2017-07-24

SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (IV)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario:
IV.-- El amor a la patria
por Lorenzo Peña y Gonzalo

Lunes 2017-07-24


Prescribe el artículo 6 de nuestra primera constitución, la del 19 de marzo de 1812: «El amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y, asimismo, el ser justos y benéficos».

Lamentablemente tan sabio precepto no se ha reiterado en las constituciones posteriores; al revés, ha sido escarnecido por muchos pensadores cínicos.

Lo que preceptúa la constitución gaditana no es un sentimiento. Tiene escaso sentido prescribir que los españoles sientan amor a la patria. Lo que manda es una conducta. Han de actuar como si sintieran ese amor. Su conducta ha de ajustarse a la pauta comportamental que es propia de quienes actúan por amor a la patria. Lo que suceda en su fuero interno es una vivencia psíquica que el poder público no tiene competencia para regular (menos aún una constitución liberal, respetuosa de la intimidad individual).

Tal precepto es bastante próximo al canon jurídico-natural de actuar para el bien común (incorporado a la lógica nomológica según lo expuse en mi tesis doctoral IDEA IURIS LOGICA).

Hay diferencias. Actuar para el bien común no se circunscribe a hacerlo en aras del bien de la patria, puesto que también implica el bien de la humanidad. Sin embargo, la comunidad directa de ese deber jurídico-natural del bien común es el cuerpo político al cual se pertenece, o sea la patria.

La patria es la comunidad política intergeneracional que está erigida en una entidad independiente, goza de soberanía y vehicula la memoria de los anhelos, los sufrimientos y las esperanzas de los antepasados, incumbiéndole la tarea de llevar adelante, en nuevas circunstancias, esos anhelos de prosperidad común, de defensa de la soberanía, de unidad y de progreso.

¿No hay, entonces, patrias que carezcan de esos atributos? ¿No hay patrias que aún no se hayan constituido en cuerpos políticos independientes? Las hay. Pero sólo pueden calificarse de «patrias» si reúnen uno de estos tres requisitos que les haga merecer, con sobrada justificación, su elevación al estatuto de Estados independientes: (1) haber sido objeto, en tiempos recientes, de agresión y ocupación extranjera, que pisotea una tradición de previa independencia plurisecular; (2) estar sojuzgados colonialmente por una potencia alejada, claramente ajena a su historia, su cultura, su etnicidad y su identidad colectiva; (3) sufrir, de manera gravísima y continuada a lo largo de generaciones, una opresión discriminatoria, que se materializa en sistemática exclusión de sus habitantes autóctonos, carencia de derechos acordados a los demás ciudadanos del Estado e insufribles humillaciones colectivas.

Con arreglo a esos criterios, aun antes de arrancar la independencia, eran ya patrias Argelia, Marruecos, el Malí, Costa Ebúrnea, Indonesia, Birmania, Ceilán, Quenia, el Camerún, el Congo, Namibia, el Sudán, Siria, Malaya, etc. Es verdad que la mayoría de esas patrias no preexistieron a la dominación colonialista, sino que fueron constituidas en unidades diferenciadas por el propio yugo colonial que les tocó sacudirse para alcanzar su independencia y soberanía. Sin embargo, ese yugo colonial era el resultado de una conquista reciente (o menos reciente en algunos casos), del sojuzgamiento masivo de la población autóctona por potencias extranjeras alejadas, totalmente ajenas a la cultura, la tradición, la etnicidad propias de esos territorios. Antes del sojuzgamiento colonial habían formado parte de comunidades independientes de sus regiones, las cuales, destruidas por el colonialismo, ya no podrían reconstruirse. Por eso optaron sus poblaciones por asumir la delimitación territorial impuesta por los conquistadores, reclamando y --tras duras luchas-- obteniendo su independencia y soberanía.

En cambio, no eran patrias las comunidades territoriales que --como resultado de vicisitudes políticas, guerras o intervenciones extranjeras-- han sido desgajadas de sus territorios contiguos para ser erigidas en Estados independientes más o menos artificiales. No era una nación Panamá, antes de separarse de Colombia el 3 de noviembre de 1903, por obra de la intervención estadounidense, deseosa de someter esa provincia colombiana a un estatuto de protectorado y arrancarle la extraterritorialidad de la zona del futuro canal, colocada directamente bajo la autoridad colonial norteamericana. En el Panamá anterior a esa fecha no concurría ninguno de esos tres requisitos. Es muy dudoso que hayan concurrido tales requisitos (y, de concurrir, en qué medida) para justificar que se erijan en patrias aparte tantos estadicos de la Europa central y oriental que han surgido como hongos, en sucesivas oleadas, tras la I guerra mundial.

Sea como fuere, la España de hoy es una patria. Es una patria bimilenaria --según lo demostraré en la siguiente entrega de esta serie de artículos.

Donde hay una patria, ninguna parte de la misma es una patria. Se habla de la «patria chica»; y, en alguna acepción (hoy en desuso) de «patria» a secas para designar el terruño, la comarca, la ciudad natal de alguien. (Decíase en el siglo XIX que Santander era la patria de Pereda y de Menéndez Pelayo.)

Murcia no es una patria, ni lo son la Alcarria, Extremadura, el Bierzo, la Bureba, la Maragatería o la Vega de Pas, aunque tengan sus particularidades (incluidas, en algunas casos, las lingüísticas, con hablas vernáculas diferenciadas, tradiciones culturales propias y rasgos específicos de su idiosincrasia). Pese a tales particularidades, forman esa España de todos, dos de cuyos máximos exponentes y defensores fueron mis insignes paisanos: Rafael Lapesa y Melgar y Rafael Altamira y Crevea.

¿Por qué hay que actuar con amor a la patria, o sea en aras del bien común de la patria? Por el principio de solidaridad que inspiró la teoría de Léon Bourgeois --retomada por Léon Duguit y convertida en el eje doctrinal de la escuela de Burdeos del servicio público--. Como muy bien lo señaló, hace más de un siglo, uno de nuestros pocos filósofos, D. Francisco Giner de los Ríos (a quien hoy se cita pero al cual no se lee), los deberes que uno contrae no surgen primariamente de actos jurídicos, sino de hechos jurídicos. Para Giner, p.ej., el matrimonio, antes que un contrato, es una situación de hecho, un vivir maritalmente juntos una mujer y un hombre, generando, con tal convivencia, unos deberes y derechos recíprocos de fidelidad, de socorro, de ayuda mutua, de compañía, de permanencia el uno al lado del otro, para la riqueza y la pobreza, la fortuna y el infortunio, la salud y la enfermedad. No hay que plantear la falsa cuestión de cuándo uno de los convivientes ha suscrito tales obligaciones ni en qué términos ha expresado su compromiso, pues éste no emana de ninguna promesa, de ningún acto jurídico, sino de la naturaleza misma de la relación humana continuada, en la cual ambos han vivido voluntariamente y de la cual ambos han obtenido beneficios.

Con gran acierto señaló Léon Bourgeois cómo quedaba uno obligado a una actuación de reciprocidad por el mero hecho de haber nacido en una comunidad, haber crecido en ella, haber ido alcanzando --gracias a pertenecer a esa comunidad-- un desarrollo de la personalidad, un acervo de aptitudes y conocimientos, un dominio lingüístico, una cultura heredada de las generaciones precedentes. Actuación de reciprocidad que él cifraba en un deber de contribuir a la vida y prosperidad de la comunidad, a su armonía social y, por lo tanto, a ayudar a los más necesitados, los que han tenido menos suerte.

¿Hacia quién o quiénes va dirigido ese deber de solidaridad, según la doctrina solidarista (que es una de las fuentes del republicanismo republicano propuesto por el autor de estas páginas en su libro ESTUDIOS REPUBLICANOS)? No hacia los individuos, sino hacia la comunidad que forman, hacia el cuerpo político, o sea hacia la patria.

Si el deber de solidaridad tuviera como su objeto directo a los individuos, no habría uno, sino millones. Cada vez que nace un nuevo español, se agregaría para nosotros una nueva carga, un adicional deber de solidaridad. Cada vez que muere uno, quedaríamos exonerados de uno de esos millones de deberes. Al ser deberes para con los individuos, tendríamos que arreglárnoslas para atender nosotros mismos sus necesidades, inquirir de qué han menester e ingeniárnoslas para --ateniéndonos a algún criterio razonable-- subvenir a las de uno o a las de otro.

Nada más alejado del pensamiento solidarista, que lo que instituye es un deber de contribuir al bien común. Bourgeois fundó en ese principio sus proyectos de un impuesto sobre la renta, que fracasaron varias veces hasta establecerse por la ley del 15 de julio de 1914 (lamentablemente semanas antes del desencadenamiento de la I guerra mundial).

Su pensamiento era el de que cada uno ha de contribuir, con una parte de sus ingresos y de su fortuna, a la prosperidad común, incumbiendo a las autoridades implementar políticas gracias a las cuales se atendieran, con esos recursos, las más apremiantes necesidades de todos.

Pero eso implica que cada cual está obligado por ese deber de solidaridad para con una comunidad específica y concreta, que es el cuerpo político en cuyo seno ha nacido y crecido y al cual sigue perteneciendo. (Quedan al margen de esta discusión los problemas de la migración; el emigrante adquiere una patria de adopción, a la cual transfiere sus deberes al igual que en ella adquiere nuevos derechos.)

El deber de solidaridad no va dirigido a cualquier comunidad que uno escoja o que le apetezca, a cualquier parte de la comunidad política que sea objeto de su más afectuosa adhesión. No es una opción a la carta, de modo que cualquiera pueda, según su antojo, dedicar su deber de solidaridad a su comarca, a su región, como tampoco a su medio social, al estamento al cual se pertenece (el campesinado, la clase obrera, el artesanado, la burguesía, el sector de las gentes de leyes o cualquier otro). Trátase de un vínculo deóntico que liga al individuo con toda la comunidad política preestablecida, históricamente continuada, intergeneracional. Es un deber hacia la colectividad, que abarca también los muertos y las generaciones futuras, un deber de hacer patria, de llevar adelante los afanes de quienes nos precedieron y transmitir un país mejor a quienes vendrán detrás.

Los deberes para con los individuos son derivados de ese deber para con la comunidad, o sea para con la patria. En rigor no incumben al individuo, sino a la propia comunidad, obligada, en reciprocidad, a atender las más apremiantes necesidades de todos sus integrantes, de todos los habitantes del territorio patrio.

Pienso que se puede comparar ese deber para con la patria al deber para con la propia familia, que no es una mera agregación o yuxtaposición de deberes individuales hacia sus miembros. Hay una obligación de solidaridad con la familia que no se descompone en deberes para con los individuos que la forman; no se altera porque nazcan nuevos hijos o se desgajen algunos. La familia es un colectivo de ayuda mutua, de sostén recíproco, de vivir juntos. Similarmente el amor conyugal no es sólo el amor hacia el otro cónyuge, sino una adhesión a la pareja formada conjuntamente por los dos.

El amor a la patria, a la familia, a la pareja no implica tener una visión de color de rosa de la agrupación respectiva. Uno puede (y debe) ser crítico. A veces es un amor adolorido, afligido, incluso acongojado y quizá amargo. No se tiene más amor a la patria por creerla mejor que las otras, igual que no se ama más a la propia familia por estimarla superior a las demás ni por olvidarse de sus defectos. Eso sí, cualquier crítica hacia la propia comunidad ha de ser bienintencionada, constructiva, dejando un rayo de esperanza para corregir los defectos, para superar las flaquezas, para perfeccionar la unión, para alcanzar una mayor armonía y prosperidad comunes.

El secesionismo significa una violación del deber de solidaridad de Léon Bourgeois, al pretender reemplazar ese deber que se ha contraído --por el hecho jurídico de la pertenencia a un cuerpo político plurisecular-- por un imaginario deber de adhesión a una presunta patria inventada, que surgiría de la fragmentación de la patria real, por mucho que se arrope de los oropeles de viejas leyendas, de historias --verídicas o, más frecuentemente, distorsionadas-- de un pasado remoto, sepultado por el devenir histórico real, pretendiendo resucitar lo que la historia superó.

El secesionismo de algunas regiones septentrionales de España aduce así hechos de un pasado más o menos alejado (siempre desfigurados, jamás con respeto de la realidad histórica) para mitificarlos, oponiéndolos a los hechos reales de la copertenencia de todos los españoles a una patria unida, como mínimo desde el Renacimiento (hace más de medio milenio), pero --según lo probaré en mi próximo artículo-- desde la romanización hace más de dos milenios (mucho antes del surgimiento de los hechos cuya leyenda inspira hoy a los secesionistas).

El individualista, el solipsista, rechaza el deber de solidaridad de la doctrina solidarista, pensando que todo se lo debe a sí mismo. En su versión libertaria-capitalista, el individualista, a lo sumo, accede a una contabilidad para cuantificar lo que él ha aportado y lo que ha recibido, según el valor de mercado de los servicios de que se ha beneficiado (educación, obras públicas, corriente eléctrica, limpieza urbana etc).

El error de quienes piensan así es desconocer cuánto tiene de no cuantificable la contribución decisiva de la comunidad gracias a la cual somos quienes somos; una contribución indescomponible en tantos por partidas desglosadas y por aportantes desagregados.

También yerra aquel otro individualista que no rechaza el deber de solidaridad pero sí lo reduce a deberes desagregados para con los individuos separados, uno por uno, ya que pasa por alto que no son, separadamente, Pedro, Santiago y Manuela quienes nos han ayudado a ser quienes somos, a tener los méritos que tenemos, sino que es la comunidad (algunos de cuyos miembros más bien nos han hostigado y obstaculizado). Al margen de esa discrepancia, ¿está el solidarista individualista de acuerdo en que nuestro deber de solidaridad se dirige a todos los integrantes de la comunidad política de la cual formamos parte? Entonces --aunque sea por la vía del desmenuzamiento-- llegamos a la misma conclusión: un deber de no fragmentación; porque, producida la fragmentación, nos desentenderemos de los miembros de la comunidad que hayan quedado en un fragmento diferente de aquel en que nos haya caído la suerte o la desgracia de estar.

Por último, si bien he dicho que el amor a la patria no implica ninguna visión idílica ni embellecedora de la misma --ni el amor a la propia pareja significa cerrar los ojos ante sus fracasos, errores y defectos--, no cabe duda de que esos amores se alimentan de un relato colectivo que tampoco desconozca los lados positivos, los hechos que merecen rememoración, igual que cada uno da sentido a su propia vida individual alimentándolo con sus recuerdos, con su álbum de fotos, con pequeños objetos que nos traen a la memoria hechos pretéritos, no siempre agradables, a menudo dolorosos, pero sin los cuales el discurrir temporal de nuestra existencia carecería de ilación, sería una mera sucesión de hechos aislados e inconexos.

Del secesionismo ha sido caldo de cultivo la desmemoria histórica, en nuestro caso causada principalmente por el franquismo, que monopolizó la historia de España y que, por reacción, provocó un rechazo a todo el legado de las anteriores generaciones de españoles, otorgando así una legitimación a esa apropiación franquista del pasado. Por eso vuelvo a la obra de historiadores no franquistas --de raigambre liberal y progresista--, como Rafael Lapesa, Rafael Altamira, Rafael Ureña, Claudio Sánchez Albornoz, Ramón Menéndez Pidal, Américo Castro, que nos transmitieron plurales visiones históricas de una España milenaria, con sus logros y sus fracasos, con sus virtudes y sus defectos, con sus avances y sus retrocesos --como la vida de cada uno, pero, en este caso, nuestra vida colectiva, sin la cual no somos nada ni nadie.

[continuará]






2017-07-23

SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (III)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario:
III.-- ¿Convivir en una Europa unida?
por Lorenzo Peña y Gonzalo

Domingo 2017-07-23


En su sofística argumentación a favor de la secesión de Vasconia y de Cataluña, una de las coartadas o de los pretextos de los cuales se sirven los separatistas es que resultaría inocua la erección de nuevas fronteras, que arrancasen del territorio nacional toda su parte ubicada en la ribera izquierda del Ebro salvo su tramo central (navarro-aragonés), toda vez que, a ambos lados de las nuevas fronteras, estaríamos unidos por la común pertenencia a la Unión Europea (UE en lo sucesivo).

Según ellos, hoy, gracias a Schengen, cruzar una frontera interna de la UE es casi igual que atravesar, dentro del mismo país, la linde entre una provincia y otra. Piensan que en la UE existe libertad de circulación y de radicación.

También aducen que existe una ciudadanía europea (como se echa de ver en los pasaportes que nos expenden) y que, en suma, al estar juntos en la UE, poco importa que seamos un solo Estado o una pluralidad --igual que, dentro de España, poco cambia en la vida de los habitantes si la provincia de Logroño sigue formando una comunidad autónoma propia o si se reúne a la región castellana a la cual siempre perteneció. No parece que ningún derecho fundamental de nadie sea conculcado ni por la preservación de la autonomía diferenciada ni por un hipotético retorno a Castilla la Vieja.

Esos tres alegatos son puras falacias. Voy a analizarlos.

No entraré en este artículo en la cuestión de si los Estados secesionados serían miembros de la UE ni si el residual Estado español mantendría su pertenencia; al fin y al cabo, aunque siguiera llamándose «España», ese residual Estado ya no sería España. Preveo que, en caso de secesión, el residual Estado con capital en Madrid entraría en conflicto con las potencias hegemónicas de la UE (Alemania y Francia), las cuales impondrían la admisión de los nuevos Estados secesionados, lo cual acarrearía perturbaciones cuyo desenlace es imprevisible.

Tampoco abordaré aquí otro problema: la pérdida de peso específico de los Estados resultantes de la secesión en el seno de la Unión. Es infundado afirmar (como lo hacen los líderes del secesionismo catalán) que resultan más funcionales países de menor tamaño. Aducen el caso de Holanda, un país con una población que casi triplica la de Cataluña y cuyo PIB es de los más altos del mundo. España hoy cuenta poco, poquísimo. Fragmentada, no contaría nada.

Primer alegato: «gracias a Schengen, cruzar una frontera interna de la UE es casi igual que atravesar, dentro del mismo país, la linde entre una provincia y otra». ¡Falso! Todos los españoles tenemos el derecho constitucional de, según nuestro antojo, cruzar las lindes provinciales y regionales, escogiendo libremente nuestra residencia en cualquier punto del territorio nacional, simplemente porque nos da la gana, sin tener que justificar absolutamente nada en esa libérrima elección. Claro que cada uno será lo bastante precavido para escoger uno u otro lugar de residencia en función de sus posibilidades económicas y laborales y del acceso a una vivienda digna. Pero eso lo decide él; por lo demás, cada cual puede, si le da la gana, vivir en Tenerife, en La Coruña, en Gerona, en Alicante, en Tarifa o en Talavera de la Reina.

Semejante libertad de circulación y de residencia no existe, absolutamente para nada, en la UE. Lo único que existe, dentro del espacio Schengen, es un limitado derecho de viajar a otros países miembros y fijar provisionalmente en ellos la residencia, sujeta siempre a dos condiciones, ambas necesarias y ninguna de ellas suficiente.

La primera condición es no figurar en una lista negra discrecional que cada gobierno, y la policía al servicio de cada gobierno, redactan según criterios que no tienen por qué notificar ni motivar. Quien esto escribe, p.ej., es autor de varios panfletos denunciando al colonialismo francés y sus intervenciones en África y Asia así como las restricciones a la libertad en Francia (tales como la obligación de asentir al veredicto del Tribunal de Nürnberg de 1946 y de tildar de genocidio la persecución de los armenios turcos en 1915 así como la prohibición del embozo en la calle). Supongamos que, irritados por mis argumentaciones, los encargados de redactar la lista negra de la policía del país vecino inscriben en ella mi nombre; en tal supuesto, se me rehusará la estancia en el país galo aduciendo un motivo de seguridad nacional; podré interponer un recurso ante un tribunal administrativo (no judicial, porque en Francia no se puede apelar a los tribunales judiciales contra decisiones gubernativas); mi recurso será fácilmente desestimado, porque la policía sencillamente repetirá un motivo passe-partout: ese individuo constituye un peligro para la seguridad nacional francesa. ¡Y ya está!

También puede la administración de un país excluir a un ciudadano de otro país de Schengen por motivos de salud pública. Un enfermo español de SIDA o de hepatitis puede vivir en el lugar de España que prefiera, pero, si opta por vivir en Sicilia, podría la administración italiana rehusarle el permiso por motivos de salud.

Una segunda condición necesaria es la de establecer y consolidar la residencia en el país elegido en calidad del desempeño de una determinada actividad económica, acreditando, para ello, la necesaria solvencia, sea por la tenencia de recursos propios idóneos para la actividad escogida, sea por la percepción de remuneración.

Si un español sin ocupación se va a Berlín para buscar trabajo, puede hacerlo, pero sólo se le concede una autorización de unos meses para encontrar empleo; transcurrido ese plazo sin haber tenido éxito, se considera que su estancia en la capital germana no es a título de trabajador, sino de individuo cuyo único motivo de vivir allí es aprovecharse de los subsidios de desempleo alemanes, lo cual está expresamente prohibido; de hecho el Tribunal de Luxemburgo ha dado la razón a Alemania, Holanda y otros países, que han expulsado a trabajadores españoles que habían emigrado a esos países en busca de empleo, sin conseguirlo, a los cuales se reprochaba estarse aprovechando de los servicios sociales locales y, por lo tanto, no justificar su presencia allí más que con esa finalidad de aprovechamiento indebido. Coercitivamente los han forzado a volver a casa.

Además de que, por consiguiente, no existe en la UE ni en el espacio Schengen una libertad de residencia general, ni remotamente, cruzar las fronteras puede estar sujeto a exhibir una documentación y a otros controles de identidad. Es cierto que, durante algunos períodos, tales controles han sido suspendidos y se podía cruzar la raya de Francia sin presentar ningún documento de identidad. Sin embargo, facultativamente --o invocando genéricas razones passe-partout--, los gobiernos pueden restablecer ese control. En cambio, cualquiera de nosotros puede viajar, dentro del territorio nacional, sin presentar documentación alguna (a salvo de la lamentable sujeción que padecemos a que agentes de la policía o de la guardia civil nos fuercen a presentar nuestro DNI cuando y donde ellos decidan porque les da la gana, lo cual puede sucederle a cualquiera andando por la calle). Una vez que se establecen o se restablecen los controles de identidad para cruzar una frontera, pueden ser tan exhaustivos e incomodantes como lo decidan las autoridades, acarreando eventualmente rechazos discrecionales.

¿Es Ud un ciudadano cualquiera, sin opiniones políticas particularmente singularizadas, que no publica sus discrepancias (si es que las tiene) con la actuación de los gobiernos europeos ni carga a sus espaldas ningún pasado políticamente señalado? Entonces, verosímilmente, no sufrirá, en el cruce de las fronteras interiores del espacio Schengen, otra molestia que ver sus efectos hurgados, sus pertenencias revueltas, sus bolsillos cacheados, tener que responder a algunas preguntas y nada más. (A salvo de que luego sabemos que no podrá radicarse en el país de la Unión que desee sin acreditar el tipo de actividad económica bajo el cual desea vivir y demostrar poder hacerlo con solvencia.)

Pero ¿qué nos sucede a quienes tenemos un pasado revolucionario, a quienes no pasamos desapercibidos porque nos arriesgamos exponiendo nuestras ideas?

Simplemente con estas páginas que estoy escribiendo en este momento --y voy a publicar en seguida-- puedo conjeturar que en una Vasconia y en una Cataluña separadas políticamente del Estado español las policías respectivas me incluirían en sendas listas negras, prohibiéndome cruzar sus improvisadas fronteras o visitar sus territorios, españoles durante dos milenios. Ya sé que mi suerte no afecta a la mayoría. Pero --en la hipótesis de que esos territorios secesionados fueran nuevos países miembros de la UE y del espacio Schengen y que el residual Estado hispano mantuviera su pertenencia a tales unidades-- lo que a todos afectaría sería la prohibición de residir al otro lado de la frontera de la propia nacionalidad sin debida justificación económica.

Segundo alegato: existe una ciudadanía común europea, por lo cual las nuevas fronteras no alterarían mayormente nuestra vida.

La presunta ciudadanía europea no existe. Lo que así se llama es sólo un rasgo adicional de la ciudadanía de un Estado miembro, consistente en que, a algunos efectos (sumamente limitados), el ciudadano de un país miembro tiene ciertos derechos cuando viaja por otro Estado miembro o vive en él (y eventualmente cuando viaja a terceros países --concretamente servicios consulares).

Es tasada la lista de tales derechos en tierra ajena. P.ej., un español no puede aspirar a ser un juez ni un policía en Italia, ni un candidato a elecciones parlamentarias en dicho país hermano, ni podrá ser allí ministro. En Italia será un extranjero con derechos circunscritos, aquellos que se fijen en los tratados internacionales y en la normativa europea derivada. Ya sé que la mayoría de nosotros no aspiramos a ser ministros, ni aquí ni allí. Pero hablo de derechos. (Hoy un andaluz puede ser miembro del gobierno catalán y un catalán puede serlo del gobierno andaluz.)

Pero hay más que eso. Si se erigen nuevas fronteras que separen del residual Estado español (suponiendo es que éste persista, lo cual es dudoso) la mayor parte de su territorio de la margen izquierda del Ebro, el derecho de voto se verá seriamente afectado. En el parlamento español no existe ninguna circunscripción de los españoles residentes en el extranjero (a diferencia de lo que sucede en Francia y otros países). Los españoles no residentes en España no tienen derecho de voto en las elecciones parlamentarias hispanas --aun cuando, paradójicamente, lo tengan en las elecciones autonómicas de sus regiones de origen, aunque nunca las hayan visitado en su vida. Sí pueden votar los residentes ausentes, o sea quienes, empadronados en España, están temporalmente fuera. Mas quienes viven de fijo en París o en Estocolmo, por muy ciudadanos españoles que sean, no pueden votar en las elecciones parlamentarias de España.

De lo cual se sigue que en una Cataluña secesionada a quienes conservaran allí la nacionalidad hispana pero carecieran de empadronamiento en lugar alguno del residual Estado español no se les permitiría votar ni en las elecciones parlamentarias catalanas ni en las españolas.

Desde luego, ese cercenamiento de derechos puede no ser, en sí, tan grave. Somos muchos quienes nunca votamos (cerca de un tercio de los ciudadanos con derecho de sufragio). ¿Qué se nos da entonces en no poder votar? Respondo que no es lo mismo carecer del derecho de voto que ejercer el derecho de abstención, igual que no es lo mismo, si uno es muy casero, vivir la mayor parte del tiempo voluntariamente encerrado en la propia vivienda que verse constreñido por un arresto domiciliario.

Tercer alegato: la Europa unida es un espacio de cooperación social y, por lo tanto, son acumulables los derechos de prestación de los ciudadanos de los Estados miembros.

Respondo que eso es absolutamente falso. Contrariamente al mito de la propaganda paneuropeísta, no hay ninguna seguridad social paneuropea.

Lo que globalmente llamamos «seguridad social» es un cúmulo de prestaciones sociales a cargo de los poderes públicos (y concretamente del Estado, aunque algunos estén parcialmente transferidos a las regiones) que cubren situaciones de necesidad, principalmente estas tres: (1) la de cuidados médicos (no sólo por enfermedad sino también por embarazo y maternidad); (2) la de jubilación y pensión por otros supuestos (viudedad, orfandad, invalidez); y (3) la de desempleo.

¿Por qué esos supuestos y no otros? ¿Por qué no hay una seguridad social de alimentación, ni una de vivienda? ¿Por qué no están incluidas en la seguridad social las prestaciones educativas y otras ayudas sociales (comedor escolar, hogares de retiro, orfelinatos, etc)? Sencillamente porque así se ha acordado convencionalmente --sobre la base de argumentos muy vulnerables y que no nos interesan aquí.

Dentro de un Estado --en nuestro caso, España-- hay una seguridad social común --si bien hoy un tanto debilitada, al fragmentarse, en buena medida, por la transferencia de la asistencia pública sanitaria a las regiones.

Si Ud ha trabajado 15 años en Cataluña, 7 en Aragón y 10 en Andalucía, su pensión de jubilación tiene en cuenta, como cotización, el cúmulo de esos 32 años. Por el contrario, si ha trabajado 14 años en Bélgica y 18 años en España, su pensión se calcula sobre la base de esos 18 años de cotización (suponiendo que sean los últimos, porque, si no, está por ver que tenga derecho a una pensión contributiva en España); lo único a que le dan derecho los 14 años cotizados en Bélgica es a que, a través de la seguridad social española, se tramite una solicitud de complemento de pensión belga; un complemento totalmente separado de la pensión española de jubilación por edad. (Que Bélgica conceptúe o no suficientes 14 años de cotización para conceder ese complemento de pensión depende de la legislación belga.)

Si se rompiera la unidad del Estado español formándose dos o más nuevos Estados en sendas partes de su actual territorio, ésa sería jurídicamente la situación entre los habitantes de esos nuevos Estados resultantes. Si un trabajador ha cotizado 14 años en Cataluña y 14 en Valencia, podrá quedarse sin pensión, pues para ninguna oficina de seguridad social contará una suma de 28 años, siendo 15 el número mínimo de años cotizados para poder percibir una pensión contributiva.

Lo propio sucede en la sanidad. Ciertamente hoy ya se halla gravemente dañada la solidaridad interregional, al haberse transferido la prestación de ese servicio a las comunidades autónomas; pero no ha habido ruptura total. Si en un hospital público de Barcelona se practica un tratamiento oncológico que no se presta en ningún otro lugar de España, un paciente tiene, en principio, derecho a que su caso sea considerado para la posibilidad de que se le permita acceder al tratamiento en Barcelona. (Resulta un tanto misterioso de cuántas incógnitas dependerá que se le conceda; mas, por lo menos en teoría, es posible.) Producida la secesión, cesan esos derechos (igual que hoy no tenemos derecho a que nos traten en Berlín, por más que allí se dispense un tratamiento médico que todavía no haya llegado a España; hay vías excepcionales para pasar entre esa red, pe ro la regla general es ésa: tenemos derecho, en principio, a tratamientos que se dispensan en España y nada más).

Similarmente sucede con la prestación por desempleo. Es un asunto interno de cada Estado miembro. Haber cotizado a la seguridad social española no genera derechos de prestación por desempleo en Holanda.

Vemos, pues, que la ruptura de la unidad estatal implica un gravísimo quebranto para los derechos individuales, tanto los de libertad cuanto los de bienestar. ¿Quiénes sufrirían ese quebranto? No sólo los habitantes del resto de España, sino también los habitantes de una Cataluña separada. Perderían todos los derechos de libertad y de bienestar que he enumerado a lo largo de este artículo.

Claro --podrá aducirse-- mas imaginemos que ha habido un plebiscito en el cual la mayoría de los votantes residentes en Cataluña han dicho «sí» a la secesión. Entonces la pérdida de derechos que sufren la han consentido voluntariamente.

Respondo lo siguiente.

  • 1º.-- Los derechos fundamentales son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Por lo tanto, una vez que un ciudadano catalán tiene los derechos fundamentales que le reconoce la actual constitución española, es írrita y nula cualquier renuncia que haga a esos derechos.
  • 2º.-- A la mayoría no le es lícito despojar de sus derechos fundamentales a la minoría (ni siquiera a una mayoría del 99'9%, peor a una del 51%).
  • 3º.-- En cualquier caso, a la mayoría de los votantes de una región no le es lícito privar de una parte de sus derechos fundamentales a los habitantes de las demás regiones.

Por eso es ilícita la secesión, porque privaría de una parte de los derechos constitucionalmente reconocidos a todos los habitantes de España. Tal privación implicaría un cambio constitucional que sólo podría adoptar el cuerpo soberano, el pueblo español en su totalidad.

Si la secesión es ilícita, por contraria a los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles (incluidos los catalanes), es asimismo ilícita cualquier consulta sobre la secesión. ¿Sería acaso lícita una consulta sobre el restablecimiento de la pena capital o la legalización de la tortura?

Sólo el cuerpo soberano de la nación española podría ser consultado sobre esos temas, siempre que la consulta fuera legalmente ordenada en el marco de un proyecto de nueva constitución. (Espero que nunca más estén legalmente autorizadas en España ni la tortura ni la pena capital.)

De lo que se trata es de que no cualquier consulta es lícita. Es ilícito consultar sobre si los votantes quieren o no que se perpetren crímenes. Y peor que crímenes particulares es privar, colectiva y masivamente, de una parte de los derechos fundamentales reconocidos en la constitución a toda la población de España.

Por último, la UE es una organización internacional. Desde el punto de vista del Derecho público internacional, es sólo eso; su legalidad se basa en los acuerdos entre Estados soberanos. Dadas las turbulencias del euro, la voluntad de apartarse de la Unión del pueblo británico, la posibilidad de otras decisiones similares en otros países, las tensiones entre el Norte y el Sur de Europa, los conflictos entre la cúpula eurocrática de Bruselas y los decisores políticos de Varsovia, Bratislava, Budapest y otras capitales de la Europa centro-oriental, juzgo gratuito dar por supuesto que la UE seguirá existiendo dentro de medio siglo. Ahora bien, una secesión es para siempre; acarrearía efectos irreversibles e irreparables.

[continuará]




2017-07-20

SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (II)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario:
II.-- La irracionalidad de la fragmentación
por Lorenzo Peña y Gonzalo

2017-07-20


Una nueva disciplina, llamada la «cliodinámica», ha venido a ofrecer un tratamiento científico de la historiografía --ligando, interdisciplinarmente, datos y razonamientos de las ciencias sociales, históricas y biológicas sobre la evolución de la especie humana a lo largo de los milenios con un instrumental matemáticamente estructurado y cuantificable.

Carezco de competencia académica para pronunciarme sobre su validez, pero, como observador culturalmente equipado, me arriesgo a conjeturar que es un enfoque prometedor, que acaso pueda lograr objetivos de cientificidad historiográfica que el materialismo histórico quiso alcanzar sin conseguirlo (porque --aun basado en una idea audaz y brillante-- manejaba un utillaje conceptual insuficiente, estiraba su hipótesis de partida hasta extremos de inverosimilitud --a fuerza de epiciclos-- y, al cabo, suscitaba más incógnitas que explicaba convincentemente hechos).

En estos nuevos estudios de la cliodinámica se ha acuñado el concepto de la ultrasociedad. Entre los trabajos donde se analiza y se articula rigurosamente puedo citar el artículo de David Slan Wilson & John M. Gowdy, «Human ultrasociality and the invisible hand: Foundational developments in evolutionary science alter a foundational concept in economics» (Journal of Bioeconomics, 17/1 (2015), pp. 37-52). Las aportaciones más populares y persuasivas son las de Peter Turchin, en libros como Ultrasociety (Beresta Books, noviembre de 2015; disponible en Kindle ebooks).

Esos estudios han abordado una cuestión sobre el éxito de la sociedad humana, en lo que tiene de específico, frente a las sociedades de animales superiores cercanamente emparentadas con nosotros. Podemos ver, sin duda, en las serpientes, en los elefantes, en los delfines, en los cuervos, en los bonobos, la realización de complejos modos de vida social, que encarnan un valor vital o biológico superior al de los invertebrados, entre ellos los artrópodos, entre ellos los insectos, entre ellos los himenópteros sociales. Sin embargo eso es así sólo a nivel del individuo.

Al nivel de la especie, superan con creces las sociedades de insectos sociales a cualesquiera agrupamientos de vertebrados (salvo los de seres humanos en los últimos milenios). Particularmente exitosas son las sociedades de hormigas. En realidad, nuestro planeta es el astro de las hormigas. Ese género mirmecológico abarca cientos de especies, pero todas juntas suman como la cuarta parte de la masa de materia animal en nuestro planeta (una masa mayor que la de los siete mil millones de seres humanos hoy vivos), formando sociedades disciplinadas donde imperan normas jurídicas que se hacen obedecer aplicando las sanciones adecuadas; sociedades comunistas, sin propiedad privada, en las cuales a ningún individuo se deja morir de hambre (si bien algunos tienen que sacrificar sus vidas por el bien público).

Los parecidos entre las sociedades mirmecológicas y las humanas han dado lugar no sólo a apasionantes estudios científicos sino también a una significativa literatura.

A lo largo de millones de años, al producir el surgimiento de los vertebrados y posteriormente de los mamíferos --en una de cuyas subramas estamos nosotros--, no logró, empero, la evolución biológica igualar el éxito de las sociedades de himenópteros hasta que, finalmente, algunas especies del género homo --por lo menos, la nuestra (el homo sapiens sapiens)-- constituyeron un nuevo tipo de sociedad, la ultrasociedad, en la cual la cooperación entre los miembros es mucho más intensa, abarcando la sociedad así constituida a muchísimos más individuos (en los casos de mayor éxito, cientos de millones).

Todo gracias a que ahora la supervivencia del más apto se juega, no a nivel del individuo, sino del grupo social, en virtud de que éste posee un modo de evolucionar que es cultural, mediante la acumulación colectiva a través de la transmisión intergeneracional.

¿Lo hizo posible el lenguaje o, al revés, el lenguaje pudimos generarlo y adquirirlo gracias a vivir en sociedades suficientemente grandes y complejas? Una visión del pasado --muy inspirada en la hegemonía de la genética y el individualismo metodológico-- quería que primero se hubiera producido el surgimiento del lenguaje --por la trasformación anatómica y la adaptación fisiológica-- para que, luego, los individuos así equipados se juntaran en sociedades de mayor tamaño y capacidad cooperativa.

Como lamarckiano que soy, rechazo esa visión unidireccional. Creo en la tendencia de los seres vivos a adaptarse al medio como motor de la evolución.

Si tuvieron lugar las modificaciones anatómicas y fisiológicas que posibilitaron un lenguaje como el nuestro, de doble articulación (según el concepto de André Martinet), fue porque hacían falta para consolidar y hacer prosperar las incipientes sociedades de homínidos. Lo que sucedió no fue (como en las teorías del pacto social originario, de Hobbes a Rawls pasando por Rousseau) que los individuos, previamente humanizados en una vida más o menos solitaria, optaran un día por juntarse en sociedad, sino que las sociedades, ya existentes, fueron evolucionando, perfeccionando sus medios de cooperación, principalmente el lenguaje, produciéndose, para tal fin, los idóneos cambios de la morfología de sus miembros.

Sin embargo, el lenguaje por sí solo no habría permitido los avances de nuestras civilizaciones. La transmisión oral es imprescindible. Pero no basta. Fue la escritura lo que produjo un inmenso avance. La escritura fue posibilitada por los grandes Estados, por los imperios: Mesopotamia, Egipto, China, la India. Imperios cuyo surgimiento había resultado de miles de años de evolución social, a través de enfrentamientos mortales.

Ha sido el Derecho lo que, a mi juicio, posibilitó la formación de los grandes Estados como focos de civilización, lo que ha traído consigo nuestro éxito evolutivo (la imprenta, el agua corriente, los antibióticos, los rayos láser, las comunicaciones por satélite, el internet).

En general las sociedades de vertebrados se ajustan a sistemas normativos rudimentarios e inestables (exceptuando algunos taxones, como los cánidos, los elefantes, tal vez algunos cetáceos). De manera general, en las sociedades de mamíferos es escasa y precaria la legitimidad del poder, tendiendo a residir en el macho alfa, el cual no ostenta su jefatura por sus aptitudes funcionalmente provechosas para la comunidad, sino sólo por su fuerza o --entre los primates, al menos-- por su astucia para forjar alianzas, sin que la sociedad reciba de ese liderazgo otro beneficio que el de evitar, por un tiempo, las luchas internas, al instituirse una jerarquía. De ahí la frecuencia de insubordinaciones, rivalidades y peleas por el liderazgo, la propensión a desobedecer las reglas y la laxitud de la solidaridad grupal (el principio «unus pro omnibus, omnes pro uno»).

En cambio, en las sociedades de himenópteros, el liderazgo de la reina no constituye, en realidad, poder alguno, pues no manda nada ni goza de ningún privilegio particularmente envidiable; su rango es indisputable --excepto en raras y muy espaciadas crisis de rivalidad--; el complejo sistema de normas es muy constriñente y casi siempre respetado (imponiéndose coercitivamente la observancia de los preceptos vigentes).

Las primeras sociedades humanas debieron parecerse mucho a las de otros primates. Lo que, en la lucha de los incipientes Estados, posibilitó la victoria de los más aptos fue su mejor sistema normativo: el Derecho.

Gracias al Derecho se sale de la ley del más fuerte. El jefe ya no es ni el macho de mayor musculatura ni el más astuto en la intriga, sino el individuo seleccionado (ora por su carisma personal, ora por unos mecanismos de selección preestablecidos) como más idóneo conductor de las tareas comunes. Su misión no es aprovecharse de su liderazgo en propio beneficio, sino organizar la actividad social en aras del bien común, ejerciendo su mando según un sistema de reglas que fija derechos y deberes del director y de los dirigidos.

Que tales sean las funciones socialmente asignadas no quiere decir que siempre se cumplan; en la medida en que sean transgredidas esas pautas funcionales, la sociedad será inepta y proclive a ser vencida por sus enemigos. Cuanto más se perfeccione el Derecho de una sociedad, más apta será ésta para enfrentarse a los desafíos que la acechan.

Los grandes imperios de finales de la antigüedad fueron creadores de sistemas jurídicos de tal perfección que, concretamente, el romano ha sido seminal para todas las legislaciones posteriores.

Por malo que sea, un ordenamiento jurídico es mejor que la anarquía o la actuación al margen de la ley; exceptúo conglomerados de reglas cuya irracionalidad les hace perder el carácter de genuinos ordenamientos jurídicos --cual es el caso del Tercer Reich y del régimen de Pol Pot.

Por falta de una sociedad estatalmente estructurada con un sistema jurídico, hasta tiempos muy recientes en Nueva Guinea uno de cada cuatro hombres morían violentamente, víctimas de occisión humana, por homicidio individual o grupal, particularmente por guerras intertribales. Éstas, incesantes, exterminaban a tribus enteras, manteniendo la población de la isla estable, cuando no en retroceso demográfico.

Es conjeturable que tal fue la vida del homo sapiens sapiens durante la mayor parte de nuestra existencia (unos 200.000 años).

No resisto la tentación de citar la bellísima prosa del Leviatán de Thomas Hobbes, 1651, (pidiendo perdón a quienes no lean el inglés):


Whatsoever therefore is consequent to a time of Warre, where every man is Enemy to every man; the same is consequent to the time, wherein men live without other security, than what their own strength, and their own invention shall furnish them withall. In such condition, there is no place for Industry; because the fruit thereof is uncertain; and consequently no Culture of the Earth; no Navigation, nor use of the commodities that may be imported by Sea; no commodious Building; no Instruments of moving, and removing such things as require much force; no Knowledge of the face of the Earth; no account of Time; no Arts; no Letteres; no Society; and which is worst of all, continuall feare, and danger of violent death; And the life of man, solitary, poore, nasty, brutish, and short.

En realidad jamás existió ese tiempo pretérito que imaginaba Hobbes, puesto que el hombre siempre ha vivido en sociedad, al ser una criatura naturalmente social, como lo dijo Aristóteles. Pero lo que sí hubo --y duró una eternidad-- fue un tiempo en el cual las sociedades humanas eran pequeñas --o relativamente pequeñas--, con capacidades muy limitadas de acumulación material e intelectual. La vida en tales sociedades era, ciertamente, solitaria, pobre, hostil, bruta y corta (como la de los aborígenes de Nueva Guinea).

No por pacto, sino a través de la victoria de los grupos más aptos, se fueron formando sociedades más amplias, los grandes Estados, que emprendieron la tarea de prestar servicios públicos a sus habitantes, con grandes construcciones (hoy denostadas por ser «faraónicas», como si eso fuera malo). Fue ése el marco del surgimiento interrelacionado de la escritura y del Derecho (según lo concebimos).

El avance de la humanidad ha sido el de los grandes imperios. Pero ha habido dos tipos de imperios: los unificadores y los depredadores. Quizá todos empezaron siendo depredadores, pero algunos evolucionaron asimilando a las poblaciones sometidas para así constituir grandes Estados unificados. (El mejor ejemplo es el del Imperio Romano, pero también se aproximan a esa caracterización los imperios árabe, chino y español.) Por el contrario no han pasado de la fase depredadora los imperios coloniales creados por los europeos y norteamericanos entre fines del siglo XVII y mediados del siglo XX; su propia índole hacía y hace muy difícil que sean unificadores. (Es un tema para otro artículo.)

Los avances de la civilización están, pues, ligados a las grandes unidades políticas. El Imperio Chino, el Imperio Romano-Bizantino, el imperio árabe, el imperio romano-germánico, el imperio hispano del siglo de oro han sido la cuna de las artes, las técnicas, las ciencias, el comercio, el progreso humano en una palabra.

Cæteris paribus, los grandes Estados son más eficaces que los pequeños. Satisfacen mejor las necesidades de su población, constituyendo unidades con mayor peso internacional y mayor fuerza de negociación (o, si fuera el caso, de enfrentamiento, pacífico o bélico). Unir es bueno, dividir es malo.

Aquellos marxistas que sostuvieron el derecho de las naciones a la autodeterminación (Ulianof, sobre todo) lo hicieron basados en ideas ocasionales del propio Marx (que no hacía más que reflejar opiniones comunes de los sectores políticamente avanzados de la Europa de su tiempo), según las cuales era favorable al progreso económico, al crecimiento de las fuerzas productivas bajo el capitalismo, a los negocios de la burguesía, operar en Estados nacionalmente homogéneos de la mayor extensión compatible con esa homogeneidad nacional.

Nunca se ha demostrado tal hipótesis (que ni Marx ni Ulianof formularon con claridad y que, de hecho, éste último implícitamente cuestiona algunas veces). El segundo país de la revolución industrial en la primera mitad del siglo XIX fue Bélgica, nacionalmente dual, mientras que países nacionalmente homogéneos mantenían su atraso.

En el período que precedió inmediatamente a la I guerra mundial las unidades que estaban experimentando mayor avance industrial (relativo a la fase precedente) eran USA, Rusia, Austria-Hungría y el plurinacional II Reich (la Alemania de los Hohenzollern) --así como, en menor escala, la confederación helvética. La pluralidad de lenguas no parece haber estorbado esos avances. Desde los años veinte hasta la fase de estancamiento de los años ochenta del siglo XX ningún país obtuvo éxitos industriales equiparables a los de la Unión Soviética (la cual desde 1928 retomó y aceleró el crecimiento del que ya había disfrutado la economía rusa en la etapa final del zarismo).

La I guerra mundial fue una catástrofe. Rosa Luxemburgo había defendido la intangibilidad de las fronteras, alertando contra los peligros que se derivarían de cuestionarlas. Podía hacerse ese cuestionamiento con la mejor intención del mundo, la de solventar a las buenas los conflictos, no forzando a permanecer juntas a poblaciones que desearan vivir separadas; sin embargo, lejos de que eso aliviara la pugna, podría exacerbarla, ocasionando nuevas pretensiones, nuevos irredentismos.

En particular, Rosa Luxemburgo llamó la atención sobre Ucrania. Era --y había sido desde mil años antes-- un territorio ruso (aunque hubiera sido transitoriamente conquistado y dominado por los polacos en los siglos XVI y XVII). La Rusia primigenia se formó en Kiev. El ucraniano se consideraba simplemente un dialecto del ruso (se llamaba «el pequeño ruso»). Hasta los años de la I guerra mundial --recordaba Rosa Luxemburgo-- sólo una insignificante minoría de soñadores intelectuales aspiraban a hacer de Ucrania una nación. (Rosa Luxemburgo reprocha a los leninistas haber alentado esas pretensiones irredentistas al prometer la autodeterminación.) Fue el imperialismo alemán el que, en el tratado de paz de Brest Litofsk (3 de marzo de 1918), impuso la creación de un Estado ucraniano, separado de Rusia, bajo la férula y la ocupación militar del Reich germano.

Tras la abrogación de ese tratado en noviembre del mismo año, Rusia pudo anexionarse esa región desmembrada, pero (contrariamente a la opinión de Yugáshvili), Ulianof se opuso. Las consecuencias están a la vista. Entonces se otorgó a Ucrania una independencia puramente nominal, que mantuvo a lo largo de los 69 años de vida de la Unión Soviética; lo que era nominal acabó siendo real. Pero, claro, en lugar de que la secesión ucraniana haya solucionado nada o que haya sido un bálsamo, ha constituido, al revés, la causa de nuevos y enconados conflictos, sin que hoy por hoy se vislumbren ni su atenuación ni su fin.

El mapa de Europa era mucho mejor en 1914 de lo que es hoy, un siglo después. ¿De qué sirve esa multitud de estados confetti, ineficientes, diminutos (Estonia, Letonia, Lituania, Chequia, Moldavia, Eslovaquia, Eslovania, Croacia, Macedonia, Montenegro, Kosovo, Albania etc)? ¿Son más felices las poblaciones viviendo en territorios exiguos? ¿Son mejores y más eficaces los servicios públicos suministrados por esos estadejos que los que puede proporcionar un gran Estado moderno? ¿No hay hoy muchos más peligros? Puede saltar una chispa en cualquier momento que haga colisionar a Hungría con Eslovaquia, a Lituania con Polonia, a Moldavia con Transnistria, a Albania con Macedonia y así sucesivamente.

Se me replicará que vela para evitarlo la Unión Europea; que la solución está en rebasar las fronteras nacionales formando un espacio supranacional de la integración europea.

Ahora bien, si de eso se trata, entonces ¿para qué haber empezado por romper las unidades existentes, que tenían realidad plurisecular, para lanzarse a una empresa arriesgada, endeble y excesivamente ambiciosa, que no pasa de ser un babélico rompecabezas puramente artificial, cuya permanencia futura es una incógnita?

Esté fundado o no mi euro-escepticismo (ya vemos que casi siempre que se consulta a los pueblos, el resultado es opuesto a esa tramoya de las élites acaudaladas), el hecho es que, si preferimos una integración europea que sea --aunque no se diga con esas palabras-- un nuevo macroestado, ¿qué sentido tiene fragmentar los Estados existentes? ¿Quizá que así los componentes del nuevo macroestado, en lugar de ser 27 (28-1), serán unos cuantos más? Y ¿qué se gana con eso? Si es difícil que los Estados miembros se pongan de acuerdo sobre políticas comunes, tanto más difícil será cuantos más haya. (En la tercera entrega de esta serie de artículos abordaré la coartada europeísta que esgrimen los secesionistas.)

Si el progreso humano ha sido y es posible por la formación de grandes Estados, por la consolidación de sistemas jurídicos respetados que tienden a unir y que prohíben escindir, las pretensiones secesionistas resultan claramente reaccionarias. Podrá haber circunstancias excepcionales en las cuales la separación sea admisible cual mal menor, igual que la insurrección en regímenes de tiranía insufrible (y aun así bajo condiciones muy restrictivas). Está claro que se trata de excepciones.

Al revés, una visión de futuro debería llevarnos por la senda opuesta: la de fundir Estados de tamaño insuficiente en otros más amplios, siempre que sea posible tener una lengua común --o, al menos, una lengua mayoritariamente hablada en el territorio resultante de la fusión. Aunque, hoy por hoy, están empantanados los bellos proyectos de fusión nacional, como el panarabismo, me parece inverosímil que vayan a permanecer definitivamente aparcados. Otros conjuntos histórico-lingüísticos podrían encaminarse en esa dirección.

[continuará]




2017-07-12

SOBRE EL DERECHO DE SECESION Y EL REFRENDO PLEBISCITARIO (I)

Sobre el derecho de secesión y el refrendo plebiscitario:
I.-- ¿Son naciones Cataluña, Vasconia y Galicia?
por Lorenzo Peña y Gonzalo

2017-07-12

Puede parecer casi alucinante que, en la vida política de la Hispania de este comienzo del siglo XXI, uno de los temas más polémicos sea el de si somos una nación, si somos una mera suma de varias naciones aglomeradas o yuxtapuestas (un estado plurinacional, como ahora se le ocurre decir al ocasional y adventicio líder del partido socialista), si somos ese no-sé-qué que sería una «nación de naciones» (pseudoconcepto que no pasa de ser un conjuro) u otra cosa carente de denominación. Antes de formular abiertamente su pretensión separatista --que tuvieron callada durante años--, la principal reivindicación de los secesionistas ha sido la de proclamar que sus regiones no son tales, sino verdaderas naciones. Pero es que hasta los partidos oficialistas del régimen borbónico (PP y PSOE) se pusieron de acuerdo, al consensuar entre ellos las reformas de los estatutos autonómicos de algunas regiones --como Andalucía--, proclamando que la región respectiva tenía una propia identidad nacional.

¿Qué definición de «nación» se está usando? En las controversias públicas no se cita a autor alguno, pero a mí no me cabe absolutamente ninguna duda de que la definición que se quiere manejar es la de José Visariónovich Yugáshvili (alias Stalin). (Sólo que, evidentemente, nadie desea arroparse en la autoridad del presunto demonio.)
Hace ya diez años, en un artículo sobre la cuestión de la autodeterminación nacional, reproducía yo varios trabajos ajenos, entre otros uno de Yugáshvili (del año 1929, mucho menos conocido que su célebre ensayo de 1912 El marxismo y la cuestión nacional), pero también fragmentos del discurso de inauguración del Presidente Abraham Lincoln en 1861, un texto de J. Petras y, sobre todo, un documento político del dirigente del partido comunista de España, el bilbaino Vicente Uribe Galdeano, «El problema de las nacionalidades en España a la luz de la guerra popular por la independencia de la República Española» (1938).
Más abajo me referiré al texto de Uribe. De momento voy a glosar la famosa definición de «nación» propuesta por Yugáshvili.
Parafraseo mi propio artículo de 2007:

La definición de Yugáshvili tiene muchos precedentes, y en parte se explica como una réplica al voluntarismo de Renan (para quien la nación se constituye por una continuada voluntad de vivir juntos). Yugáshvili define 'nación' como 'una comunidad estable de seres humanos, históricamente constituida, sobre la base de unos rasgos comunes compartidos: lengua, territorio, vida económica, idiosincrasia y cultura'; añadió que esos rasgos se daban por grados, y que en unos casos prevalecían más unos u otros.

Lo que no dijo Yugáshvili es que las partes de una nación no son naciones; sobreentendió que la comunidad de que hablaba, para ser una nación, no estaba subsumida en otra más amplia que también lo fuera. Quedan cabos sueltos y falta mucho por analizar en esa definición: determinar de qué criterio se deducen esos rasgos; probar que la lista de los mismos es exhaustiva; arbitrar los conflictos entre esos diversos rasgos (el propio Yugáshvili alude a esos conflictos, mas no suministra pautas, sino que lo remite todo a una ponderación empírica y casuística).
Un posible fundamento --que Yugáshvili no abordaba-- sería el de reputar como rasgos típicos de la particularidad nacional de una población aquellos que son naturales, no en el sentido de la naturaleza natural sino en el de la naturaleza cultural. Y es que 'nación' es un sustantivo verbal del verbo 'nacer' (nasco en latín), de la misma familia que el nombre 'natura', la naturaleza. Lo natural se opone a lo artificial. Toda la cultura de una especie social como la humana es artificial; pero dentro del artificio, hay un artificio artificialmente natural y otro artificialmente artificial. El natural es el que ofrece --frente al más propiamente artificial-- las mismas características que ofrece en general la naturaleza frente a nuestras elaboraciones artificiales (o sea, aquellas que son acciones o hechos que vienen de nuestras artes, de nuestro ingenio). Dentro del mundo de la cultura, es natural aquello que es más difícil de modificar a corto plazo, lo más anclado en la vida colectiva intergeneracionalmente conservada y transmitida, aquello que se configura menos por planes deliberados de unos individuos o grupos y que obedece más a la espontaneidad de las masas. Y esos rasgos de la segunda naturaleza cultural son ésos: lengua, idiosincrasia, tradición histórico-política, la propia cultura de masas, la vida económica. Con una particularidad añadida, y es que sólo cabe hablar de nación en la medida en que sea un estado potencial. No tiene sentido llamar 'nación' a una población dispersa sin territorio propio, ni a una tan exigua que el imaginario estado que podría formar sería de opereta y carecería de los atributos de independencia y soberanía (salvo de manera puramente nominal).

Dejo a los lexicógrafos la tarea de averiguar cuándo y cómo empezó a usarse «nacionalidad» en un sentido diferente de «nación». En un panfleto político clandestino de 1968/69 abordé yo la diversidad semántica entre ambos vocablos --que en los medios que entonces me circundaban se usaban sin definición ni rigor. No sé si por primera (¿y última?) vez propuse una delimitación de significados.

Aceptaba yo --a salvo de todas las matizaciones necesarias-- la definición de «nación» dada por Yugáshvili; era consciente de que el autor georgiano ni había enunciado ni se había propuesto enunciar un cúmulo de condiciones necesarias y suficientes. Leyendo su ensayo salta a la vista que su propósito era el de brindar un criterio elástico, dúctil y pragmáticamente modulable que sirviera, al menos, de pauta aproximada y ajustable a las múltiples circunstancias de la vida político-social. Si bien carecía de los instrumentos lógicos idóneos para caracterizar adecuadamente sus propias ideas, su concepción sería correctamente formulable con un utillaje conceptual que tuviera en cuenta la noción de racimo de rasgos (cluster) más una lógica difusa.

Sea como fuere, distinguía yo de ese concepto de nación --graduable, maleable y plurifacético-- el de nacionalidad como aquella parte de una nación que difería del resto de la nación por la posesión diferencial --en uno u otro grado-- de sólo algunas particularidades de entre los rasgos característicos de la nación: lengua, idiosincrasia, tradición histórico-política, la propia cultura de masas, la vida económica.

Está claro que ni Cataluña ni Vasconia ni Galicia son naciones porque no difieren, en ninguno de esos rasgos, de su entorno --el conjunto peninsular hispano, exceptuado Portugal (que siguió históricamente un rumbo aparte)--. Comparten con el resto de España todos los rasgos característicos de la unidad nacional: vida económica, lengua, cultura, idiosincrasia, tradición histórico-política (no sólo plurisecular, sino en verdad bimilenaria).

La única diferencia meramente parcial es la lingüística. Pero resulta mucho menor de lo que se cree. Para empezar, el catalán y el gallego son variantes de la lengua iberorromance, cuyo dialecto principal es el castellano, denominado «español» no porque sea la única lengua española, el único dialecto iberorromance, sino por antonomasia, por ser la más hablada, la más usada internacionalmente y la que cuenta con un mayor patrimonio literario y científico.

El castellano no alcanzó su hegemonía por imperativo legal ni por mandamiento del poder, sino, en el transcurso de más de medio milenio (del año mil al siglo XVII), por espontánea iniciativa de eso que se llama tan impropiamente «sociedad civil» -- si bien, desde luego, contó a su favor ser la lengua de la corte (no sólo en el reino de Castilla y León, sino también en el de Aragón-Cataluña, ya mucho antes de la unificación de ambas ramas de la común dinastía en 1474).

Dejo de lado los datos sobre Galicia, donde la lengua gallega tradicionalmente era hablada preferentemente en el campo (y casi nunca usada en las capitales). Para Cataluña --la región que más se ufana de su peculiaridad lingüística-- tomo estos datos de Ismael Nafría, «Retrato lingüístico de Catalunya en cinco gráficos interactivos» (La Vanguardia, 2015-04-20, acc. 2017-07-12), que se basan en la «Encuesta de usos lingüísticos de la población 2013» realizada por el Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña y el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat).

El catalán es idioma habitual del 36,3% de los habitantes de Cataluña, mientras que el español lo es del 50,7%; además está un 6,8% para el cual ambos son igualmente lenguas habituales. Eso significa que más del 57% de los habitantes de Cataluña tienen como lengua habitual el castellano y que sólo el 43% tienen como su lengua habitual el catalán. (No se suman ambas cifras por su parcial solapamiento.)

Según un análisis de esos datos ofrecido por el sitio http://www.lainformacion.com/ (de fecha 2014-06-21, acc. 2017-07-12), bajo el título «Los catalanes hablan y se identifican más con el castellano que con el catalán», «En la última década el número de hablantes de castellano ha aumentado en 3,5 puntos frente a los 10 que pierde el catalán». El articulista añade: «El castellano sigue siendo la lengua más hablada en Catalunya, aumentando su distancia con respecto al uso del idioma propio de la comunidad, al que supera en 14 puntos. Son las dos conclusiones que se desprenden de la última encuesta de usos lingüísticos, que cada cinco años elabora la Generalitat y cuyo último estudio ha preguntado durante 2013 a 7.500 personas mayores de 15 años. [...] Se constata cómo el castellano en los últimos diez años se ha mantenido estable como lengua inicial y ha aumentado como lengua habitual en cinco puntos, puesto que en 2003 se situaba en el 47,2% y, aunque en 2008 bajó hasta el 45,9%, en 2013 alcanzó el 50,7%».

Y ¿qué sucede en Vasconia --a la cual sería más correcto llamar «Autrigonia»? Según el artículo «La izquierda, el órdago, la andereño. El castellano vasco en el aula de E/LE» de Liher López Eguiara (monografía sustentada en la Universidad de Barcelona en julio de 2011, acc. 2017-07-12), en el conjunto de las tres provincias que forman lo que oficialmente se denomina hoy «Comunidad autónoma del País Vasco» sólo un 18,7% tiene al eusquera o euscaro como su lengua primaria (en Navarra sólo el 6,4%), mientras que el español es la lengua primaria del 90,4% de la población en el conjunto de las cuatro provincias total o parcialmente vascas (siendo la lengua primaria del 76,2% de los habitantes de la citada Comunidad autónoma vasca).
(Son datos oficiales del gobierno vasco; personalmente albergo dudas sobre su fiabilidad, sospechando que están metodológicamente sesgados para hinchar el número de euscohablantes; tal vez habría que encuestar sobre cuántas conversaciones se hacen en una u otra lengua, cuántos libros y otros textos se leen en ellas, cuántas emisiones de radio o podcasts se escuchan; o sea qué uso se hace realmente, más allá de la somera declaración de lengua primaria --que no deja de tener un cierto aire de autoidentificación cuasi-étnica.)

Claro está que en Cataluña, en Vasconia y en Galicia se dan particularidades, como se dan en cualesquiera regiones de cualquier país del mundo. En verdad son muy pequeñas comparadas con las particularidades de California y Nueva Inglaterra en USA, de Provenza, Alsacia y Bretaña en Francia, del Baluchistán y el Arabistán en Persia, del Tirol del Sur y el Valle de Aosta en Italia, de Manchuria y el Kwantung en China, etc. Cualquier estado de la Unión India tiene unas diferenciaciones internas muchísimo mayores que las que se dan entre unas y otras regiones españolas, incluidas las tres sobre cuya presunta peculiaridad nacional versa el presente artículo.

Cuando escribí mi panfleto de 1968/69, «Acerca del problema de las nacionalidades en España», abrazaba yo el marxismo, militando en una formación revolucionaria que yo mismo había fundado (en diciembre de 1964). Ese panfleto --que redacté en mi condición del ideólogo de facto de tal organización-- perseguía un objetivo: defender una política de unidad nacional de España, con una República popular y unitaria («federativa», que no federal), descartando la autodeterminación de las regiones con singularidades lingüísticas o culturales y socavando los cimientos ideológicos de las pretensiones autodeterminacionistas. (Esa república popular y unitaria sigue siendo un sueño.)

En 1969 seguía yo aferrado al dogma marxista de la autodeterminación de las naciones (un dogma que nunca fue aceptado por todos los teóricos del marxismo, siendo célebre el disenso de Rosa Luxemburgo y sus seguidores, visceralmente opuestos a cualquier idea de independización de Polonia o de cuestionamiento de las fronteras estatales anteriores a la I guerra mundial).

Hoy ya no defiendo yo esa autodeterminación, incluso cuando se esté en presencia de un estado plurinacional, como sin duda lo son Malí, el Chad, Mauritania, Senegal, Guinea, el Congo, el Gabón, Tanzania, Quenia, Angola, Etiopía, Mozambique, Argelia, Nigeria, Libia, Siria, Turquía, el Nepal, Birmania, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Papua-Nueva Guinea, etc; si aplicáramos el principio surgirían miles y miles de territorios con derecho a exigir su autodeterminación, o sea con el derecho a que se constituyeran miles y miles de estados independientes en el Planeta Tierra.

Eso sí, en mi texto de 1969 eximía yo a España de estar sujeta a la perspectiva de unas autodeterminaciones con consecuencias potencialmente destructivas de su integridad territorial, por el motivo de que en España no hay varias naciones, sino una única nación aunque se den varias nacionalidades.

Hoy iría yo mucho más lejos, negando rotundamente el derecho de las naciones a la autodeterminación, salvo aquellos tres casos en los cuales tal derecho es reconocido en el orden jurídico internacional (1º, opresión colonial --hoy residual--; 2º, conquista y ocupación extranjeras; 3º, sumisión de los habitantes de un territorio a grave, sistemática y persistente discriminación que sea irremediable por cualquier otra vía dentro del estado; este tercer supuesto tendría que calificarse mucho más para evitar su invocación abusiva).

Siendo ello así, mi ensayo de 1968/69 proponía, en el marco de la república española popular y unitaria, varias alternativas de organización política que podrían ser negociadas y consensuadas, llegado el momento, para satisfacer, a la vez, la preeminente finalidad de evitar la partición y los anhelos de afirmación diferencial de las nacionalidades. Tales detalles fueron omitidos por la censura interna en la versión finalmente publicada en 1969 (tras una poda implacable, que eliminó mucho de lo audaz y novedoso de mi manuscrito).

Salto ahora a mi artículo de 2007. En él, comentando el texto de Vicente Uribe de 1938, decía yo: «En ese marco Vicente Uribe publica su panfleto, aquí reproducido. Ha desaparecido la caracterización de Vasconia, Cataluña y Galicia como naciones; se habla de ellas como «nacionalidades». No indagaré aquí adónde se remonta el uso de ese vocablo en el sentido pertinente en este contexto, o sea: comunidades de seres humanos cuya diferencia de las contiguas o próximas en términos de diversificación nacional no es tan grande como para merecer la calificación de `nación' diferenciada, pero tampoco es totalmente nula o inexistente. Para las nacionalidades no se plantean las mismas reivindicaciones, concretamente no se plantea la autodeterminación, sino que meramente surgen reclamaciones de libre uso de su lengua y de autonomía regional. Es ésa la propuesta de Vicente Uribe para las tres regiones españolas con tales particularidades; y, a su juicio, las satisface plenamente la constitución republicana, aunque en la práctica, hasta 1936, no se había podido aplicar del todo por obstaculizarlo las fuerzas reaccionarias, que conservaban muchos resortes de poder. Desembarazada la República de esos enemigos, al secundar éstos la invasión extranjera, la regenerada República --que de veras se convertía en una república de trabajadores de toda clase-- podía, aplicando consecuentemente su constitución, amparar los anhelos de libre uso de la propia lengua y de autonomía regional de esas tres nacionalidades.»
De todas estas consideraciones extraigo las siguientes conclusiones:

  • 1ª.-- Defender el derecho a la autodeterminación de las naciones (en la definición de Yugáshvili) implica una amenaza de retroceso histórico para la humanidad, su fragmentación en miles y miles de estados, con sendos ejércitos, peligros bélicos, barreras adicionales a la migración, pérdida de eficacia de los servicios públicos, divisiones y enfrentamientos. (Las secesiones de Eritrea y el Sudán meridional y el estallido de estados-confetti en Europa oriental corroboran los más lúgubres temores; lejos de ser divorcios pacíficos, las secesiones suelen exacerbar los antagonismos.)
  • 2ª.-- Aun admitiendo ese derecho a la autodeterminación de las naciones, no se aplica a las nacionalidades, porque entonces ya no serían miles, sino cientos de miles de entidades territoriales las que podrían erigirse en estados independientes, con gravísimo quebranto de los lazos de unidad y hasta de parentesco de millones de seres humanos unidos por estrechos vínculos de convivencia a lo largo de muchas generaciones.
  • 3ª.-- En el caso concreto de España o Hispania, incluso esa pluralidad de nacionalidades ha de rebajarse a un grado muy exiguo, tras más de dos milenios de estar juntos (con un intervalo medieval, a lo largo del cual siempre persistieron con brío y pujanza la conciencia de ser una Patria común y la esperanza de una reunificación hispana).
  • 4ª.-- No existe ningún otro fundamento que el nacional para reclamar un derecho de secesión. (Niza no tiene derecho alguno a separarse de Francia aun cuando, evidentemente, sería más viable que Mónaco, explotando la riqueza de la Costa Azul).

[continuará]


2017-07-03

INVESTIGACION EN HISPANIA

Investigación y enseñanza universitaria en España
por Lorenzo Peña y Gonzalo

2017-05-05


Este ensayo es propiedad intelectual de Lorenzo Peña y Gonzalo

Las cifras cantan. Según la clasificación de Shangay (valga lo que valga) ni una sola de las Universidades españolas se encuentra entre las cien mejores del mundo. Resultados diversos --pero, en general, tampoco muy halagüeños-- los arrojan otras clasificaciones («rankings» en horroroso y malsonante anglicismo).

Sabemos que no sólo está por debajo de la media de los países de la OCDE nuestra inversión en investigación (ese absurdo «I+D» de la jerga gestocrática), sino, además, en declive; sólo experimentó un crecimiento significativo en el primer cuatrienio de la primatura del Lcdo. Rodríguez Zapatero.

Peor que eso es nuestro pobre lugar entre los receptores de fondos europeos destinados a la investigación. No tengo datos más que del año 2011, ya muy desfasados; pero las indicaciones que he recibido, de vía indirecta, van en el sentido de que en este lustro hemos empeorado.

En el año 2011 (cuando todavía recibíamos fondos de cohesión y estructurales), el saldo era el siguiente. España contribuyó con 9.880 millones de euros al presupuesto de la Unión Europea, además de aportar el 75% de los 1.560 millones recaudados en aranceles aduaneros. En cambio, recibió 13.600 millones de euros. Aparte de los fondos de cohesión y estructurales, la mayor parte de lo recibido iba destinado a la agricultura --en concreto 7.090 millones-- (incluidos diversos rubros, desde los que subvencionaban la producción hasta aquellos que financiaban o compensaban la no producción).

Ahora viene lo que aquí me interesa: En investigación, el gasto fue del 7%, cuando es del 11% de media en la UE. Si se hace un cómputo de lo que los países aportan con destino a la investigación y de lo que reciben, España es uno de los que salen peor parados, si no el peor.

En los equipos de investigación plurinacionales favorecidos por concesiones de los programas «marco» de Bruselas hay, a veces, académicos españoles --unos residentes en el interior y la mayoría fuera--. Sin embargo, poquísimos son los proyectos agraciados con tales subvenciones formados, única o mayoritariamente, por científicos españoles radicados en instituciones hispanas.

¿Somos tan malos, tan mediocres?

No hay peor antipatriotismo que el que rehúsa ver los defectos del propio país, el que pinta la realidad patria de color de rosa, el que se ufana en una inexistente superioridad, porque, con actitudes así, se desincentivan los esfuerzos por mejorar. España es un país semidesarrollado (digamos equidistante entre los subdesarrollados y los desarrollados), de economía débil (una economía de servicios y del ladrillo, hoy de capa caída), sin apenas industria. Y la que hay, en manos de capital extranjero --que, naturalmente, no va a poner aquí sus laboratorios o centros de investigación ni sus centros neurálgicos de decisión. Todo eso es el resultado de la derrota de la República española en 1939 y de 15 lustros consecutivos de poder oligárquico, enfeudado a la supremacía de las grandes potencias del norte.

Dentro de ese panorama, la Universidad española viene aquejada por un mal especial, que es la endogamia. Mal de viejas raíces, pero que brotó con un impulso arrollador por la Ley de Reforma Universitaria de 1983, sin que las ulteriores leyes lo hayan conseguido atajar. Sin lugar a dudas, es una lacra que han perjudicado seriamente la calidad de la docencia y de la investigación en las Universidades españolas. Las Universidades privadas no han aportado la renovación que se esperaba. Sus males son aún mayores que los de la Universidad pública.

Sin embargo, habiendo mucho que lamentar del estado de la Universidad española, la realidad no es, en absoluto, tan tenebrosa como podría deducirse de esos datos. Y es que están sesgadísimos, hasta el punto de desfigurar radicalmente la realidad. He aquí las tres razones:

  1. Todas las clasificaciones privilegian la investigación medida con unos parámetros que son de difícil aplicación en España. Esas clasificaciones toman en consideración --preferente o exclusivamente-- resultados investigativos publicados en un contado número de revistas «de impacto», todas o casi todas en inglés. Hay tres causas por las cuales los científicos y universitarios españoles se ven en serias dificultades para publicar en esos órganos.

    • La primera es el mal conocimiento del inglés (factor clave sobre el que volveré más abajo, porque es esencial).

    • La segunda razón es que hay un estilo, un modo de presentar los resultados, un «tranquillo», que facilita enormemente la aceptación de los manuscritos por los relatores en esas revistas, tranquillo que se adquiere frecuentando los centros anglosajones donde se cocina la ciencia puntera o, al menos, hegemónica; algunos de nuestros jóvenes investigadores lo han adquirido, pero las condiciones económicas del país más la endogamia académica los han empujado a menudo a expatriarse. (En ese «tranquillo» podríamos incluir el manejo adecuado del inglés, especialmente importante en disciplinas de humanidades y ciencias sociales.)

    • La tercera razón es que hay modos de transmitir en un manuscrito un mensaje subliminal --también dirigido a los relatores-- para dar a entender que el autor pertenece a una institución de postín, o sea, para empezar, anglosajona o germánica (es como un dialecto social que sirve para dejar fuera a quienes no lo manejan con soltura.)

  2. Las publicaciones en español suelen quedar excluidas de los criterios de clasificación; y, si en algunas de ellas se admiten, están mal baremadas. (De hecho es pavorosa la ignorancia que se tiene en otros ámbitos lingüísticos de lo publicado en español; de rebote, los mismos hispanohablantes, al paso que hacemos eco a lo que viene del norte, frecuentemente desconocemos los resultados ya publicados en nuestro propio idioma; aquí, además, se superpone otro desdén: el que todavía, en parte, se tiene en España hacia lo de Latinoamérica --aunque felizmente va disminuyendo.)

  3. No son imparciales ni objetivos los criterios de las comisiones bruselenses de gestión de los programas marco de la Unión Europea. Tales comisiones reproducen los mismos prejuicios, agravados. Uno a uno, como individuos, podrán no tener nada en contra de científicos españoles --especialmente cuando trabajan en instituciones transpirenaicas, se han amoldado al estilo de Universidades septentrionales e integrado en grupos de investigación de las mismas. Pero se manifiestan condescendientes hacia los equipos hispanos. Tal sesgo traduce una visión estereotipada de lo español que es perfectamente visible en la prensa de los países germánicos y anglosajones e incluso en Francia (en alguna medida). Visión de sureños ineficaces, de un país exótico meridional, poco trabajadores, poco inventivos.

Los propios españoles, en nuestra pasión nacional por el autodenigramiento, nos vemos llevados a asumir esos prejuicios --aunque, a la vez, paradójicamente, caigamos en la jactancia; a veces son los mismos los que incurren en ambas exageraciones, según el contexto o el momento o el interlocutor.

Para superar esos problemas los gestores públicos vienen incitando a la internacionalización de nuestras actividades de investigación y docencia, castigando a quienes no la practiquen y premiando a quienes sí lo hagan. Lamentablemente es arriesgado convertir así un medio en fin, lo cual puede arrojar resultados perversos y deletéreos; en ocasiones mata la originalidad y la creatividad, estimula el papanatismo, induce al clonaje y a la cultura de la recepción; con lo cual, a la postre, baja la genuina calidad. Para hallar en las tierras cálidas y soleadas un eco de lo ya dicho en Oxbridge, en Groninga o en Stanford, mejor se va a la fuente. De hecho todos esos clónicos, a pesar de sus loables empeños, apenas han logrado tener un presencia internacionalmente reconocida.

Está claro que la situación que sufrimos es insatisfactoria y debería corregirse. Ahora bien, no creo que nos toque sólo a nosotros corregirla. Creo que también fuera de España han de corregir.

Las clasificaciones han de hacerse más objetivas y han de tomar en consideración lo publicado en las lenguas más importantes del mundo, no en una sola; digamos que en los tres o cuatro idiomas principales.

También las revistas señeras de habla inglesa han de corregir los sesgos que, por procedimientos sutiles y opacos, llevan a seleccionar preponderantemente los manuscritos de «los suyos».

Han de superarse los prejuicios étnicos. (Sólo que hay que pagar el precio de reconocer que España no es diferente: en casi todo es igual a Birmania, Polonia, el Uruguay, Tanzania, Corea o Bélgica, siendo marginales y decrecientes los rasgos diferenciadores. La verdadera diferencia es que España es España y Bélgica es Bélgica; aquí hablamos español --principalmente-- y allí, preponderantemente, flamenco y francés; en no mucho de lo demás hay un «modo de vida español» diverso de un «modo de vida belga».)

Todo eso no nos exonera de mejorar. Mas no creo que la vía para mejorar sea la de la «internacionalización» según la conciben los gestócratas, cuyos defectos y cuyas desastrosas consecuencias ya he reseñado más arriba. No creo para nada en que haya que buscar la autenticidad, la originalidad, la distintividad. Creo, sencillamente, que hay que trabajar seriamente, sin pretender ni imitar ni diferenciarse, prestando atención sólo al contenido. Y, si nos sale mejor en nuestra lengua, en ella hay que hacerlo (aunque vale la pena incentivar el que se publiquen artículos en inglés, buscando las ocasiones adecuadas).

Asimismo tenemos que conocernos más, leernos más, citarnos más unos a otros los que escribimos en español, estar más atentos a lo que en nuestro idioma se publica a una u otra orilla del Mar Océano. Tenemos que constituir redes académicas panhispánicas y fomentar una cultura científica hispana. No podemos esperar que nos escuchen y nos respeten si nosotros mismos no lo hacemos.

He vinculado varios de los problemas que nos aquejan --y que dañan el prestigio de nuestra investigación y de nuestras instituciones académicas-- a la cuestión lingüística.

¿Por qué se nos da tan mal el inglés? ¿Cómo así, en el mundo académico, son bilingües los holandeses, noruegos, alemanes, suecos y otros, pero los hispanos no?

Hay varias causas.

  1. Una de ellas es que en España hasta los años 60 o más bien 70 del siglo XX la lengua extranjera mayoritariamente estudiada era el francés. Sólo las últimas generaciones han renunciado al francés (pagando el precio de que, al cruzar la raya pirenaica, se dirigen en inglés al empleado detrás de la ventanilla, quien no entiende ni una palabra de lo que dicen). Durante siglos el francés fue en España la lengua de la cultura, de la moda, del progreso, mientras que el inglés era, a lo sumo, la lengua de la finanza y de la potencia militar hegemónica, lo cual no favorecía su aprendizaje.

  2. Otra causa es la enorme dificultad de la fonética inglesa para un hispanohablante. El inglés y el español no comparten ni una sola vocal y muy pocas consonantes, como bien lo saben quienes hayan estudiado fonología comparativa de ambas lenguas. A esa diferencia se agrega la prosodia radicalmente diferente. A quienes hablan uno de los dos idiomas y desconocen el otro, una grabación en ese idioma desconocido les produce extrañeza; para los anglófonos, el español es monotónico, llano; para los hispanófonos, el inglés es estridente, con marcadísimos altibajos tonales y hasta de volumen de voz.

  3. Una tercera razón es que el inglés es un idioma germánico --aunque sea un híbrido sui generis, con un tercio de sus raíces de origen latino o franco-normando, que suelen ser más frecuentes en el habla culta y menos en la coloquial. (Claro que esta razón sólo coloca a los hispanohablantes en desventaja respecto a los locutores de alguna lengua germánica; no respecto a los polacos, estonianos o griegos.)

  4. Una cuarta causa es que tenemos muchas más tentaciones para seguir aferrados a nuestro propio idioma. Y es que el español es la segunda lengua del mundo; por delante sólo está el chino mandarín. Según estadísticas tomadas de la web «ethnologue» (https://www.ethnologue.com/statistics/size, acc. 2016-04-19), el español es la lengua nativa primaria de 427 millones de seres humanos, mientras que el mandarín lo es de 897. Si se suman otras lenguas o dialectos afines al mandarín, el chino, en su conjunto, es hablado por 1.302 millones; pero, claro, con ese criterio, seguramente podemos anexionar al español el portugués, la sexta lengua del mundo, hablada por 202 millones. (Y hasta quizá el italiano difiere del español menos que varias de esas lenguas sínicas entre sí.)

    El inglés es la tercera lengua, con 339 millones que la tienen como su lengua primaria nativa. Sigue el árabe, con 267 millones, aunque es una lengua muy fragmentada, entre dialectos a veces difícilmente comprensibles unos con otros.

    Cuando escribimos en nuestra propia lengua, además de que nos es más fácil (sobre todo a aquellos de las generaciones en las que se estudiaba el francés mucho más que el inglés), sabemos que escribimos para un enorme público --aunque todavía hoy no haya desplegado su gigantesco potencial ese peso del español.

No es asimilable nuestra situación a la de ningún otro país de la Unión Europea (salvo el Reino Unido e Irlanda). El alemán es la 13ª lengua del mundo, con 76,9 millones de locutores nativos. Le sigue el francés, con 75,9. Muy por detrás, el italiano, con 63,4 (puesto 21º). Las demás lenguas de la Babel europea están fuera de la clasificación, que sólo abarca los 23 idiomas más hablados, en su mayoría asiáticos.

Una de las debilidades de la política española es la escasa promoción de nuestro propio idioma. No es que carezcamos de tal política. Ahí está el Instituto Cervantes, ahí está la red de las academias de la lengua española y alguna cosa más. Pero es poco, mal financiado, mal promovido, mal capitalizado, mal asumido, considerado a menudo como un adorno prescindible.

Creo que uno de los modos de ayudar a reconocer el valor de la labor académica y científica en España y demás países de nuestra propia comunidad histórico-lingüística es la promoción de la lengua española, la asimilación por los propios universitarios hispanos de que es un caudal que se puede y se debe explotar.

No vamos a menospreciar a aquellos a quienes la Fortuna ha hecho nacer en países con idiomas sólo comprensibles por unos poquitos millones de seres humanos. Pero, ya que contamos con la suerte de ser muchos quienes compartimos este bagaje lingüístico común, sepamos aprovecharlo y ponerlo en valor.






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