la gana, lo cual puede sucederle a cualquiera andando por la calle). Una vez que se establecen o se restablecen los controles de identidad para cruzar una frontera, pueden ser tan exhaustivos e incomodantes como lo decidan las autoridades, acarreando eventualmente rechazos discrecionales.

¿Es Ud un ciudadano cualquiera, sin opiniones políticas particularmente singularizadas, que no publica sus discrepancias (si es que las tiene) con la actuación de los gobiernos europeos ni carga a sus espaldas ningún pasado políticamente señalado? Entonces, verosímilmente, no sufrirá, en el cruce de las fronteras interiores del espacio Schengen, otra molestia que ver sus efectos hurgados, sus pertenencias revueltas, sus bolsillos cacheados, tener que responder a algunas preguntas y nada más. (A salvo de que luego sabemos que no podrá radicarse en el país de la Unión que desee sin acreditar el tipo de actividad económica bajo el cual desea vivir y demostrar poder hacerlo con solvencia.)

Pero ¿qué nos sucede a quienes tenemos un pasado revolucionario, a quienes no pasamos desapercibidos porque nos arriesgamos exponiendo nuestras ideas?

Simplemente con estas páginas que estoy escribiendo en este momento --y voy a publicar en seguida-- puedo conjeturar que en una Vasconia y en una Cataluña separadas políticamente del Estado español las policías respectivas me incluirían en sendas listas negras, prohibiéndome cruzar sus improvisadas fronteras o visitar sus territorios, españoles durante dos milenios. Ya sé que mi suerte no afecta a la mayoría. Pero --en la hipótesis de que esos territorios secesionados fueran nuevos países miembros de la UE y del espacio Schengen y que el residual Estado hispano mantuviera su pertenencia a tales unidades-- lo que a todos afectaría sería la prohibición de residir al otro lado de la frontera de la propia nacionalidad sin debida justificación económica.

Segundo alegato: existe una ciudadanía común europea, por lo cual las nuevas fronteras no alterarían mayormente nuestra vida.

La presunta ciudadanía europea no existe. Lo que así se llama es sólo un rasgo adicional de la ciudadanía de un Estado miembro, consistente en que, a algunos efectos (sumamente limitados), el ciudadano de un país miembro tiene ciertos derechos cuando viaja por otro Estado miembro o vive en él (y eventualmente cuando viaja a terceros países --concretamente servicios consulares).

Es tasada la lista de tales derechos en tierra ajena. P.ej., un español no puede aspirar a ser un juez ni un policía en Italia, ni un candidato a elecciones parlamentarias en dicho país hermano, ni podrá ser allí ministro. En Italia será un extranjero con derechos circunscritos, aquellos que se fijen en los tratados internacionales y en la normativa europea derivada. Ya sé que la mayoría de nosotros no aspiramos a ser ministros, ni aquí ni allí. Pero hablo de derechos. (Hoy un andaluz puede ser miembro del gobierno catalán y un catalán puede serlo del gobierno andaluz.)

Pero hay más que eso. Si se erigen nuevas fronteras que separen del residual Estado español (suponiendo es que éste persista, lo cual es dudoso) la mayor parte de su territorio de la margen izquierda del Ebro, el derecho de voto se verá seriamente afectado. En el parlamento español no existe ninguna circunscripción de los españoles residentes en el extranjero (a diferencia de lo que sucede en Francia y otros países). Los españoles no residentes en España no tienen derecho de voto en las elecciones parlamentarias hispanas --aun cuando, paradójicamente, lo tengan en las elecciones autonómicas de sus regiones de origen, aunque nunca las hayan visitado en su vida. Sí pueden votar los residentes ausentes, o sea quienes, empadronados en España, están temporalmente fuera. Mas quienes viven de fijo en París o en Estocolmo, por muy ciudadanos españoles que sean, no pueden votar en las elecciones parlamentarias de España.

De lo cual se sigue que en una Cataluña secesionada a quienes conservaran allí la nacionalidad hispana pero carecieran de empadronamiento en lugar alguno del residual Estado español no se les permitiría votar ni en las elecciones parlamentarias catalanas ni en las españolas.

Desde luego, ese cercenamiento de derechos puede no ser, en sí, tan grave. Somos muchos quienes nunca votamos (cerca de un tercio de los ciudadanos con derecho de sufragio). ¿Qué se nos da entonces en no poder votar? Respondo que no es lo mismo carecer del derecho de voto que ejercer el derecho de abstención, igual que no es lo mismo, si uno es muy casero, vivir la mayor parte del tiempo voluntariamente encerrado en la propia vivienda que verse constreñido por un arresto domiciliario.

Tercer alegato: la Europa unida es un espacio de cooperación social y, por lo tanto, son acumulables los derechos de prestación de los ciudadanos de los Estados miembros.

Respondo que eso es absolutamente falso. Contrariamente al mito de la propaganda paneuropeísta, no hay ninguna seguridad social paneuropea.

Lo que globalmente llamamos «seguridad social» es un cúmulo de prestaciones sociales a cargo de los poderes públicos (y concretamente del Estado, aunque algunos estén parcialmente transferidos a las regiones) que cubren situaciones de necesidad, principalmente estas tres: (1) la de cuidados médicos (no sólo por enfermedad sino también por embarazo y maternidad); (2) la de jubilación y pensión por otros supuestos (viudedad, orfandad, invalidez); y (3) la de desempleo.

¿Por qué esos supuestos y no otros? ¿Por qué no hay una seguridad social de alimentación, ni una de vivienda? ¿Por qué no están incluidas en la seguridad social las prestaciones educativas y otras ayudas sociales (comedor escolar, hogares de retiro, orfelinatos, etc)? Sencillamente porque así se ha acordado convencionalmente --sobre la base de argumentos muy vulnerables y que no nos interesan aquí.

Dentro de un Estado --en nuestro caso, España-- hay una seguridad social común --si bien hoy un tanto debilitada, al fragmentarse, en buena medida, por la transferencia de la asistencia pública sanitaria a las regiones.

Si Ud ha trabajado 15 años en Cataluña, 7 en Aragón y 10 en Andalucía, su pensión de jubilación tiene en cuenta, como cotización, el cúmulo de esos 32 años. Por el contrario, si ha trabajado 14 años en Bélgica y 18 años en España, su pensión se calcula sobre la base de esos 18 años de cotización (suponiendo que sean los últimos, porque, si no, está por ver que tenga derecho a una pensión contributiva en España); lo único a que le dan derecho los 14 años cotizados en Bélgica es a que, a través de la seguridad social española, se tramite una solicitud de complemento de pensión belga; un complemento totalmente separado de la pensión española de jubilación por edad. (Que Bélgica conceptúe o no suficientes 14 años de cotización para conceder ese complemento de pensión depende de la legislación belga.)

Si se rompiera la unidad del Estado español formándose dos o más nuevos Estados en sendas partes de su actual territorio, ésa sería jurídicamente la situación entre los habitantes de esos nuevos Estados resultantes. Si un trabajador ha cotizado 14 años en Cataluña y 14 en Valencia, podrá quedarse sin pensión, pues para ninguna oficina de seguridad social contará una suma de 28 años, siendo 15 el número mínimo de años cotizados para poder percibir una pensión contributiva.

Lo propio sucede en la sanidad. Ciertamente hoy ya se halla gravemente dañada la solidaridad interregional, al haberse transferido la prestación de ese servicio a las comunidades autónomas; pero no ha habido ruptura total. Si en un hospital público de Barcelona se practica un tratamiento oncológico que no se presta en ningún otro lugar de España, un paciente tiene, en principio, derecho a que su caso sea considerado para la posibilidad de que se le permita acceder al tratamiento en Barcelona. (Resulta un tanto misterioso de cuántas incógnitas dependerá que se le conceda; mas, por lo menos en teoría, es posible.) Producida la secesión, cesan esos derechos (igual que hoy no tenemos derecho a que nos traten en Berlín, por más que allí se dispense un tratamiento médico que todavía no haya llegado a España; hay vías excepcionales para pasar entre esa red, pe ro la regla general es ésa: tenemos derecho, en principio, a tratamientos que se dispensan en España y nada más).

Similarmente sucede con la prestación por desempleo. Es un asunto interno de cada Estado miembro. Haber cotizado a la seguridad social española no genera derechos de prestación por desempleo en Holanda.

Vemos, pues, que la ruptura de la unidad estatal implica un gravísimo quebranto para los derechos individuales, tanto los de libertad cuanto los de bienestar. ¿Quiénes sufrirían ese quebranto? No sólo los habitantes del resto de España, sino también los habitantes de una Cataluña separada. Perderían todos los derechos de libertad y de bienestar que he enumerado a lo largo de este artículo.

Claro --podrá aducirse-- mas imaginemos que ha habido un plebiscito en el cual la mayoría de los votantes residentes en Cataluña han dicho «sí» a la secesión. Entonces la pérdida de derechos que sufren la han consentido voluntariamente.

Respondo lo siguiente.

  • 1º.-- Los derechos fundamentales son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Por lo tanto, una vez que un ciudadano catalán tiene los derechos fundamentales que le reconoce la actual constitución española, es írrita y nula cualquier renuncia que haga a esos derechos.
  • 2º.-- A la mayoría no le es lícito despojar de sus derechos fundamentales a la minoría (ni siquiera a una mayoría del 99'9%, peor a una del 51%).
  • 3º.-- En cualquier caso, a la mayoría de los votantes de una región no le es lícito privar de una parte de sus derechos fundamentales a los habitantes de las demás regiones.

Por eso es ilícita la secesión, porque privaría de una parte de los derechos constitucionalmente reconocidos a todos los habitantes de España. Tal privación implicaría un cambio constitucional que sólo podría adoptar el cuerpo soberano, el pueblo español en su totalidad.

Si la secesión es ilícita, por contraria a los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles (incluidos los catalanes), es asimismo ilícita cualquier consulta sobre la secesión. ¿Sería acaso lícita una consulta sobre el restablecimiento de la pena capital o la legalización de la tortura?

Sólo el cuerpo soberano de la nación española podría ser consultado sobre esos temas, siempre que la consulta fuera legalmente ordenada en el marco de un proyecto de nueva constitución. (Espero que nunca más estén legalmente autorizadas en España ni la tortura ni la pena capital.)

De lo que se trata es de que no cualquier consulta es lícita. Es ilícito consultar sobre si los votantes quieren o no que se perpetren crímenes. Y peor que crímenes particulares es privar, colectiva y masivamente, de una parte de los derechos fundamentales reconocidos en la constitución a toda la población de España.

Por último, la UE es una organización internacional. Desde el punto de vista del Derecho público internacional, es sólo eso; su legalidad se basa en los acuerdos entre Estados soberanos. Dadas las turbulencias del euro, la voluntad de apartarse de la Unión del pueblo británico, la posibilidad de otras decisiones similares en otros países, las tensiones entre el Norte y el Sur de Europa, los conflictos entre la cúpula eurocrática de Bruselas y los decisores políticos de Varsovia, Bratislava, Budapest y otras capitales de la Europa centro-oriental, juzgo gratuito dar por supuesto que la UE seguirá existiendo dentro de medio siglo. Ahora bien, una secesión es para siempre; acarrearía efectos irreversibles e irreparables.

[continuará]




2017-07-20

SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (II)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario:
II.-- La irracionalidad de la fragmentación
por Lorenzo Peña y Gonzalo

2017-07-20


Una nueva disciplina, llamada la «cliodinámica», ha venido a ofrecer un tratamiento científico de la historiografía --ligando, interdisciplinarmente, datos y razonamientos de las ciencias sociales, históricas y biológicas sobre la evolución de la especie humana a lo largo de los milenios con un instrumental matemáticamente estructurado y cuantificable.

Carezco de competencia académica para pronunciarme sobre su validez, pero, como observador culturalmente equipado, me arriesgo a conjeturar que es un enfoque prometedor, que acaso pueda lograr objetivos de cientificidad historiográfica que el materialismo histórico quiso alcanzar sin conseguirlo (porque --aun basado en una idea audaz y brillante-- manejaba un utillaje conceptual insuficiente, estiraba su hipótesis de partida hasta extremos de inverosimilitud --a fuerza de epiciclos-- y, al cabo, suscitaba más incógnitas que explicaba convincentemente hechos).

En estos nuevos estudios de la cliodinámica se ha acuñado el concepto de la ultrasociedad. Entre los trabajos donde se analiza y se articula rigurosamente puedo citar el artículo de David Slan Wilson & John M. Gowdy, «Human ultrasociality and the invisible hand: Foundational developments in evolutionary science alter a foundational concept in economics» (Journal of Bioeconomics, 17/1 (2015), pp. 37-52). Las aportaciones más populares y persuasivas son las de Peter Turchin, en libros como Ultrasociety (Beresta Books, noviembre de 2015; disponible en Kindle ebooks).

Esos estudios han abordado una cuestión sobre el éxito de la sociedad humana, en lo que tiene de específico, frente a las sociedades de animales superiores cercanamente emparentadas con nosotros. Podemos ver, sin duda, en las serpientes, en los elefantes, en los delfines, en los cuervos, en los bonobos, la realización de complejos modos de vida social, que encarnan un valor vital o biológico superior al de los invertebrados, entre ellos los artrópodos, entre ellos los insectos, entre ellos los himenópteros sociales. Sin embargo eso es así sólo a nivel del individuo.

Al nivel de la especie, superan con creces las sociedades de insectos sociales a cualesquiera agrupamientos de vertebrados (salvo los de seres humanos en los últimos milenios). Particularmente exitosas son las sociedades de hormigas. En realidad, nuestro planeta es el astro de las hormigas. Ese género mirmecológico abarca cientos de especies, pero todas juntas suman como la cuarta parte de la masa de materia animal en nuestro planeta (una masa mayor que la de los siete mil millones de seres humanos hoy vivos), formando sociedades disciplinadas donde imperan normas jurídicas que se hacen obedecer aplicando las sanciones adecuadas; sociedades comunistas, sin propiedad privada, en las cuales a ningún individuo se deja morir de hambre (si bien algunos tienen que sacrificar sus vidas por el bien público).

Los parecidos entre las sociedades mirmecológicas y las humanas han dado lugar no sólo a apasionantes estudios científicos sino también a una significativa literatura.

A lo largo de millones de años, al producir el surgimiento de los vertebrados y posteriormente de los mamíferos --en una de cuyas subramas estamos nosotros--, no logró, empero, la evolución biológica igualar el éxito de las sociedades de himenópteros hasta que, finalmente, algunas especies del género homo --por lo menos, la nuestra (el homo sapiens sapiens)-- constituyeron un nuevo tipo de sociedad, la ultrasociedad, en la cual la cooperación entre los miembros es mucho más intensa, abarcando la sociedad así constituida a muchísimos más individuos (en los casos de mayor éxito, cientos de millones).

Todo gracias a que ahora la supervivencia del más apto se juega, no a nivel del individuo, sino del grupo social, en virtud de que éste posee un modo de evolucionar que es cultural, mediante la acumulación colectiva a través de la transmisión intergeneracional.

¿Lo hizo posible el lenguaje o, al revés, el lenguaje pudimos generarlo y adquirirlo gracias a vivir en sociedades suficientemente grandes y complejas? Una visión del pasado --muy inspirada en la hegemonía de la genética y el individualismo metodológico-- quería que primero se hubiera producido el surgimiento del lenguaje --por la trasformación anatómica y la adaptación fisiológica-- para que, luego, los individuos así equipados se juntaran en sociedades de mayor tamaño y capacidad cooperativa.

Como lamarckiano que soy, rechazo esa visión unidireccional. Creo en la tendencia de los seres vivos a adaptarse al medio como motor de la evolución.

Si tuvieron lugar las modificaciones anatómicas y fisiológicas que posibilitaron un lenguaje como el nuestro, de doble articulación (según el concepto de André Martinet), fue porque hacían falta para consolidar y hacer prosperar las incipientes sociedades de homínidos. Lo que sucedió no fue (como en las teorías del pacto social originario, de Hobbes a Rawls pasando por Rousseau) que los individuos, previamente humanizados en una vida más o menos solitaria, optaran un día por juntarse en sociedad, sino que las sociedades, ya existentes, fueron evolucionando, perfeccionando sus medios de cooperación, principalmente el lenguaje, produciéndose, para tal fin, los idóneos cambios de la morfología de sus miembros.

Sin embargo, el lenguaje por sí solo no habría permitido los avances de nuestras civilizaciones. La transmisión oral es imprescindible. Pero no basta. Fue la escritura lo que produjo un inmenso avance. La escritura fue posibilitada por los grandes Estados, por los imperios: Mesopotamia, Egipto, China, la India. Imperios cuyo surgimiento había resultado de miles de años de evolución social, a través de enfrentamientos mortales.

Ha sido el Derecho lo que, a mi juicio, posibilitó la formación de los grandes Estados como focos de civilización, lo que ha traído consigo nuestro éxito evolutivo (la imprenta, el agua corriente, los antibióticos, los rayos láser, las comunicaciones por satélite, el internet).

En general las sociedades de vertebrados se ajustan a sistemas normativos rudimentarios e inestables (exceptuando algunos taxones, como los cánidos, los elefantes, tal vez algunos cetáceos). De manera general, en las sociedades de mamíferos es escasa y precaria la legitimidad del poder, tendiendo a residir en el macho alfa, el cual no ostenta su jefatura por sus aptitudes funcionalmente provechosas para la comunidad, sino sólo por su fuerza o --entre los primates, al menos-- por su astucia para forjar alianzas, sin que la sociedad reciba de ese liderazgo otro beneficio que el de evitar, por un tiempo, las luchas internas, al instituirse una jerarquía. De ahí la frecuencia de insubordinaciones, rivalidades y peleas por el liderazgo, la propensión a desobedecer las reglas y la laxitud de la solidaridad grupal (el principio «unus pro omnibus, omnes pro uno»).

En cambio, en las sociedades de himenópteros, el liderazgo de la reina no constituye, en realidad, poder alguno, pues no manda nada ni goza de ningún privilegio particularmente envidiable; su rango es indisputable --excepto en raras y muy espaciadas crisis de rivalidad--; el complejo sistema de normas es muy constriñente y casi siempre respetado (imponiéndose coercitivamente la observancia de los preceptos vigentes).

Las primeras sociedades humanas debieron parecerse mucho a las de otros primates. Lo que, en la lucha de los incipientes Estados, posibilitó la victoria de los más aptos fue su mejor sistema normativo: el Derecho.

Gracias al Derecho se sale de la ley del más fuerte. El jefe ya no es ni el macho de mayor musculatura ni el más astuto en la intriga, sino el individuo seleccionado (ora por su carisma personal, ora por unos mecanismos de selección preestablecidos) como más idóneo conductor de las tareas comunes. Su misión no es aprovecharse de su liderazgo en propio beneficio, sino organizar la actividad social en aras del bien común, ejerciendo su mando según un sistema de reglas que fija derechos y deberes del director y de los dirigidos.

Que tales sean las funciones socialmente asignadas no quiere decir que siempre se cumplan; en la medida en que sean transgredidas esas pautas funcionales, la sociedad será inepta y proclive a ser vencida por sus enemigos. Cuanto más se perfeccione el Derecho de una sociedad, más apta será ésta para enfrentarse a los desafíos que la acechan.

Los grandes imperios de finales de la antigüedad fueron creadores de sistemas jurídicos de tal perfección que, concretamente, el romano ha sido seminal para todas las legislaciones posteriores.

Por malo que sea, un ordenamiento jurídico es mejor que la anarquía o la actuación al margen de la ley; exceptúo conglomerados de reglas cuya irracionalidad les hace perder el carácter de genuinos ordenamientos jurídicos --cual es el caso del Tercer Reich y del régimen de Pol Pot.

Por falta de una sociedad estatalmente estructurada con un sistema jurídico, hasta tiempos muy recientes en Nueva Guinea uno de cada cuatro hombres morían violentamente, víctimas de occisión humana, por homicidio individual o grupal, particularmente por guerras intertribales. Éstas, incesantes, exterminaban a tribus enteras, manteniendo la población de la isla estable, cuando no en retroceso demográfico.

Es conjeturable que tal fue la vida del homo sapiens sapiens durante la mayor parte de nuestra existencia (unos 200.000 años).

No resisto la tentación de citar la bellísima prosa del Leviatán de Thomas Hobbes, 1651, (pidiendo perdón a quienes no lean el inglés):


Whatsoever therefore is consequent to a time of Warre, where every man is Enemy to every man; the same is consequent to the time, wherein men live without other security, than what their own strength, and their own invention shall furnish them withall. In such condition, there is no place for Industry; because the fruit thereof is uncertain; and consequently no Culture of the Earth; no Navigation, nor use of the commodities that may be imported by Sea; no commodious Building; no Instruments of moving, and removing such things as require much force; no Knowledge of the face of the Earth; no account of Time; no Arts; no Letteres; no Society; and which is worst of all, continuall feare, and danger of violent death; And the life of man, solitary, poore, nasty, brutish, and short.

En realidad jamás existió ese tiempo pretérito que imaginaba Hobbes, puesto que el hombre siempre ha vivido en sociedad, al ser una criatura naturalmente social, como lo dijo Aristóteles. Pero lo que sí hubo --y duró una eternidad-- fue un tiempo en el cual las sociedades humanas eran pequeñas --o relativamente pequeñas--, con capacidades muy limitadas de acumulación material e intelectual. La vida en tales sociedades era, ciertamente, solitaria, pobre, hostil, bruta y corta (como la de los aborígenes de Nueva Guinea).

No por pacto, sino a través de la victoria de los grupos más aptos, se fueron formando sociedades más amplias, los grandes Estados, que emprendieron la tarea de prestar servicios públicos a sus habitantes, con grandes construcciones (hoy denostadas por ser «faraónicas», como si eso fuera malo). Fue ése el marco del surgimiento interrelacionado de la escritura y del Derecho (según lo concebimos).

El avance de la humanidad ha sido el de los grandes imperios. Pero ha habido dos tipos de imperios: los unificadores y los depredadores. Quizá todos empezaron siendo depredadores, pero algunos evolucionaron asimilando a las poblaciones sometidas para así constituir grandes Estados unificados. (El mejor ejemplo es el del Imperio Romano, pero también se aproximan a esa caracterización los imperios árabe, chino y español.) Por el contrario no han pasado de la fase depredadora los imperios coloniales creados por los europeos y norteamericanos entre fines del siglo XVII y mediados del siglo XX; su propia índole hacía y hace muy difícil que sean unificadores. (Es un tema para otro artículo.)

Los avances de la civilización están, pues, ligados a las grandes unidades políticas. El Imperio Chino, el Imperio Romano-Bizantino, el imperio árabe, el imperio romano-germánico, el imperio hispano del siglo de oro han sido la cuna de las artes, las técnicas, las ciencias, el comercio, el progreso humano en una palabra.

Cæteris paribus, los grandes Estados son más eficaces que los pequeños. Satisfacen mejor las necesidades de su población, constituyendo unidades con mayor peso internacional y mayor fuerza de negociación (o, si fuera el caso, de enfrentamiento, pacífico o bélico). Unir es bueno, dividir es malo.

Aquellos marxistas que sostuvieron el derecho de las naciones a la autodeterminación (Ulianof, sobre todo) lo hicieron basados en ideas ocasionales del propio Marx (que no hacía más que reflejar opiniones comunes de los sectores políticamente avanzados de la Europa de su tiempo), según las cuales era favorable al progreso económico, al crecimiento de las fuerzas productivas bajo el capitalismo, a los negocios de la burguesía, operar en Estados nacionalmente homogéneos de la mayor extensión compatible con esa homogeneidad nacional.

Nunca se ha demostrado tal hipótesis (que ni Marx ni Ulianof formularon con claridad y que, de hecho, éste último implícitamente cuestiona algunas veces). El segundo país de la revolución industrial en la primera mitad del siglo XIX fue Bélgica, nacionalmente dual, mientras que países nacionalmente homogéneos mantenían su atraso.

En el período que precedió inmediatamente a la I guerra mundial las unidades que estaban experimentando mayor avance industrial (relativo a la fase precedente) eran USA, Rusia, Austria-Hungría y el plurinacional II Reich (la Alemania de los Hohenzollern) --así como, en menor escala, la confederación helvética. La pluralidad de lenguas no parece haber estorbado esos avances. Desde los años veinte hasta la fase de estancamiento de los años ochenta del siglo XX ningún país obtuvo éxitos industriales equiparables a los de la Unión Soviética (la cual desde 1928 retomó y aceleró el crecimiento del que ya había disfrutado la economía rusa en la etapa final del zarismo).

La I guerra mundial fue una catástrofe. Rosa Luxemburgo había defendido la intangibilidad de las fronteras, alertando contra los peligros que se derivarían de cuestionarlas. Podía hacerse ese cuestionamiento con la mejor intención del mundo, la de solventar a las buenas los conflictos, no forzando a permanecer juntas a poblaciones que desearan vivir separadas; sin embargo, lejos de que eso aliviara la pugna, podría exacerbarla, ocasionando nuevas pretensiones, nuevos irredentismos.

En particular, Rosa Luxemburgo llamó la atención sobre Ucrania. Era --y había sido desde mil años antes-- un territorio ruso (aunque hubiera sido transitoriamente conquistado y dominado por los polacos en los siglos XVI y XVII). La Rusia primigenia se formó en Kiev. El ucraniano se consideraba simplemente un dialecto del ruso (se llamaba «el pequeño ruso»). Hasta los años de la I guerra mundial --recordaba Rosa Luxemburgo-- sólo una insignificante minoría de soñadores intelectuales aspiraban a hacer de Ucrania una nación. (Rosa Luxemburgo reprocha a los leninistas haber alentado esas pretensiones irredentistas al prometer la autodeterminación.) Fue el imperialismo alemán el que, en el tratado de paz de Brest Litofsk (3 de marzo de 1918), impuso la creación de un Estado ucraniano, separado de Rusia, bajo la férula y la ocupación militar del Reich germano.

Tras la abrogación de ese tratado en noviembre del mismo año, Rusia pudo anexionarse esa región desmembrada, pero (contrariamente a la opinión de Yugáshvili), Ulianof se opuso. Las consecuencias están a la vista. Entonces se otorgó a Ucrania una independencia puramente nominal, que mantuvo a lo largo de los 69 años de vida de la Unión Soviética; lo que era nominal acabó siendo real. Pero, claro, en lugar de que la secesión ucraniana haya solucionado nada o que haya sido un bálsamo, ha constituido, al revés, la causa de nuevos y enconados conflictos, sin que hoy por hoy se vislumbren ni su atenuación ni su fin.

El mapa de Europa era mucho mejor en 1914 de lo que es hoy, un siglo después. ¿De qué sirve esa multitud de estados confetti, ineficientes, diminutos (Estonia, Letonia, Lituania, Chequia, Moldavia, Eslovaquia, Eslovania, Croacia, Macedonia, Montenegro, Kosovo, Albania etc)? ¿Son más felices las poblaciones viviendo en territorios exiguos? ¿Son mejores y más eficaces los servicios públicos suministrados por esos estadejos que los que puede proporcionar un gran Estado moderno? ¿No hay hoy muchos más peligros? Puede saltar una chispa en cualquier momento que haga colisionar a Hungría con Eslovaquia, a Lituania con Polonia, a Moldavia con Transnistria, a Albania con Macedonia y así sucesivamente.

Se me replicará que vela para evitarlo la Unión Europea; que la solución está en rebasar las fronteras nacionales formando un espacio supranacional de la integración europea.

Ahora bien, si de eso se trata, entonces ¿para qué haber empezado por romper las unidades existentes, que tenían realidad plurisecular, para lanzarse a una empresa arriesgada, endeble y excesivamente ambiciosa, que no pasa de ser un babélico rompecabezas puramente artificial, cuya permanencia futura es una incógnita?

Esté fundado o no mi euro-escepticismo (ya vemos que casi siempre que se consulta a los pueblos, el resultado es opuesto a esa tramoya de las élites acaudaladas), el hecho es que, si preferimos una integración europea que sea --aunque no se diga con esas palabras-- un nuevo macroestado, ¿qué sentido tiene fragmentar los Estados existentes? ¿Quizá que así los componentes del nuevo macroestado, en lugar de ser 27 (28-1), serán unos cuantos más? Y ¿qué se gana con eso? Si es difícil que los Estados miembros se pongan de acuerdo sobre políticas comunes, tanto más difícil será cuantos más haya. (En la tercera entrega de esta serie de artículos abordaré la coartada europeísta que esgrimen los secesionistas.)

Si el progreso humano ha sido y es posible por la formación de grandes Estados, por la consolidación de sistemas jurídicos respetados que tienden a unir y que prohíben escindir, las pretensiones secesionistas resultan claramente reaccionarias. Podrá haber circunstancias excepcionales en las cuales la separación sea admisible cual mal menor, igual que la insurrección en regímenes de tiranía insufrible (y aun así bajo condiciones muy restrictivas). Está claro que se trata de excepciones.

Al revés, una visión de futuro debería llevarnos por la senda opuesta: la de fundir Estados de tamaño insuficiente en otros más amplios, siempre que sea posible tener una lengua común --o, al menos, una lengua mayoritariamente hablada en el territorio resultante de la fusión. Aunque, hoy por hoy, están empantanados los bellos proyectos de fusión nacional, como el panarabismo, me parece inverosímil que vayan a permanecer definitivamente aparcados. Otros conjuntos histórico-lingüísticos podrían encaminarse en esa dirección.

[continuará]




SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (VI)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario: VI.-- ¿Nación de naciones? por Lorenzo Peña y Gonzalo Lunes 2017-08-14 En ...

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